Después de la firma del Acuerdo de Barbados en octubre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la conocida Licencia General 44 (LG44) que autorizaba temporalmente las actividades de exploración, extracción, venta y transporte de petróleo y gas, así como el suministro de bienes y servicios relacionados con las actividades de la industria de hidrocarburos en Venezuela.

La vigencia era de apenas seis meses y dejaba latente la amenaza de que se podría "revocar" posteriormente, lo que planteaba los riesgos específicos del régimen sancionatorio impuesto a PDVSA ya que es bien conocido que, en los negocios con hidrocarburos, las inversiones normalmente se miden en horizontes temporales más largos, a menudo por años.

De acuerdo con este panorama, Washington ha sido consistente en los objetivos previstos en su régimen de sanciones. Esto se demuestra en la persistencia del método al limitar los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones de crudo al Estado venezolano. Como consecuencia, el impacto se extiende tanto a la esfera socioeconómica del país como a la cadena de suministros de la industria petrolera en Venezuela.

En general, esa cadena representa un sistema interconectado compuesto por etapas: exploración, producción, refinación y comercio y suministro. De fallar alguna de estas fases, las demás también son afectadas, es decir, se crea un efecto dominó.

De esta manera, si PDVSA no recibe ingresos por exportaciones de crudo debido a las sanciones, se ve limitada para invertir en nuevos proyectos o en las operaciones de rehabilitación de pozos existentes. Estas actividades de rehabilitación son cruciales para incrementar la producción porque permiten restaurar un pozo a su capacidad óptima de producción o volver a ponerlo en funcionamiento después de un período de inactividad.

El proceso de rehabilitación es fundamental para mantener la viabilidad económica de pozos y así maximizar la recuperación de hidrocarburos. Al no contar con los recursos necesarios por el impacto sancionatorio, la recuperación de la producción petrolera ha sido paulatina.

En resumen, el efecto colateral repercute en la producción y limita los ingresos por exportaciones de crudo de PDVSA, tal como es el objetivo del programa de sanciones contra Venezuela.

La emisión de la LG44 creó expectativas en la industria petrolera sancionada debido a que no solo autorizaba las actividades tradicionales del sector sino que también abría nuevas oportunidades de negocios, y permitió a Venezuela vender petróleo sin los enormes descuentos inherentes a las sanciones.

A pesar de la licencia, se mantiene vigente el aviso de FinCen de 2017, que sigue siendo uno de los mayores obstáculos financieros para PDVSA. Esta advertencia administrativa de Estados Unidos ralentiza y complica las operaciones financieras de la empresa petrolera estatal.

El principal obstáculo radica en las sanciones persistentes contra PDVSA. Cualquier transacción potencial debe atravesar un arduo proceso burocrático para verificar su cumplimiento con las autorizaciones otorgadas en la licencia emitida, y se debe extremar el cuidado para evitar infringir las prohibiciones establecidas por las sanciones estadounidenses. Si bien es posible realizar envíos sin descuentos significativos, la complejidad del procedimiento es considerable.

Ahora, con el renfoque sancionatorio de la Licencia General 44A, a cada empresa extranjera le toca solicitar a la OFAC una autorización específica bajo las mismas condiciones que establecía la LG44, como hizo Maurel&Prom y Chevron con la Licencia 41. Pero no han sido las únicas: según Bloomberg y Reuters, una serie de empresas petroleras que se encuentran en Venezuela, o que tienen proyectos previos con PDVSA, están "inundando la OFAC con solicitudes de permisos".

Esto evidencia que Venezuela es una alternativa viable y necesaria en el suministro de hidrocarburos. La urgencia global por estos recursos ubica a la Casa Blanca en una encrucijada perturbadora porque, por un lado, deben apaciguar las presiones de los países que requieren petróleo y gas, y por otro, intentan evitar que el Estado venezolano reciba los ingresos que generan estas actividades.

No obstante, PDVSA ha registrado la recuperación de la producción de crudo previamente a la emisión de licencias bajo el Plan Integral de Recuperación Productiva (PRIP) 2023, cuyo enfoque se centra en "impulsar la construcción de una plataforma firme que garantice la confiabilidad y sostenibilidad del sistema productivo de la corporación de cara al 2024".

En el segundo semestre de 2023 PDVSA logró sostener la producción en el umbral de los más de 700 mil b/d. Este año ha podido mantener el nivel de producción sobre los 800 mil b/d con miras a aumentar progresivamente durante 2024, lo que significa una revitalización de su posición en el mercado petrolero global.

Este hecho debe destacarse porque, desde una visión técnica, para mantener el mismo rango productivo mes tras mes, con las sanciones vigentes, la empresa estatal implementó una estrategia de mantenimiento integral que incluye: mantenimiento preventivo, reparaciones de equipos, reemplazo de componentes y otras medidas con vistas a garantizar la eficiencia operativa en medio de un escenario de coerción financiera que no ha cesado.

Por ello, la capacidad de producción sostenida lograda por PDVSA se traduce en que se han ido recuperando las múltiples ramas operativas de la gran infraestructura petrolera venezolana golpeada por las sanciones, cuestión que señaló la Administración de Información Energética de Estados Unidos (IEA,por sus siglas en inglés): "Gran parte de la capacidad e infraestructura de producción de petróleo crudo de Venezuela se ha visto afectada por una prolongada falta de acceso a capital y mantenimiento regular".

De esta manera, la estatal venezolana alcanzó la fase de estabilización, y en el mediano plazo se podrá entrar en la fase de crecimiento productivo, y así superar el umbral actual que ha costado tanto sostener desde la imposición de sanciones, las cuales forzaron la reducción de la producción de crudo venezolano.

Las licencias inicialmente pudieron representar un respiro en medio de tanto ahogo. Sin embargo, sus limitaciones y corta duración las convirtieron en un juego macabro contra Venezuela. A pesar de esto, la industria venezolana ha logrado permear las dificultades con esfuerzo propio.