Luego de maniobras legislativas, una de Dina Boluarte en Perú y otra de Gabriel Boric en Chile, la situación fronteriza entre ambos países se agudiza. En medio de la incipiente crisis fronteriza están cientos de migrantes venezolanos quienes, junto con personas de otras nacionalidades, desde hace semanas intentan retornar a sus países de origen.

Los grupos de migrantes protestan mientras ocurre el intercambio de mensajes entre ambos gobiernos y los abusos e irregularidades de los cuerpos de seguridad. Los puntos geográficos más críticos son las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Al respecto se ha desatado, como es usual, una ola de desinformación y xenofobia que intenta enmascarar el origen de la mencionada crisis. La prensa corporativa ha ocultado la acción del extinto Grupo de Lima en el proceso de movilización de migrantes, quienes fueron utilizados para apuntalar el relato de la "crisis humanitaria" con el que se buscó asediar más al gobierno venezolano.

Como señala la periodista chilena Paola Dragni en un hilo de Twitter, en 2017 llegaron casi 165 mil venezolanos a Chile pero en 2018, durante el primer año de gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la cifra se duplicó. Con la supuesta intención de "garantizar una migración segura, ordenada y regular" en el país donde residen casi un millón de extranjeros Piñera presentó en abril de ese año un proyecto para "modernizar" la ley de migraciones, que incluía la regularización de inmigrantes, un permiso especial para los de origen venezolano y un visado de turismo para ciudadanos haitianos.

La llamada "visa para venezolanos" o "de responsabilidad democrática" fue solo aprobada para sólo 27% de las solicitudes. Ese año centenares de venezolanos pidieron regresar a su país desde Chile, y el gobierno venezolano impulsó el Plan Vuelta a la Patria. El primer vuelo llevó a 89 repatriados, la mayoría sin documentos definitivos.

Cuando se efectuó el concierto "Venezuela Aid Live" y la puesta en escena de un "show humanitario" Piñera viajó a Cúcuta —frontera Venezuela-Colombia— con 14 toneladas de supuesta "ayuda humanitaria" y, antes del espectáculo, invitó a los venezolanos a trasladarse a un "país libre" como Chile, lo que fue confirmado en julio de ese año por Cecilia Pérez, vocera de su gobierno.

En una reunión del Grupo de Lima realizada en abril de 2019 el presidente chileno pidió aumentar presión contra Venezuela, incluido apretar el cerco económico, lo que provocó mayor presión a la población dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Junto con el gobierno de Chile otros países permitieron el flujo migratorio de mano de obra venezolana sin cuestionamiento alguno.

Cuando comenzó la pandemia global en 2020 Chile suspendió la "visa de responsabilidad democrática" y miles de migrantes quedaron en tránsito, lo que hizo aumentar el ingreso ilegal al país y también la demanda por ser repatriados. Venezuela continuó realizando traslados a través de su aerolínea estatal Conviasa y hasta autoridades locales como la alcaldesa derechista de la ciudad de Providencia, Evelyn Matthei, promovieron el plan de retorno de venezolanos.

Así como Venezuela repatriaba connacionales en vuelos de hasta 250 personas en mayo de 2020, desde Perú llegaban a Chile caravanas de buses desde septiembre de ese año. Para este mes la cifra superaba los 3 mil repatriados. La prensa no cuestionaba con qué documentación ni cómo entraban a pesar de la pandemia y suspensión de visas especiales; esto se mantuvo en 2021.

Amenazas a Conviasa, obediencia a Estados Unidos

Los vuelos de Conviasa se realizaban con total normalidad, los venezolanos viajaban con un documento emitido por su embajada en Chile y las autoridades aeronáuticas de ese país lo confirmaban. Hasta que la aerolínea abrió vuelos comerciales para el turismo y Estados Unidos, a través de sus políticos cooptados en Chile, abrió una investigación en el Congreso.

El motivo de fondo ha sido que Conviasa está en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y, respecto a ello, se generó una ofensiva de rumores y amenazas desde Washington, en la misma órbita del avión de la estatal Emtrasur secuestrado en Argentina.

Aun cuando la investigación realizada por el Congreso "no logró establecer un vínculo probado y fehaciente entre la operación aeronáutica y delitos terroristas", los vuelos no han continuado; de allí es que proviene la movilización de venezolanos hacia su país de origen, junto a migrantes de otras nacionalidades.

La frontera chilena, que Piñera mantuvo abierta para el ingreso ilegal de venezolanos, hoy permanece cerrada para su retorno. El documento entregado por la embajada venezolana a sus connacionales no es considerado válido por autoridades chilenas ni peruanas para el desplazamiento por tierra.

Los gobiernos de Boric y de Boluarte requieren mostrar sumisión ante Washington. Es evidente que su actuación no busca resolver las dificultades de los migrantes venezolanos sino que buscan reflotar el "show humanitario". Más allá de las ofertas fraudulentas que hicieron a sus electores, estos actores buscan impulsar el negocio humanitario del que participaron de manera impune tanto Piñera como Pedro Pablo Kuczynski, y luego Martín Vizcarra antes de su salida presidencial.