El fin del vigente período parlamentario impone por vía constitucional la realización de elecciones para la próxima Asamblea Nacional (AN) en Venezuela. Para el país todos los alcances de la próxima elección van mucho más allá de una rutinaria justa electoral.

El debilitamiento pretendido y parcialmente consumado de las instituciones venezolanas, luego del ascenso del antichavismo a la mayoría parlamentaria, tuvo consigo la ruptura de los pactos políticos fundamentales previstos en la Constitución, a saber, la convivencia, contrapeso y equilibrio entre los poderes del Estado.

Las fuertes arremetidas del parlamento y su choque contra las demás instancias del poder constituido durante estos años sobrevinieron generando el desacato y nulidad de los actos de la actual AN por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Pero más allá de esa ruptura en el ámbito de lo formal, la pugna se trasladó aguas abajo en la sociedad venezolana.

Se intentó fracturar los pactos sociales, la convivencia política y la paz pública. La escalada pseudo-parlamentaria llegó al punto de que la mayoría opositora en la AN propició el ciclo de medidas coercitivas y unilaterales (MCU) que han bloqueado la economía nacional, mediante la acción abierta de factores extranjeros intentando desmantelar al gobierno del país y agudizando profundamente el deterioro económico y social.

Este ciclo que precede al próximo diciembre deja expuestas las tareas urgentes del parlamento que vendrá.

1. La reinstitucionalización del país. En esto consiste que el próximo parlamento sea electo y salga del desacato al TSJ. El regreso de la regularidad parlamentaria es indispensable, precisamente por ser la AN el primer espacio de debate nacional, punto esencial en la estructura del Estado.

Aunque los vacíos dejados por la AN en desacato fueron en buena medida atendidos por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que será próximamente disuelta, el objeto de la reinstitucionalización necesaria pasa por la reincorporación a los canales regulares de todas las fuerzas políticas del país. Es urgente un regreso a la política en sus espacios naturales.

2. Dar al traste con el gobierno paralelo perpetuo. La elección de una nueva AN reconocida internacionalmente inhabilitará de manera administrativa y jurídica toda pretensión de que el diputado Juan Guaidó se sostenga de manera “indefinida” en sus dos cargos artificiales presidenciales, del parlamento y del país, y que son avalados por Washington.

Es preciso recordar que el gobierno estadounidense, con su anticipado desconocimiento a las próximas elecciones en Venezuela, ha previsto sostener para el 2021 el proto-gobierno paralelo de Guaidó, declarando así su prolongación por tiempo indefinido y totalmente al margen de la Constitución venezolana. Un acto de injerencismo y de intentar quebrar las instituciones venezolanas, sosteniendo las MCU y continuando la desestabilización interna.

Hay que romper el ciclo de la actual AN, para romper la operación Guaidó y las intenciones de Washington de perpetuarlo.

Muchos opositores en Venezuela pretenden dar al traste con la fallida pero costosa “estrategia Guaidó” (por las MCU y por el deslave político que ha producido). No pretenden avalar su posición indefinidamente. Algunos de ellos acudirán a la elección del nuevo parlamento para zanjar el regreso de ciertos actores al ruedo político, pues se asumen relegados ante la evidente coordinación de Washington del destino del antichavismo, y de ahí que las próximas elecciones son también importantes para ellos.

3. Defender los activos venezolanos y promover la ruptura del bloqueo. Un paso indispensable para el regreso de la estabilidad económica y social será la ruptura de las MCU contra el país. Una tarea ardua, con desafíos hoy impensables, que pasará por intentar debilitar y romper los consensos internacionales alrededor de las medidas lideradas por Washington.

Ello implica que el parlamento debe ir a la batalla por Venezuela en la recuperación de su espacio internacional. Ir a la disputa por el sentir nacional y en contra de las penurias que sufre la población a causa del bloqueo.

En este ítem la nueva AN tendrá la obligación de acompañar al Ejecutivo nacional en todas las gestiones en el frente externo para crear excepciones al bloqueo, recuperar recursos y bienes congelados, para promover acuerdos de cooperación, para instrumentar la denuncia con el fin de desaplicar en el hecho o desmantelar por vías formales muchas de las medidas que hoy asfixian a la nación.

El proceso de reinstalación de la AN y la legitimación de todos los actores políticos que formarán parte de ella, será clave para debilitar los argumentos y narrativas sobre la cacareada “dictadura”, relatos que han servido para propagar la legitimación del bloqueo. Más allá de lo estrictamente narrativo, una nueva AN conformada por elecciones reconocidas será una carta aval política para la titánica labor.

4. Promover la reconciliación nacional. La nueva AN tendrá la importante obligación, de que aún con las diferencias entre los actores políticos, se detengan los avances de la fragmentación político-social que se ha agudizado en el país. El regreso de la sana y necesaria diatriba es necesario como una respuesta al desencanto, la atomización y ruptura de los consensos políticos básicos que ha campeado. Todo esto, vale decirlo, luego de los ciclos de inestabilidad, violencia política e intentos de sedición y guerra mercenaria, cortesía del ala dura del antichavismo.

Al día de hoy, al menos una parte de la oposición se ha desmarcado de las MCU, del rol de operadores de segundo orden en que se convirtieron los opositores bajo órdenes estadounidenses y de la promoción del conflicto interno y la intervención. Ese terreno ganado apenas existe hoy en la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) pero debe trascender de ella para prosperar en el parlamento.

La restauración de los pactos políticos elementales, de convivencia, de tolerancia y de política en su más amplio sentido, al menos en una medida mínima, deben concurrir y generar un efecto aguas abajo en la sociedad para unir al país en nuevos sentidos comunes.

Las concesiones que recientemente hizo el gobierno venezolano al indultar a más de 100 antichavistas apuntan en esa dirección.

Sin embargo, la reconciliación nacional en un sentido más amplio demanda que las grandes mayorías sociales sean parte de ese proceso, para que ella no quede como un armisticio entre sectores y para que el reencuentro dentro de las diferencias sea el espacio político medular del país.