Sáb. 28 Enero 2023 Actualizado 12:33 pm

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CITGO Petroleum Corp. es el principal activo del país despojado en el extranjero vía sanciones ilegales (Foto: Mike Mozart / Flickr)

Posibles escenarios para CITGO con la emisión de la licencia 5J de EEUU

Nuevamente se ha incrementado el riesgo de robo definitivo de CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en suelo estadounidense. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de abril de 2023 la licencia que impide que los tenedores del bono PDVSA 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana.

En ejercicio de las arbitrarias medidas de "congelamiento" que el gobierno estadounidense mantiene contra la principal industria venezolana en el extranjero, el Departamento del Tesoro publicó la licencia número 5J, que sustituye a la 5I, emitida en enero de 2022 y que mantenía la "protección" a CITGO hasta el 20 de enero de 2023.

Esto implica que el gobierno estadounidense ha dado plazo de solo tres meses para dejar expuestos los bienes de CITGO, de renovar o no la "protección", a beneficio de empresas que han demandado a Venezuela y acreedores del bono PDVSA 2020.

El Departamento del Tesoro ha explicado que durante el periodo en que esté en vigencia esta licencia "las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO en relación con el bono PDVSA 2020 8.5 por ciento están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC".

El Tesoro precisó que en la medida en que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) "tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo".

Es importante acotar que Venezuela no ha podido reestructurar y/o renegociar su deuda con acreedores (incluyendo los tenedores del bono PDVSA 2020) por los impedimentos que impone el bloqueo financiero estadounidense al inhabilitar cualquier trato en esa materia con PDVSA y autoridades políticas del país.

Escenarios probables

El primer escenario, que podría desbocarse desde el 20 de abril, es el cese de la "protección" del gobierno estadounidense sobre CITGO, generándose seguidamente una captura de los activos de la filial por parte de empresas acreedoras, tenedores del bono PDVSA 2020 o empresas que han demandado a la República Bolivariana y que, al ganar en tribunales estadounidenses, reclaman parte de los activos de la empresa con sede en Estados Unidos como forma de pago.

Sin embargo, la toma de CITGO como colateral por impago de los bonos PDVSA 2020 se encuentra suspendida coyunturalmente, de acuerdo a una decisión de octubre de 2022 por parte del Segundo Circuito de Nueva York. Según esta corte, había "indicios de inconstitucionalidad" sobre el colateral de CITGO como garantía en caso de impago por el bono PDVSA 2020.

La decisión sobre la legalidad de la transacción (la toma de CITGO) queda suspendida mientras solicitan una opinión a la Corte de Apelaciones de Nueva York (la corte de mayor jerarquía de dicho estado) sobre si la ley aplicable debe ser la venezolana o la del estado de Nueva York.

Como segundo escenario, podría haber lugar a una aparente distensión, que se traduce en la oportunidad de ganar meses y lograr una negociación entre Venezuela y sus acreedores.

Ello implica que el gobierno estadounidense refiera (vía nueva licencia) a una "parte venezolana" como una instancia autorizada para dicha negociación, que bien podría ser el Gobierno Bolivariano o (como es más probable que ocurra) el llamado "gobierno parlamentario" o "Comisión Delegada" creada como reemplazo del otrora "gobierno interino" de Juan Guaidó, eliminado en enero por los sectores opositores venezolanos que antes lo apoyaban.

El asunto de la "representación venezolana" en el extranjero, acorde a las medidas ilegales que han congelado los bienes venezolanos, ha tenido un viraje por parte de Estados Unidos. En enero de 2023, la OFAC modificó la licencia número 31B para ratificar el reconocimiento de la "Asamblea Nacional electa en 2015" como "parlamento legítimo de Venezuela", así como a su "Comisión Delegada", instancia supuestamente facultada para "proteger" los activos venezolanos retenidos en el extranjero.

De manera adicional, la negociación a la que hubiere lugar por la "parte venezolana" sería determinante. De tratarse de la llamada "Comisión Delegada", esta tendría que negociar con los acreedores mediante recursos líquidos todavía retenidos en el extranjero. Lo cual implica descongelar los recursos y entregarlos a los acreedores, en un claro despojo de activos nacionales y vulneración de la soberanía venezolana.

Por otro lado, si es el Gobierno Bolivariano el que logra participar en esa negociación, tendría que contar con una licencia emitida por la OFAC y, además, tendrían que ser emitidas nuevas licencias petroleras para que PDVSA logre renegociar y financiar sus compromisos con los acreedores.

Cualquiera de las dos posibilidades expone el largo y fuerte brazo de las abusivas medidas coercitivas contra el país, aunque en apariencia sean una distensión u espacio de "alivio" del bloqueo.

Como tercer escenario, es posible que Washington esté instrumentando el factor tiempo y la situación de CITGO para inferir las negociaciones entre venezolanos participantes en la Mesa de Diálogo, concretamente el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria opositora, mediante el mecanismo de México.

Un cuarto y posible escenario es que, sin posibilidades de forzar la negociación entre venezolanos, o sin haber un acuerdo con la "parte venezolana" en una renegociación o reestructuración de la deuda con los acreedores del bono PDVSA 2020, el gobierno estadounidense extienda nuevamente su medida de "protección" sobre CITGO, inmovilizando por un trecho determinado de tiempo cualquier trato que implique ceder o tomar acciones de la filial.

Este último escenario, que se mantiene de manera similar desde 2019, implica mantener la captura de facto que los estadounidenses han aplicado sobre la empresa y el uso de su situación como instrumento de presión sobre el gobierno legítimo de Venezuela.

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