Donald Trump convirtió la migración en un eje central de su administración. Al llegar a la Casa Blanca firmó más de cuarenta órdenes ejecutivas, seis de ellas enfocadas en ese ámbito. Su discurso consolidó la idea de que el desplazamiento hacia Estados Unidos representaba una "amenaza" para la seguridad nacional, lo cual reforzó la criminalización sobre quienes cruzaban la frontera.
En este contexto, el éxodo venezolano ha sido aprovechado con fines políticos, tanto por Washington como por sectores de la oposición extremista de Venezuela. Estas facciones han promovido discursos estigmatizantes con el objetivo de captar apoyo dentro de la Casa Blanca y justificar medidas de mayor presión contra el país.
El informe de la organización Sures publicado en 2021 documentó cómo esta narrativa se consolidó a partir de 2017, cuando la idea de un "flujo masivo" comenzó a ocupar un lugar central en la agenda mediática internacional.
Este fenómeno no solo ha sido impulsado por las sanciones unilaterales sino también por la política de la administración Biden en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS, según siglas en inglés). La expectativa generada en torno a este mecanismo estimuló a muchos venezolanos a atravesar la peligrosa ruta del Darién y llegar a la frontera sur estadounidense, con la percepción de que podrían acceder con mayor facilidad a documentación que les permitiría permanecer legalmente en el país.
El trasfondo de esta realidad está estrechamente ligado con el impacto de las sanciones económicas ilegales impuestas por Estados Unidos, que debilitaron la economía venezolana y forzaron la migración.
Desde 2017 figuras como María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López y David Smolansky no solo han promovido esas decisiones contra Venezuela sino que han utilizado el tópico como una plataforma para reforzar la injerencia extranjera.
Además, estos personajes han desempeñado un papel neurálgico en la fabricación de una narrativa de estigmatización de la migración venezolana. A través de sus declaraciones, han asociado a los migrantes con la criminalidad y la desestabilización regional, materia prima para las políticas de Washington y sus decisiones extremas contra la población venezolana en el exterior.
Las afirmaciones de estos dirigentes han contribuido a la percepción negativa hacia los venezolanos migrantes. Un ejemplo de esto ocurrió en 2017 cuando Julio Borges vinculó el desplazamiento de connacionales con el crimen organizado y el terrorismo.
"Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado por otros problemas como el crimen organizado, el militarismo, el paramilitarismo, el tráfico de drogas, incluso el terrorismo. De tal manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina".
Por su parte, en 2019 María Corina Machado proyectó la presencia de venezolanos en otros países como un factor de riesgo:
"Para nuestros vecinos, el incremento de la migración no significa solo la demanda inmanejable de servicios básicos sino también el riesgo de enfermedades no controladas y la infiltración de agentes del régimen en 'movimientos sociales' que buscan provocar desestabilización".
Esta estrategia ha resultado efectiva para captar la atención de Washington, al tiempo que ha servido para legitimar políticas de persecución y represión contra quienes han emigrado.
La construcción e instalación de tal relato por un lado ha justificado medidas restrictivas en materia migratoria, y por otro ha contribuido a la discriminación y el abuso contra los venezolanos en distintos países de la región.
Más allá del uso político, el manejo de los recursos destinados a la atención de los desplazados ha estado marcado por la opacidad y la corrupción. En su rol de Comisionado de la OEA para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky administró fondos millonarios sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas, mientras las denuncias sobre el desvío de la así llamada "ayuda humanitaria" se han multiplicado.
Como resultado, miles de venezolanos han quedado en el abandono, expuestos a condiciones de precariedad, discriminación y violencia.
Es oportuno destacar que la agenda de la administración Trump, en este sentido, no surgió de la nada. Desde su campaña ya perfilaba el tratamiento que daría a la migración venezolana. Un análisis de Axios sobre 109 discursos, debates y entrevistas de Trump entre el 1.° de septiembre de 2023 y el 2 de octubre de 2024 revela que calificó a los migrantes venezolanos de "criminales" en 70 ocasiones, mientras que, en comparación, utilizó el mismo término para referirse a los congoleños en apenas 29 ocasiones.
Esta cuantificación refleja cómo la narrativa contra los venezolanos fue incorporada en la maquinaria política de Washington, pero no surgió de la nada. Fue alimentada por figuras como Machado y Borges, quienes con su discurso sistemático pintaron la migración como una amenaza para Estados Unidos.
Este episodio es, en última instancia, el producto más acabado de su militancia política en agravio del gentilicio venezolano. Sin su persistente campaña de criminalización, Trump difícilmente habría llevado su política migratoria a tales extremos.
El testimonio de TIME
El trato humillante hacia los venezolanos quedó en evidencia el 15 de marzo, cuando Estados Unidos deportó a 261 hombres hacia El Salvador. De ellos, 238 venezolanos fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad cuya brutalidad ha sido denunciada internacionalmente. Esta medida, además de exponerlos a condiciones inhumanas, evidencia la falta de garantías y el trato degradante que enfrentan los migrantes venezolanos en el marco de las políticas represivas de deportación.
No es un episodio aislado, es el desenlace de un relato construido para que encaje en la categoría predilecta de la Casa Blanca: "amenaza". Un concepto maleable, siempre disponible para justificar lo que haga falta y así impulsar agendas de injerencia.
El 21 de marzo de 2025 la revista Time publicó un reportaje del periodista Philip Holsinger sobre la llegada forzada de migrantes venezolanos a El Salvador, deportados desde Estados Unidos, bajo acusaciones sin evidencias de pertenecer al Tren de Aragua (TdA).
El artículo detalla cómo tres aviones aterrizaron con 261 deportados, en su mayoría venezolanos, considerados miembros del TdA por la administración Trump, enviados sin el debido proceso legal.
A su llegada se encontraron con un despliegue militar masivo y un recibimiento caracterizado por un trato violento e intimidatorio, "no hubo sangre, pero la violencia tenía ritmo, como un teatro de terror", lo describió el periodista.
El testimonio del fotógrafo, quien estuvo presente en el operativo, describe la brutalidad con la que fueron procesados. Desde el desembarque fueron sometidos a golpes, empujones y humillaciones por parte de los guardias.
Uno de los detenidos, identificado como barbero, intentó explicar que no tenía vínculos con el crimen organizado, pero su súplica fue ignorada y respondida con agresiones.
La publicación también resalta el impacto psicológico del procedimiento: en cuestión de horas, los deportados pasaron de llegar con ropas de marca a ser rapados, despojados de sus pertenencias y confinados en celdas con condiciones extremas. "Con mi cámara en la mano, fue como si los viera convertirse en fantasmas", aseguró Holsinger.
El reportaje subraya que los prisioneros son encerrados en celdas con hasta 80 personas, sin acceso a visitas, libros o contacto con el exterior, en un régimen de aislamiento que los convierte en figuras olvidadas.
Además, expone que este traslado masivo forma parte de un acuerdo entre Washington y San Salvador mediante el cual el gobierno de Nayib Bukele recibe financiamiento para albergar a los deportados: 6 millones de dólares por mantener a los migrantes sin juicio durante un año, lo que equivale a aproximadamente 23 mil dólares por recluso.
La revista deja ver una imagen impactante y cruda de la política carcelaria en el país centroamericano y, en conjunto, la pieza enfatiza la violencia, el miedo y la desolación de los venezolanos, siendo el operativo una clara muestra del uso político de la migración con un objetivo específico.
Este hecho refleja el doble discurso de la oposición extremista que, por un lado, ha promovido sanciones y bloqueos que profundizan la crisis migratoria y, por otro, ha permanecido en silencio ante los abusos cometidos contra sus connacionales en EE.UU.
Más aun, ha instrumentalizado su situación para fortalecer su influencia en Washington y justificar medidas de mayor presión contra Venezuela.
Y toda esta agenda se consumó en uno de los episodios más graves con la detención de personas en Cecot, una acción que ha representado el punto más crítico de la persecución contra los venezolanos en el extranjero.
Lejos de condenar esta violación a los derechos humanos, María Corina Machado legitimó la medida y la presentó como parte de una estrategia coordinada con Estados Unidos:
"Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el Presidente de El Salvador y el Secretario de Estado".
Mientras la oposición extremista sigue utilizando la migración como una herramienta de negociación política con Washington, el gobierno venezolano ha implementado iniciativas para la repatriación y reinserción de migrantes, en un intento por contrarrestar los efectos de esta situación.
En definitiva, la narrativa de criminalización sigue siendo un elemento crucial en la agenda política de quienes buscan alentar y promocionar una intervención extranjera en Venezuela.