El empresario y nuevo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Adán Celis, reflexionó hace poco durante una entrevista sobre las medidas coercitivas emprendidas por Estados Unidos y sus países aliados contra la economía venezolana:

"Ningún país quiere estar 'sancionado', el venezolano que diga que quiere 'sanciones' es un loco, nosotros pedimos evidentemente que ellas se levanten, eso no ha hecho sino empobrecer el país, y a través de eliminarlas vamos a tener un comercio más fluido", aseveró.

Celis aseguró que, con el cese de las "sanciones", Venezuela podría ganar dinamismo en su comercio, pero también expresó que se necesita que se hagan los cambios atinentes al marco jurídico: "Las dos cosas deben ir en conjunto, nadie puede pedir un país 'sancionado', eso no sirve, eso lo que ha hecho es daño al país", sentenció.

El empresario reconoció que con el diálogo impulsado por el Ejecutivo con distintos sectores de la sociedad, especialmente con el empresariado, se trabajará para "limar diferencias".

El revuelo causado por las declaraciones de Celis supone un aparente "viraje" en las posturas de Fedecámaras sobre las medidas coercitivas. Pero tal pronunciamiento no es realmente nuevo y hay una base de elementos que lo justifican.

Colateralización

Las más de 900 medidas coercitivas contra Venezuela están muy lejos de ser "solo contra Maduro", tal como muchas veces señalaron los dirigentes antichavistas que las promovieron.

En realidad, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo divulgados en el documento "Los números del bloqueo 2014-2023", el impacto concreto de las medidas ha recaído también sobre la empresa privada. 17,5% de ellas ha sido dirigido directamente contra ese sector, sea de capital vernáculo o extranjero, por sus vínculos directos o indirectos con el Estado venezolano.

Un dato muy relevante es que, durante 2020, el Ejecutivo nacional contabilizó una caída en el ingreso de divisas al país por razones de pérdida de renta petrolera y otras exportaciones del Estado. Una vez que se restringieron las exportaciones del gobierno, el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de percibir 99% de las divisas que ingresaban, en datos comparativos con 2014, año cuando no se habían formalizado los decretos.

La pérdida de la base de recursos del Estado se ha colateralizado en la economía real, lo que ha impedido el desarrollo de obras, contrataciones, suministros y ha limitado la cadena de bienes y servicios vinculados con el financiamiento del Estado, todo lo cual ha impactado indirectamente la empresa privada.

Un elemento adicional es que los mínimos ingresos que ha percibido la nación han impedido ajustar favorablemente la nómina, en la que están incluidos trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública. Las bajas escalas salariales inhiben significativamente el consumo de ese importante segmento poblacional, lo que se traduce en un nulo estímulo a las empresas privadas del país.

Aunque Fedecámaras tuvo un rol activo —muy lucrativo— en el boicot económico de 2013 a 2017, y aunque el sector empresarial ha aprovechado el "vacío" de los recursos estatales para enriquecerse e imponerse dominando la economía doméstica, ciertamente las ganancias de los privados han estado muy por debajo de los niveles de años anteriores.

Un dato ilustrativo de ello es el tamaño de la banca. A mediados de este año, entre entidades públicas y privadas apenas han superado la cifra de 1 mil millones de dólares en montos entregados en créditos. En el año 2013 este indicador era de 32 mil millones de dólares.

Dirigentes opositores trabajan a oídos sordos frente a los grupos económicos que los sostuvieron y patrocinaron durante muchos años

FEDECÁMARAS y empresarios ya lo habían advertido

De manera muy matizada y solapada, el gremio empresarial ya había fijado postura sobre el perjuicio a la economía venezolana mediante las medidas coercitivas.

En diciembre de 2019 el entonces presidente de la patronal, Ricardo Cusanno, indicó que las "sanciones" "han sido tan dañinas debido a que los proveedores tradicionales para el mercado nacional, provienentes principalmente de Estados Unidos, tienen temor a prestar servicios a los empresarios solo por ser venezolanos".

Además recalcó las dificultades que se le presentan a este sector para abrir cuentas en el exterior por la misma razón.

En febrero de 2020 Cusanno también indicó que las medidas contra la economía venezolana habían aumentado los costos para hacer negocios en el país:

"La actividad empresarial se ve restringida, se vuelve más compleja", dijo el empresario a Reuters.

"Proveedores, que al no entender lo complejo de Venezuela, aunque hayan sido proveedores históricos, te dicen 'hasta aquí llegamos'".

Claramente Cusanno hacía alusión al fenómeno denominado "sobrecumplimiento", un proceso de discrecionalidad comercial discriminatoria por parte de empresas o gobiernos, quienes se inhiben de tratos con personas jurídicas públicas o privadas de un país bajo "sanciones" para evitar ser objeto de retaliaciones por parte de instancias como el Departamento del Tesoro estadounidense. Se trata de procedimientos que incluso van más allá de los términos formales de las medidas coercitivas.

Jorge Botti, empresario y expresidente de Fedecámaras, incluso planteó la posibilidad de que se construyera un lobby entre empresarios venezolanos y estadounidenses para forzar una "negociación" que se tradujera en la flexibilización de las "sanciones" al Estado.

A su juicio, los gremios empresariales venezolanos, además de buscar una alianza con sus colegas norteamericanos para garantizar la atenuación de las "sanciones", tienen que entender que esas libertades para sus negocios deben venir acompañadas por elementos de negociación con vistas a la reinstitucionalizacion de Venezuela y a la reinserción en mercados internacionales.

Por su parte, otro expresidente de la patronal venezolana, Jorge Roig, recordó que Fedecámaras fue muy criticada luego de decir que se debe buscar un sistema diferente para alcanzar una conciliación, porque las "sanciones" son perjudiciales para la población y los empresarios.

Roig agregó que el rol del sector empresarial venezolano debe consistir en preservar "ese emprendimiento en condiciones tan adversas, sembrar optimismo y hacer presión con cuerpos internacionales y compañías de Estados Unidos y la Unión Europea que hacen vida en el país, para un desenlace feliz en cuanto a las 'sanciones'. Lo ideal es que haya una alta presión para el diálogo político, pero que a la vez puedan producir y abastecer el mercado nacional".

Aunque algunos industriales y la misma Fedecámaras ya han fijado, antes de Adán Celis, posturas matizadas adversas al bloqueo, buena parte de estas han sido solapadas y silenciadas en la opinión pública, en gran medida por la coacción entre sectores duros de la oposición, quienes desestimaron las opiniones disidentes sobre la estrategia de "máxima presión" contra Venezuela.

Las declaraciones aisladas, no consideradas y hasta cuestionadas, emanadas de los actores empresariales venezolanos frente al espectro político opositor, imponen un hecho muy sobresaliente: ni siquiera la patronal venezolana goza de incidencia sobre los dirigentes de esa parte de la política del país.

En otras palabras, los voceros antichavistas han entregado tanto el timón de su conducción a Estados Unidos que trabajan a oídos sordos frente a los grupos económicos que los sostuvieron y patrocinaron durante muchos años en Venezuela.

Ciertamente el empresariado venezolano fija sus intereses políticos a favor de sus intereses económicos, por lo tanto, sus posturas sobre ciertos temas públicos claves pueden ser oscilantes.

Pero el contexto actual de medidas coercitivas no les favorece como esperan; apenas se vislumbran reacciones, todavía en el terreno de la tibieza. Pero crecen cada cierto tiempo.