Con esta cuarta entrega seguimos dándole contexto histórico a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada recientemente con miras a "promover la estabilidad política y la unidad nacional". El instrumento jurídico es otra expresión de voluntad del Gobierno por lograr la estabilidad social luego más de dos décadas de turbulencias causadas por la violencia opositora.
En el trabajo anterior no referimos a la "arrechera" y "La Salida" para señalar los hechos violentos por motivos políticos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2013 y la insurrección que pretendía derrocar al presidente Nicolás Maduro en 2014. Ambos eventos fueron superados, pero los efectos devastadores en la economía y la sociedad se reflejaron en los años siguientes, lo que aumentó el descontento que posteriormente se reflejaría en las elecciones parlamentarias de 2015.
Los comicios resultaron en la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (56,2% de los votos), el triunfo más significativo de la oposición en 17 años.
Desde que la oposición asumió el poder Legislativo la instancia se volvió un actor beligerante que empezó a actuar fuera de los marcos constitucionales. Desde entonces empezaron los choques con otros poderes del Estado, principalmente con el Ejecutivo, lo que devino en una crisis institucional.
La agenda antipolítica de la oposición incluso afectó el capital político que lograron con el triunfo de 2015. La repartición de cuotas de poder, la corrupción y arbitrariedades de los partidos más grandes erosionó el bloque. Como consecuencia muchos diputados menores se revelaron contra el G4, conformado por Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
La llegada del antichavismo a la AN coincidió con el desabastecimiento. Recordemos que en ese entonces algunos de los sectores empresariales y agentes económicos de mayor poder en Venezuela se embarcaron en la misma ruta destituyente orquestada desde el Poder Legislativo. Desde allí se proyectó que no se trataba de una guerra económica, como era evidente, sino de "ineficiencia y corrupción" por parte del gobierno.
Desde ese momento la Asamblea Nacional construyó la imagen ficticia de que era el único poder "legal" en el país. Esto sirvió más adelante para "decretar" que Maduro no era el presidente legítimo e instalar un gobierno paralelo presidido por Juan Guaidó, una entidad que provocó pérdidas multimillonarias a la nación y terminó de profundizar la crisis institucional.
Los crímenes contra la economía nacional se blanquearon desde la AN, instancia desde donde se empezaron a gestionar sanciones contra el país. La agenda se radicalizó cuando Julio Borges asumió la presidencia del parlamento en 2017, el gran promotor del bloqueo contra el país.
Bajo este contexto se puede decir que todos los episodios de violencia política durante la era del presidente Maduro están concatenados y el gran detonante fue el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2013, un condicionante que no se pudo revertir. Lo que vino después fueron escenarios de violencia extrema, magnicidios fallidos, incursiones mercenarias, asfixia económica, financiera y comercial, un Estado acosado por diversos flancos.
Insurrección Guarimbera de 2017
El detonante principal de las guarimbas de 2017 fueron las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a finales de marzo.
En resumen, la sentencia 155 eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados y facultó al Ejecutivo para tomar medidas civiles, económicas, militares y penales ante el estado de conmoción. La sentencia 156 estableció que, mientras la Asamblea Nacional estuviera en "desacato", la Sala Constitucional del TSJ garantizaría que sus competencias fueran ejercidas directamente por el tribunal o el órgano que dispusiera.
Vale recordar que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato desde su instalación porque había incumplido sentencias judiciales, principalmente la desincorporación de diputados del estado Amazonas. La AN había juramentado los tres diputados aun cuando la elección fue suspendida cautelarmente por presunto fraude. Por tanto, el TSJ dictaminó que cualquier acto de la AN mientras persistiera el desacato sería nulo.
Asimismo, el TSJ acusó a la AN de usurpar funciones del Poder Ejecutivo cuando intentó nombrar representantes ante la OEA. Este conflicto entre poderes marcó gran parte de la crisis política venezolana entre 2016 y 2020. La conflictividad se profundizó cuando la fiscal general de la República en ese momento, Luisa Ortega Díaz, unos días después declaró que las sentencias constituían una ruptura del orden constitucional.
Las guarimbas de 2017 se realizaron entre el 30 de marzo 2017 y 31 de julio. Durante este período se registraron 7.493 manifestaciones por motivos políticos, 5.878 de estas convocatorias fueron violentas. El mes de mayo destaca como el lapso en el que se llevó a cabo el mayor número de protestas violentas.
El informe de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en Venezuela (Covejuspaz), creada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, refiere que la mayoría de las protestas se concentraron en ciudades con un valor estratégico tanto por la densidad demográfica como por su importancia en la dinámica productiva y política del país.
Señala que el 85,61% de las manifestaciones violentas se organizaron específicamente en 10 estados: Lara (12,83%), Miranda (11,65%), Mérida (11,62%), Zulia (9,87%), Aragua (8,15%), Táchira (8,08%), Carabobo (7,84%), Bolívar (6,84%), Anzoátegui (4,68%), y Distrito Capital (4,05%).
Un dato importante a destacar es que un alto porcentaje de las manifestaciones violentas en estos estados se produjeron en municipios que eran gobernados por alcaldesas o alcaldes militantes de la oposición. En muchos casos, las autoridades municipales mantuvieron una actitud tolerante, pasiva o alentadora de las guarimbas, sin ejercer las acciones preventivas necesarias para tales casos.
Informes indican que 60,84% (3.576) de las manifestaciones violentas se realizaron en municipios que se encontraban bajo la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El número de estos municipios fue de 46, los cuales conforman el 32,39% del total de 142 en los que se presentaron estas acciones violentas.
Un informe de la Red de apoyo por la justicia y la paz revela que de los 335 municipios de Venezuela se presentaron víctimas fatales en 45 de ellos lo que representa el 13% de los municipios del país. De igual modo, de las 1.091 parroquias, se registraron fallecimientos por eventos directamente relacionados con la violencia política en 76 de ellas, lo que representa el 7% de las parroquias a nivel nacional. Fueron los municipios capitales y donde se concentró la violencia.
Algunos participantes en los hechos violentos ofrecieron testimonios valiosos para estudiar estos fenómenos. Las fuentes aportaron datos relevantes a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública que permitieron una aproximación a los mecanismos que hicieron posible tal participación, sus circunstancias, responsables y actividades vinculadas con las manifestaciones violentas.
"Los testimonios permitieron identificar la existencia de redes de actores que incluía a quienes ejercían la violencia directamente en las calles y a quienes les proveían de logística (armas, dinero, alcohol, drogas, equipamiento, alimentos, entre otros). En algunos casos, la información proporcionada por los informantes claves llegó hasta los responsables políticos de estos grupos antigubernamentales violentos, muchos de ellos vinculados a partidos políticos de oposición que desempeñaban funciones en la Asamblea Nacional o se encontraban a cargo de gobiernos locales (gobernaciones o alcaldías)", señala en informe de la Covejuspaz.
Se descubrió la implementación de métodos tanto para captar personas para las guarimbas como de pagos diarios a manifestantes; la dotación de armas convencionales y no convencionales y equipamiento para la contienda callejera; selección de instituciones del Estado y órganos de seguridad como blancos preferentes de ataque; la complicidad de autoridades locales para ejercer la violencia; construcción de simbología deliberada para generar identificación como manifestantes de un clan de resistencia; y, finalmente, articulación con bandas y prácticas delictivas en sectores donde se desarrollaban los eventos violentos.
Violencia planificada
Así como las guarimbas de 2014, las de 2017 tampoco fueron espontáneas, se produjeron sobre la base de una planificación orientada a generar caos en la sociedad venezolana con miras a derrocar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
A continuación, expondremos los mecanismos de reclutamiento de los agentes que ejercieron la violencia, la ubicación social y edad de los captados y sus condiciones y necesidades materiales de existencia y reproducción social, así como los métodos de contraprestación o gratificación por las actividades realizadas en las jornadas violentas.
Es necesario mencionar que actores políticos hicieron un llamado directo a la violencia. Freddy Guevara, que formó parte de la "generación de 2007" y en ese momento era diputado a la AN por Voluntad Popular, el 16 de mayo llamó a salir a protestar hasta que se concretara la salida de Maduro.
"Mañana protesta nocturna: Plantones demostraron que podemos resistir todo el día, llego el momento de empezar a conquistar la noche". "Enfrentar la dictadura implica riesgos, pero no se las pondremos fácil: serán concentraciones en estado en sitios con mayor control". "La calle sin retorno requiere organización y preparación", publicó en Twitter, ahora X.
Abiertamente expresaba que las manifestaciones se llevarían a cabo en aquellos estados y municipios gobernados por partidos de la MUD, los mismos en los que se habían generado la mayoría de los focos violentos.
Métodos de captación
Las redes sociales fueron escenario de intensos debates políticos, pero en lo concreto también sirvieron como medios de captación y reclutamiento de militantes para la oposición. Twitter se convirtió en un medio para difundir la agenda violenta y agitar y organizar a los manifestantes.
El testimonio del joven de 19 años, J.R.M., residenciado en el estado Anzoátegui, revela que fue contactado a través de Facebook. "Yo llamé a una cuenta que estaba en el grupo de Facebook: Compra y Venta Anzoátegui para conseguir empleo. Al llamar, pregunto sobre cómo era el trabajo. Me dijeron: Nos vemos en Lecherías para enfrentarnos con los Guardias", recoje la Covejuspaz.
Asimismo, hubo reclutamientos en espacios de amistad y socialización y desde los propios focos de violencia.
"Unos amigos me dijeron para ir a guarimbear, como dicen, entonces ellos me decían: ‘mira que te van a pagar y broma, lo que tienes que hacer es protestar, decir unas consignas una broma, si tú quieres puedes lanzar botellas también’. Entonces yo, ok accedí, porque necesitaba el dinero", dijo otro joven desde el anonimato.
El perfil de los reclutados revela un patrón común: todos eran jóvenes, incluso niños, de bajos recursos. Un estudio de la comisión de la ANC arrojó que la mayor parte de las personas entrevistadas nopercibía ningún ingreso económico. Se conoció el caso del “niño molotov”, de 8 años de edad, quien fue fotografiado en el sector de La Urbina preparando un artefacto explosivo vestido con uniforme escolar.
"Este pequeño apenas tiene 9 años, hoy 2 mayo 2017 quería protestar, acongojado porque su abuela murió al no conseguir sus medicamentos. No tiene mamá, según relata y su padre lo dejó al cuidado de un tío que no lo pudo ir a buscar al colegio, cerrado por las protestas en La Urbina", fue la leyenda de la foto que se hizo viral.
Pocos días después se dio a conocer que el niño sí tenía padres y había sido llevado bajo coacción para la manifestación desde su colegio ubicado en Petare.
Durante las guarimbas de 2017 también quedó en evidencia la práctica de líderes de la oposición de reclutar personas en situación de calle. Se documentó el caso de Andreína Calzadilla, una joven de 20 años que vivía bajo un puente en la urbanización Las Mercedes del municipio Baruta, estado Miranda. Comentó que en ese lugar comenzaron a ser abordados por la oposición, y el propio Henrique Capriles llegó con comida para un grupo de 40 personas en situación de calle que pernoctaban bajo el puente. Además de zapatos y ropa, entregaron cajas de bombas molotov, encendedores, guantes y otros implementos usados en las protestas. De acuerdo con su testimonio, el entonces gobernador les prometió que les darían una vivienda si lo ayudaban en su objetivo de sacar del Gobierno al presidente Nicolás Maduro.
Los guarimberos recibieron pagos diarios de acuerdo a la letalidad de la violencia, alimentación durante permanencia en barricadas y suministro de drogas y alcohol. Para algunos participantes, involucrarse en los hechos de violencia podía representar no solo un ingreso, sino recibir comida mientras permanecieran en las barricadas o en los lugares de las protestas, lo que deja al descubierto el aprovechamiento de las necesidades de los más pobres por parte de la dirigencia opositora.
Suministro de logística
A partir de los testimonios se puede observar que existió logística para las protestas. La dotación de escudos para los llamados "escuderos" también fue mencionada por quienes rindieron testimonio. Además de las bombas, escudos y artefactos pirotécnicos, fue común el aprovisionamiento de piedras para ser arrojadas a los organismos de seguridad del Estado.
Se registró el uso de armar caseras y de fuego, entre otros implementos letales, que ya reseñamos en el trabajo anterior cuando reseñamos las guarimbas de 2014.
En esta oportunidad se incorporaron elementos nuevos como los lanzadores de cohetes y morteros, elaborados con tubos de PVC para el lanzamiento de artificios pirotécnicos con mayor precisión.
También se emplearon por primera vez las "puputov", que consistían en frascos rellenos de heces fecales humanas usadas como bombas. El uso de este tipo de artefactos fue objeto de promoción en la dirigencia opositora como "un buen método de defensa" ante la acción policial, por lo que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales.
También entregaron máscaras antigases, mascarillas de pintura, cascos y lentes cerrados con el fin de ocultar la identidad de los guarimberos. Por otra parte se usaron cámaras personales de alta definición para obtener un registro fílmico de los enfrentamientos, que luego eran editados y presentados a través de redes sociales como pruebas de "represión".
Durante cuatro meses, la oposición realizó 5.878 manifestaciones violentas como parte del llamado a "mantenerse en las calles". Como consecuencia de estas acciones violentas fallecieron 155 personas que,de acuerdo con circunstancias que rodearon su muerte, se concluyó estuvieron vinculadas con hechos de violencia por motivos políticos.
El gráfico revela que la mayoría de las víctimas de la violencia opositora fueron jóvenes entre 18 y 24 años.
Daño económico y patrimonial
La violencia política de 2017 tuvo un importante blanco en la destrucción intencionada de bienes públicos. Muchas de las convocatorias a protestar se realizaban ante sedes de organismos del Estado que derivaban luego en enfrentamientos y en el uso de medios violentos para provocarles daños a la infraestructura. También fue notable la afectación del transporte público asociado a la gestión de los gobiernos locales, estadales y nacional, cuyas unidades tienen emblemas y mensajes que las identifican con la Revolución Bolivariana.
Todos los poderes públicos nacionales, a excepción del Poder Legislativo, sufrieron daños de diversa magnitud en su patrimonio. Las instituciones del Poder Público Nacional registraron entre los meses de abril y julio de 2017, 245 ataques a su infraestructura y 565 acciones dirigidas a afectar el parque automotriz provocando su destrucción total o parcial.
Asimismo, se contabilizaron 2.674 casos de tala ilegal de árboles para utilizarlos como obstáculos en las protestas con cortes de vías. Este daño, resultó equivalente a la destrucción de un área arborizada de 22 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, se contabilizaron 531 acciones violentas dirigidas a la destrucción de bienes que garantizan los servicios básicos esenciales: 413 contra el transporte público, 49 contra el sistema alimentario, 36 contra viviendas, 19 contra el sistema eléctrico, 9 contra los servicios de agua y 5 contra centros de salud.
En el caso del transporte público a nivel nacional, las acciones violentas afectaron los sistemas de buses e interrumpieron los servicios durante los meses de mayo, junio y julio. De 565 ataques, 413 fueron dirigidos a buses. La quema y destrucción de estos vehículos del servicio público, de acuerdo con los cálculos estimados por el Ministerio para el Transporte, afectaron a más de 20.071.800 de usuarios. La destrucción de unidades de transporte se observó en 13 entidades federales, aproximadamente el 70% del territorio.
Las guarimbas terminaron cuando el Gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello invocó el artículo 347 de la Constitución venezolana que reza:
"El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".
El objetivo era reformar el Estado y redactar una nueva Constitución en un momento de gran conflictividad que amenazaba la estabilidad política y social del país.
El Interinato fake
Para precisar el vergonzoso paso de Juan Guaidó por la historia de la política venezolana es necesario tener presente la siguiente cronología:
- El 5 de enero de 2019 fue nombrado Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, siendo la persona más joven en ocupar el cargo.
- El 11 de enero hace un llamado a una movilización en el país y exige la intervención de las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional para derrocar al "ilegítimo" gobierno de Nicolás Maduro.
- El 23 de enero, con el apoyo del entonces Gobierno estadounidense, del Grupo Lima y de otros países, se autoproclama presidente interino o encargado de Venezuela.
- El 28 de enero de 2019 afirma que Maduro y sus aliados "ya están derrotados" y que solo los sostienen "las armas de la República, como en cualquier secuestro de banco", y el manejar los fondos, que "le queda poco tiempo".
- El 10 de febrero califica a Maduro y al Ejército de "genocidas” al impedir la entrega de ayuda humanitaria para la población en plena crisis política. Posteriormente se descubrió que se trató de un plan para provocar un cambio de régimen en Venezuela al intentar hacer ingresar grupos armados irregulares al territorio nacional por la frontera con Cúcuta.
- El 28 de marzo fue inhabilitado por la Contraloría como líder del Parlamento y se le prohíbe el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.
- El 3 de abril la Asamblea Nacional Constituyente lo despoja de su inmunidad. También autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones.
- El 17 de septiembre la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lo ratifica como presidente encargado del país hasta que "cese la usurpación" por parte del mandatario, Nicolás Maduro.
- El 5 de enero de 2020 denuncia que le prohibieron ingresar al Parlamento, donde debía ser reelegido. Posteriormente reelecto como presidente de la Asamblea en una sesión paralela e improvisada.
- El 26 de mayo de 2020 el TSJ reconoce como presidente del Parlamento a Luis Parra, en desmedro de Guaidó.
- El 14 de junio 2020 desconoce la legitimidad del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y pide más presión internacional sobre el gobierno de Maduro.
- El 6 de enero de 2021 la Unión Europea (UE) da su apoyo para trabajar con el "líder" opositor para celebrar elecciones "creíbles, inclusivas y democráticas", pero evita tratarlo como "presidente interino".
- El 11 de mayo de 2021 propone retomar negociaciones con el Gobierno para pedir un cronograma de elecciones, que incluya presidenciales a cambio del "levantamiento progresivo" de sanciones internacionales.
- El 3 de enero de 2022 es ratificado por la fracturada oposición como "encargado de la presidencia" de Venezuela.
- El 5 de julio de 2022 hace un nuevo llamado a la ciudadanía a luchar por lograr "la segunda" independencia.
- El 30 de diciembre de 2022 la oposición toma la decisión de eliminar el "gobierno interino" de Guaidó.
- El 8 de marzo de 2023 anuncia que será candidato en las primarias opositoras de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
- El 25 de abril de 2023, previo a tomar un vuelo con destino hacia Estados Unidos, denuncia haber sido expulsado de Colombia, acusando que la "persecución" y las "amenazas" de Maduro "se extendieron" más allá de Venezuela.
- El 27 de abril de 2023 reveló que se encuentra en Miami en busca de la ayuda de Estados Unidos y para proteger a los venezolanos que resisten a la "dictadura".
- El 4 de mayo de 2023 asegura que teme regresar a Venezuela porque que cree que podría "correr la suerte" de Alexéi Navalni.
- El 5 de octubre de 2023 el Ministerio Público emitió una orden de arresto en su contra. Se le acusa de varios delitos, incluido el de legitimación de capitales.
En enero de 2019, en la plaza Juan Pablo II de Chacao, el diputado por Voluntad Popular hizo la oferta engañosa más grande de la oposición cuando se proyectó como el líder que lograría de manera rápida y definitiva acabar con el chavismo. Sin embargo, las ilusiones se cayeron cuando pasaba el tiempo y el presidente Maduro seguía en el poder y el entorno de Guaidó se enriquecía con los recursos del Estado que supuestamente administraban.
El primer fracaso de su "gestión" se evidenció cuando anunció que el 23 de febrero ingresarían toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Estados Unidos y otros aliados al país para palear la "crisis humanitaria". El fiasco fue ocurrió en medio de un concierto llamado Venezuela Aid Live y de la presencia de varios presidentes del extinto Grupo de Lima como Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Abdo Benítez (Paraguay).
Lo que se anunció con bombos y platillos no fue la llegada de voluntarios al país sino guarimberos contratados que quemaron dos de las ocho gandolas con la supuesta carga humanitaria proveniente desde Colombia. La jornada terminó con lesionados y muertos tanto en la zona fronteriza como en otras ciudades del país.
Días después una investigación de The New York Times confirmó que los camiones fueron quemados por los manifestantes. También se develó la corrupción en torno a los fondos recaudados.
El escándalo escaló cuando más de mil funcionarios que se habían puestos a la orden del gobierno ficticio fueron desalojados de hoteles de Cúcuta en medio de escándalo de prostitutas, alcohol y violencia. En septiembre de ese año se divulgaron fotos de Guaidó con líderes armados paramilitares y narcotraficantes de Los Rastrojos, quienes lo trasladaron a Colombia el día del evento.
Ciclos de violencia durante el interinato
El 21 de enero de 2019 comenzó una oleada de manifestaciones violentas por motivos políticos a nivel nacional que se extendió hasta el 4 de febrero de 2019. Posteriormente, las protestas violentas se reactivaron entre los días 22 y 24 de febrero y nuevamente el 30 de abril de 2019.
A diferencia de los anteriores ciclos de violencia diferencia, no se trató de un único periodo de protestas prolongado sino de tres episodios producidos alrededor de tres sucesos: el primero fue el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de una presidencia interina a cargo del nuevo jefe de la oposición en la Asamblea Nacional; el segundo evento fue el intento de invasión extranjera; y el tercero fue el golpe de Estado fallido perpetrado por un grupo de efectivos militares liderados por Leopoldo López y Juan Guaidó.
El informe de la Covejuspaz refiere que en todo el año 2019 se realizaron de 916 manifestaciones violentas, la mayoría se registraron en los estados Mérida y Miranda. Entre ambas entidades federales agrupan el 38% de las manifestaciones que se hicieron a nivel nacional.
En la madrugada del 21 de enero de 2019, un grupo de efectivos de la GNB adscritos al comando de zona número 43 robaron armas del Centro de Seguridad Urbana de Petare y se dirigieron a la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano en Cotiza, sitio desde el cual llamaron a desconocer al presidente en ejercicio. Paralelamente, varios grupos de manifestantes fueron conformando focos de violencia en zonas aledañas a la instalación militar, y otras de la ciudad de Caracas.
Las modalidades de las manifestaciones violentas durante el año 2019 fueron distintas. Como un factor común de las primeras protestas registradas entre el 21 y el 23 de enero de 2019 fue que se realizaron en horas de la noche y la madrugada.
La mayor trama de corrupción y desangre a la nación
Los daños en términos económicos y sociales que han causado las sanciones impulsadas por el interinato de Guaidó son incalculables. A medida en que se fue diluyendo el apoyo local e internacional salieron a la luz detalles de la mayor trama de corrupción y desangre contra la nación, avalada e impulsada por el anterior periodo legislativo que ganó las elecciones en 2015.
Fue el periodo presidido por el exdiputado Juan Guaidó el que avaló el saqueo de los activos. Su autonombramiento presidente de la República significó el elemento jurídico que faltaba para concretar el despojo y bloqueo de cuentas en el exterior.
Con el aval del gobierno fake y el nombramiento de justas ad hoc inició la cacería contra los activos de Venezuela en el exterior. Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos, y Monómeros, el segundo activo venezolano más importante en el exterior, ubicado en Colombia, fueron los principales blancos de ataque.
El exdiputado Juan Guaidó finalmente huyó a Estados Unidos y se convirtió en una de las figuras políticas más rechazadas del país. Con su salida de la nación se terminó la etapa del interinato, pero también un ciclo de violencia que inició con la instalación de la Asamblea Nacional en 2016 con mayoría opositora.