La búsqueda de socios por parte de la Casa Blanca para sus campos de concetración globales ha aumentado a 64 naciones. La mayoría de ellas son notorios violadores de los derechos humanos.

Estados Unidos está construyendo una red sin precedentes de lugares de destino para los deportados, y está negociando acuerdos con alrededor de un tercio de los países del mundo para expulsar a los inmigrantes a lugares donde no tienen la ciudadanía. Una vez exiliados, estos ciudadanos de terceros países a veces son detenidos, encarcelados o corren el riesgo de ser devueltos a su país de origen, del que pueden haber huido para escapar de la violencia, la tortura o la persecución política.

Los países con los que la administración Trump está colaborando para aceptar a estos inmigrantes expulsados son algunos de los peores violadores de los derechos humanos del planeta, según los propios informes del Gobierno de Estados Unidos.

Más de 8.100 personas han sido expulsadas de esta manera desde el 20 de enero, y Estados Unidos ha hecho arreglos para enviar personas a al menos 13 países, hasta ahora, en todo el mundo. De ellos, 12 han sido citados por el Departamento de Estado por abusos significativos de los derechos humanos.

Pero la administración Trump ha ampliado considerablemente su red para las deportaciones a terceros países. Estados Unidos ha solicitado a 64 naciones que participen en su creciente gulag global para inmigrantes expulsados. Cincuenta y ocho de ellas (aproximadamente el 91%) fueron reprendidas por violaciones de los derechos humanos en los informes más recientes del Departamento de Estado sobre derechos humanos.

Los terceros países preferidos por Estados Unidos para deportar a personas también reciben calificaciones uniformemente bajas por parte de grupos de derechos humanos externos. Solo cuatro de los 13 países que han aceptado acoger a personas expulsadas forzosamente de Estados Unidos (Canadá, Colombia, Costa Rica y Panamá) en 2025 fueron calificados como "libres" por Freedom House, una organización no gubernamental que defiende la democracia y los derechos humanos y que obtiene la mayor parte de su financiación del Gobierno estadounidense. El resto de los países (El Salvador, Eswatini, Guatemala, Honduras, Kosovo, México, Ruanda, Sudán del Sur y Uzbekistán) fueron calificados como "parcialmente libres" o "no libres".

"No es de extrañar que los gobiernos que aceptarían estos acuerdos de expulsión a terceros países posean graves problemas preexistentes en materia de derechos humanos", afirmó Anwen Hughes, directora sénior de estrategia jurídica para programas de refugiados de Human Rights First. "Pero es impactante que Estados Unidos pretenda expulsar a ciudadanos de terceros países a estos destinos".

Las últimas incorporaciones al gulag global de Estados Unidos se encuentran entre los países menos libres del planeta. Este mes de julio, la administración expulsó a cinco hombres (procedentes de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen) al reino sudafricano de Esuatini, una monarquía absoluta con un pésimo historial en materia de derechos humanos. Esta medida se produjo poco después de la deportación por parte de Estados Unidos de ocho hombres a Sudán del Sur, un país azotado por la violencia y una de las naciones más represivas del mundo. Sudán del Sur es el país con la puntuación más baja de Freedom House, con una nota de 1/100. Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia, obtuvo una puntuación de 17/100, peor que la de países con un historial negativo como Egipto y Etiopía.

"A la administración Trump no le importan en absoluto los derechos humanos y quiere que estas deportaciones a terceros países sean punitivas", declaró Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, a The Intercept.

El mes pasado, el Tribunal Supremo dictaminó que la administración Trump podía reanudar la expulsión de inmigrantes a países distintos al suyo sin posibilidad de objetar por el riesgo de que pudieran ser torturados. La decisión del tribunal ha sido una bendición para la administración, que ha estado empleando tácticas de mano dura con docenas de naciones más pequeñas, débiles y económicamente dependientes para presionarlas a aceptar a las personas expulsadas. Trump aplaudió la decisión del tribunal en una declaración de la Casa Blanca a principios de este mes de julio.

"Lo digo sin complejos: estamos buscando activamente otros países que acojan a personas procedentes de terceros países", declaró el secretario de Estado Marco Rubio en una reunión del Gabinete celebrada el 30 de abril. "Estamos trabajando con otros países para decirles: 'Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables, ¿nos harían ese favor?'".

La administración Trump ha buscado o llegado a acuerdos con terceros países o ha deportado a ciudadanos de terceros países a Angola, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Gabón, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bisáu, Guyana, Honduras, Costa de Marfil, Kirguistán, Liberia, Libia, Kosovo, Malaui, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Níger, Nigeria, Palau, Panamá, Perú, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tayikistán, Tanzania, Gambia, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Zambia y Zimbabue; Estos 58 países fueron criticados por el Departamento de Estado el año pasado por abusos significativos contra los derechos humanos. Tuvalu y Santa Lucía también fueron citados en el informe por tener leyes represivas en teoría, pero no se encontró que las aplicaran en la práctica. Solo cuatro de los 64 países en total (Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Costa Rica y San Cristóbal y Nieves) recibieron una calificación positiva en materia de derechos humanos por parte del Departamento de Estado.

Con el visto bueno del Tribunal Supremo, miles de inmigrantes corren el riesgo de desaparecer en esta floreciente red de Estados parias. El reciente proyecto de ley presupuestaria, aprobado en el Congreso, proporcionará a la administración Trump decenas de miles de millones de dólares para arrestar, detener y expulsar a inmigrantes. Se han destinado unos 14.400 millones de dólares a nuevos fondos de transporte para el ICE, lo que supone un aumento masivo con respecto al presupuesto de transporte y expulsión de la agencia para 2024. "Verán una aplicación de la ley de inmigración a un nivel nunca antes visto", afirmó el llamado "zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, refiriéndose a la nueva generosidad.

"Cuando hay países que no aceptan de vuelta a sus ciudadanos y estos no pueden quedarse aquí, buscamos otro país dispuesto a acogerlos", dijo Homan, y añadió que la administración no necesariamente expulsará a las personas a todos los países que acepten a ciudadanos de terceros países, pero quiere tener esa opción a mano.

Los expertos afirman que las deportaciones a terceros países se basan en la crueldad y no en la falta de opciones de deportación. Hughes, de Human Rights First, señaló que los ciudadanos mexicanos detenidos en el sur de Texas iban a ser deportados tanto a Libia como a Sudán del Sur. (Las deportaciones a Libia fueron finalmente bloqueadas en los tribunales).

"La frontera con México está justo ahí. Llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito de la detención de inmigrantes. En toda mi vida nunca he visto que México se niegue a aceptar de vuelta a uno de sus ciudadanos", declaró Hughes a The Intercept, señalando que la administración parecía estar buscando “destinos realmente inverosímiles para enviar a la gente".

En abril, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno ya había aceptado a unos 6.000 extranjeros procedentes de Estados Unidos por "razones humanitarias". México ha acordado aceptar "expulsiones a terceros países" procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, según declaró Thomas Giles, un veterano funcionario del ICE, durante una reciente vista judicial federal. El Gobierno mexicano se ha negado a ofrecer más información sobre las expulsiones a terceros países, aunque los acuses de recibo muestran que las portavoces Alba Gardenia Mejía Abreu y Lourdes Fabiola Garita Arce han leído en repetidas ocasiones las preguntas de The Intercept sobre el tema.

Si bien México ha sido el mayor receptor de ciudadanos de terceros países en 2025, un número cada vez mayor de otros países, desde América Latina hasta África, han forjado acuerdos con Estados Unidos y han aceptado a deportados de otros lugares.

En febrero, Guatemala, un país donde "los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos fueron acosados y criminalizados" el año pasado, según Amnistía Internacional, anunció que había llegado a un acuerdo con la administración Trump para aceptar a ciudadanos de terceros países. El país ha recibido alrededor de 110 mexicanos este año, según datos obtenidos en una demanda basada en la Ley de Libertad de Información por un equipo de abogados y académicos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones.

Honduras recibió alrededor de 650 venezolanos este año, mientras que unos 560 hondureños fueron expulsados por Estados Unidos a México, según cifras del Proyecto de Datos sobre Deportaciones. Los investigadores también descubrieron que Canadá recibió a un pequeño número de personas procedentes de la India y que Colombia ha recibido a deportados venezolanos.

La administración Trump ha expulsado a cientos de inmigrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá, incluyendo personas de Afganistán, Camerún, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

La administración también comenzó a utilizar el famoso Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, como prisión extranjera para hacer desaparecer a inmigrantes venezolanos en marzo. Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano que fue expulsado por Estados Unidos a la prisión extraterritorial, fue liberado recientemente del CECOT tras un intercambio de prisioneros con Venezuela. Afirmó que sufrió abusos, agresiones sexuales y privación de alimentos, y describió su estancia allí como "un encuentro con la tortura y la muerte".

Uzbekistán recibió a más de 100 deportados de Estados Unidos, entre los que se encontraban no solo uzbekos, sino también ciudadanos de Kazajistán y Kirguistán, según un anuncio realizado en abril por el Departamento de Seguridad Nacional. Estados Unidos también firmó un acuerdo limitado con Ruanda mientras exploraba un "programa más duradero". Amnistía Internacional denunció recientemente a ese país del África Oriental por informes de desapariciones forzadas y pruebas de tortura y otros malos tratos durante la detención.

En junio, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el país más joven de Europa, Kosovo, para aceptar a 50 deportados de otras naciones. Kosovo ya ha firmado un acuerdo con Dinamarca para alquilar 300 celdas de prisión para ciudadanos extranjeros condenados por delitos que serán deportados de Dinamarca al término de sus condenas. Human Rights Watch ha advertido de que los Balcanes podrían convertirse en "un almacén de migrantes".

A principios de este mes, Estados Unidos expulsó a ocho hombres a la nación más joven del planeta, Sudán del Sur. La evaluación más reciente del Departamento de Estado sobre este país del África Oriental recoge una amplia gama de abusos graves, entre los que se incluyen denuncias de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones a cargo de las autoridades gubernamentales o en su nombre; casos en los que “las fuerzas de seguridad mutilaron, torturaron, golpearon y acosaron a opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos”, incluidos casos documentados de tortura y otros malos tratos a personas bajo la custodia del Servicio de Seguridad Nacional, como palizas con palos, látigos, tubos y cables; descargas eléctricas; quemaduras con plástico fundido; violaciones y otras formas de violencia sexual.

Además, Sudán del Sur es objeto de una advertencia de la ONU sobre la posibilidad de una guerra civil a gran escala y de una advertencia del Departamento de Estado de "Nivel 4: No viajar". El departamento aconseja a quienes decidan viajar allí que redacten un testamento, establezcan un protocolo de prueba de vida con sus familiares y dejen muestras de ADN en su centro médico.

La administración Trump renunció a su responsabilidad sobre los hombres que expulsó a Sudán del Sur. Cuando se le preguntó si estaban bajo custodia estadounidense o sudanesa, Homan mintió. "Son libres", declaró a Politico el director ejecutivo adjunto de operaciones de ejecución y expulsión de la Casa Blanca. "Viven en Sudán". Ninguna de las dos partes de su declaración es cierta. Los ocho hombres llevan semanas recluidos en régimen de incomunicación en Sudán del Sur (no en Sudán) por el Servicio de Seguridad Nacional. No han podido ponerse en contacto con sus abogados ni con sus familias. La Casa Blanca no respondió a las repetidas preguntas sobre la declaración de Homan.

Poco después de las expulsiones de Sudán del Sur, el 15 de julio, la administración expulsó a cinco hombres (de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen) a Esuatini. El informe más reciente del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en ese reino hace referencia a informes fiables sobre asesinatos arbitrarios o ilegales, incluidos asesinatos extrajudiciales; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; graves problemas con la independencia del poder judicial; y el encarcelamiento de presos políticos. Según se informa, los cinco hombres permanecerán en régimen de aislamiento durante un período de tiempo indeterminado.

El Gobierno de Esuatini afirmó que los hombres se consideran "en tránsito" y que finalmente serán enviados a sus países de origen. La afirmación del país de que los hombres serían enviados a sus países de origen contradecía las declaraciones de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, (DHS por sus siglas en inglés) , Tricia McLaughlin, quien escribió en X que los deportados eran "tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a acogerlos de nuevo".

Los acuerdos de deportación a terceros países de la administración Trump se están llevando a cabo en secreto, y ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional están dispuestos a hablar sobre ellos.

El teniente general John W. Brennan, comandante adjunto del Mando África de Estados Unidos, declaró a The Intercept que no se había hablado de deportaciones a terceros países durante sus recientes reuniones de alto nivel con Angola y Namibia, y remitió las preguntas sobre este asunto al DHS.

Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato debido a las oscuras normas del departamento, también insistió repetidamente en que "las deportaciones son competencia exclusiva del DHS" y que las respuestas a las preguntas de The Intercept eran en realidad "un asunto del DHS". Cuando The Intercept replicó que los acuerdos los había firmado el Departamento de Estado, el funcionario preguntó: "¿Quién es el [punto de contacto] que negocia estos acuerdos?". Cuando se le preguntó si estaba admitiendo que el Departamento de Estado había abdicado de sus responsabilidades diplomáticas en favor del DHS, el funcionario respondió: "No, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo eso. No lo sé".

Este último argumento es habitual entre los funcionarios del Gobierno. "Cuando firmamos estos acuerdos con todos estos países, tomamos medidas para asegurarnos de que ellos acogen a estas personas y de que hay oportunidades para ellas", afirmó Homan antes de admitir que estaba desconcertado por los acuerdos. "Pero no puedo decir si, si deportamos a alguien a Sudán, esa persona puede quedarse allí una semana y marcharse. No lo sé".

The Intercept no pudo encontrar información que corroborara la existencia de un acuerdo de deportación a un tercer país con Sudán. La Casa Blanca no respondió a las reiteradas solicitudes de aclaración.

Los expertos cuestionaron que Estados Unidos llegara a acuerdos con algunos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo. "En términos generales, no hay razones obvias para que un gobierno quiera aceptar a deportados que no tienen ninguna conexión con su país. Los países que firman estos acuerdos son los más desesperados y es posible que quieran concesiones que no pueden obtener por otros medios", afirmó Hughes, que también es uno de los abogados que representa a los hombres exiliados en Sudán del Sur. "El Gobierno de Estados Unidos debería preguntarse: '¿Hasta qué punto tiene sentido permitir que las cuestiones migratorias determinen la política exterior?' y '¿Qué está dispuesto a ceder exactamente Estados Unidos a cambio de deportar a un número relativamente pequeño de personas?'".

Debido al carácter secreto de los acuerdos, no está claro qué destino les espera a las personas expulsadas a estos países marginados. Se desconoce si serán deportadas de nuevo a su país de origen o a otro país no relacionado, donde se enfrentan a la posibilidad de sufrir persecución o abusos; si se les permitirá permanecer en el tercer país y en qué circunstancias; o si serán detenidas o encarceladas, como en El Salvador.

Algunas personas, incluidas las expulsadas a Sudán del Sur, también parecen haber sido enviadas sin documentos de identidad ni de viaje, lo que podría dejar a estas personas en un limbo legal.

"¿Sacar a personas en aviones militares o privados que Estados Unidos controla por completo y luego dejarlas en países que están dispuestos a acogerlas, sin identificación? Esto es nuevo y peligroso", dijo Hughes. "No está claro si hay requisitos coherentes en cuanto al estatus que se les otorgará a estas personas, ni siquiera si Estados Unidos está proporcionando información clara y precisa al país receptor sobre la situación legal de estas personas".

Los expertos han advertido que, si bien casi todos los países africanos y americanos son partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, países como Kosovo y Uzbekistán no lo son. Si expulsaran a los inmigrantes que recibieron como parte de sus acuerdos con la administración Trump, no tendrían ninguna obligación, en virtud del derecho internacional, de examinar a los deportados para asegurarse de que no sean enviados a un país donde puedan enfrentar amenazas a su vida o libertad.

El principio de no devolución (derivado de una palabra francesa que significa "retorno") prohíbe enviar a las personas a lugares donde corren peligro. Es un principio fundamental de los derechos humanos internacionales, el derecho de los refugiados y el derecho internacional consuetudinario, y está incorporado en la legislación nacional de los Estados Unidos. La administración Trump no solo ha abandonado esta obligación, sino que también hará la vista gorda ante las violaciones cometidas por otras naciones.

Recientemente, se ordenó a los empleados del Departamento de Estado que en los futuros informes sobre derechos humanos (del mismo tipo que los utilizados por The Intercept para este reportaje) se ignorara si un país había incumplido su obligación de no enviar a personas a países donde podrían sufrir torturas o persecución. Un funcionario del Departamento de Estado no respondió a las repetidas preguntas de The Intercept sobre el papel que desempeñaron las deportaciones a terceros países de la administración Trump en la nueva directiva.

Los expertos dijeron a The Intercept que el cambio en la política del Departamento de Estado no era una coincidencia, y que el retraso en la publicación de los informes anuales (que suelen publicarse en primavera) probablemente estaba relacionado, al menos en parte, con las deportaciones a terceros países por parte de la administración y su disposición a incumplir el derecho internacional. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración y otra abogada de los hombres expulsados a Sudán del Sur, ofreció su propia valoración.

"Parece que el liderazgo", explicó, "está tratando de eliminar los informes del Departamento de Estado sobre violaciones de derechos humanos y no devolución porque evidencian la hipocresía de su política de expulsión a terceros países".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Intercept el 29 de julio de 2025 y fue traducido para Misión Verdad por Spoiler.