Dom. 22 Diciembre 2024 Actualizado Sábado, 14. Diciembre 2024 - 10:42

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Complejo fronterizo Chacalluta en el lado chileno frente a Perú (Foto: Archivo)

Crisis y criminalización de migrantes en la frontera Chile-Perú

Dina Boluarte, la presidenta que sucedió a Pedro Castillo tras el golpe de Estado en Perú, anunció este miércoles 26 de abril que pensaba presentar al Congreso una reforma a la ley migratoria con los fines de desplegar fuerzas militares de forma permanente en distintas zonas fronterizas debido a la situación migratoria.

Hace semanas centenares de personas intentan retornar a sus países de origen, pero continúan varados en la frontera entre Chile y Perú. Estos migrantes han denunciado corrupción por parte de las autoridades peruanas, quienes bloquean el ingreso o sobornan para dar el pase a territorio nacional.

Realmente este asunto tuvo su punto de partida en enero pasado cuando en Chile se aprobó la Ley de Resguardo de Infraestructura Crítica, con la que se facilitó la movilización de fuerzas militares para el control migratorio en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Esta orden se apoyó en otras políticas en marzo pasado tras el anuncio sobre las nuevas medidas migratorias del presidente chileno Gabriel Boric, quien envió al Congreso dos proyectos de ley para simplificar y acelerar los procesos de expulsión.

En esa ocasión Boric enfatizaba en su discurso que la prioridad era proteger la frontera y que, ante el fenómeno migratorio, consideraba que "algunos migrantes vienen —a Chile— con ánimos de delinquir. Esas personas no son bienvenidas, las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de derecho, la vida imposible".

Por otro lado informó que instruyó al canciller chileno, Alberto Van Klaveren, a reforzar conversaciones sobre esta situación con países vecinos, especialmente con Bolivia, porque para Boric el gobierno de La Paz no está llevando adelante la reconducción de migrantes venezolanos y colombianos. En este contexto Boric respondió a los periodistas que debe haber un trabajo diplomático intenso con Bolivia y Venezuela para que reciban a las personas deportadas.

Este mes, a raíz de la tensión fronteriza desatada entre Chile y Perú con la retención de migrantes, el medio de comunicación Cuarto Poder informó que Carabineros de Chile facilitaron el ingreso ilegal de los migrantes al Perú, a lo que la cancillería peruana respondió que conversaría con la contraparte chilena sobre ello.

Los obstáculos, abusos e irregularidades en los procesos de ingresos migratorios generaron manifestaciones y enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas militares, pues la mayoría de los migrantes reclaman que sólo quieren pasar a Chile para regresar a sus países de origen, no para quedarse.

Ante tal situación se sumó la decisión de Boluarte al decretarse este miércoles 26 de abril el estado de emergencia en regiones fronterizas y el apoyo militar a la policía peruana.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Perú, Federico Agusti, manifestó que "el problema humanitario ya lo tenemos y se va a incrementar" porque considera que hay dos situaciones que ocurren al mismo tiempo: Los que están del lado de Perú y quieren pasar por Chile y, a la inversa, los que están en Chile y requieren dar el paso por Perú.

Al respecto Agusti considera que, cuando se militarizan las fronteras, los migrantes buscan otras alternativas.

No es primera vez que ocurre esta problemática entre Chile y Perú. En 2021 la frontera chilena fue cerrada como "medida preventiva" por parte del Palacio de La Moneda, pero esto condujo a aumentar los cruces irregulares.

Aunado a esto, este tipo de políticas impulsadas por los gobiernos de Chile y Perú genera la criminalización oficial de los procesos migratorios.

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