La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió, el pasado 9 de noviembre, a los cinco nuevos jueces que tomarán la batuta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya a partir del 6 de febrero de 2024.
Dicha selección implica que se lleve a cabo un proceso de elección y nombramiento de jueces por parte de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, instancias que deben reunirse simultáneamente para ello basándose en el Estatuto de la CIJ, en el Reglamento de la Asamblea General y en el Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad.
La CIJ está compuesta por 15 jueces, cada uno de los cuales es escogido para un mandato de nueve años, con opción a ser reelegido aunque, para garantizar una cierta continuidad en la conformación de ese tribunal, un tercio de los miembros se renueva cada tres años.
En la reciente actualización, cinco rondas de votación hicieron falta para que sendos candidatos obtuvieran la mayoría absoluta.
Ante esta noticia, y en el contexto de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, es oportuno desplegar el currículum de los individuos que se estrenarán el año que viene en una instancia plagada de sesgos e influencia de grandes poderes.
Bogdan-Lucian Aurescu (Rumania)
En la votación por el escaño en la CIJ Aurescu obtuvo 117 respaldos, con lo cual venció al juez ruso Kirill Gevorgian para la región de Europa del Este. Sería primera vez en la historia que la CIJ no tendrá a un representante de Rusia, y también sería la primera vez que un rumano forme parte del tribunal.
Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de su país entre 2014 y 2015, y nuevamente de 2019 a 2023 bajo diferentes primeros ministros. Asimismo, fue el abogado principal de Rumania en el caso de la delimitación marítima en el mar Negro, y también fungió como jefe de la delegación de su nación para las negociaciones sobre el "Acuerdo rumano-estadounidense sobre defensa de misiles balísticos", que prevé el despliegue de un sistema de defensa estadounidense dentro del país balcánico. Ese arsenal se integró como parte de la defensa antimisiles balísticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En 2003 obtuvo el doctorado en ciencias jurídicas con la tesis "El concepto de soberanía y la primacía del Derecho Internacional", en la que argumenta a favor de la soberanía no absoluta partiendo de la premisa de que ella es el concepto fundamental del Derecho Internacional, que "es de verdadera importancia delimitar sus dos aspectos: la sustancia y su ejercicio, para una comprensión más real y completa de la cuestión de la pérdida o limitación de la soberanía de la nación".
En diciembre de 2019 Aurescu envió una carta al político prófugo de la justicia, Julio Borges, en un contexto de reconocimiento al "gobierno interino" de Juan Guaidó. Igualmente en 2020 y 2021 participó en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y siguió de cierta manera la agenda que imponían en ese espacio facciones políticas relacionadas con el "proyecto Guaidó".
En noviembre de 2022 Aurescu era ministro de Asuntos Exteriores y sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En rueda de prensa este expresó que "Estados Unidos no podría desear un aliado más incondicional o más comprometido que Rumania".
Hilary Charlesworth (Australia)
Fue reelecta en la CIJ, instancia en la que se desempeña como miembro desde 2021 debido al fallecimiento del juez James Richard Crawford, cuyo mandato debía concluir en febrero de 2024.
Charlesworth se graduó en la Universidad de Melbourne y tiene un doctorado en ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho de Harvard. También ha sido profesora visitante en universidades de Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con una investigación de El Universal, ella no reúne los requisitos de imparcialidad dado que hasta noviembre de 2021 ejerció el cargo de juez ad hoc designada por Guyana en el caso sobre el nulo e írrito Laudo Arbitral de 1899; antes, inclusive, había sido asesora del gobierno guyanés.
Sarah Hull Cleveland (Estados Unidos)
Es profesora de derechos humanos y constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.
Desde 2009 hasta 2013 estuvo al servicio del gobierno de Estados Unidos, específicamente en el Departamento de Estado, como consejera. Luego se desempeñó como asistente jurídica experta ante la Oficina del Asesor Jurídico en cuestiones de Derecho Internacional, incluida la interpretación e implementación de tratados. En medio de esos cargos fue miembro del Comité Consultivo de Derecho Internacional del Secretario de Estado en 2011, en ese momento representado por Hillary Clinton —demócrata, como el actual gobierno de Joe Biden—.
En el contexto de la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, fue moderadora de un evento sobre Derechos Humanos y Democracia en Venezuela junto a Nikki Haley —precandidata por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y defensora de las sanciones unilaterales contra Venezuela— y otros panelistas como Alonso Medina Roa de la ONG Foro Penal Venezolano.
En aquella ocasión Cleveland comentó que "Venezuela está planteando un desafío fundamental para nuestras instituciones regionales e internacionales de derechos humanos". Esta actividad fue auspiciada por la Misión Permanente del Reino Unido ante la ONU, la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra.
Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco (México)
Fue el candidato más votado en la elección de la CIJ. Cuenta con una amplia trayectoria diplomática, cuya investidura es de embajador. Desde 2021 es el Representante Permanente Adjunto de México ante la ONU.
En 2018 obtuvo el título de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese año publicó el libro El principio de no intervención en la política exterior de México. A inicios de 2023 publicó un artículo suyo escrito junto con Eduardo Ancona Bolio sobre "La Corte Internacional de Justicia y el futuro del estado de derecho a nivel global", donde analizan la posibilidad de "expandir la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, aumentar el recurso a su función consultiva e incrementar la cooperación con el Secretario General de la ONU", y concluye que:
"La Corte ha comprobado, sentencia tras sentencia, ser un tribunal eficaz por el alto nivel de cumplimiento de sus fallos, y absolutamente respetuoso y congruente respecto de su propia jurisprudencia".
En 2017, en una entrevista expresó la postura de México de llamado al diálogo entre las facciones políticas venezolanas y abogó por respaldar lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.
Luego, en 2019, apoyó el Mecanismo de Montevideo como vía para retomar las conversaciones entre algunos partidos políticos de oposición y el gobierno venezolano.
Dire Tladi (Sudáfrica)
Es el primer juez sudafricano en la CIJ. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Pretoria. Tladi ejerció como asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y fungió como tal en la delegación de su país ante la Asamblea General de la ONU.
En una investigación de 2020 ejemplificó lo siguiente sin contextualizar la realidad coercitiva sobre el Estado venezolano: "Los ataques contra instituciones y organizaciones internacionales incluyen la retirada de Venezuela de la maquinaria interamericana de derechos humanos".
El nexo Venezuela
Al repasar las hojas de vida de los próximos jueces de la CIJ, llama la atención los nexos y posturas nada neutrales ante situaciones políticas, particularmente en lo que respecta a Venezuela. Sin duda, esta variable cruza al juez rumano Aurescu al apoyar el "proyecto Guaidó" y, por supuesto, a la jueza estadounidense Cleveland.
Por otro lado, de forma abierta, la jueza Charlesworth ha defendido el gobierno de Guyana en los procesos de la controversia territorial con los fines de darle oxígeno al fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899. Sin embargo, la gran incógnita la encarnan el juez Gómez-Robledo y el juez sudafricano Dire Tladi, quienes parecen no tener prontuario político alguno, aun cuando hayan opinado y emitido comentarios valorativos sobre Venezuela en entrevistas y papers académicos.
Por último, recordamos que en una publicación reciente de Misión Verdad se incluyó el hallazgo de un estudio de 2005 que concluye que "hay una alta probabilidad de que los jueces de la CIJ voten a favor de sus Estados de origen, de Estados coincidentes culturalmente con ellos, de Estados ricos o pobres según su procedencia y de una manera que refleje sus propios prejuicios psicológicos o filosóficos, como en efecto así ha sido".