El 21 de noviembre la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por ser responsables de los crímenes de guerra que han causado miles de muertes en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado.

Esta orden de captura, la primera dirigida contra líderes de un país aliado del eje occidental, podría significar un precedente que terminaría de socavar por completo la imagen de Israel a escala internacional.

Vale recordar que ya hay una causa abierta por genocidio y por la ocupación y colonización de Cisjordania y Jerusalén en el Tribunal de La Haya, lo cual ha sido declarado como ilegal desde hace décadas. En diciembre de 2022 la Corte Internacional de Justcia (CIJ) se refirió a la "continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, desde su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967".

La imagen del primer ministro israelí se ve comprometida porque pasó de gozar de impunidad a ser uno de los líderes denostados por la justicia internacional, lo cual representará un dilema para muchos gobiernos cercanos o equidistantes ya que serían acusados de doble rasero si, por una parte, lo acusan de genocida y, por otro, se reúnen con él o lo reciben en sus respectivos países.

En respuesta, Netanyahu y el establishment político de su país usó el recurso habitual: acusar a la CPI de antisemitismo. "El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en nuestro patrimonio ancestral de Judea y Samaria", una denominación que corresponde con el territorio de Cisjordania, afirmó Netanyahu en un comunicado.

Las causas penales contra Israel

Un análisis de Meron Rapoport, periodista independiente y escritor israelí, indica que estas órdenes de aprehensión significan un punto de inflexión en las relaciones de Israel con la comunidad internacional y con el Derecho Internacional y "muestran que Israel se está convirtiendo rápidamente en un 'Estado paria'".

"El ataque de Israel contra la CPI convierte al país en un enemigo del Derecho Internacional, un Estado que intenta socavar el Derecho Internacional y todas sus instituciones. Es un cambio de actitud drástico", señala el periodista. 

Esta no es la única causa penal abierta que Israel tiene en su contra. Recordemos que en enero de este año Sudáfrica presentó una solicitud ante la CIJ para iniciar un procedimiento contra Israel por presuntas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Luego, el 11 y 12 de ese mes el país africano presentó un largo y detallado documento en el que se expusieron las pruebas del genocidio.

Actualmente la corte está examinando el caso presentado por Sudáfrica, cuyas pruebas están compiladas en 750 páginas. "La evidencia mostrará que lo que sustenta los actos genocidas de Israel es la intención especial de cometer genocidio, el fracaso de Israel en prevenir la incitación al genocidio, en prevenir el genocidio en sí mismo y su fracaso en castigar a quienes incitan y cometen actos de genocidio", afirma una declaración de la presidencia publicada en octubre.

Para Rapoport no existe una conexión directa entre las dos instituciones y los dos procesos legales, pero le resulta plausible que la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI afectará también las deliberaciones de la CIJ sobre el genocidio.

Posibles efectos dentro del aparato militar israelí

Se cree que la decisión de la CPI podría disuadir a los comandantes israelíes de rango medio o superior, así como a los comandantes de división y los comandantes de brigada. Puede ser que desde ahora los oficiales militares no declaren abiertamente que impidieron que la ayuda humanitaria llegara al norte de Gaza, tampoco que el plan es expulsar a la población restante hacia el sur a través del corredor de Netzarim.

Los crímenes de guerra son tan evidentes que existe la posibilidad de que otros grupos de judíos en Israel se unan al reclamo colectivo para detener las masacres, incluso cuando al inicio del conflicto apoyaron las acciones de Israel en Gaza. A esta súplica se han unido voces como la de Tomer Persico, un académico y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional que ha pedido a los reservistas que se negaran a servir en la limpieza étnica.

"Un cambio de opinión en la izquierda sionista podría provocar un aumento de los casos de rechazo a servir en la guerra. Desde su inicio en octubre de 2023 ha habido muy pocos casos de rechazo a servir, mientras que en la Primera Guerra del Líbano y la Segunda Intifada hubo cientos de casos", argumenta el periodista israelí.

Este fenómeno de no presentarse cuando son llamados a las reservas se conoce como "rechazo gris". Rapoport detalla que actualmente la tasa ha descendido a 65 % y subraya que este tipo de rechazo puede aumentar tras la decisión de la CPI.

La relevancia de estas acciones por parte de los organismos internacionales radica en el hecho de que no se trata de reclamos colectivos, marchas contra el genocidio israelí en todo el mundo, entre otras actividades civiles, sino de una decisión de un tribunal aceptada por la mayor parte del mundo que pudiera tener un gran impacto.

Que aliados como Estados Unidos, Argentina, República Checa y Hungría organicen una defensa a Israel no es garantía de que se pueda revertir su posible aislamiento diplomático.

Si bien la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant no son garantía de que se detendrá el genocidio, tampoco de que se debilite el gobierno de Israel, ello apuntala el resquebrajamiento de la legitimidad de Israel como Estado dentro de la comunidad internacional.