Los vencedores de las recientes elecciones en Francia y México se enfrentan a un desafío compartido: adversarios que no solo se niegan a aceptar su derrota sino que buscan, mediante recursos técnicos y narrativos, desacreditar a los triunfadores, socavar su legitimidad y retomar el poder por vías extrapolíticas en desmedro del voto.

Mediante estrategias legales y mediáticas, los partidos perdedores intentan transformar los resultados electorales en un campo de batalla por el control del poder.

Francia: Macron se niega a nombrar un gobierno de la coalición de izquierda

Desde que Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional hace más de 40 días, Francia continúa sin un primer ministro. El 26 de agosto, el presidente justificó su decisión de no nombrar a una candidata de izquierda como primera ministra en nombre de la "estabilidad institucional".

En lugar de ello, convocó una nueva serie de conversaciones con diferentes grupos políticos para tratar de formar un nuevo gobierno en desmedro de los resultados electorales.

Esta situación se enmarca en el contexto del revés que sufrió a principios de junio en los sufragios, cuando la Agrupación Nacional, principal formación de derecha, obtuvo una victoria en las elecciones europeas, lo que llevó al presidente a convocar comicios legislativos anticipados. 

Las fuerzas de izquierda, unidas en el Nuevo Frente Popular, formaron un "frente republicano" con el partido de Macron bajo la premisa de la "lucha contra el fascismo". Esta alianza, que implicó la retirada de candidatos en distritos claves para evitar la fragmentación del voto y asegurar la derrota de Agrupación Nacional, resultó efectiva. 

Los resultados de las elecciones parlamentarias, celebradas el 7 de julio, favorecieron al Nuevo Frente Popular, que logró 182 escaños en la Asamblea Nacional. La coalición presidencial "Juntos" obtuvo 168 escaños, mientras que la Agrupación Nacional se limitó a 143.

Sin embargo, la victoria electoral del Frente Popular se vio empañada por la fragmentación interna del bloque de izquierda. La tensión entre los moderados y los radicales se intensificó, lo que evidenció la dificultad para consensuar un candidato para el nuevo primer ministro del país. 

El primer ministro Gabriel Attal, a pesar de su renuncia formalmente aceptada al gabinete, se mantiene en funciones con limitaciones hasta la formación de un nuevo ejecutivo, a instancias del presidente Macron. 

Finalmente se aceptó la candidatura de Lucie Castets, una exmilitante del Partido Socialista con un perfil tecnocrático. A pesar de que La Francia Insumisa, partido del principal líder de la izquieda Jean Luc Melenchon, contaba con una mayoría considerable en la coalición de izquierda, se vio forzada a ceder ante la presión de los moderados al respaldar esta propuesta.

Mientras tanto, Macron aprovechó la coyuntura para argumentar la necesidad de preservar la estabilidad nacional durante los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Esta estrategia le permitió retrasar la formación del nuevo gobierno por más tiempo.

Al finalizar la tregua, Macron persistió en su negativa a aceptar la candidatura de Castets como primera ministra, por lo que La Francia Insumisa, en un acto de sumisión, decidió renunciar a la inclusión de sus ministros en el nuevo gobierno. Sin embargo, como lo demuestra la decisión del presidente relatada al inicio, esta concesión no logró satisfacer sus exigencias.

En cambio, una fuente cercana a Macron indicó que él considera que el equilibrio de poder se inclina más hacia el centro o centro-derecha. Entre los candidatos potenciales se encuentran el presidente regional conservador Xavier Bertrand, el exprimer ministro Bernard Cazeneuve y Karim Bouamrane, alcalde de un suburbio parisino.

Los poderes fácticos franceses usaron la izquieda para ganar tiempo y preservar el poder ante la inminente amenaza de una victoria de Agrupación Nacional.

México: argumentos fraudulentos para sabotear mayoría calificada de Morena 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la asignación de curules en el Congreso, ya que este partido no acepta las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) basadas en los resultados de la elección del 2 de junio, y ha recurrido a una instancia sin competencia para estos asuntos, decisión que viola el marco legal. 

Este conflicto se inscribe en una maniobra política de la oposición, la cual acusa al partido gobernante, Morena, de una supuesta sobrerrepresentación en el Congreso. Dicho argumento carece de base legal y es contradictorio con la aplicación de la ley electoral durante más de una década, y así busca empañar la legalidad de la distribución de escaños y amenazar la gobernabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El corazón de la controversia reside en la asignación de escaños proporcionales, aquellos que se otorgan a los partidos de acuerdo con su porcentaje de votos. La oposición reclama que esta asignación debería basarse en el total de sufragios obtenidos por la coalición gobernante (Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde), no por cada partido individual.  

Esta postura esconde un objetivo político más profundo: evitar que Morena obtenga la mayoría calificada en el Congreso (dos tercios de los votos), que permite al partido gobernante realizar reformas constitucionales sin la necesidad de negociar con otros partidos.  

No obstante, la ley electoral vigente desde 2008 establece de manera clara que los escaños se asignan a cada partido individualmente, no a las coaliciones. Esta normativa ha sido aplicada en elecciones anteriores, incluidas las de 2012, cuando los partidos PAN, PRI y PRD —actualmente opositores al gobierno de Morena— formaron una alianza similar a la que hoy critican.

La oposición, en su intento por deslegitimar al gobierno, se apoya en un marco legal obsoleto que ya ha sido derogado (el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), el cual sí contemplaba las coaliciones como un solo partido. Este argumento, sin validez legal y ajeno a la legislación actual, busca reinterpretar un debate que ya fue resuelto por la normativa vigente. Lawfare retroactivo. 

En una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la sobrerrepresentación en el contexto de las reacciones de la derecha contra las reformas constitucionales. Explicó que el respaldo de la población en las elecciones busca reformar la Constitución para devolverle su esencia popular y criticó las quejas de la oposición, señalando que su descontento proviene de la pérdida del control político.

El presidente sentenció que "ese es el fondo del debate", y advirtió que las objeciones sobre la distribución de diputados ignoran que estas disposiciones son parte de la legislación vigente, reformada por quienes antes tenían la mayoría.

Las situaciones relatadas en Francia y México evidencian el doble discurso sobre la "democracia" que se manifiesta en contextos donde las fuerzas de los poderes establecidos y alineados con Washington son desplazadas en el ámbito electoral.

Este patrón se repite en Venezuela, donde María Corina Machado y Edmundo González intentaron socavar los resultados electorales ignorando los mecanismos constitucionales para dirimir las controversias.

El caso venezolano adquiere un matiz aun más alarmante porque las acciones de la oposición estuvieron acompañadas de violencia, con el objetivo de imponer una narrativa de fraude en el marco de una operación de cambio de régimen.

A pesar de ello, el tratamiento mediático internacional hacia Venezuela ha favorecido la estrategia de Machado y González para desconocer los resultados.

Contrastando a Venezuela con los casos repasados en este trabajo, queda claro que el desconocimiento de la esencia misma del mandato popular apelando a recursos narrativos y atisbos mal disimulados de tecnología jurídico-política para contravenir lo que en principio decide la población es una tendencia que no se limita a una región y que, probablemente, veremos una globalización ampliada a otros escenarios. 

Esto incluirá, a no dudarlo, países que hoy en día titubean entre formalismos liberaloides y la defensa del poder expresado por mayorías. Lo que Venezuela, México y Francia comparten en estas controversias, independientemente del contexto, es un hilo conductor que gobierna las mismas instancias corporativas que, a pesar de cualquier discurso, a la hora de los hechos nunca han escatimado en manifestar su desdén cuando lo que dice la calle va en dirección contraria a sus intereses. 

Hasta ahora, en este punto, el único remedio existente son pasos y acciones decisivas y coherentes en la defensa del poder, sin ambages. Los poderes extrapolíticos, cuando se trata de voltear y modificar la situación no se detendrán ante formalismos ni principios de ningún tipo.