En un reportaje publicado por Axios se reveló el rol clave que desempeñaron los congresistas republicanos del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar en el proceso que llevó a la cancelación de la Licencia General 41, que permitía a Chevron operar en Venezuela bajo ciertas condiciones.

Apodados como "los cubanos locos" por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, estos legisladores forman un bloque intransigente en temas vinculados con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La publicación también destacó una conversación telefónica entre Díaz-Balart y Donald Trump en la que el congresista recordó al presidente sus compromisos de campaña respecto al endurecimiento de las sanciones contra Venezuela, criticando las decisiones de la administración Biden.

Se abre el telón

Mario Díaz-Balart, congresista por el estado de Florida desde 2002, es una figura emblemática del sector republicano más conservador en temas de política exterior hacia América Latina. Proveniente de una familia cubano-estadounidense con una larga trayectoria política, su carrera ha estado marcada por un discurso agresivo contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Esta postura no es fortuita. Florida, con su alta concentración de población migrante latinoamericana —particularmente de origen caribeño—, impone una lógica electoral en la que resulta casi ineludible que cualquier representante político recurra a una retórica incendiaria. Se trata de conectar con las sensibilidades de un electorado moldeado por años de narrativas manipuladas, donde el discurso agresivo contra gobiernos como el de Venezuela se convierte en moneda común para capitalizar apoyo político.

De hecho, en 2013 Díaz-Balart fue uno de los promotores de una propuesta bipartidista de reforma migratoria que, aunque presentada como un avance, se centraba principalmente en reforzar la securitización de las fronteras y en endurecer el cumplimiento de leyes que históricamente han tenido un sesgo racial. Estas medidas, lejos de beneficiar a la población latina —que representa una parte esencial del tejido social y económico de ese estado sureño—, reforzaban una visión punitiva y discriminatoria del fenómeno migratorio.

Su trayectoria política está enmarcada en un discurso beligerante contra los gobiernos considerados "adversarios" de Washington, siguiendo su legado político-familiar.

"La dinastía"

El congresista pertenece a una de las familias influyentes del denominado "exilio cubano" en Estados Unidos.

Su ascendencia está marcada por una trayectoria política que se remonta a la Cuba prerrevolucionaria. Es hijo de Rafael Díaz-Balart, quien fue una figura prominente en la dictadura de Fulgencio Batista al ocupar el cargo de líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Cuba entre 1954 y 1958, además de haber sido viceministro del temido Ministerio del Interior.

La familia Díaz-Balart no solo estuvo íntimamente ligada con el poder político de la época sino también con los intereses económicos estadounidenses en la isla, como lo muestra el hecho de que el abuelo, Rafael José Díaz-Balart, fue alcalde de Banes —una localidad clave para la United Fruit Company— y asesor corporativo de esta transnacional.

Desde joven el abuelo se consolidó como líder de un grupo estudiantil de apoyo a Batista, militancia que refuerza la impronta dictatorial de aquel entonces de la familia.

Ahora bien, existe una particularidad que marca la historia de este linaje: su vínculo con la Revolución Cubana.

Mario es sobrino político de Fidel Castro ya que su tía, Mirta Díaz-Balart, fue la primera esposa del líder revolucionario y madre de su hijo mayor. Así que, pese a los lazos consanguíneos que lo vinculan directamente con Castro, el congresista ha asumido una postura política frontalmente opuesta y se ha convertido en uno de los voceros más férreos de la narrativa contrarrevolucionaria impulsada por los sectores más conservadores de la diáspora cubana.

En el contexto político en Miami, los Díaz-Balart lograron reconstruir su poder político y simbólico. Se convirtieron para la comunidad cubano-estadounidense de Miami-Dade.

Así que uno de sus hijos, Lincoln Díaz-Balart, fue elegido en 1986 para la legislatura estatal de Florida y en 1992 al Congreso, donde permaneció hasta 2011. Le siguió su segundo hijo, Mario, en el Congreso en 2002, con lo cual mantuvieron representación familiar en la política estadounidense desde el brazo legislativo.

La influencia de esta familia no se limita a la política. Otro de los hijos, Rafael Díaz-Balart Jr., ha hecho carrera en el mundo financiero como banquero de inversiones, mientras que José Díaz-Balart se consolidó como una figura mediática de referencia, siendo presentador de noticias en Telemundo y NBC.

La diversidad de sus trayectorias profesionales fortalece el capital simbólico del apellido Díaz-Balart en el sur de Florida.

Dentro del Congreso, Lincoln se destacó como uno de los más fervientes impulsores del embargo contra Cuba. En alianza con otras figuras como Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y Robert Torricelli, presionó en los años noventa al presidente Bill Clinton para que endureciera las sanciones económicas ilegales sobre la isla, bajo el pretexto de supuestas violaciones a los derechos humanos.

Su hermano, Mario, heredó esta línea política, aunque también ha mostrado una veta pragmática, particularmente en temas de migración.

Agenda contra Venezuela

Desde su curul en el Congreso de Estados Unidos Mario Díaz-Balart ha sido uno de los rostros más visibles y constantes de la política de presión sistemática contra Venezuela.

Su discurso gira en torno al respaldo a la oposición extremista, y sus acciones concretas han sido funcionales a una agenda de desestabilización y sanciones ilegales.

Uno de los vínculos más antiguos y visibles de Díaz-Balart ha sido con la dirigente María Corina Machado. Ya en 2014 el congresista republicano reconocía públicamente haber recibido una "sentida nota" de Machado en la que agradecía el respaldo de su oficina a los intentos de cambio de régimen. 

El congresista aprovechó la ocasión para declararse "honrado" de hablar en su nombre y en el del pueblo venezolano, alineándose con una narrativa que situaba de manera forzada y predecible a figuras como Machado y Leopoldo López como "héroes" frente a lo que él denominaba una "tiranía".

Ese mismo año, tras la inhabilitación de Machado, Díaz-Balart intensificó sus declaraciones calificando a los tribunales venezolanos de "farsa" y exigiendo al Senado estadounidense mayor celeridad en la imposición de las medidas coercitivas.

Sus discursos en ese entonces no eran simples gestos simbólicos, formaban parte de una estrategia más amplia de presión legislativa. Díaz-Balart fue un férreo promotor de la Ley de Solidaridad con la Libertad y la Democracia Venezolanas (H.R. 4229), cuyo objetivo era institucionalizar sanciones económicas y políticas contra el gobierno venezolano.

El uso de la "transición democrática" sirvió de justificación para bloquear fondos, afectar operaciones financieras del país y cercar sus vínculos internacionales.

Su alineación con las fracciones más radicales de la oposición venezolana se fortaleció con Juan Guaidó en 2019. Tras la autoproclamación, el congresista celebró abiertamente las sanciones impuestas por la administración Trump al sector petrolero venezolano.

En sus propias palabras: "Estas sanciones paralizarán el sector petrolero estatal, impidiendo que el régimen financie el terrorismo mundial, el narcotráfico y la represión contra su propio pueblo. Felicito a la Administración Trump una vez más por el audaz liderazgo de hoy al estar junto al pueblo de Venezuela y oponerse a sus opresores del régimen de Maduro. El tiempo se acaba para el régimen de Chávez-Maduro".

Al respaldar sanciones que bloquearon el acceso del país a divisas, alimentos, medicinas y combustibles, Díaz-Balart asumió un rol central en la arquitectura de asfixia económica contra Venezuela dentro del esquema de la "máxima presión".

En definitiva, sus posiciones revelan que forma parte de una red político-legislativa que, desde Washington, ha impulsado y sostenido una agenda hostil alineada con los sectores más radicales cubano-estadounidense y del complejo de la intervención extranjera con sede en Miami.