ExxonMobil comenzó el año presumiendo ganancias récord en Guyana y previendo un crecimiento aún mayor gracias a nuevos proyectos. Este éxito se sustenta en un "acuerdo" con el gobierno guyanés que, bajo el pretexto de la soberanía nacional, justifica su ilegítima reclamación sobre la Guayana Esequiba, un territorio históricamente venezolano, y encubre su verdadera razón de ser: proteger los intereses de la corporación que se beneficia desproporcionadamente de su presencia en dicha zona bajo disputa.

La petrolera estadounidense superó en 2024 los niveles máximos de producción de crudo establecidos en el acuerdo suscrito con el gobierno de Guyana para mitigar los riesgos ambientales en las zonas marítimas y costeras. 

El medio guyanés Kaieteur News detalla las irregularidades en tres de los seis proyectos petroleros autorizados y operados por ExxonMobil Guyana Limited: Liza One, Liza Two y Payara, todos ubicados en el Bloque Stabroek. Si bien Liza One fue autorizado para una producción máxima de 120 mil barriles de por día (BPD), el Ministerio de Recursos Naturales registra una producción de 163 mil BPD. 

Similarmente, Liza Two y Payara, con una capacidad proyectada de 220 mil BPD cada uno, presentan una producción real de 250 mil BPD respectivamente. En total, Exxon Mobil estaría extrayendo 103 mil BPD por encima del límite acordado.

Kaieteur News cuestiona la exhaustividad del informe de evaluación de impacto ambiental, argumentando que éste omite los riesgos asociados a la descarga de agua y gas de los pozos submarinos. Según la publicación, este proceso, realizado a altas temperaturas, libera sustancias tóxicas al medio marino, lo cual implica daños ambientales que no son abordados directamente.

“Exxon Mobil trata el agua y luego la vierte al mar, mientras parte del gas lo quema y lo reinyecta a los pozos, proceso durante el cual también emite sustancias peligrosas para el ambiente”, denuncia.

El exdirector ambiental del Ministerio de Recursos Naturales, Vincet Adams, refuerza estas preocupaciones, afirmando que Exxon Mobil antepone la avaricia a los límites de seguridad ambiental. Adams critica el uso de eufemismos como "ejercicios de descongestión" por parte de la petrolera, términos que enmascaran, según él, la instalación de más tuberías y equipos para incrementar la producción en una búsqueda desmesurada de ganancias.

Un paraíso para la superganancia petrolera de ExxonMobil

Existe una significativa discrepancia en la información sobre los costos de producción petrolera ilegalmente autorizada por Guyana, que arrojan más luz sobre la rentabilidad que ExxonMobil está obteniendo de sus operaciones a costa de la subordinación del país. 

Un reporte de ExxonMobil Guyana Limited (EMGL), que establece un costo de equilibrio de 40$ por barril para sus proyectos, se contrapone con un análisis de Rystad Energy, una firma independiente de inteligencia energética, que estima un costo inferior a 20$ por barril para los proyectos actualmente en producción.

Rystad afirma que los yacimientos marinos se ubican entre "las fuentes de suministro más competitivas fuera del Medio Oriente y las costas de Noruega", superando en rentabilidad a gigantes terrestres como el Pérmico estadounidense o Rusia. 

"Lo que ayuda a transformar a Guyana en un peso pesado mundial en la producción offshore son sus competitivos costos de equilibrio, que promedian 28 dólares por barril en todos los proyectos y menos de 20 dólares por barril en los proyectos de producción”, señala.

Esta evaluación contrasta marcadamente con la cifra ofrecida por ExxonMobil, respaldado por el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana. El vicepresidente de ExxonMobil Guyana, Phillip Rietema, declaró en julio del año pasado que las operaciones de la compañía son viables a un precio de equilibrio de 40$ por barril. El Ministerio, a su vez, desglosa estas cifras, indicando un costo de equilibrio de 35$ para Liza 1 y 25$ para Liza 2.  

Cinco años de explotación ilegal

En diciembre de 2024, con motivo de cumplirse cinco años de explotación ilegal de ExxonMobil en aguas territoriales que están por definirse entre Guyana y Venezuela, la empresa emitió un comunicado resaltando supuestos números de favorecimiento mutuo en el acuerdo con Georgetown.

La declaración afirma que, en cinco años, la producción petrolera ha convertido a Guyana en el tercer mayor productor per cápita del mundo, que más de 6 mil guyaneses trabajan en el sector gracias a ExxonMobil, y que la empresa y sus proveedores han invertido más de 2 mil millones de dólares en más de 1 mil 700 empresas locales. 

La "celebración" de ExxonMobil oculta las deficiencias estructurales del acuerdo petrolero y la gestión gubernamental de los recursos, además de ilegalidad manifiesta de operar en una zona disputada.

El contrato exime a las compañías petroleras del pago directo de impuestos, responsabilidad que asume Guyana, y permite la recuperación del 75% de las inversiones antes de la repartición del 25% restante. De este porcentaje, Guyana solo recibe el 12,5%, más una regalía del 2%. Esta estructura está combinada con la falta de mecanismos independientes de verificación de la producción: el país depende exclusivamente de los datos proporcionados por ExxonMobil.

La falta de transparencia se extiende a la gestión del Fondo de Recursos Naturales (NRF), creado en 2021 para regular los ingresos petroleros. A pesar de los retiros significativos del fondo (607,6 millones en 2022 y 1 mil millones en 2023), el gobierno no ha especificado públicamente las "prioridades nacionales de desarrollo" que se financian con estos fondos, según lo exige la ley.

Tom Sanzillo, del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), citado por Kaieteur News, señala que, en lugar de priorizar el ahorro, el gobierno ha invertido en proyectos de infraestructura y energía que podrían beneficiar más a ExxonMobil que a la población, sin un proceso público de rendición de cuentas. Arthur Deakin, de Americas Market Intelligence, coincide en la falta de una visión clara sobre el uso de los ingresos petroleros para mejorar la vida de los guyaneses a pesar del rápido crecimiento del sector. 

El gobierno ha descartado firmemente la posibilidad de renegociar el contrato. El 30 de diciembre de 2024, Irfaan Ali rechazó las peticiones de la oposición y de activistas, argumentando el respeto a la "santidad de los contratos" y la necesidad de "mantener la confianza de los inversores".

En lugar de buscar una revisión del contrato, el gobierno ha autorizado seis nuevos proyectos FPSO, para incrementar la explotación petrolera en el bloque Stabroek, operado por ExxonMobil.

Pretextos para la presencia militar estadounidense

La expansión de las actividades extractivas de ExxonMobil autorizadas ilegalmente por Guyana coincide con un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en el país. Como se evidenció en una publicación anterior en MV, a pesar de la reunión entre los presidentes Maduro y Ali en 2023, destinada a fomentar el diálogo sobre la controversia del Esequibo, la cooperación militar entre Estados Unidos y Guyana continuó intensificándose en 2024.

Esta permisividad del gobierno guyanés hacia las operaciones de ExxonMobil facilita el despliegue de activos militares estadounidenses, convirtiendo a Guyana en una plataforma logística y centro de operaciones que exacerba las tensiones regionales. 

La interconexión entre intereses económicos y militares crea un escenario que busca amenazar la soberanía de Venezuela en 2025, especialmente ante la asunción de Trump a la presidencia de Estados Unidos, que ya se percibe como un factor que podría intensificar las tensiones.