La principal razón de la migración desde Venezuela al extranjero es la caída del presupuesto público. Eso le da a la mayoría de los migrantes la condición de "migrantes económicos". La caída de los ingresos por exportaciones del Estado arrojó un registro negativo en 2020, marcó 99% en pérdidad de las divisas que ingresaban al BCV.

El impacto del bloqueo a las finanzas del Estado generó un schock en toda la estructura de servicios públicos y sociales: Salud, educación, electricidad, agua, combustibles. En sumatoria, el saldo de afectación a las condiciones elementales de vida fue muy negativo, especialmente desde 2017 hasta 2021.

Se estima que es justamente durante ese lapso cuando se ha generado más migración desde Venezuela. Pero de ahí hasta ahora podría haber un cambio de patrón. Una parte importante —por considerar— de los migrantes son ahora trabajadores del sector público, o integrantes de familias cuyos ingresos dependían de ese ramo.

A causa del bloqueo se produjo una inmovilización en la política de ajustes a la nómina para trabajadores públicos y pensionados. En febrero de 2022 el ingreso oficial mínimo era de 3 USD/mens. Aunque se produjo un aumento a 30 USD/mens en marzo 2022, este se degradó nuevamente —por las limitaciones presupuestarias, devaluación e inflación— y alcanzó unos 5 USD/mens para finales de abril de este año.

Otros componentes de la migración es la adaptación y consolidación de la situación socioeconómica de algunos de los migrantes de oleadas de años anteriores. Una vez estos se aseguran en condiciones mínimas en el extranjero, se reúnen con sus familiares en esos países-destino.

Existen además componentes propios de la subjetividad política que instan a la migración. Las oposiciones en Venezuela, tratando de rentabilizar políticamente la situación del país, prefieren omitir que han solicitado el bloqueo y dicen que "en Venezuela no se puede vivir". Banalizan, rechazan y atacan toda narrativa de resiliencia y de superación de los venezolanos que han mejorado su situación en el país. Además omiten la recuperación que ha ocurrido en el PIB desde finales de 2021. La narrativa desesperanzadora se ha elevado a la categoría de componente psicosocial que alienta la migración.

La juventud venezolana ha sido especialmente bombardeada con falsas promesas sobre la migración, especialmente mediante el impulso vía algoritmo de redes sociales. Muchos han sido convencidos de que trabajar en condiciones subpagadas en el extranjero es mejor que estudiar en una universidad gratuita en su país. Puede afirmarse que en el marco de la estrategia multiforme hay interés de despojar el país de nuestro bono-demográfico (población joven que ingresa a la edad económicamente activa).

EL APROVECHAMIENTO DE LA MIGRACIÓN DESDE VENEZUELA

La migración venezolana se ha convertido en un factor instrumentalizado por actores fuera de Venezuela, tanto por razones políticas como por razones de lucro, opacidad en el destino de los recursos y corruptelas.

Venezuela no acepta que el término "refugiados" sea empleado para nuestros migrantes. Según la Organización Internacional de Migración (OIM) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aplica la categoría de "migrantes por razones económicas".

El criterio de la misma OIM es que el término"refugiados" se entiende como una categoría que aplica a personas bajo riesgo de su integridad, persecución o amenaza por razones políticas, raciales o religiosas. Es incluso ridículo afirmar que el Estado venezolano persiga a tantas personas que están fuera.

Los connacionales que han regresado estos años lo han hecho con absoluta libertad. De hecho tenemos "migrantes pendulares" que van y vienen del extranjero con suma frecuencia y no pueden ser catalogados como "refugiados".

El uso del término "refugiados" es política y narrativamente tendencioso. Los actores que lo promueven, como la OEA, afirman que este asunto migratorio "es una crisis de refugiados más grande que la de Siria". Pretenden colocar a Venezuela en un estado de guerra armada e intentan igualar al gobierno venezolano con organizaciones terroristas como el Estado Islámico.

El calificativo de "refugiados" es un recurso comunicacional con vistas a promover el relato de "crisis humanitaria", "Estado fallido" y al mismo tiempo de criminalizar nuestro gobierno. Quieren victimizar la migración para solicitar recursos a nombre de ellos y su situación.

Durante estos años algunos gobiernos vecinos y partidos políticos pusieron el término en el centro de sus campañas políticas antiizquierdas. Aunque muchos de esos gobiernos apoyaron el bloqueo hacia Venezuela, se ufanaban en cuestionar y tergiversar sus consecuencias, como la propia migración de venezolanos hacia sus países. Tanto gobiernos como las ONG en el extranjero involucrados en el tema han sido beneficiarios económicos de la migración.

El gobierno de Estados Unidos dijo enviar 656 millones de dólares a Venezuela entre los años 2017 y 2019, destinados supuestamente a "ayuda humanitaria". Eso no se vio reflejado en ninguna acción social en territorio nacional ni mucho menos en el asunto migratorio.

En 2018 la Unión Europea destinó 35,1 millones de euros para supuesta ayuda a la migración venezolana, un dinero textualmente destinado para los gobiernos vecinos.

En 2021 Iván Duque manifestó que su gobierno recibía recursos por cada migrante: "No hemos recibido más de 300 dólares por migrante", precisó, aunque consideraba que el monto era insuficiente. Indicó que estimaban que en Colombia había 1 millón 800 mil venezolanos. Según sus propias cifras solo Colombia podría haber recibido 540 millones de dólares para atender la migración venezolana en ese momento. Duque solicitaba 3 mil dólares por cada migrante.

Algunos factores han creado una arquitectura del robo en el extranjero, lo han formalizado. Por ejemplo David Smolansky, un prófugo de la justicia venezolana, fue nombrado comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Migración venezolana. Han organizado eventos para captar donaciones de entes públicos y privados y elaboraron un informe a detalle de cuántos millones de dólares debían ir a cada país y a sus ONG. Pero hasta ahora no hay rendición de cuentas de lo gastado.

Un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) publicado en julio de 2021 indicó que ese ente había entregado 507 millones de dólares, y manifestó dudas del destino de ese dinero. El documento titulado "Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de Usaid con respecto a Venezuela" indicó que solo 2% de la "ayuda humanitaria" de ese órgano llegó a manos de quienes la requerían, mientras que el 98% restante tuvo usos distintos a sus objetivos originales. La mayoría fue a dar a gobiernos y ONG.

En junio de 2021, y aun habiendo dudas sobre los recursos entregados, la llamada "comunidad internacional" se comprometió a consignar más de 1 mil 500 millones de dólares para los países que acogen migrantes venezolanos.

El "interinato" promovido desde el extranjero fue también un antro de corrupción. Según sus propias cuentas, las cuales son muy opacas, en tres años y medio los fondos robados a la nación manejados por el "gobierno interino" fueron de 228 millones de dólares. De ello supuestamente se destinaron 159 millones de dólares para la "ayuda humanitaria". Pero todo se lo robaron.

Nuevamente, en este 2023 la Unión Europea aprobó otros 75 millones de euros con destino a gobiernos y ONG involucrados en el tema.

Venezuela comprende que la presencia de sus connacionales en países vecinos amplía la demanda de servicios sociales en los países. Pero estos no refieren cómo la presencia de dicha población impacta positivamente su PIB, aumenta el nivel de consumo —demanda de bienes y servicios— y el incremento de la disposición de personal —en muchos casos calificado— para las actividades económicas en los países-destino —capital humano—.

Venezuela no sabe de pedir ayuda al extranjero para atender la migración. Históricamente tuvimos saldo positivo migratorio hasta 2017, justo cuando escalan las medidas coercitivas.

En 2015 había registrados 1 millón 159 mil personas en condición de inmigrantes en Venezuela, cifra que excluye a millones de colombianos que ya tenían la nacionalidad venezolana y que no eran catalogados como extranjeros.

Recordemos que para el año 2004 la estimación de colombianos irregulares en Venezuela estaba entre 2 y 4 millones de personas. El presidente Hugo Chávez dio nacionalidad a 220 mil en 2004, a unos 186 mil en 2005 y así sucesivamente. Las cifras eran tan altas que se tuvo que crear un Plan de Regularización de Extranjeros en el país. Unos 3 millones de colombianos de origen alcanzaron la nacionalidad. Venezuela no pidió recursos para atenderlos.

No hay regulaciones a las ONG, no hay control que les demande transparencia para el uso de esos recursos. Por su funcionamiento más allá de los gobiernos puede afirmarse que son parte de mecanismos formalizados para el robo.

LAS ACCIONES PARA CONTENER EL FENÓMENO

Dentro de importantes límites financieros Venezuela ha aplicado acciones para atender el fenómeno tanto en lo coyuntural como en lo estructural.

En lo coyuntural debe considerarse el Plan Vuelta a la Patria como la única medida de este tipo dirigida a la migración venezolana.

Aunque los países vecinos reciben cientos de millones de dólares para atender a los venezolanos no ofrecen condiciones mínimas a quienes manifiestan querer regresar. Los dejan a pie en una puerta de salida fronteriza aplicando métodos de expulsión. Se les impide el tránsito en retorno. Esto ha sido la causa de las situaciones vistas en el norte de Chile en los últimos días.

Venezuela, en cambio, pese a sus limitaciones, ofrece vuelos aéreos y ha repatriado a más de 30 mil connacionales mediante este Plan.

El Plan Vuelta a la Patria solo ha conseguido obstáculos en países vecinos en temas como permisología para Conviasa, suministro de combustible a nuestros aviones —en Chile y Perú— y además hay países como Argentina adonde no es posible ir por temor a que secuestren nuestras aeronaves.

Venezuela ha ofrecido respuestas concretas al tema pero los países que podrían coadyuvar a financiar el Plan Vuelta a la Patria no lo hacen porque se pliegan a las exigencias "sancionatorias".

Hay gobiernos que se quejan de tener que atender a los venezolanos. Pero sería más económico para ellos si ayudaran a repatriar en condiciones dignas a quienes solicitan apoyo para regresar. Son contradictorios.

En lo estructural Venezuela se ha ocupado en rehabilitar las infraestructuras de servicios públicos para recuperar su operatividad. Electricidad, agua, gas doméstico, combustibles, telecomunicaciones. Todos estos servicios han recuperado parte de su calidad para impactar positivamente en las condiciones de vida de la población.

En materia de servicios sociales se está trabajando en la recuperación de 40 mil edificaciones de servicios de salud y educativas en todo el país. Esta restauración podría ser más acelerada pero se ha ralentizado porque las metas trazadas en los ámbitos de salud y educación de este año se planificaron sobre la base de recursos —3 mil 200 millones de dólares— acordados en México el año pasado. Ni la oposición venezolana ni el gobierno estadounidense han cumplido.

Venezuela recuperó su PIB hacia terreno positivo desde finales de 2021 y durante todo 2022. El PIB venezolano fue el más alto en la región en 2022. La recuperación ha permitido que el sector privado incremente los salarios a sus trabajadores, que se calcula en un promedio entre los 120 y 200 dólares mensuales para la mayoría de esa fuerza laboral.

Sin embargo, el nudo crítico sigue estando en los salarios públicos y pensiones. El nuevo monto que se ha anunciado eleva los ingresos desde los 5 USD/mens a 75, acorde con lo publicado el 1º de mayo.

El desafío del Estado venezolano es hacer sostenible la base salarial y propiciar su aumento, con el bloqueo a cuestas. Si se mantienen los nuevos ingresos para quienes integran la nómina pública, se va a impactar favorablemente en diversas variables.

El aumento del consumo en la demanda de bienes y servicios puede favorecer el ciclo de retroalimentación de las actividades económicas —aumento del PIB— y, por tanto, habría mayor captación de tributos por parte del Estado. Tal conjunto de factores incidirán positivamente en las condiciones generales de la población.

Si los países vecinos quieren atender el asunto migratorio de Venezuela deben contribuir positivamente sobre las causas estructurales que la han generado; deben ayudarnos a romper el bloqueo.

Posibles escenarios como el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la restitución de nuestra membresía plena en el Mercosur son canales para ofrecer mejores condiciones al relacionamiento comercial, a la vez ayudarán a saldar la cuestión migratoria mediante los términos previstos en estos mecanismos.