El nuevo gobierno estadounidense no tiene un mes en la Casa Blanca y su presidente, Joe Biden, ya ha incumplido con una de sus promesas de campaña. Un artículo de Associated Press (AP) señala que en los últimos días se han deportado a cientos de inmigrantes.

El jueves 28 de enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 15 personas a Jamaica, y el viernes 29 de enero deportó a 269 personas a Guatemala y Honduras. Las deportaciones continuaban programadas para el día de ayer.

La información fue confirmada por funcionarios de Honduras, que dijeron que 131 personas estaban en un vuelo que aterrizó el viernes. De igual modo lo hicieron funcionarios de Guatemala, señalando que un vuelo con 138 personas deportadas llegó el viernes y esperaban a otras 30 más para el lunes.

“Un juez federal ordenó la semana pasada a la administración de Biden que no aplicara una moratoria de 100 días en las deportaciones, pero el fallo no obligó al gobierno a programarlas”, dice la publicación de AP.

Entre los inmigrantes con condiciones de ilegalidad que fueron expulsados en los primeros días de la Administración Biden se encuentra una mujer de El Paso, Texas, que presenció la masacre que hubo en 2019 en un Walmart, donde 22 personas fueron asesinadas. Ella había aceptado colaborar con la fiscalía local como testigo contra el atacante, refirieron sus abogados.

Rosa (que se identifica solo con el nombre por temor a su seguridad al llegar a la Ciudad de Juárez, en México, conocida por su alta tasa de criminalidad y violencia) fue arrestada por una luz de freno rota, transferida al ICE y deportada antes de que pudiera contactarse con sus abogados.

La fiscalía del distrito de El Paso había entregado a los abogados de Rosa la documentación necesaria para que hiciera una solicitud de visado estadounidense para víctimas de delitos, pero en un comunicado dijo que ella no era candidata a esa opción por haber salido ilesa de la masacre de Walmart.

No es posible estimar cuántas de las personas deportadas recientemente cruzaron ilegalmente la frontera o pueden ser consideradas una amenaza para la Seguridad Nacional. En el caso de Rosa, había sido arrestada en 2018 por acusaciones de manejar bajo los efectos del alcohol. Ella se declaró culpable y las autoridades judiciales, entonces bajo la Administración Trump, la liberaron por no considerar que era una amenaza para el público.