Jue. 23 Mayo 2024 Actualizado ayer a las 5:04 pm

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A mayor omisión de las sanciones y el bloqueo, aumenta el servicio que proveen políticamente a favor de la oposición (Foto: EFE)
La invisibilización del bloqueo

La omisión de las sanciones en el discurso de las primarias

Los precandidatos del sector de la oposición que va a elecciones primarias evaden el tema de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) aplicadas por Estados Unidos y otros gobiernos contra Venezuela. El pasado 4 de agosto suscribieron un acuerdo de gobernabilidad que deja por fuera un futuro con o sin ellos gobernando bajo las sanciones.

Solo el precandidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, se refirió al asunto cuando fue entrevistado en CNN el pasado 7 de julio. El político barinés declaró que no ve posible que se levanten las sanciones a cambio de las inhabilitaciones políticas a algunos precandidatos como él, María Corina Machado y Henrique Capriles.

Invisibilización como único consenso

El consenso que existe entre estos precandidatos en torno al apoyo a las sanciones es mayor que el que pudiera surgir del acuerdo de gobernabilidad suscrito. En dicho documento están los "principios comunes" que regiría el programa "mínimo" de gobierno que aplicaría el ganador de las primarias en caso de ganar los comicios presidenciales del próximo año. Entre sus "medidas urgentes" están la atención a la "emergencia humanitaria compleja" y la estabilización de la economía.

Sin embargo, son conocidos los efectos que han surtido las presiones sobre la economía venezolana. Estas son la causa principal de la crisis socioeconómica que afecta a extensos sectores nacionales desde hace más de un lustro. El origen sancionatorio se registra en la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del año 2014, promulgada por el Congreso estadounidense.

Este instrumento legal sirvió de base para el denominado Decreto Obama de 2015, que declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos". A esta orden ejecutiva se le sumaron muchas más contra nuestro país, todas emitidas por la administración de Donald Trump, a partir de las cuales comenzó la escalada que llevó a 947 órdenes similares.

El senador demócrata Robert "Bob" Menendez, presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, ha anunciado su intención de presentar una ley que actualizaría la denominada Ley VERDAD (Venezuela Emergency Relief, Democratic Assistance and Development) de 2019. Tal instrumento, aprobado durante la administración Trump, buscaba dar soporte legislativo a la política de cambio de régimen adelantada contra Venezuela y afianzó de manera contundente la vía sancionatoria. Su objetivo en aquella coyuntura era limitar las posibilidades de levantar el hostigamiento, imponer el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y conferir un peso decisivo a las acciones dirigidas a dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Ninguno de los precandidatos ha hablado de un plan económico concreto, tampoco sobre la posibilidad de eliminar las sanciones o pedir un alivio de estas; mucho menos respecto a cómo sería un eventual plan de gobierno en caso de que Washington no las revierta.

¿Competir y gobernar bajo sanciones?

El desconocimiento deliberado del sometimiento infringido por Estados Unidos contra la soberanía venezolana delata que lo "mínimo" del acuerdo es "competir" con sanciones y utilizarlas como herramienta política para escalar la campaña electoral bajo el relato del "colapso económico provocado" por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La narrativa preelectoral opositora aborda "los derechos humanos y la crisis migratoria", coincidiendo con la justificación de los programas de financiamiento que instancias estadounidenses como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) instrumentan en el país. Como es sabido, las primarias son producto del ecosistema conformado por esas entidades; resulta obvio que, a mayor omisión de las MCU, aumenta el servicio que proveen políticamente a favor.

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La narrativa preelectoral opositora sobre "los derechos humanos y la crisis migratoria" es más rentable para los precandidatos que hablar sobre las sanciones (Foto: EFE)

Como estas medidas quedarán ancladas a la realidad nacional, lo que produce curiosidad es saber cuáles escenarios prefiguran estos actores políticos en caso de que ganen las elecciones presidenciales. Si la Ley VERDAD fuera aprobada, un presidente surgido de la Plataforma Unitaria Democrática tendría que gobernar en función de la gestión económica, financiera y comercial que produce el manejo de las sanciones por parte de la Casa Blanca.

La soberanía gubernamental estaría sometida a la gestión estadounidense, teniendo en cuenta la cercanía entre los dirigentes opositores y el establishment bipartidista en Estados Unidos, en contraposición a la postura del Gobierno Bolivariano que privilegia las relaciones con poderes emergentes tanto en la región como en el mundo euroasiático.

Un eventual gobierno de alguno de estos 13 precandidatos no podría alcanzar ningún tipo de acuerdo nacional que incluya a sectores del chavismo si también se promulga la Ley VERDAD, pues otorgaría rango legal a las recompensas establecidas por el Departamento de Justicia sobre el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios. Además de obligar al presidente de Estados Unidos a que remita a la Interpol esos casos para notificaciones rojas, lo mismo tendría que ser replicado por quien ocupara el Palacio de Miraflores.

También escalarían los niveles de saqueo corporativo que actualmente se presentan contra nuestro país. El texto legislativo propuesto por Menendez autoriza a la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras a los reclamos monetarios de ciudadanos y/o empresas estadounidenses. Esto permitiría la liquidación de activos venezolanos como Citgo por parte de los Departamentos de Justicia y el Departamento del Tesoro, sin derecho a litigio en los tribunales estadounidenses.

De allí que el presidente Maduro ha demandado "elecciones libres de sanciones, de bloqueo, de agresión y de guerra económica" y ha exigido al gobierno de Estados Unidos que levante todas las MCU "sin condicionamiento de ningún tipo". Las sanciones no sólo lesionan la gobernabilidad del Estado, sino que afectarían un eventual gobierno surgido de las primarias porque la estabilidad y el diálogo político estarían seriamente comprometidos, como sucede en la actualidad.

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