Recientemente, el 16 de agosto pasado, salió un informe publicado por la organización International Crisis Group titulado "Navigating Venezuela’s Political Deadlock: The Road to Elections", que aborda el "estancamiento" del proceso de diálogo y negociación que mantenían una coalición de partidos de oposición y representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros.

El documento es un relato construido a partir de entrevistas realizadas a "altos funcionarios chavistas", opositores y diplomáticos acreditados en Venezuela y en otros países, da una idea de lo que este think tank comprende en torno al diálogo venezolano y se mencionan datos interesantes que permiten vislumbrar reacomodos en un proceso de negociación en el que el cálculo político de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) modifica las jugadas que se vienen realizando.

Los intereses dEl International Crisis Group

Más allá de lo que aparece en su página web, que la presenta como una organización que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que contribuyan a la materialización de un mundo más pacífico mediante apuestas a la "buena gobernanza" y la política inclusiva, según se desprende de su marco estratégico 2019-2024 es una think tank especializado en el estudio del "conflicto" en distintas zonas del Sur Global en donde la presencia de recursos naturales se muestra como una constante.

En la lista de donantes figuran fundaciones como Open Society, empresas del sector energético como BP, Eni, Total, Equinor y Chevron y países de la UE y otros como Noruega, mientras que en su junta directiva se encuentran personalidades como el megaespeculador George Soros y la exrepresentante de Exteriores europea Federica Mogherini, hasta el exmandatario Juan Manuel Santos y Susana Malcorra, quien fue canciller del gobierno argentino de Mauricio Macri (2015-2019).

La integración variopinta de sus contribuyentes permite hacernos una idea, partiendo desde una postura crítica, de posibles sesgos en favor de países norteamericanos y europeos en el análisis y las recomendaciones que aporta Crisis Group —promoviendo la defensa de intereses y perspectivas ideológicas: democracia liberal, libre mercado, etcétera—. Estas visiones sugieren que la organización podría centrarse en conflictos de regiones estratégicas —recursos naturales— para los países occidentales o priorizar ciertos temas en detrimento de otros.

Este informe no es el primero sobre el país que firma la organización: según consta en su página web, le ha hecho seguimiento al proceso político venezolano desde el 2004 —año del referéndum revocatorio— con la publicación de un artículo titulado "Venezuela: ¿hacia una guerra civil?", en el que se observa la misma narrativa que siguen empleando casi 20 años después, ya no con Hugo Chávez en el banquillo de los acusados, sino ahora con Nicolás Maduro.

El consenso de la negociación

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en 2021 y tras el fracaso de la política de "máxima presión" contra el gobierno venezolano, pareció generarse un consenso en diversos espacios internacionales sobre la necesidad de buscar una solución al conflicto político del país, a través de la creación de iniciativas para la negociación y gestación de acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y una parte de la oposición nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Esta idea no solo se consolidó entre los protagonistas en Venezuela, sino también entre los actores internacionales que venían jugando un papel estelar en la agudización del conflicto, fundamentalmente Estados Unidos y la UE, artífices del régimen de sanciones que pesa sobre el Estado venezolano formalmente desde 2014.

Algunos think tanks y organizaciones como Crisis Group avalaron esta ruta, y desde la misma instalación de la mesa de negociación en Ciudad de México en agosto de 2021 han estado analizando y dando lineamientos acerca de lo que debe hacerse desde el lado opositor y, más importante, el cómo debe hacerse, sobre todo por el público al que le escribe, que no son precisamente los millones de venezolanos que esperan un levantamiento de las sanciones producto de esas negociaciones sino las corporaciones energéticas —donantes de la organización como Chevron (con operaciones en Venezuela a través de la licencias estadounidenses)— que quieren seguir operando libremente en el país como lo venían haciendo previo a las sanciones.

En el informe de Crisis Group se continúa con esta narrativa a favor del proceso de negociación de Ciudad de México, y si bien esto no debería llamar la atención, hay ciertos datos que más allá de lo anecdótico —la principal fuente de información son las entrevistas que se le realizan a factores de importancia— nos da luces de cómo ha ido evolucionando el proceso, sobre todo del lado desde donde se promocionan las sanciones.

Sobre la oposición venezolana, Crisis Group comenta la alta fragmentación y división que mantienen y que le hacen difícil presentarse como bloque frente a un chavismo cohesionado en la figura del presidente Maduro. Esta situación reduce considerablemente las opciones electorales del sector opositor, que a todas luces presentará varios candidatos. Más allá de las llamadas "garantías electorales", el problema es presentarse como conjunto unificado: un asunto político.

El informe hace mención al papel que debe asumir América Latina —sobre todo Brasil y Colombia— en esta nueva "configuración progresista", para "motivar" a la administración de Nicolás Maduro a retomar y cumplir el mecanismo de Ciudad de México, lo que evidencia de nueva cuenta el fracaso de la política de aislamiento diplomático que se promovió desde el fenecido Grupo de Lima, mientras se traslada la responsabilidad principal de las derivas del diálogo al Gobierno Bolivariano, aun cuando quienes no han cumplido con los compromisos firmados son Estados Unidos y la PUD.

Pero hay un tema que se menciona muy tangencialmente, que vale la pena analizar y profundizar: cómo la administración de Joe Biden no ha podido consolidar una política sobre Venezuela que tenga apoyo bipartidista y que le permita el desmontaje de la política de "máxima presión" hacia el país, hasta afectar incluso la cohesión de sus aliados internacionales, como la UE.

Aliados no alineados sobre Venezuela

Si durante la agenda de "máxima presión" hubo una alineación en la política de Estados Unidos, la UE y los países que la componen con relación a Venezuela, hoy tal convergencia parece no existir, sobre todo con naciones europeas específicas; en lo que va de 2023, países como España, Portugal y Francia ya han nombrado embajadores en Caracas, y otros tantos plantean hacerlo próximamente.

Aunque el informe apela a los vínculos históricos de países como España y Portugal para explicar tal normalización de relaciones, la realidad geopolítica actual, especialmente en el otro lado del Atlántico tras el inicio de la Operación Militar Especial rusa en Ucrania, podría dar luces de los intereses detrás de la regularización. Europa, sedienta de recursos energéticos, estaría buscando nuevas fuentes para seguir reemplazando el gas ruso durante el invierno 2023-2024.

El anuncio sobre las licencias de Repsol y Eni —española e italiana, respectivamente— negociadas ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense para operar en Venezuela, así como el realizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre la incorporación venezolana a la iniciativa Global Gateway de proyectos gasíferos en el oriente del país, confirmarían la intensión de algunos países europeos de normalizar, ya no solo relaciones diplomáticas sino económicas y comerciales, cosa que al parecer estaría generando disconformidad en la parte estadounidense.

Da la impresión de que los europeos no pueden esperar a que en Estados Unidos se pongan de acuerdo sobre una política bipartidista que garantice un abordaje coherente y racional de la crisis venezolana tendiente a la flexibilización de las sanciones y que reinserte a Venezuela en los mercados de hidrocarburos mundiales, con su respectivo impacto a lo interno del país —política, económica y socialmente— como en los flujos internacionales de hidrocarburo.

El costo político-electoral que supondría una posible flexibilización de las sanciones, tanto en el Congreso como de cara al inicio de la campaña electoral estadounidense de 2024, podría ser la causa que explicaría la política dubitativa de la administración de Joe Biden hacia Venezuela, y no es ese terreno hacia donde Europa quisiera ser arrastrada.

En mayo de 2023, congresistas estadounidenses de los estados fronterizos del sur del país, liderados por la representante Verónica Escobar, solicitaban al presidente Joe Biden levantar las sanciones de la era Trump contra Venezuela ya que se habían convertido en un incentivo a la migración por el impacto negativo que tienen en la economía venezolana.

Aunque la misiva encontró un escollo en el senador demócrata Robert "Bob" Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien criticó severamente la propuesta de flexibilización, la misma es una muestra de los enfoques opuestos que la clase política estadounidense mantiene en relación a la estrategia de sanciones contra el país y que se ha trasladado a la UE, la cual apostaría a una flexibilización paulatina.

Garantías electorales y flexibilización

El informe señala que la apuesta de la comunidad internacional es de cara a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, con miras a garantizar "condiciones mínimas" para todas las partes, y si bien no se dice explícitamente en el texto, la flexibilización de las sanciones son condiciones mínimas que se deben asegurar.

El piso parejo que toda elección democrática reclama pasa, en el caso venezolano, por permitirle al Estado, y en consecuencia a su gobierno, disponer de recursos para hacer gestión.

No obstante, más allá de que se alcancen o no los tan anhelados acuerdos que permitan retomar una convivencia política entre los diversos actores venezolanos, la realidad es que Estados Unidos en última instancia determina el curso de las negociaciones con la voluntad que muestra de flexibilizar sanciones con vista a las elecciones, en un primer momento, y del levantamiento progresivo y definitivo de la totalidad de estas.

El detalle es que no pareciera que ante un eventual cambio de administración estadounidense, sea este demócrata o republicana, se logre tal acometido. La política de sanciones se ha mostrado inamovible —para Venezuela y el resto de países sancionados— en el marco estratégico de la Casa Blanca, sin importar quién la habite.