Jue. 06 Octubre 2022 Actualizado 6:44 pm

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Diversos informes revelan cómo los cuatro años de uribismo profundizaron la represión y la violencia tanto en territorios urbanos como rurales (Foto: Archivo)
Datos duros de la última era uribista

La estela de violencia que deja Iván Duque en Colombia

Además de la ONU y otros organismos, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) emitió recientemente un informe llamado "Cifras durante el gobierno de Iván Duque – Balance de la violencia en cifras" en el que se integra la mayoría de los datos que evidencian el manejo del flagelo de la violencia en Colombia durante el gobierno de Iván Duque.

La organización, conformada en 1984, especifica las implicaciones territoriales de las políticas del gobierno del uribista saliente, también las acciones de los grupos armados ilegales y la fuerza pública respecto al derecho a la vida.

La guerra nunca se ha ido del todo del vecino país, tanto los asesinatos de líderes sociales y excombatientes como la reaparición de las masacres, muestran que en Colombia la paz aún no encuentra su cauce.

Persistencia de la violencia

Aun cuando la prensa corporativa insiste en asociar la violencia solo a las acciones de las llamadas "disidencias" de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cifras revelan que, en la mayoría de los casos, los responsables materiales de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamientos forzados son grupos narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo. En segundo lugar están los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC-EP, en tercer lugar el ELN y en cuarto lugar la fuerza pública.

Indepaz sitúa la autoría intelectual y la alianza cómplice de las élites económicas y políticas legales e ilegales detrás de la responsabilidad material de estos hechos, así como la responsabilidad política del gobierno de Iván Duque a causa de la no implementación integral del Acuerdo de Paz, en particular al implosionar la efectividad de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).

En cinco años, dicho ente no logró dotar al Estado de la política pública para el "desmantelamiento de conductas y organizaciones que atentan contra la paz", reseña el informe. La "insuficiencia" de las políticas de Duque ha sido señalada en el Congreso de la República y en pronunciamientos de organismos internacionales como la ONU.

Afirma el informe que el incumplimiento de los acuerdos de 2016 en temas como la Reforma Rural Integral y política de drogas y sustitución de cultivos de uso ilícito "ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado".

Algunos datos:

  • La cantidad de homicidios durante el gobierno de Duque fue 50 mil 179; en cada año completo de gestión no bajó de los 12 mil. En 2021, año de mayor conflictividad social debido al Paro Nacional, la cifra fue 13 mil 873.
  • Asimismo la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó entre 2018 y 2021, solo bajó de 25 en 2020, año de confinamiento general por la pandemia global.
  • En los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en municipios con instauración del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), las tasas de homicidio estuvieron notoriamente por encima de la tasa nacional.
  • Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 fueron asesinados 957 líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos, también 261 firmantes del Acuerdo de Paz.
  • En ese mismo lapso hubo 313 masacres con 1 mil 192 víctimas.
  • En ese mismo lapso hubo 220 casos de desaparición forzada y 545 eventos de desplazamiento forzado.
  • Entre enero de 2019 y julio de 2022 hubo 555 secuestros.
  • Durante el Paro Nacional, convocado para enfrentar las políticas neoliberales de Duque, hubo 83 homicidios de los cuales 44 fueron presuntamente ejecutados por la Fuerza Pública, además 1 mil 747 casos de violencia física, 898 intervenciones violentas, 96 víctimas de violencia ocular, 66 montajes judiciales y 35 víctimas de violencia sexual.

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Tasa general de homicidios en Colombia, tasa de homicidios en municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en municipios con instauración del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) (Foto: Indepaz)

Indepaz asocia la situación de persistencia de la violencia armada al deterioro de indicadores sociales de bienestar de la población y muestra la precariedad de las políticas implementadas por Duque, quien eligió el camino de la militarización de zonas sin abordaje integral a la problemática socioeconómica.

Además, afirman que la falta de efectividad en la protección de comunidades y del liderazgo social está directamente relacionada con la estrategia de seguridad, la cual considera que la población de pequeños productores y comerciantes en zonas de economías ilegales dominadas por el narcotráfico o por mafias es parte de la cadena criminal. Sus reclamos son vistos con frecuencia como formas de protección de carteles nacionales e internacionales.

El Estado colombiano, a través de las Fuerzas Militares, ve como sospechosas a las organizaciones sociales regionales que se han opuesto a la militarización y a la erradicación forzada de los cultivos de coca con glifosato, agroquímico que afecta la salud de las comunidades, también provoca la desforestación y pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas vulnerables de la Amazonía y Los Andes.

Disparos al corazón del liderazgo social y la paz en los territorios

Grupos armados y el Estado han involucrado a las organizaciones sociales y grupos étnicos en sus disputas por la estabilización y consolidación territorial, ello ha traído como consecuencia el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Por otra parte, pero en la misma línea, el uribismo ha calificado de "ilegítimo" al acuerdo de paz y persiste en atacar a la justicia transicional y a los beneficios políticos para los excombatientes de las FARC que están cumpliendo con los acuerdos y con los programas de reincorporación. Ello ha servido para estigmatizarlos y aislarlos social y políticamente, lo que sirve la mesa para que sean eliminados físicamente. Algunos datos al respecto:

  • Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 ocurrieron 957 asesinatos a líderes sociales, de los cuales 308 (32%) fueron ejecutados en 2020.
  • Los tres departamentos con mayor número de ejecuciones a líderes sociales fueron Cauca (246), Antioquia (113) y Nariño (99), concentran 48% de los casos.
  • El número de municipios afectados por este tipo de acciones delictivas ha disminuido de 138, su máximo en 2018, a 111 en 2021. En lo que va de 2022 se han visto afectados 76 municipios.
  • Una de las causas del alto número de municipios afectados en 2018 fue la búsqueda de expansión de los grupos armados y la aparición de nuevas estructuras.
  • Si se mantiene la tendencia de los seis primeros meses de 2022 se terminaría el año con 130 municipios afectados.
  • Los sectores sociales más afectados han sido el campesino con 435 líderes asesinados, el indígena con 305 y el cívico-urbano con 133.
  • Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 ocurrieron 261 asesinatos a firmantes del acuerdo de paz, dos de ellos ocurrieron en Ecuador y 78 (30%) fueron ejecutados en 2019.
  • Los tres departamentos con mayor número de ejecuciones a firmantes fueron Cauca (47), Nariño (27) y Putumayo (27). Concentran 39% de los casos.
  • Los municipios más afectados fueron Tumaco (Nariño) con 13 asesinatos, mientras que San José del Guaviare (Guaviare), Cali (Valle del Cauca) y Puerto Asís (Putumayo).

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Líderes asesinados entre el 7 de agosto de 2018 y el 1º de agosto de 2022; en 2020 se registró el número mayor a pesar del confinamiento social por pandemia global (Foto: Indepaz)

Un reportaje de RT plantea que hablar de líderes sociales es hablar de defensores ambientales o autoridades indígenas, de campesinos y pequeños productores; luchadores comunitarios; mujeres que desarrollan trabajo social; integrantes de las comunidades afrodescendientes y miembros de grupos organizados que se centran en la acción social como una manera de suplir la ausencia estatal.

La pobreza y el abandono estatal como catalizadores de la guerra

El abandono de los gobiernos, que se ha reseñado en otros reportes como el llamado "Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno" de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se refleja en las cifras que Indepaz muestra en su informe.

La pobreza multidimensional ha sido un catalizador de la muerte, la violencia afecta mayoritariamente a las personas en territorios periféricos donde además existe una limitada presencia estatal y donde la tasa de pobreza multidimensional suele ser más alta. En estos territorios mayoritariamente vive la población indígena, afrodescendiente y campesina. Esto se evidencia en datos como los siguientes:

  • Durante el gobierno de Duque se han registrado 1 mil 531 hechos relacionados con asesinatos de líderes, firmantes de acuerdo y masacres.
  • Los cinco departamentos más afectados por asesinatos de líderes, firmantes y masacres son Cauca (340), Antioquia (194), Nariño (151), Valle del Cauca (117) y Putumayo (103).
  • Tumaco es el municipio del país más afectado por asesinatos de líderes, firmantes y masacres con 73 hechos de este tipo, su Medida de pobreza multidimensional es de 63,3%.
  • Ha habido 358 municipios afectados por asesinatos de líderes y firmantes, masacres y víctimas de minas antipersonales. Tumaco y Santander de Quilichao son los municipios más afectados con 72 y 40 hechos/eventos respectivamente.
  • Hay 13 municipios con entre 21 y 73 hechos, las ciudades capitales Cali y Cúcuta se encuentran entre las más afectadas.
  • Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 se registraron 313 masacres con 1 mil 192 víctimas.
  • Los tres departamentos con mayor número de masacres fueron Antioquia (58 con 216 víctimas), Cauca (47 con 167 víctimas) y Nariño (28 con 116 víctimas). Concentran tanto 42% de los casos como de las víctimas.
  • Durante el año 2021 se registraron 95 masacres, la mayor cifra del cuatrienio de Duque, que terminaron con 335 vidas mientras que en 2020 hubo 91 eventos de este tipo pero con el mayor número de asesinados: 95.
  • Los municipios con mayor número de masacres son Cúcuta (9), Tumaco (9), Bogotá (8) y Santander de Quilichao (8).
  • En lo que va de 2022 se han registrado 59 masacres con 209 víctimas, si se mantiene la tendencia este año terminaría con 418 eventos de este tipo.

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La movilización social contra la violencia fue una constante durante la administración Duque en Colombia, más cuando el gobierno utiliza subterfugios para evadir los hechos concretos (Foto: Archivo)

Cabe destacar que el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz entiende por masacre como el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (tres o más personas) en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunque Duque quiso cambiar el concepto llamándoles "homicidios colectivos" argumentando que eran llamados así en "los manuales de la fuerza pública que se establecieron hace más de siete años".

Los focos del conflicto y Venezuela

Al menos 53 estructuras armadas hacen presencia en los 32 departamentos del país entre "grupos residuales", estructuras narcoparamilitares y ELN; durante la administración Duque su actividad ha crecido a medida como el número de municipios en los que hacen presencia.

Sin embargo, Indepaz ha situado las confrontaciones en focos "determinados por intereses particulares que, a escala nacional, no están interconectados bajo las lógicas de lucha por el poder político". Se trata de 10 ejes territoriales, de los cuales dos hacen frontera con Venezuela:

  • Catatumbo y sur del Cesar.
  • Arauca, frontera con Venezuela hasta la división entre Arauca y Apure, que es el río Arauca.

En ambos ejes, como en los otros, la disputa, además de política, incluye rutas de narcotráfico y presencia mercenaria para desestabilizar la gobernabilidad en Venezuela como parte de la operación de cambio de régimen, vía asedio, que instrumenta Estados Unidos contra el chavismo a cargo del gobierno.

Entretanto, el presidente electo Gustavo Petro ha prometido y puesto en marcha algunas acciones para llevar a los distintos actores armados al diálogo y la justicia. De esos primeros pasos depende que se extinga esa estela de pesar y desasosiego para un pueblo que busca el diálogo y la no violencia, es decir, la paz total.

— Somos un grupo de investigadores independientes dedicados a analizar el proceso de guerra contra Venezuela y sus implicaciones globales. Desde el principio nuestro contenido ha sido de libre uso. Dependemos de donaciones y colaboraciones para sostener este proyecto, si deseas contribuir con Misión Verdad puedes hacerlo aquí<