El nuevo gobierno de Ecuador ha ido dando muestras de una reversión de las políticas entreguistas que se habían abolido con llegada de la Revolución Ciudadana, y que sobrevivieron al proceso de neoliberalización de la administración Moreno.

Que dos meses después de la toma de posesión Guillermo Lasso se haya reincorporado a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estado (ISDS) y el embajador de Ecuador en Washington firmara el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial es una muestra de ello.

El mecanismo de solución ISDS había sido denunciado anteriormente y del CIADI Ecuador se había retirado en 2009. Sin embargo, lo más llamativo del retorno al viejo modelo es la vía inconstitucional que está tomando Lasso para llevarlo a cabo. Sucede que la retirada de Ecuador del CIADI fue parte de un proceso más amplio que dio lugar a la terminación de todos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) de Ecuador.

La agenda entreguista de Lasso

Salirse de estos entramados tardó años, pero Lasso quiere volver a ellos a través de un plumazo. Un artículo de Guillaume Long y Andrés Arauz (este último reciente candidato a la presidencia) publicado en el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico la semana pasada sostiene que "la Corte Constitucional de Ecuador decidió que el reingreso de Ecuador al CIADI no requería ratificación legislativa. Ahora, el gobierno está impulsando una reinterpretación de la Constitución que permita a Ecuador suscribir TBI".

Contrario a la vía rápida e inconstitucional del nuevo presidente, los expertos sostienen que "el artículo 422 de la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada por referéndum popular en 2008, estipula: 'El Estado ecuatoriano no celebrará tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda su jurisdicción soberana a entidades de arbitraje internacional en controversias contractuales o comerciales entre el Estado y personas naturales o jurídicas'".

Así fue como el gobierno de Rafael Correa en diez años puso fin a un primer lote de TBI en 2008 y unos meses después abandonó el CIADI, refiere el artículo de los ecuatorianos titulado "El nuevo gobierno ecuatoriano se alía con poderosos lobbies internacionales para reincorporarse a tratados de inversión prohibidos por la Constitución".

"En 2013, el gobierno ecuatoriano encargó a un grupo de expertos que auditara sus casos de arbitraje y todos sus TBI, incluyendo la legalidad de su ratificación, y sus repercusiones en el país. La Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección de Inversiones (CAITISA), compuesta por académicos, abogados, funcionarios públicos y grupos de la sociedad civil, concluyó que muchos de los TBI de Ecuador no habían sido ratificados adecuadamente. También constató que los tratados no atraían la inversión extranjera a Ecuador", señalan.

Estas auditorías confirmaron que dichos tratados eran desfavorables para Ecuador y resaltaba la importancia del Estado para defender los intereses de la nación. El informe detalla que habitualmente era un problema para los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estado la contratación de abogados con estrechos vínculos con las empresas transnacionales.

Contrario al mito de que la pérdida de la soberanía es un camino para atraer inversiones, el informe CAITISA confirmaba que la inversión extranjera se dirige a países que experimentan un crecimiento económico constante; que tienen instituciones sólidas, incluido un poder judicial fuerte; y que son estables, incluso política y socialmente.

Tratados desfavorables para los países

Lo que sí queda claro es que se demostró que los Tratados Bilaterales de Inversión crean un escudo de impunidad para los daños medioambientales y la evasión fiscal de las empresas transnacionales. Para estas empresas es fácil evadir responsabilidades en caso de catástrofes porque generalmente se van del país donde ocurren.

Todo apunta a que el gobierno de Guillermo Lasso está volviendo a estos mecanismos que han hecho estragos en Ecuador como una forma de aliarse a la influencia de la política imperial estadounidense, lógica de la cual se zafó Rafael Correa "aprovechando el creciente consenso mundial sobre los efectos negativos de la ISDS, que muchos países suscribieron desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000, durante el apogeo de la desregulación y los enfoques a la 'baja' para atraer inversiones. Algunas de las mayores economías emergentes habían abierto el camino: Sudáfrica puso fin a sus tratados de inversión en 2012; Indonesia en 2014; India en 2017. Entre los Estados latinoamericanos, Brasil nunca ratificó ningún tratado que incluyera ISDS, y Bolivia puso fin a sus TBI en 2008".

Las cláusulas del ISDS fueron revisadas porque ni siquiera los países de la Unión Europea estuvieron exentos de sanciones por tribunales de arbitraje simplemente por defender la legislación europea. Esto llevó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a escribir: "Tampoco aceptaré que la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros de la UE esté limitada por regímenes especiales para las disputas de los inversores", recogen Long y Arauz.

Fue finalmente en mayo de 2017 que tras una nueva autorización del Parlamento, y con decisiones previas de la Corte Constitucional, Ecuador puso fin a sus 16 TBI restantes, incluidos los celebrados con Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, España, China y los Países Bajos.

Vale destacar que el viraje a estas políticas no inician con el actual presidente, ya Lenín Moreno desde el principio de su gobierno no compartía esta crítica a los mecanismos que utilizan las empresas para extorsionar a los Estados y así evitar sistemas de regulación eficaces, ya sea en el ámbito de los impuestos, las salvaguardias ambientales o los derechos laborales.

"Deseoso de volver a las políticas neoliberales de la década de 1990, y bajo la intensa presión de las empresas transnacionales, el gobierno de Moreno pidió a la Corte Constitucional que reinterpretara el artículo 422, argumentando que sólo se aplicaba a las disputas comerciales. La maniobra fue notable por su audacia: el artículo 422, que menciona el término genérico 'contrato', está claramente destinado a prohibir el arbitraje de disputas sobre inversiones. Las actas de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución, y las múltiples decisiones anteriores del Tribunal Constitucional, también apoyan la interpretación de que el artículo 422 se refiere a las inversiones. Por ello, el tribunal ha recibido decenas de amicus curiae (terceros ajenos a un litigio) de reputados expertos académicos nacionales y extranjeros, así como de organizaciones de la sociedad civil, que le piden que rechace la oferta", detalla el artículo.

Si bien el plazo para la interpretación del artículo 422 por parte de la Corte de Constitucionalidad ya pasó, el gobierno de Guillermo Lasso está presionando a la corte para que permita un rápido retorno a los mecanismos de ISDS.

Sugieren que el proceso está viciado en tanto que la encargada por parte de la Corte para analizar el reingreso al CIADI, Teresa Nuques, ha sido directora del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y una vocal defensora del ISDS. Hubo magistrados que apelaron a la Constitución, que exige la aprobación legislativa de cualquier tratado que implique la renuncia a las competencias jurídicas nacionales a favor de un organismo supranacional, pero fueron superados en número y el 30 de junio el tribunal anunció su decisión de que la aprobación legislativa de la adhesión al CIADI no era obligatoria.

Lo sorprendente -refieren- es que el momento de la reincorporación de Ecuador al CIADI se da tres semanas después de que este organismo declarara un fallo a favor de la petrolera franco-británica Perenco en su caso de arbitraje contra Ecuador.

"La empresa recibió de Ecuador 412 millones de dólares (una multa de 372 millones de dólares, más intereses) por infringir la cláusula del TBI Francia-Ecuador sobre 'expropiación indirecta'. En 2006, el Congreso de Ecuador había aprobado por unanimidad una ley que obligaba a repartir los ingresos derivados de las subidas de los precios de las materias primas. En 2007, el gobierno modificó aún más una norma para maximizar los ingresos para el Estado. La mayoría de las empresas petroleras establecidas en Ecuador aceptaron las nuevas condiciones, pero no Perenco, que nunca pagó la cantidad debida. Cuando la autoridad fiscal reclamó la cantidad adeudada mediante la incautación de una cantidad equivalente de petróleo, Perenco abandonó el país, sin pagar por los daños que sus operaciones causaron al medio ambiente", detalla el artículo.

No hay explicación aparente de la reincorporación a un mecanismo que atenta contra la soberanía de un país. Lo que queda claro es que se falla a favor de una familia multimillonaria francesa en detrimento de un país de cerca de 20 millones de habitantes. "Las empresas establecidas en paraísos fiscales suelen recurrir a la práctica corrupta de 'comprar' tratados de inversión firmados por otros países para disfrutar de lo mejor de ambos mundos: protección e impunidad", afirman los autores ecuatorianos.

Finalmente, el gobierno ecuatoriano pagaría la multa a Perenco, anunció el Ministerio de Comunicación del país suramericano, aunque Ecuador podría recurrir a varias medidas para evitar o retrasar este pago, sobre todo en un contexto de crisis económica y pandemia, cuya tasa de mortalidad per cápita por covid-19 es una de las más altas del mundo. Con todos los recursos para revertir la medida, Lasso ya ha dejado claro, al reincorporarse al CIADI, que su gobierno no tiene intención de impugnar el pago a la empresa.

Continúa el desmantelamiento

Es evidente que el nuevo gobierno de Ecuador sigue la línea entreguista iniciada por Lenín Moreno. Pero la política proimperialista de Lasso ya se avizoraba desde los principios de sus lazos empresariales y su carrera política.

• Desde muy joven estuvo vinculado a la bolsa de valores de Guayaquil.
• Su primera empresa fue la Constructora Alfa y Omega, fundada con su hermano mayor Enrique Lasso en 1978, a sus 23 años.
• Este empresario de cuna en 1994 fue designado presidente ejecutivo del Banco Guayaquil. Ese mismo año pasó por la filial nacional de Coca-Cola.
• En 2017 un informe reveló que Guillermo Lasso estaba asociado a 49 empresas offshore en paraísos fiscales y acumuló entre 1999 y 2000 una riqueza de 30 millones de dólares.
• En 1998 inicia su carrera política cuando lo nombran como gobernador de Provincia de Guayas.
• Durante la presidencia de Lucio Gutiérrez fue nombrado embajador itinerante.
• Rechaza cualquier tipo de integración regional que no sea afín al modelo corporativo neoliberal.

Con este breve repaso no sorprenden las decisiones políticas complacientes con la agenda de Washington, tampoco que la agenda agenda pro-imperial esté por encima de los intereses nacionales.

En todo caso, Moreno entregó el del desmantelamiento del Estado ecuatoriano a Lasso, quien ya se había reunido con el expresidente en un curioso llamado a diálogo donde solo participaron actores políticos de la derecha.

"Las empresas amiguistas que desean participar en las privatizaciones a precio de saldo, por ejemplo, están ansiosas por anclar los nuevos tratados de comercio e inversión con capítulos de ISDS. Y el gobierno de Lasso está ansioso por vender tantos activos estatales como sea posible. No es casualidad que, una semana después de que el Tribunal Constitucional diera luz verde al regreso de Ecuador al CIADI, Lasso emitiera un decreto ejecutivo que ordena la privatización gradual de la industria petrolera estatal y destaca el arbitraje internacional como piedra angular de su política", destacan Long y Arauz.

Por esta razón se evidencia la presión y el cabildeo para obviar la autorización parlamentaria y el desespero de los lobbistas por un retorno a la agenda pro-ISDS.