Hasta horas de la noche del 13 de noviembre, bolivianos residentes de Plan 3000, sector en Santa Cruz, fueron hostigados por grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocido por ser un brazo paramilitar que utilizó Luis Fernando Camacho para perfilarse como líder del golpe de Estado en 2019.

Según los reportes en medios de comunicación, el pico de violencia tomó fuerza al mediodía del sábado, cuando militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvieron la iniciativa de levantar los bloqueos en las calles que algunos sectores golpistas de la oposición boliviana mantienen en el país desde hace varios días, obstaculizando el desarrollo normal de las actividades sociales y económicas. Los grupos extremistas respondieron lanzando piedras e instigando a continuar con el bloqueo.

Más tarde en la noche, integrantes de la UJC fueron hasta Plan 3000 y atacaron a los vecinos de la comunidad, dejando varios heridos. Ese sector de Santa Cruz es conocido por ser hogar de muchos simpatizantes del MAS.

Las acciones criminales de la UJC ocurrieron a pesar de que el presidente Luis Arce, en una conferencia de prensa, acompañado por representantes de los movimientos sociales, de la Central Obrera Boliviana (COB) y el vicepresidente Choquehuanca, anunció la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Se confirma así que las supuestas preocupaciones por la Ley 1386 solo han sido una excusa para intentar conseguir un escenario similar al del 2019, que devuelva a Bolivia a la ingobernabilidad con el objetivo de que los líderes golpistas retomen el poder.