La Corte Penal Internacional (CPI) ha tenido un significado noticioso para Venezuela debido a que, en 2018, abrió un examen preliminar sobre el país por los eventos ocurridos desde abril de 2017. A partir de la escalada violenta detonada por la oposición extremista, se acusó al Estado de uso excesivo de la fuerza en el contexto de supuestas manifestaciones, detenciones arbitrarias y tortura.
En septiembre de 2018 los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, miembros del extinto Grupo de Lima, solicitaron una investigación por la versión anterior de las guarimbas desarrollada en 2014.
El examen preliminar fue una etapa previa a una investigación, abierta en 2021 por el fiscal Karim Ahmad Khan y denominada "Venezuela I". La República Bolivariana solicitó pausar dicha investigación mientras los tribunales nacionales dictaminan responsabilidades al respecto, pero Khan no aceptó y solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares continuar la investigación, lo que fue aprobado en 2023.
En febrero de 2020 el gobierno venezolano solicitó que se investigaran crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde 2014. Esto se convirtió en el examen preliminar "Venezuela II", que actualmente sigue abierto en la segunda de las cuatro fases que componen el proceso (evaluación inicial, competencia, admisibilidad, análisis sobre los intereses de la justicia).
Contraste entre países vecinos
La CPI investiga y, cuando corresponde, juzga a las personas acusadas de los crímenes más graves que afectan a la llamada comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Como tribunal de última instancia, busca complementar, no sustituir, los tribunales nacionales. Se rige por un tratado internacional denominado "Estatuto de Roma", que cuenta con 124 Estados partes.
Hechos recientes permiten situar la utilidad, o no, de esta organización internacional que no juzga a Estados sino a individuos desde la perspectiva estrictamente penal. Una evidencia de doble rasero que demuestra al servicio de quiénes trabaja la CPI fue cuando Khan visitó, en una misma gira, a Colombia y Venezuela en 2021.
Por un lado, decidió cerrar el expediente contra Colombia, aunque estuvieran documentadas, y en proceso, cientos de masacres anuales de líderes campesinos, defensores de derechos humanos, guerrilleros desmovilizados y habiéndose asesinado a miles de ciudadanos comunes, haciéndolos pasar como guerrilleros —falsos positivos—. Solo ese año hubo 96 masacres y 91 el año anterior.
Cuando siguió hacia Caracas, dejó abierto el caso "Venezuela I" por supuesta violación de los derechos humanos de los "guarimberos" detenidos en los actos de violencia callejera en el año 2017, en los cuales más de 50% de los 142 fallecidos no participaba. Además, en algunos de ellos hubo transeúntes quemados y asesinados a manos de las supuestas víctimas por parecer pobres y "chavistas".
Casos Ucrania y Palestina: Más del doble rasero
En marzo de 2023 la CPI emitió una orden de captura contra Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa, por el supuesto trasiego de niños ucranianos a territorio ruso desde febrero de 2022, cuando desde ese país se lanzó una operación militar especial a gran escala contra las agresiones de Kiev a territorios del Dombás.
En noviembre de 2024 la misma corte emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamás, Mohammed Deif —presuntamente muerto—. Los cargos incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de la Operación Diluvio de Al Aqsa, llevada a cabo por la resistencia palestina e iniciada el 7 de octubre de 2023.
Ambas órdenes de captura, además de ser tratadas de manera diferenciada por la "comunidad internacional", demuestran cómo la CPI ha instrumentalizado la justicia a favor de las potencias occidentales. El gobierno estadounidense se opuso durante mucho tiempo a la facultad otorgada al tribunal por su tratado constitutivo de perseguir los crímenes cometidos en el territorio de los Estados miembros por nacionales de Estados no miembros; pero abandonó esa postura cuando calificó de "justificados" los cargos de la CPI contra Putin, utilizando la misma jurisdicción territorial.
En el caso que incluye a Ucrania, y pudiendo actuar a motu proprio, la Corte obvia los más de 14 mil asesinatos por parte de los gobiernos ucranianos, instalados desde 2014, contra la población del Dombás. Las brigadas neonazis enviadas desde Kiev emprendieron esta oleada genocida desde febrero de ese año cuando derrocaron al expresidente Víctor Yanukovich en un golpe impulsado por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La estrategia subyacente fue el cerco contra Rusia mediante la ampliación de bases militares de la OTAN hasta su frontera occidental y, con ello, generar una política de "máxima presión".
Por otra parte Estados Unidos, que ha llevado a cabo operaciones militares y ha apoyado regímenes abiertamente genocidas, no ha enfrentado acciones judiciales en la CPI. Sus gobiernos, sean demócratas o republicanos, le otorgan un apoyo irrestricto al régimen civil militar israelí en materia política, diplomática, económica y militar.
Netanyahu viajó en julio de 2024 a Washington, se reunió con el expresidente Joe Biden y fue recibido con vítores y aplausos en un discurso dado en el Congreso estadounidense. Además, fue el primer líder extranjero que visitó al actual presidente estadounidense, Donald Trump, desde que regresó a la Casa Blanca.
La CPI hizo silencio al respecto, a pesar de todas las pruebas de los crímenes cometidos por el ejército sionista de ocupación en Palestina, donde está a las puertas de concretar un plan de "solución final" llamado Carros de Gedeón, al estilo de aquel planteado en la Conferencia de Wannsee nazi el año 1942.
Bajo la coacción unipolar
Washington y sus aliados han modulado la actuación del organismo multilateral mediante presiones económicas, amenazas y sanciones a sus miembros mientras este lo permite y calla. Un caso ejemplar ocurrió cuando Estados Unidos impuso sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochok, por su investigación de crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de militares estadounidenses.
En aquella ocasión amenazó con arrestar y sancionar a los magistrados y otros funcionarios del tribunal por el mismo caso. Recientemente, la potencia norteamericana también sancionó a Khan, quien se encuentra envuelto en un caso de abuso sexual y debió renunciar "de manera temporal".
Desde el Norte Global se siguen imponiendo los atropellos y genocidios que llevaron a la creación de la Corte durante el siglo XX. Con ellos se impulsa también la erosión del multilateralismo y del Estado de Derecho a favor de la unipolaridad y un estado de excepción globalizado.
Reino Unido, Francia y Alemania, liderados por Estados Unidos, han amparado y participado directamente en agresiones, invasiones, desestabilización, detenciones ilegales, torturas, desapariciones, genocidios, entre otros actos criminales, contra países como Irak, Afganistán, Libia, Irán, Siria, Líbano, Yemen y la propia Palestina.
Mientras esto ocurre, la CPI juzga aquello determinado por Washington y los suyos en forma mayoritariamente abrumadora. Todos los 17 casos en investigación y concluidos corresponden al Sur Global: 12 africanos, dos de Asia y dos de países europeos no alineados al atlantismo.
En 2002, bajo la administración Bush Jr., Estados Unidos promulgó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, o "Ley de Invasión de La Haya", que autoriza al Presidente a usar "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado por, en nombre de, o a solicitud de la CPI".
Es solo un indicio más del desprecio y el supremacismo unipolar por parte de la élite estadounidense y atlantista, pero también revela la verdadera naturaleza de la CPI como un organismo que no puede desafiar a las potencias más fuertes.
Su marca de fábrica es la inconsistencia dado que solo procesa a ciertos líderes e ignora a otros, mientras su imagen se derrumba lejos de la pretendida imparcialidad. Estados Unidos nunca ha rendido cuentas por sus guerras en Libia, Siria, Irak o Afganistán.
Aunque se procese a Netanyahu o Putin, pero nunca a ningún líder occidental, su credibilidad se verá aun más erosionada. Se ha convertido en una herramienta más de la geopolítica unipolar en la que el Derecho Internacional solo se aplica a los más débiles, nunca a los poderosos de siempre.