El Henry L. Stimson Center, uno de los centros de pensamiento más influyentes en materia de seguridad y estrategia en Washington, publicó el 10 de octubre el análisis "Los costes estratégicos de los ataques estadounidenses contra Venezuela", firmado por Evan Cooper y Alessandro Perri. El texto examina las consecuencias potenciales de la política actual de Estados Unidos hacia Venezuela y el Caribe, y advierte que cualquier escalada militar dejaría a Washington en una posición más débil, aislada y vulnerable.

Desde una óptica institucional muy distante de los enfoques críticos sobre el intervencionismo estadounidense, el análisis reconoce que los ataques recientes y las amenazas de nuevas operaciones carecen de justificación legal, aumentan la inestabilidad regional y exponen a Estados Unidos a un costo político y económico difícil de asumir. Cooper y Perri describen tres posibles cursos de acción: mantener las acciones en el Caribe, extenderlas al territorio venezolano o apostar por un cambio de régimen.

En todos los escenarios el resultado proyectado es el mismo: una pérdida de legitimidad estratégica y una mayor erosión del liderazgo estadounidense en América Latina.

La advertencia del Stimson Center no proviene de una posición disidente sino del propio núcleo intelectual que históricamente ha respaldado la política exterior de Washington. Por eso su diagnóstico resulta significativo.

Tres escenarios, un mismo callejón

El análisis del Stimson Center identifica tres posibles rutas en la política militar de Washington hacia Venezuela y el Caribe. Aunque difieren en escala y alcance, todas conducen al mismo punto: una crisis de legitimidad internacional y un aumento de la inestabilidad regional que debilita la posición estratégica de Estados Unidos en el hemisferio.

El primer escenario es la continuación de los embates contra embarcaciones civiles en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Hasta el 28 de octubre de 2025 se registran al menos 13 agresiones letales ejecutadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 57 personas muertas, entre ellas ciudadanos venezolanos, colombianos y trinitenses. Los bombardeos, realizados en su mayoría en zonas bajo la jurisdicción del Comando Sur (Ussouthcom), han sido denunciados por varios gobiernos de la región como violaciones del Derecho Internacional, al no haberse comprobado vínculos de las embarcaciones con actividades de narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro calificó las acciones como una "guerra contra toda América Latina", mientras que Luiz Inácio Lula da Silva pidió moderación y respeto al Derecho Internacional. Incluso gobiernos que en su momento mantuvieron posturas críticas hacia Caracas han rechazado el uso unilateral de la fuerza en la zona.

El segundo escenario es la extensión de las operaciones al territorio venezolano mediante arremetidas aéreas o misiones "selectivas" contra supuestos grupos vinculados con el narcotráfico. Para los autores del Stimson, esta opción acarrearía consecuencias aun más graves: convertiría a Venezuela en un frente de guerra abierto y otorgaría al gobierno de Nicolás Maduro una posición política reforzada en el plano interno y regional. Un ataque directo sobre su territorio podría activar un sentimiento de solidaridad continental frente a una nueva intervención extranjera.

El tercer escenario, el más extremo, es la apuesta por un cambio de régimen. El texto reconoce que una operación de esa naturaleza implicaría una guerra de gran escala contra un Estado con fuerzas armadas organizadas, defensas aéreas modernas y una base social significativa. Además, subraya que la experiencia histórica de los cambios de régimen impuestos por potencias extranjeras demuestra su ineficacia: generan caos institucional, conflictos prolongados y fragmentación social.

El precio de una guerra imposible

Una intervención directa en Venezuela representaría un costo estratégico y económico insostenible para Estados Unidos. Sería un acto de desgaste que profundizaría las fracturas internas del país y deterioraría su posición internacional.

Desde el punto de vista militar, el informe señala que Venezuela posee un sistema defensivo robusto y diversificado, con radares rusos S-300VM, cazas F-16 modernizados, misiles de origen israelí y una red de defensa antiaérea integrada. En un escenario de conflicto abierto, la derrota de estas capacidades requeriría un despliegue aéreo y naval de gran magnitud, con un nivel de riesgo y gasto semejante al de operaciones prolongadas en Asia Occidental.

El análisis enfatiza que el supuesto objetivo de frenar el narcotráfico carece de fundamento real. Los autores recuerdan que Venezuela no es un productor relevante de fentanilo y que las principales rutas de cocaína hacia Norteamérica atraviesan el Pacífico, no el Caribe. La experiencia de Afganistán, donde los bombardeos estadounidenses contra instalaciones de opio no redujeron la producción ni el financiamiento de grupos armados, demuestra que el uso de la fuerza en este tipo de operaciones resulta ineficaz.

A ello se suma un impacto económico de alcance global. Un conflicto armado con Venezuela provocaría un aumento de entre 10 y 20% en los precios del petróleo, según estimaciones citadas en el propio informe, locual afectaría directamente el mercado energético y a los consumidores estadounidenses.

Una doctrina sin retorno

La lectura del Stimson Center ofrece, quizá sin proponérselo, una confirmación implícita de lo que ya se ha venido advirtiendo desde otras latitudes: la política de fuerza de Washington en el Caribe responde a una estrategia estructural de control hemisférico.

Cuando Cooper y Perri describen los riesgos de las acciones unilaterales, en realidad están constatando que la línea de mando que conecta la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA ha asumido como norma la ejecución de operaciones encubiertas y ataques selectivos sin respaldo legal ni político. En ese sentido, el informe complementa el análisis desarrollado anteriormente por esta tribuna en el que se señalaba la formación de un eje operativo entre la CIA y el Pentágono en el marco de una Doctrina Monroe reconfigurada.

El Stimson Center plantea que una escalada militar en el Caribe o una arremetida directa contra Venezuela no harían más que debilitar Estados Unidos y acelerar su aislamiento regional. Esa conclusión, aunque formulada en clave de advertencia, revela que Washington reconoce los límites de su propia arquitectura de poder, pero sigue actuando dentro de ella. Esa paradoja define la política exterior estadounidense actual, la de una potencia que, consciente de sus costos y contradicciones, mantiene la guerra como herramienta de gestión geopolítica.

El Caribe, como antes Asia Occidental o el Sahel, se ha convertido en el escenario donde esa doctrina se pone a prueba. Venezuela, una vez más, aparece en el centro de esa disputa por su valor simbólico y geoestratégico. El discurso del Stimson Center, al igual que la praxis de la administración Trump, confirma que la guerra híbrida es la forma contemporánea de ejercer la hegemonía estadounidense en su propio hemisferio.