La población estadounidense está saliendo paulatinamente de la cuarentena domiciliaria en lugares como Texas y Georgia, mientras que a los negocios comerciales se les levantan o reducen las restricciones para operar.

En un artículo, Reuters indica que “cerca de la mitad de los estados norteamericanos, a los que se han unido algunas jurisdicciones locales, se han movido hacia un levantamiento al menos parcial de los cierres”.

De hecho, Georgia es el estado que ha ido más lejos con el relajamiento: casi todos los negocios podrán abrir de nuevo el viernes 8 de mayo. Un ensayo del gobernador republicano Brian Kemp, que será examinado por el gobierno federal y otros estados “para ver si el número de casos en Georgia aumenta”, y en consecuencia, también el número de muertos.

Sin embargo, estas flexibilizaciones del distanciamiento social no pueden tomarse como una evidencia de que la pandemia se esté superando. Las cifras a nivel nacional no dan ningún signo de que la crisis haya mermado, o que al menos esté nivelada. Para el 2 de mayo, los casos en el país aumentaron un 3,2%, siendo más alto que el promedio diario de una semana.

En un solo estado, Nueva York, se concentra el 9% de todos los casos reportados en el mundo, con más de 313 mil personas contagiadas. Las cifras en otras latitudes de Estados Unidos ya se cuentan en decenas de miles: Massachusetts, más de 66 mil casos; Illinois, más de 58 mil; Michigan, más de 43 mil; Florida, más de 35 mil; y Texas, más de 30 mil.

El doctor Anthony Fauci, asesor de salud de la administración Trump, dijo la semana pasada que le preocupaba que los estados y las comunidades reabrieran antes de la fecha recomendada por la Casa Blanca.

La decadencia estadounidense indujo la crisis sanitaria y económica

La pregunta evidente es cómo un país que destinó $732 mil millones a la industria militar en el año 2019 ha mostrado tan poca capacidad logística para atender una contingencia de este tipo, siendo que países con mucho menos recursos y sometidos a la guerra financiera de la propia Casa Blanca, han desplegado serios programas de ofensiva contra la virulencia de la enfermedad. En el continente americano, Venezuela y Cuba son el mejor ejemplo de ello.

Antes del Covid-19, había una desatención por parte del gobierno estadounidense al bienestar social de las mayorías que ahora es claro que son los que más necesitan en tiempos de crisis, cuando el déficit de camas y ventiladores incrementa la morbilidad en el país.

“Cualquiera que prestara atención al diseño deliberado de la economía y la infraestructura de los Estados Unidos podría haber predicho el impacto de la pandemia (…) Durante muchas décadas, las administraciones han absorbido nuestros recursos colectivos para alimentar a los militares y llenar los bolsillos de los ultrarricos, dejando nuestra red de seguridad social tan desgastada que bien podríamos estar solos”, acota Sonali Kolhatkar, la productora estadounidense de radio y televisión.

Kolhatkar también resalta que el “plan” de Washington para orientar a la población en medio de la pandemia se ha reducido a sugerir peligrosos tratamientos no comprobados (recordemos el episodio de Trump hablando de las propiedades del desinfectante para eliminar el virus y los cientos de intoxicados que hubo horas después), pero además, habría que agregar al errático manejo de la situación una ventana que el mandatario estadounidense ha abierto para alentar teorías conspirativas que acusen a China de todos los males actuales que padece el país, zafándolo a él y a su campaña por la reelección presidencial.

El orden de las prioridades de Washington ha quedado bastante claro en estas pocas semanas de cuarentena que el mundo ha tomado. A regañadientes, el país ha adoptado medidas de aislamiento social (recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y ensayadas con rigurosidad en China), no sin las presiones de ciertos grupos económicos vinculados a las industrias de servicios, para que estas duren lo menos posible.

Como se ha referido en otras ocasiones, en Estados Unidos el 70% de la economía estadounidense está basado en el sector de los servicios. La inamovilidad de las personas ha golpeado a este sector y a otros que dependen del comercio, “como el de las aerolíneas, los envíos postales, los hoteles y los restaurantes, pero también los fabricantes de automóviles, los juegos y el comercio minorista”.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo informó que 30 millones de estadounidenses han optando por beneficios de desempleo en las últimas seis semanas. Asimismo, es común toparse con videos en las redes sociales que descubren a cientos de automóviles enfilados para recibir donaciones de alimentos.

La lógica parece ser que, para que esas 30 millones de personas no saturen los limitados recursos que el gobierno federal destina a la protección social, lo mejor es enviarlos de nuevo a sus puestos de trabajo, a consciencia de que puedan enfermar y morir. La desigualdad sistémica creó un ambiente en el que la pandemia del coronavirus pudo prosperar.

Michigan con armas y sin mascarillas

La clase media está comenzando a impacientarse y las protestas se han generalizado en al menos 12 estados del país.

Ahora las ciudades son testigos de manifestantes que sin mascarillas ni guantes, desprotegidos y aglomerados, exigen que la “economía sea liberada”, a pesar de que ningún estado ha cumplido los criterios necesarios para levantar las restricciones y sabiendo que los principales afectados serían grupos con enfermedades preexistentes, ancianos, personas con discapacidad intelectual y las comunidades afroamericanas, estas últimas por estar relegadas a empleos precarios, siendo fácil el contagio, y por no tener acceso al costoso sistema de salud del país.

La supervivencia del más apto está conduciendo la pandemia en Estados Unidos.

Desprotegidos en el sentido de las pautas que organismos de salud han determinado para quienes tengan que realizar actividades fuera del confinamiento, pero provistos de armas de fuego y chalecos antibalas. Esa es la imagen de las protestas en Michigan que está mostrando lo peligrosa que es una sociedad que desborda toda su ira y frustración ante situaciones de crisis.

A mediados de abril, los manifestantes armados bloquearon deliberadamente las carreteras de Michigan. Este jueves 30 de abril, irrumpieron en el Capitolio de Michigan con equipo militar e intentaron acceder al piso de la Cámara de Representantes. Allí, los parlamentarios discutían la petición de la gobernadora demócrata de Michigan Gretchen Whitmer, de extender los poderes de emergencia para combatir el Covid-19.

Trump respondió a los eventos violentos en su cuenta en Twitter: “La gobernadora de Michigan debería ceder un poco, y apagar el fuego. Son muy buenas personas, pero están enfadados. Quieren recuperar sus vidas, ¡seguramente! Véanlos, hablen con ellos, hagan un trato”.

Otros gobernadores demócratas también han sentido la presión de los grupos anti-lockdown. Por ejemplo, en California se han movilizado luego de que el gobernador Gavin Newsom decidiera revertir la decisión de abrir playas y parques, porque consideraba que no se seguían las medidas distanciamiento social.

Nueva Jersey, donde los casos de coronavirus ascienden a más de 123 mil (es el segundo estado con más contagios), también reclama el desconfinamiento. La mayoría de las protestas han recibido el respaldo de Trump, y en ocasiones son impulsadas por él.

¿Guerra civil en la era Trump?

Más allá de la falsa preocupación que sostiene la dirigencia demócrata sobre la salud pública del país (con un repaso a las reformas sanitarias implementadas por Obama, también llamadas Obamacare, es suficiente para notar que la negligencia en salud es bipartidista y deliberada), lo que revelan estas protestas son el aumento en las disputas interélites para ver quién se queda con el poder en los Estados Unidos.

La administración vigente azuza la violencia civil para acelerar la reanudación de los sectores económicos a los que representa, mientras que el bando contrario intenta capitalizar el colapso como campaña para quitarle el puesto en la Oficina Oval a Donald Trump.

Lo de grupos armados entrando en el Capitolio de Michigan no constituye un acto ilegal en Estados Unidos, así como tampoco es un hecho singular el actual enfrentamiento entre conservadores y gobernadores demócratas.

Los últimos años durante la turbulenta Administración Trump se han caracterizado por capítulos de efervescencia política que han amenazado con conatos de violencia similares al de Michigan, e incluso más beligerantes.

No quiere decir que sea una guerra civil donde se vean nítidamente los bandos, sino una violencia generalizada, socializada, donde el vecino habitual se convierte en una potencial víctima.

Ha habido tensiones, pero ahora se están mezclando con la pandemia y con la recesión económica en Estados Unidos. ¿Qué podría salir mal?