Simulando ser el presidente en funciones del poder legislativo venezolano, este miércoles 15 de abril Juan Guaidó ha vuelto a encabezar una maniobra de saqueo contra el dinero de los venezolanos, justo cuando el país está más necesitado de recursos debido a la pandemia de Covid-19 y a las presiones financieras multinivel que ejerce Washington contra Caracas.

La anulación del Parlamento

Mediante una videoconferencia, Guaidó encabezó una especie de encuentro informal de diputados de partidos políticos opositores para “decidir” (por fuera de sus competencias) sobre un conjunto de temas relacionados a las finanzas venezolanas que escapan de sus competencias. En principio, Guaidó no domina institucionalmente el Parlamento, pero una vez que te autoproclamas presidente del país en una plaza pública, contando con el apoyo de Washington, la frontera entre la ficción y la realidad desaparece.

Las acciones tomadas desde 2019 por la Asamblea Nacional han estado encaminadas a dotar de un extraño cuerpo jurídico al supuesto “gobierno interino” de Guaidó, con miras a revestir de legitimidad institucional la captura, robo y saqueo de activos petroleros y recursos líquidos del país.

Esto ha representado un golpe al modelo de Estado venezolano, junto al equilibrio de poderes que expresa la Constitución. Por mandato estadounidense, Guaidó es “presidente” de dos poderes públicos (el ejecutivo y el legislativo) y el lapso de su “gobierno” virtual tiene como límite temporal hasta que “cese la usurpación”. Un delirio jurídico.

Aunque esta invención no tiene agarraderos en la realidad legal y política del país, la producción ideológica y el modelo organizativo del “gobierno interino” se asemeja al de un protectorado con ficción parlamentaria.

La idea lleva consigo una carga ideológica muy parecida a la Enmienda Platt que impuso Estados Unidos en la Constitución de Cuba luego de la guerra hispano-estadounidense, diseñada con el propósito de tutelar política y económicamente a la isla del Caribe.

Esa idea de tutelaje y control semicolonial ha permeado no solo el discurso del antichavismo más exaltado, también ha influido en los actos que intentan proyectar como legales desde una fantasmagórica videoconferencia por Skype que simula ser un Parlamento.

Como resultado, el concepto de soberanía popular lo han puesto de cabeza: las “decisiones” de Guaidó tienen legitimidad porque Estados Unidos las apoya, y no porque respondan a lo que decidieron los votantes en las urnas a finales de 2015.

Washington considera que su guerra de cambio de régimen ha resultado en la abolición de la República venezolana, lo que también incluye el Parlamento que dice gobernar Guaidó.

En este delirio, el autoproclamado sería un funcionario parecido a un procónsul imperial que inviste de legalidad el dominio de la metrópolis sobre la economía, el comercio y las autoridades que conducen al país.

La clase dominante venezolana ha desbloqueado nuevos niveles de antivenezolanismo al viabilizar fronteras adentro el proyecto geopolítico de la élite mundial más desafectada y criminal de la historia.

En modo pirata: transferencia de riqueza a la Reserva Federal

Como esta expedición neocolonial ha encallado producto de la resistencia del pueblo venezolano, Washington se ha movido rápidamente en función de lo que tiene a la mano, mientras busca cómo rearmar la agenda golpista en medio del desastre sanitario del Covid-19 y el ascenso vigoroso de China que ha trastocado la posición dominante del Imperio en el orden internacional.

Y es que la urgencia marca los tiempos actuales. En la “sesión remota” de diputados opositores encabezada por Guaidó, se aprobó la transferencia de un saldo en dólares de una cuenta del Banco Central de Venezuela (en la entidad financiera Citibank de Estados Unidos) a otra cuenta en la Reserva Federal de Nueva York.

La decisión que rompe todo principio legal fue rechazada por el (BCV), institución rectora del país en materia financiera. A través de un comunicado aseveró que este movimiento provino de una orden “ilícita emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense (….) consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano a través de la apropiación indebida del patrimonio cuyo único titular es el Estado venezolano”.

Se estima que la transferencia asciende a 342 millones de dólares según reseña el portal web de Telesur. Está en duda que el BCV tenga una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York, por lo que el dinero tendría un paradero opaco y corrupto.

La tutela ilegal de Estados Unidos sobre el dinero venezolano y las cuentas públicas del país en territorio gringo ha viabilizado estas transferencias de riqueza que en muy poco se diferencian de un saqueo pirata. Y el simulacro jurídico de Guaidó tan solo lo hace más evidente y crudo, ya que en realidad no posee control del BCV para decidir sobre los recursos del país.

El manejo de los activos petroleros, industriales y líquidos de Venezuela que han sido objeto de despojo, actualmente está cargado de opacidad y dudas convincentes de corrupción. En enero del año pasado, el entonces asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, indicó que el dinero venezolano capturado por el Departamento del Tesoro se depositaría en un fideicomiso.

Hasta el sol de hoy no existe información sobre ese fideicomiso ni una fuente contrastable para determinar la situación de los activos. Han tratado de borrar las evidencias del crimen.

El despojo de recursos venezolanos ocurre en plena sequía de divisas del país mientras lucha por doblegar al coronavirus. La caída abrupta en el mercado petrolero y la escalada de la guerra de sanciones han desembocado en el aumento en los precios, la disminución de las importaciones y falta de disponibilidad de gasolina.

Estas maniobras de saqueo en plena pandemia han mellado la imagen de Guaidó entre las vocerías económicas de la oposición. El economista Francisco Rodríguez, quien se candidatea como el ideólogo de la “transición económica” de Venezuela en clave neoliberal, afirmó hace par de días que “Guaidó tiene cuentas en el exterior por miles de millones de dólares”.

Rodríguez argumenta que el diputado de Primero Justicia “Carlos Paparoni declaró que había 3 mil millones de dólares. Ellos mismos aprobaron 80 millones de dólares hace un mes para financiar sus viajes. No me digan después que no tienen dinero”.

El economista que tuvo un puesto directivo en Bank Of America y que ha cuestionado permanentemente el uso de sanciones paralizantes contra Venezuela, advierte que se eroga el dinero para el pago de la deuda de forma poco transparente sin priorizar la situación del país.

¿Dinero? Para ellos claro que hay…

Acto seguido de la transferencia ilegal de dinero venezolano a la Reserva Federal, se aprobó una ola de recursos bajo la mentada “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital”.

Frente a la pandemia y los graves riesgos sociales que supone, Guaidó ha optado por acelerar la circulación de parte de los recursos robados entre la mafia política de los partidos. Raspar la olla y rápido parece ser el mensaje de fondo, pues el Estado venezolano está accionando a nivel jurídico e internacional para conseguir acceso a las cuentas y activos bloqueados.

En total son 80 millones de dólares que se distribuirían de la siguiente manera, según recoge Crónica Uno:

• “4 millones 529 mil 229 de dólares para el proyecto de seguridad y defensa de la democracia.
• “35 millones 930 mil 260 de dólares para el proyecto de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria referida a riesgos vitales.
• “5 millones 547 mil 635 de dólares para el proyecto del fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho de la comunicación y la lucha contra la censura.
• “8 millones 803 mil 336 de dólares para el proyecto de fortalecimiento de relaciones internacionales con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia.
• “14 millones de dólares para el proyecto de defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo y la protección social de sus integrantes.
• 1 millón 986 mil de dólares para cumplimiento de las funciones de la Contraloría especial y el Poder Judicial nacional.
• “9 millones 203 mil 540 de dólares para los costos de implementación del presupuesto especial”.

La narrativa utilizada para describir los fines de estos recursos despojados a Venezuela busca confundir a la opinión pública utilizando un lenguaje humanitario pero a la vez confuso al ser tan general. Son proyectados como buenas noticias o como una solución a la crisis, aun cuando reafirma el estado de sitio en que se encuentra la economía del país.

Sin embargo, la matemática no miente y la anatomía de las prioridades que establece mucho menos.

El “presupuesto” planteado representan un fracción ínfima con respecto a lo que afirma Rodríguez que maneja Guaidó, y que incluso podría ser más si contamos el embargo (y los ingresos) de Citgo, los activos de PDVSA regados por el continente, el oro secuestrado en Londres y las cuentas bancarias bloqueadas con dinero líquido del país.

Pero también es un nuevo intento de blanquear el despojo con una oferta engañosa y extorsiva, pues ese dinero le pertenece al país y no es Guaidó una autoridad legítima y legal para manejarlo a su antojo.

No hay nada que agradecerle. Venezuela está luchando contra una pandemia y no puede hacer uso de sus recursos porque Estados Unidos se los ha arrebatado con el propósito de colapsar la economía y apuntalar políticamente a Guaidó.

Según el esquema planteado, el dinero se repartirá entre los diputados opositores afiliados a Guaidó, los embajadores fake que simulan representar al país y los medios de comunicación y periodistas que desde hace años están en la nómina sentimental del Departamento de Estado y la CIA.

También recibirá un sobre al contralor fake que trabajó con las compañías extranjeras que disputaban hace años el control de Citgo.

Como si se tratara de una película de gángsters, Guaidó reparte parte del botín saqueado entre los suyos para mantener una frágil lealtad política en el corto plazo, al menos mientras duren los 80 millones de dólares.

Los efectos de la rebatiña de una élite corrupta le están costando al país las capacidades financieras necesarias para remontar pronto su complicada situación.