La dirigente del movimiento político Vente Venezuela, María Corina Machado, reaccionó el pasado miércoles a las imputaciones realizadas por el Ministerio Público a personajes de la oposición venezolana por estar involucrados en trama de financiamiento y conspiración relacionada a la transnacional energética ExxonMobil.
Como es sabido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó órdenes de aprehensión contra Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolanski, Carlos Vecchio, Léster Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez, quienes fueron identificados como operadores en el exterior.
Asimismo, el alto funcionario añadió que fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra los directivos del movimiento Vente Venezuela Roberto Abdul, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu como presuntos conspiradores que operaban desde Venezuela. Agregó que “algunos de ellos ya están a las órdenes de la justicia”.
Saab señaló la existencia de redes de financiamiento provenientes del lavado de activos de la ExxonMobil a un grupo de políticos de la extrema derecha venezolana para boicotear el referendo sobre el Esequibo.
Los mecanismos incluyen a Damián Merlo, estadounidense, exempresario de telecomunicaciones y exasesor de política exterior vinculado a Donald Trump y consejero de Nayib Bukele, quien tenía como contacto a otro estadounidense, Savoi Jandon Wright, que ya está detenido y utilizó la criptomoneda USDT para movilizar grandes sumas en efectivo, evadir controles financieros mientras enmascaraba el origen y destino de los fondos utilizados.
Machado en la órbita del tema Esequibo
Por su parte, Machado indicó que la investigación contra su entorno se trata de una violación a los acuerdos que se suscribieron en Barbados. Alviárez, Macero y Urruchurtu hacen parte de su campaña presidencial, a lo que apuntó que cuentan con “todo [su] respaldo”.
La investigación que abre el Poder Moral Ciudadano venezolano podría establecer vínculos entre colaboradores de la expresidenta de la ONG Súmate, financiada por Estados Unidos, y la Exxonmobil, que ha acelerado la disputa entre Venezuela y Guyana al establecer operaciones de exploración y explotación petrolera en el mar territorial de la Guayana Esequiba.
Machado también prometió defender los derechos de Venezuela en el Esequibo, sin hacer alusión a los mecanismos con los que materializaría dicha postura. Aunque el gobierno venezolano ha insistido en defender la vía del diálogo y la negociación bilateral, la opositora apoyó la opción de acudir y aceptar lo que determine la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyas decisiones son dudosas y sesgadas en favor del Norte Global y sus satélites.
Contra el Poder Electoral
Al ser consultada sobre los resultados y consecuencias del Referendum Consultivo realizado el pasado 3 de diciembre, y que tuvo una participación de la mitad del padrón electoral de Venezuela, lo calificó de “fracaso”. Pero aclaró que el repudio expresado por la supuesta abstención que intenta posicionar es hacia “Nicolás Maduro y a su régimen”.
Ya el lunes pasado la exdiputada había calificado el evento electoral de “inútil y dañino a los intereses de Venezuela”, y desconoció los resultados en concordancia con su llamado previo a suspenderlo.
Al final, la verdad siempre se impone. Todos sabemos lo que pasó ayer: el pueblo suspendió un evento inútil y dañino a los intereses de Venezuela, porque la Soberanía se ejerce, no se consulta.
Ahora debemos presentar una defensa impecable de nuestros derechos ante la Corte…— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 4, 2023
Otras frases:
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“Sobre el Referéndum Consultivo del Esequibo, todos sabemos lo que pasó el 3 de diciembre, lo vimos. Confío en que las Fuerzas Armadas se van a colocar del lado del pueblo”.
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“La poca confiabilidad que podía tener el CNE (Consejo Nacional Electoral) se la arrebataron de una, ni ellos mismos creen los resultados. El país también vio el CNE al desnudo. Pero, además, lo desnudaron ellos mismos. La poca credibilidad que podía tener este organismo se la arrebataron de una. Ni ellos mismos creen en los resultados”.
Machado justificó la realización de las elecciones primarias del 22 de octubre sin el CNE apelando a que “la gente contó su propio voto”, sin embargo la actividad se realizó en clara violación de la legislación electoral vigente que incluye la participación de todos los actores políticos y sociales.
Tal posición trae reminiscencias de otras declaraciones en las que la oposición ha desconocido el Estado estableciendo instituciones paralelas a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Ciudadano y Judicial durante el llamado “Plan Guaidó”, así como han intentado suplantar el Poder Electoral en acciones como las previas al Referéndum Revocatorio de 2004.
Además, su mención a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hace recordar su apoyo al intento de golpe de Estado organizado por el exdiputado Juan Guaidó y el exalcalde de Chacao, Leopoldo López.
Contra el Poder Judicial
El pasado 30 de noviembre, la Embajada de Noruega en México informó sobre la recepción de un procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para "procurar la revisión" de las inhabilitaciones, dictadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Según lo acordado por las partes, cada uno de los interesados acudirá personalmente a la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, “acompañada de un amparo cautelar”, entre el 1 y el 15 de diciembre. Hasta ahora se desconoce de alguna solicitud ya presentada pero el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, manifestó que iría al TSJ luego de que Machado lo haga.
En la rueda de prensa del miércoles, Machado manifestó: “Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay una decisión de la Contraloría, no hay un papel. ¿A qué acto se puede recurrir, si no existe?”, y agregó que “esto es un hecho político y no jurídico“. Ante la posibilidad de ser notificada por la Contraloría, respondió que “es una decisión que no se ha tomado aún”.
Además subrayó que no tiene “nada que recurrir” (sic) ante el TSJ, “por ahora” y evitó dar detalles, porque ella y su equipo están evaluando el procedimiento para tomar una decisión, pero no de la forma en la que fue planteado ya que no confía en que se cumpla con el compromiso adquirido mediante el acuerdo de Barbados.
El día anterior había declarado que “en su momento voy a dar a conocer la evaluación que hemos hecho y los próximos pasos a tomar”, lo que dejó abierto el compás de espera sobre si acudirá al máximo tribunal y si reconocerá las sanciones que pesan sobre ella.
Cabe destacar que ya ha habido dos iniciativas, supuestamente particulares, contra la sanción que le impide ejercer cargos públicos por 15 años.
En agosto pasado la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible una demanda por la protección de intereses colectivos que el abogado Otoniel Pautt Andrade interpuso el 10 de julio.
El argumento de la demanda fue que la sanción contra Machado era inconstitucional, entre otras cosas porque al momento de serle impuesta ella no era funcionaria pública y, además, porque no solo viola sus derechos a postularse sino los de los electores de escogerla “como la primera mujer presidente”.
Otra demanda fue la de un recurso de revisión constitucional que Alexis José Coronel Roche y Miguel Antonio Prieto Narváez presentaron el 13 de julio. La Sala la declaró inadmisible al señalar que esta figura solamente puede ser empleada contra sentencias dictadas por otros tribunales, incluso por otras salas del propio TSJ, que violen el espíritu y letra del texto constitucional.
Buscando la coordinación de los factores tiempo y violencia
Pareciera que el tiempo es un factor importante para la dirigente opositora. Ante ello, aparecen algunos escenarios en los que ese tiempo juega un papel importante.
El primer elemento sería la espera de mayor presión de Estados Unidos, cuyos voceros mantuvieron amenazas constantes con instrumentar sanciones contra Venezuela en caso de que no se abriera un camino para la “revisión” de las inhabilitaciones ejecutadas por la CGR.
Tales amenazas han continuado. El secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, exigió durante una charla en el think tank Atlantic Council, en Washington, un proceso “expedito y transparente” para habilitar a la opositora antes de que se convoquen las elecciones presidenciales.
A esto se sumó la celebración del "día de Venezuela” (auto)proclamado por el gobierno estadounidense el pasado 30 de noviembre, que incluyó el despliegue de una fiesta en la Casa Blanca.
El segundo factor sería la espera de mayor presión, tanto interna como externa, pero en concreto sobre la materia electoral. En este orden podría aparecer la figura de la Unión Europea (UE) o la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiendo intervenir en las elecciones presidenciales de 2024 a modo de “acompañamiento”, pero también torpedear la Mesa de Diálogo y Negociación.
Respecto a la presión interna, su desconocimiento frontal de las instituciones buscaría generar escenarios de confrontación en los que la “fuerza” a la que hizo mención en sus declaraciones se traduzca en violencia.
El tercer factor podría ser la espera de la aprobación de instrumentos como la Ley Bolivar y/o la Ley Verdad, que se tramitan en el Senado estadounidense, mediante las que se buscarían institucionalizar las sanciones contra Venezuela haciendo usufructo deliberado de los activos del Estado.
En este sentido, las declaraciones amenazantes desde Washington y la ratificación de las sanciones instrumentadas desde la UE han servido de marco para una posible agudización de estos mecanismos coercitivos que trastocarían la voluntad de la población electoral.
Los pasos de María Corina Machado van en direcciones ya conocidas, su agenda dictada desde fuera de las fronteras venezolanas es cada vez más evidente, así como su desconocimiento del voto, la noción básica de Estado y de los impactos que la coerción, como modo de hacer (anti)política, genera sobre la población nacional.