El pasado martes 24 de febrero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con las víctimas de la violencia política en Venezuela. La reunión se enmarcó en el proceso de debate y construcción alrededor de la Ley de Amnistía, un instrumento jurídico que condonaría a personas procesadas por hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta 2025.

Durante su intervención, la mandataria realizó un recuento del contexto histórico que precedió a la Revolución Bolivariana, destacó el papel del proceso en la inclusión de vastos sectores sociales en el quehacer político nacional y recordó las reacciones violentas que, desde los inicios del gobierno del presidente Hugo Chávez, comenzaron a sucederse en reacción.

En ese sentido, señaló la necesidad de subsanar una herida primordial, al decir que "lo primero que hay que curar es el odio", y que el país necesita sanar "las expresiones de intolerancia, de no reconocer al distinto, al que piensa distinto, al que tiene un credo distinto, al que tiene una expresión sexual distinta. Y de no reconocer, sobre todo, el derecho a la dignidad del que es diverso".

Se trata de un planteamiento distintivo, presentado nada más y nada menos que por la máxima autoridad del Gobierno Nacional en estos momentos. Sin embargo, esta declaración abre interrogantes cruciales que trascienden lo jurídico: ¿es posible el reconocimiento y la reconciliación nacional cuando hay odio? ¿Cómo actuar o desde dónde posicionarse cuando una de las partes no está dispuesta a reconocer a la otra como legítima?

LA HERIDA DE LA DISCRIMINACIÓN

Para abordar estas preguntas, es necesario mirar bajo la superficie política y adentrarse en lo cultural. En su volumen N° 16 del año 2018, la Revista Latinoamericana de Psicoanálisis dedicó su publicación al estudio de las implicaciones e improntas del racismo sobre el sujeto. En su artículo, la psicoanalista venezolana Margareta Hargitay Wieser abre con las siguientes palabras:

"El venezolano se jacta de ser abierto y de no discriminar por raza, cultura o nivel socioeconómico, pero sabemos que esto es una mentira, que hay atributos personales que nos hacen mejores o peores ante los ojos del otro, que hay quienes desde que nacen son desvalorizados y hasta odiados por su color de piel, ojos, cabello, etc." (p. 132).

Su planteamiento da cuenta de un constructo imaginario y simbólico que persiste en la población venezolana y que ha funcionado como acicate para la promoción del odio por razones políticas, especialmente al verse elevado a la categoría de principio rector de las diferencias. En el núcleo de este pensamiento residen el clasismo y la aporofobia: un profundo rechazo al pobre. En Venezuela, como en otros países de la región, esta discriminación es indisociable del racismo; no existe clasismo sin racismo. La degradación social del otro, en clave clasista, opera mediante su exclusión del mundo "blanco", asociado con lo bueno, lo superior, lo deseable y lo educado.

A despecho de quienes insisten en que en Venezuela eso no existe, bajo la premisa de que somos un pueblo "chévere", mestizo y chalequeador, la evidencia apunta a lo contrario. Basta observar la naturaleza de los ataques violentos dirigidos contra el proyecto, los líderes y el pueblo chavista. Cada agudización del conflicto político en el país ha venido acompañada por una campaña de odio, marcada por un fuerte desprecio de clase y raza.

El mensaje insiste en asociar al chavismo con la persistencia de manifestaciones del pueblo negro y pobre, entendidas como degradaciones estéticas y espirituales de lo social y culturalmente positivo. Recientes discursos opositores lo confirman al enmarcar el conflicto no como un debate de ideas, sino como una batalla entre la "luz" y la "oscuridad", el "bien" y el "mal", oponiendo la "academia" al "arrabal" y calificando al proyecto popular como una fuerza "descivilizadora" del lado de lo "barbárico", lo "vulgar" y hasta "pagano", dicotomías características del pensamiento colonial. Desde esta tribuna, el tema ya ha sido abordado en anteriores notas, desde la perspectiva del análisis del discurso, lo conceptual y la historia.

La relación causa y efecto que sostiene dicha narrativa, entre lo que asevera el prejuicio y la presunta incapacidad para gobernar es directa: se niega la aptitud política basándose en una inherente inferioridad moral y estética, por razones de raza y clase. No en vano, apenas al inicio de su primer gobierno, parte del discurso social contra el presidente Chávez fue señalarlo de "bruto", "mono" y "negro".

Según el psiquiatra martiniqués Frantz Fanon, estos prejuicios asentados en nuestro ADN cultural, vía conquista y colonización europea, no tienen un carácter racional. No se trata de razonamientos críticos, lógicos o con un basamento argumental concreto; por eso resultan tan fáciles de estimular por vía simbólica.

Para Grada Kilomba, el reconocimiento del accionar de cada cual en el desencuentro político es crucial si se pretende una verdadera reparación. Esto implica una tarea transversal a todas las facciones, entendiendo que, necesariamente, la reconciliación exige ceder espacios y revisar dinámicas de poder. Sin embargo, como bien señala la autora, el proceso exige un trabajo de conciencia que va más allá de lo jurídico:

"La reparación es el proceso de negociación del reconocimiento. Se negocia la realidad. En este sentido, es el acto de reparar el daño causado por el racismo cambiando las estructuras, las agendas, los espacios, las posiciones, las dinámicas, las relaciones subjetivas y los vocabularios; esto es, renunciando a los privilegios. Estos pasos revelan que la conciencia del racismo no es tanto una cuestión moral como un proceso psicológico que exige trabajo. En este contexto, en vez de hacerse la pregunta moral común: '¿Soy racista?', y esperar una respuesta cómoda, el sujeto blanco debería preguntarse: '¿Cómo puedo desmantelar mis propios racismos?'. La pregunta misma inicia el proceso» (Memorias de la plantación, 2023, p. 30).

Si bien el texto refiere al racismo específicamente, bien podría aplicarse a cualquier otra discriminación y a todas las partes involucradas en el conflicto venezolano.

Sin aceptación de la existencia del otro distinto —concebido o no como adversario político— como un real, y sin la capacidad psíquica para asimilar los límites y la "castración" que impone esta situación, no es posible reconciliación alguna. Ese es el principal reto que la amnistía abre para toda la sociedad venezolana. Y en ese sentido es que la reconciliación no significa hermandad y reencuentro incondicional, sino que debe sustentarse en principios claros que ordenen el proceso.

La deshumanización del pueblo chavista, lograda tras años de operaciones cognitivas y una campaña psicológica sistemática —con la participación de influencers y comunicadores de oposición haciendo eco de estos mensajes, junto a presuntos líderes políticos negando la existencia del pueblo chavista—, es una realidad tangible. No es posible la reconciliación con una facción que niega la existencia de un sujeto colectivo con agencia, incidencia, capacidad de control y movilización.

Por algo la Ley de Amnistía exime determinados delitos de su cobertura. Su alcance no incluye homicidios intencionales, lesiones gravísimas, violaciones a DDHH, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción ni delitos de traición a la Patria. La mayoría son delitos de naturaleza violenta, incompatibles con la reparación del ejercicio político del país. Para que exista un verdadero proceso de reconciliación nacional, el odio no puede tener cabida en la ecuación. De ahí que la implementación efectiva y tajante de estas excepciones sea un requisito indispensable.

EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIA ÉPICA ES TAMBIÉN UNA ACCIÓN REPARATIVA

Aún después de eventos críticos como el bombardeo del 3 de enero, seguidores del extremismo opositor se niegan a reconocer el estado actual de las cosas: el chavismo ha sido capaz de resguardar la continuidad del orden constitucional de la República. Esto ha sido considerado tácitamente por la propia administración estadounidense, dado el desarrollo de los acontecimientos.

El ataque militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro fueron, sin duda, un golpe directo a la institucionalidad venezolana. Pero a pesar de la magnitud de la agresión, el cambio de régimen no se concretó: estamos ante un escenario inédito por esa razón. Se ha mantenido la estabilidad político-social y la integridad territorial.

También hay que destacar que, en medio de un escenario de shock masivo, miedo e incertidumbre, la ciudadanía procuró, progresiva pero casi inmediatamente, recuperar su cotidianidad; muestra de que la preocupación social sigue residiendo en el sostenimiento de la vida y la búsqueda de estabilidad. Evaluar esto de cerca es una condición sine qua non para cualquier facción política que pretenda caminar hacia la recomposición del tejido político nacional.

La Constitución Bolivariana de la República ha sido la hoja de ruta fundamental ante este nuevo momento, al ser el instrumento contentivo de los principios, valores y normas bajo los cuales se concibe el Estado venezolano y el pilar para el resguardo del orden republicano ante la acción destructiva que los discursos de odio. Una constitución que, por cierto, es logro y obra del proyecto chavista.

Es crucial que esta épica y este legado sean reconocidos e integrados por el propio pueblo chavista para la defensa de su identidad y sus propuestas para el país, ante la nociva insistencia de un sector que parece eternamente casado con la antipolítica.