El diferendo territorial por la Guayana Esequiba es más que un conflicto de fronteras en el sentido convencional. Es, en esencia, una disputa heredada del colonialismo, teñida por intereses geopolíticos y corporativos que han trascendido las fronteras entre Venezuela y su vecino para convertirse en una batalla por recursos estratégicos en la región caribeña.
A casi seis décadas de su firma, el Acuerdo de Ginebra de 1966 sigue siendo el marco jurídico y diplomático que prevalece para resolver esta controversia. Sin embargo, la vía elegida por Guyana —la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— ha generado una profunda fractura en el proceso puesto que Caracas no reconoce la jurisdicción de dicho tribunal sobre el asunto.
En los últimos meses el gobierno venezolano ha intensificado su postura diplomática. El pasado lunes 11 la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reiteró que Venezuela no reconocerá ninguna decisión de la CIJ sobre la Guayana Esequiba, y subrayó que el tribunal carece de legitimidad para dirimir un asunto que, por mandato del derecho internacional, debe resolverse mediante negociación directa.
La alta funcionaria reiteró que "la única solución posible en el marco del derecho internacional se encuentra en el Acuerdo de Ginebra" porque "consiste en lograr un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes", lo cual es "incompatible y excluyente respecto de una resolución judicial".
"Guyana tiene la obligación ineludible de cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar de buena fe", afirmó en un comunicado emitido por la cancillería, en el que además se entregó un nuevo documento ante la CIJ con pruebas adicionales que respaldan la posición histórica de Venezuela.
Dicho documento, presentado como ampliación de la "verdad histórica", no busca participar en un juicio que Venezuela considera nulo de pleno derecho sino dejar constancia de su rechazo hacia un proceso que, a su juicio, viola el espíritu y la letra del Acuerdo de Ginebra.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha insistido en convocar conversaciones cara a cara con el presidente guyanés Irfaan Ali, y ha argumentado que solo un diálogo directo, libre de injerencias externas, puede generar una solución justa y duradera.
El Acuerdo de Ginebra: puente hacia una solución sin injerencias
El 17 de febrero de 1966 en la ciudad suiza de Ginebra, Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guayana Británica firmaron un acuerdo bajo el número 8192 de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era "resolver la controversia sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica".
Se trata del único instrumento reconocido por Venezuela para resolver la disputa, dado que:
- Declara nulo el Laudo Arbitral de París de 1899 y establece que las partes deben encontrar una solución "práctica y satisfactoria".
- Obliga a Guyana y a Venezuela a negociar antes de acudir a otros mecanismos.
- Fue ratificado por la ONU, lo que le da plena validez en el derecho internacional.
Venezuela fundamenta su postura en que el Acuerdo de Ginebra no es un simple protocolo diplomático sino un compromiso vinculante que excluye cualquier mecanismo de solución judicial. "La única solución posible en el marco del derecho internacional se encuentra en el Acuerdo de Ginebra, que consiste en lograr un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes", señala el comunicado leído por la vicepresidenta Rodríguez. Este principio es fundamental: el tratado no contempla arbitraje ni intervención de tribunales internacionales sino negociación directa entre las partes.
En 2018 Guyana, respaldada por intereses externos, llevó el caso a la CIJ argumentando que el referido Laudo Arbitral —un fallo que Venezuela siempre consideró nulo por vicios de procedimiento— debía ser validado. Sin embargo, Venezuela sostiene que:
- El Laudo de 1899 fue producto de un fraude procesal, como lo demuestran documentos históricos, incluido el memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, quien reveló que la decisión fue manipulada por las potencias coloniales.
- El Acuerdo de Ginebra anula cualquier decisión anterior pues establece un nuevo marco jurídico para resolver la disputa.
- La CIJ no tiene jurisdicción porque Guyana nunca cumplió con el requisito de agotar las negociaciones bilaterales antes de acudir a instancias internacionales.
Estos acuerdos, aunque no han derivado aun en una solución definitiva, demuestran que existe un camino diplomático viable siempre que Guyana decida adherirse a los compromisos asumidos en 1966. En lugar de cumplir con este tratado, ha optado por internacionalizar el conflicto con el respaldo de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos.
Además, el referendo consultivo de 2023 —cuando 95 % de los votantes rechazó la jurisdicción de la CIJ— refuerza la posición de que "Venezuela no puede ser obligada a someter sus intereses vitales a terceros".
ExxonMobil: El actor detrás de la internacionalización del conflicto
La vicepresidenta Rodríguez ha señalado que Guyana usa potencias extrarregionales para reeditar la coerción colonial contra Venezuela con el objetivo de "apropiarse de los recursos naturales del territorio controvertido". Precisamente, la internacionalización del conflicto es una estrategia reflejada en los intentos de presión ejercida por la Caricom, la OEA y el Comando Sur de Estados Unidos, que respaldan la posición guyanesa y bloquean cualquier intento de diálogo bilateral.
Si bien la disputa territorial tiene raíces históricas, su actual escalada está íntimamente ligada con la explotación de recursos energéticos en aguas de la Fachada Atlántica y minerales estratégicos en tierra firme. Desde 2015 la transnacional estadounidense ExxonMobil ha obtenido licencias de Guyana para explotar el bloque Stabroek, donde se han descubierto más de 11 mil millones de barriles de petróleo. Las condiciones contractuales favorecen abrumadoramente a la transnacional mientras dejan al vecino país con apenas una fracción de las ganancias, lo que ha llevado a analistas a calificar el país como una "filial de ExxonMobil".
- En 2015 ExxonMobil descubrió uno de los mayores yacimientos petrolíferos del mundo en aguas pendientes por delimitar en la Fachada Atlántica. Desde entonces, ha presionado a Guyana para que consolide su control sobre la zona ignorando los reclamos de Venezuela.
- La petrolera ha financiado estudios jurídicos y campañas mediáticas para presentar a Venezuela como un "país agresor", lo cual busca justificar la intervención de la CIJ.
- En 2023 la mencionada empresa logró que Guyana le otorgara concesiones en el bloque Stabroek, una zona marítima reclamada por Venezuela. Esto generó tensiones que llevaron a Caracas a realizar un referéndum consultivo en diciembre de 2023 para reafirmar su soberanía.
Estas concesiones, otorgadas en zonas marítimas que Venezuela considera parte de su plataforma continental, han sido el principal obstáculo para el diálogo. Mientras Guyana se beneficia de una alianza estratégica con Estados Unidos y las grandes petroleras, Venezuela denuncia que se está produciendo una "canibalización corporativa" que utiliza el aparato judicial internacional para legitimar una apropiación ilegítima de recursos.
Incluso, en marzo pasado un think tank en Guyana pidió una mayor intervención de Estados Unidos, lo que evidencia cómo los intereses extranjeros están desplazando la soberanía nacional en favor de corporaciones. Venezuela, por su parte, mantiene que solo un acuerdo bilateral, basado en equidad y justicia, puede garantizar la paz regional.
Además, desde Caracas la vicepresidenta Rodríguez denunció que la "explotación abusiva, ilícita e ilegítima" de estos recursos por parte de transnacionales "violenta flagrantemente el derecho internacional" porque Guyana no tiene legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio en reclamación.
Venezuela no rechaza el derecho internacional; al contrario, defiende uno de sus instrumentos más sólidos: el Acuerdo de Ginebra. La negativa a reconocer la CIJ es la defensa del tratado que ambas partes firmaron. Mientras Guyana busca una solución judicial que legitime un orden colonial, Venezuela insiste en un diálogo sin interferencias que, aunque complejo, es el único camino para una paz duradera.