La ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos) es lugar de masivas concentraciones pacíficas y actos de violencia, en protesta contra las medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump.
El carácter concreto de las protestas ha sido resistir y limitar el despliegue de los organismos de inmigración y contener así las detenciones con fines de deportación.
Las acciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de captura de supuestos "ilegales" han escalado a operaciones de redadas masivas en diversas ciudades, de manera simultánea, en lo que Trump ha llamado "la operación de deportaciones más grande de la historia" de su país.
Además de ICE, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha participado en estos operativos, lo cual significa un giro considerable en su ámbito de labor -de manera extralimitada y fuera de sus actividades habituales-, afianzando así el máximo uso de las capacidades del Gobierno Federal para cumplir con sus objetivos.
A pesar de que los eventos en la ciudad californiana concentran la atención pública, en realidad el primer registro de este tipo de reacciones callejeras tuvo lugar en Mineápolis (Minnesotta) el pasado 3 de junio, mediante una protesta espontánea para impedir detenciones de ICE en esa ciudad.
La Casa Blanca entiende que esas protestas, por su carácter masivo -y en ciertas instancias violento-, podría ser el detonante de reacciones similares en otras ciudades.
Además, el tipo de respuesta que ha surgido desde la Oficina Oval arroja indicios de una posible crisis constitucional en Estados Unidos.
NO ES OTRA PROTESTA RACIAL MÁS
El registro de protestas sociales pacíficas y violentas en Estados Unidos por cuestiones raciales es muy extenso. Los eventos que transcurren justo ahora en Los Ángeles evocan grandes conmociones, como las vividas luego del asesinato de Rodney King (1992) y George Floyd (2020), ambos afroamericanos, asesinados por policías blancos.
En los disturbios de Los Ángeles, justo ahora, la comunidad latina -especialmente mexicana- tiene un rol sobresaliente. Pero los motivos de las protestas no se reducen a una acción concreta de algunos agentes de la seguridad, ni por la muerte de alguna persona.
En realidad, la reacción contra ICE es una respuesta contra el Gobierno Federal, la política anti-inmigración de Trump, y especialmente por la sensibilidad de los presuntos abusos de las autoridades en esta materia.
Durante semanas, las redes sociales se han inundado de imágenes de casos de detenciones masivas de personas en condición ilegal y en sus puestos de trabajo. Por ende, no se trata de criminales.
Se han vuelto virales los métodos de ICE en las inmediaciones de los tribunales, donde han acudido personas en cumplimiento de los pasos para la regularización de su status. Este ítem podría considerarse una ruptura de facto de las normas migratorias vigentes, por lo que el mismo gobierno de Trump estaría cometiendo abusos.
Otro elemento es la estigmatización masiva de personas mediante las nuevas leyes de Trump, al catalogar de "criminales" a personas en situación administrativa irregular. O en otros casos, al derogar masivamente los Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y los Paroles Humanitarios, dejando sin protección a cientos de miles, incluyendo población venezolana, sometiéndolos a la ilegalidad migratoria de manera involuntaria, aplicando detenciones prolongadas y deportaciones a terceros países (El Salvador).
En perspectiva, en los eventos de Los Ángeles de hoy se hallan componentes sociológicos distintos a los de otras conmociones.
Su principal catalizador son las acciones estructuradas, metódicas, violentas y claramente transgresoras de las garantías legales de los afectados, cometidas por el Gobierno Federal.
Esta vez no se trata de un policía blanco a modo de "caso aislado" asesinando a un afroamericano. Se trata de la expresión concreta de un mandatario blanco, quien afinca todo el poder del gobierno de Washington contra la población racializada, latina, árabe, asiática y africana, en escalas claramente masivas, estigmatizantes y abusivas, mediante una aporofobia abiertamente ejercida desde el ámbito institucional.
Si bien la apariencia de estos eventos yace en la raza, el factor de fondo más distintivo es la violencia funcional del Estado en escalas abiertas no particularizadas.
CRISIS CONSTITUCIONAL Y AMENAZAS ENTRE FUNCIONARIOS
La crisis actual, a expensas de las medidas migratorias de Trump y la respuesta social, sugiere la existencia de variables de fondo mucho mayores. Una de ellas es la posible ruptura progresiva -pero a la vista de todos- del pacto social estadounidense. Y este es un fenómeno que podría estar ocurriendo de manera multidimensional.
Durante meses, se ha producido un choque entre el gobierno ejecutivo de Washington y diversas instancias judiciales, tanto estatales como federales, en razón de las medidas migratorias del mandatario y la judicialización de muchos casos particulares en todo el país.
Ello ha dado pie a abiertas diferencias entre el Ejecutivo y el Judicial. Estas parecían transcurrir entre la diatriba natural y contrapeso constitucional entre los poderes del país.
Pero lo que ocurre en Los Ángeles abre el abanico a nuevas denominaciones de una crisis constitucional en ciernes, especialmente por las variables sociológicas y politológicas del caso.
Trump ha sido completamente enérgico para repeler estas protestas, considerando su propia experiencia luego de la gran reacción social por el asesinato de George Floyd en 2020, la cual debilitó su primer mandato.
Pero el mandatario aplica esta fuerza, a pocos meses de indultar a 1 mil 600 detenidos y judicializados quienes -en su nombre- asaltaron y vandalizaron el Capitolio en Washington hace cuatro años.
La incongruencia y selectividad en el empleo de la fuerza y la ley son factores que exponen al "rey desnudo", generando una ruptura de vínculos entre la sociedad norteamericana y su principal instancia de representación.
Por otro lado, hay situaciones que ocurren justo ahora y que deben considerarse inéditas por sus características y contexto.
La Guardia Nacional de California pasó a control del Gobierno Federal y ha dispuesto a 2 mil soldados para reprimir las protestas.
Las últimas veces que se ha empleado a la Guardia Nacional para repeler la violencia callejera fue durante los casos de King y Floyd, en 1994 y 2020, respectivamente.
La distinción de este hecho, ahora, es que Trump dispuso de la Guardia Nacional en California, sin el consentimiento del gobernador del estado, Gavin Newson. Esto no se registraba desde 1965, desde los "Disturbios de Watts", otra protesta violenta de afroamericanos, también en la capital californiana.
Durante 1994 y 2020, fueron los gobernadores de California quienes solicitaron a Washington el uso de la Guardia Nacional en su estado para contener la violencia. Pero esta vez el gobernador demócrata se ha plantado frente a Washington.
Newson envió una carta al Departamento de Defensa para que retire las tropas que "ilegalmente" desplazó a la ciudad de Los Ángeles, argumentando que está "vulnerando la soberanía estatal".
El gobernador anunció que demandará a la administración federal, por lo que calificó como una "intervención ilegal y sin precedentes" en las recientes protestas. En ese sentido, denunció una violación a la autonomía estatal y prometió llevar el caso a los tribunales.
Gavin Newson también publicó una carta respaldada por todos los gobernadores demócratas del país, en la que calificaron las acciones de Trump como un "alarmante abuso de poder".
Por su parte, durante una entrevista a la cadena NBC News, Tom Homan, el llamado "zar de la frontera" designado por Trump, indicó que dicho gobernador podría "enfrentar arresto", por cometer el "delito grave" de resguardar a inmigrantes ilegales.
Homan indicó que "es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo", en alusión al rechazo de Newson por el despliegue de 2 mil tropas militares en la ciudad.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines en servicio activo de la base naval de Camp Pendleton podrían ser movilizados como parte de la respuesta federal a los disturbios.
"Estos violentos ataques de la turba están diseñados para evitar la expulsión de inmigrantes ilegales de nuestro territorio y un enorme riesgo para la seguridad nacional", publicó Hegseth en su cuenta de X. El funcionario agregó que los marines están "en máxima alerta".
El propio Trump agregó un nuevo componente a esta crisis: ordenó de manera comunicacional y no administrativa, desde Truth Social, "traer a las tropas" a Los Ángeles. Lo hizo sin especificar cuál componente militar y considerando que la Guardia Nacional ya tenía presencia en el terreno.
Este podría considerarse un acto ambiguo y peligroso por el contexto, pues ello podría inducir la exasperación social y generar un incremento de los eventos.
El uso discrecional de la Guardia Nacional, de manera unilateral, por parte de Trump se ejecutó mediante el Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. 12406).
Este solo autoriza al presidente a usar la Guardia Nacional en caso de que el país sea "invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera", si "existe una rebelión o peligro de rebelión" contra el gobierno, o si "el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares".
El debate, justo ahora, es en qué medida el contexto de Los Ángeles se asemeja a lo descrito en este Código, aunque Trump refiera una "invasión" de ilegales.
Varios funcionarios de la administración Trump, como el vicepresidente J.D. Vance, han hablado de una "insurrección" para referir un supuesto estado de rebelión contra el gobierno.
Pero Trump dijo el domingo 8 de junio que, por ahora, no está preparado para invocar la Ley de Insurrección de 1807, la cual le facultaría para federalizar a toda la Guardia Nacional del país y desplegar a las fuerzas armadas.
Sin embargo, en California, el mandatario parece estar estirando las fronteras del Derecho y aprovecha los posibles boquetes legales para tomar acciones, mientras sus funcionarios de gabinete amenazan con detener al gobernador Newson y azuzan con el uso de marines.
Si bien en Estados Unidos las protestas por razones de raza han sido recurrentes, en esta oportunidad hay componentes claramente distintos, tanto en lo sociológico por los causales de la reacción de masas, como en lo politológico, debido al tipo de respuesta que ha surgido desde la Casa Blanca y el choque institucional que se está produciendo respecto al estado de California.