Los daños en términos humanos, económicos y sociales que han causado a Venezuela las medidas coercitivas unilaterales (MCU) son incalculables. A varios meses de que se instaló la nueva Asamblea Nacional, electa constitucionalmente en diciembre del año pasado, todavía salen a la luz detalles de la mayor trama de corrupción y desangre contra la nación, avalada e impulsada por el anterior periodo legislativo.

Si bien este poder público durante los cinco años tuvo una oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y en otros casos una actitud complaciente a los designios de Estados Unidos, fue el periodo presidido por el exdiputado Juan Guaidó el que avaló el saqueo de los activos por parte de las potencias imperiales.

Y es que su autonombramiento como presidente de la República constituyó el elemento jurídico que faltaba para concretar el despojo, bloqueo de cuentas en el exterior y hasta el intento de invasión de nuestro territorio por parte de fuerzas militares extranjeras.

Fueron intereses locales, hemisféricos e imperiales los que se conjugaron para sacar provecho de nuestras riquezas a través del intento de fractura del Estado venezolano. En algunos casos estos planes se concretaron, sobre todo con los recursos financieros y empresas que por estar fuera del país estaban lejos del alcance de la protección de la Revolución Bolivariana.

En ese cruce de intereses locales y foráneos los autores intelectuales y materiales no pensaron en las consecuencias devastadoras para la población, sobre todo los más vulnerables, los que dependen mayormente de los servicios públicos de salud, alimentación, entre otros.

La nueva Asamblea Nacional y sus comisiones han ido desentrañando nuevas tramas de corrupción que engrosan el expediente criminal de todo el andamiaje de la presidencia fake instalada por Washington. En una entrevista hecha por Últimas Noticias (ÚN) a José Brito, quien preside la Comisión Especial designada para investigar al Poder Legislativo correspondiente al periodo 2016-2021, se revelaron nuevos detalles que muestran el rumbo que tomaron algunas empresas administradas por el clan Guaidó.

La AN del periodo que se investiga tuvo varios niveles de presión contra el Gobierno Bolivariano. Lo que en una primera etapa se trató como una maniobra para destituir al presidente Nicolás Maduro desde el Poder Legislativo y generar caos entre poderes públicos, fue escalando hasta el intento de construcción de un gobierno paralelo.

Si bien este contexto estuvo signado por la guerra económica interna y externa, el gobierno pudo ir sorteando la crisis con algunas políticas efectivas como el desarrollo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, la intervención estadounidense se hizo cada vez más presente y la aplicación de MCU empezó a mellar la capacidad de respuesta del gobierno.

El golpe más duro lo recibió el país cuando la rapiña local y extranjera se posó sobre los activos venezolanos fuera del territorio, terreno que fue abonándose desde 2017 cuando Julio Borges desde su autoridad como jefe del parlamento emprendió una gira para promover el cerco económico y financiero, el antecedente inmediato de las "sanciones" de Washington.

Con el aval de la "presidencia interina" y el nombramiento de justas ad hoc inicia la cacería sobre Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos, y Monómeros, el segundo activo venezolano más importante en el exterior, ubicado en Colombia. El robo a la nación tiene implicaciones directas en los países donde se ubican estos recursos.

En el caso del país vecino, su participación más evidente fue cuando funcionarios de migración no permitieron la entrada de Ronald Ramírez, designado por el presidente Maduro para dirigir la empresa filial de PDVSA, a Colombia, alegando que era colaborador de una "dictadura". Esta decisión del gobierno de Iván Duque se dio a pocos días de que Guaidó se autoproclamara presidente, lo que demostraba el plan en curso. Esta acción ocurre incluso antes de que Estados Unidos decidiera tomar partido sobre Citgo.

¿Por qué Mónómeros es tan codiciada?

La principal industria petroquímica de Venezuela, Pequiven, en 2006 adquirió el 100% de las acciones de la empresa Monómeros, que antes era manejada por un consorcio de empresas públicas y privadas colombianas. Esta compañía que produce fertilizantes necesarios para el sector agropecuario tiene la capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala, el equivalente al "46% de la distribución de fertilizantes en Colombia y la cobertura de más de 70% de la demanda de agroquímicos", según RT.

Asimismo, produce ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, ciclohexanona, yeso, carbonato de sodio, azufre, soda caústica, ácido fosfórico, amoníaco, metanol, entre otros productos indispensables para el sector alimentación, salud, papel, detergente, gaseosas, cemento y pintura.

El Complejo Petroquímico Libertador Simón Bolívar ocupa un área de 52 hectáreas cerca a la desembocadura del Río Grande de la Magdalena, lo que le da autonomía y puertos propios para distribuir lo que produce en 50 países del mundo. Esta enorme operatividad ubica a Monómeros entre las principales empresas del país y la región.

José Brito, exmilitante de Primero Justicia y ahora en las filas de Primero Venezuela, refiere que las pérdidas para la nación son monstruosas y que de los diferentes reportes de universidades y demás organizaciones, calculan que lo que dejaría de percibir el país debido al bloqueo asciende a 190 mil millones de dólares.

La directiva ad hoc de Guaidó, a cargo de Jon Bilbao Baroja, destituido posteriormente, detalló que a finales del año pasado recibirían ganancias por 6 millones de dólares, recursos que obviamente no irán a parar a Venezuela.

Las ONG y su complicidad con el robo

Sobre otros elementos que también sacan provecho a la situación de bloqueo, Brito señala que también investigarán a las ONG por ser "cómplices necesarios para la apropiación indebida de dinero proveniente de ayuda humanitaria de recursos foráneos como también de recursos propios del Estado venezolano". La figura del "implementador" es uno de los primeros en ser investigados, quienes se quedan con el 30% destinado a los migrantes.

Respecto al destino de estos fondos señala:

"Crearon un fondo llamado Fondo de Inversiones de Venezuela, Fivendev con cuentas en Sudáfrica que hemos podido determinar a través de la investigación, donde iban a parar dineros de donaciones de estos implementadores. Es un fondo creado por dos personas, uno de ellos primo-hermano de Juan Gerardo Guaidó Márquez. Fue creado para poder justificar ante la banca internacional estos recursos que provienen del ejercicio de hacer de este movimiento, entre comillas, opositor en Venezuela, un gran negocio. Ese dinero terminó en manos distintas de lo que tiene que ver con ayuda humanitaria".

Bajo la mampara de la ayuda humanitaria se ha recolectado dinero en distintas partes del mundo para los venezolanos. Ante esto señala que no hay una estructura orgánica o fondo oficial que canalice dichos recursos.

"Eso fue un parapeto para hacerse de un dinero que era para la ayuda humanitaria o actividades relacionadas con el devenir político en Venezuela. La última información que manejamos por estados de cuenta es que ya ese fondo prácticamente lo rasparon y allí no hay dinero".

El parlamentario detalla que, por ejemplo, de los 500 millones de euros recolectados en España, nadie sabe el paradero. Pero nada de esto sería posible sin el aparato sostenido por la administración Guaidó y los partidos involucrados en esta gran trama de corrupción. Sobre esto, menciona que, según las investigaciones, quien vendía el crudo para ser refinado a través de Citgo era una persona ligada a Henry Ramos Allup.

Monómeros como pieza del narcoestado colombiano

Siguiendo esta lógica de complicidad para sacar provecho de la situación, Brito menciona que sobre el caso Monómeros en los próximos días revelarán una "muy vergonzosa" trama de corrupción.

"Vamos a presentar al país situaciones como el de una empresa de fertilizantes Monómeros, que está siendo utilizada como plataforma de grupos delincuenciales colombianos. No quiero dar más detalles para no enturbiar la investigación. ¿Cómo se repartieron Monómeros? Esto es tuyo, esto es mío; esta es la cuota de Primero Justicia, esta es la cuota de AD, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular".

El primer indicio de corrupción en la empresa salió a la luz pocos meses después de que la directiva nombrada por el gobierno fake asumiera el cargo. "La ‘presidenta’ de la junta ad hoc de Pequiven del proyecto Guaidó, Diana Bracho, presentó el informe de gestión de Monómeros con un grosero maquillaje contable para intentar disimular las pérdidas de unos siete millones de dólares (25 mil 792 millones 704 mil pesos) en 2019", dijo La Tabla en aquel momento.

Además de confesar que el dinero no había sido entregado a Pequiven, sino que la junta directiva ficticia se quedó con él, la realidad es que "se tiraron los $US 20 millones de ganancias de 2018, las reservas de inversión y los resultados acumulados de años anteriores".

La periodista Patricia Poleo también se cuestiona cómo es que teniendo todo a favor la empresa registre pérdidas.

"¿Por qué una empresa con la capacidad operativa al mismo nivel, sin sanciones impuestas, con el apoyo del gobierno colombiano y sus instituciones, están dando un margen de ganancia ínfimo con respecto a los balances de los años previos al 2018?".

Fueron muchos los factores que se sumaron al descalabro del aparataje construido para despojar a Venezuela de sus activos fuera del territorio, hechos que fueron insostenibles incluso para la propia oposición.

"Cuando llegó el momento de designar a la Junta Directiva, Leopoldo López me pidió que elaborara una lista; yo no soy petroquímico, soy petrolero, así que me asesoré con mis compañeros de Petróleos de Venezuela —que algunos son petroquímicos— y me dieron una lista que fue la que yo pasé. Lo único que valía para integrar esa lista eran los méritos profesionales y la trayectoria moral y ética. Se la entregué a Leopoldo. Después vino la mano tenebrosa y metieron gente allí por razones de tipo político", confesó Calderón Berti en una entrevista a PanAm Post.

Todo el andamiaje empezó a resquebrajarse cuando Humberto Calderón Berti, quien fuera nombrado como embajador por Guaidó, denunció los actos inocultables de corrupción por parte del clan que lo nombró como diplomático.

Básicamente, el falso diplomático expone que los intereses económicos partidistas estuvieron por encima de la unidad que se intentó proyectar.

Sobre la destitución de Bilbao como presidente de Monómeros, Calderón Berti dice:

"Debe ser que no se prestó para lo que algunos querían. Lo que si sé —capaz él te lo puede confirmar— es que antes de que lo nombraran formalmente, hubo reuniones en Caracas haciéndole exigencias. Estaban en el restaurante Amazonia. Dos reuniones en Amazonia y otra reunión aquí en el Hotel Marriott haciéndole exigencias, pregúntale a ver quiénes fueron. Pide la lista de quienes han pasado por Monómeros pidiendo cosas. Que publiquen esa lista, de todos, sin excepción".

En cuanto a esos que pedían "cosas", el diplomático fake dice que fueron diputados a la Asamblea Nacional (saliente).

Respecto a la pregunta del entrevistador de si se trataba de contratos lo que buscaban esos diputados, dice:

—Lo que haya sido. Parece que la urea es muy apetecible, gente que quería vender urea. Comprar materia prima, ser intermediarios en negociaciones.

—La urea funciona para la producción de cocaína, ¿no?, pregunta el entrevistador.

—Es precursor, pero no estoy diciendo eso, no me quiero meter en esas profundidades. Pero sí es un tema delicado que hay que verlo… ¿Por qué tanto interés?.

—Un diputado de Acción Democrática ha pedido contratos de urea.

—Pregúntale a Bilbao. Él tiene que saberlo, yo espero que él tenga la entereza y el coraje de decir la verdad.

En este contrapunteo de preguntas y respuestas ya la producción de urea-cocaína adquiere relevancia.

Más de un año después, el diputado opositor que lidera la comisión que investiga los actos de corrupción de la anterior gestión legislativa dice que hay indicios de que Monómeros aumentó la producción de urea, materia prima para fabricar cocaína.

"Eso nos llamó poderosamente la atención. Cuando empezamos a investigar encontramos que dentro de la directiva ad-hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo está Guillermo Benzecry Izaguirre, hijo de Guillermo Benzecry, conocido criador de caballos. En Colombia le dicen caballistas; hermano de Roberto Benzecry Izaguirre, La Corporación Venezolana de Petróleo, opera desde las oficinas de Monómeros en Cali, Colombia y a través de la figura de Guillermo Benzecry Izaguirre, se estaría incidiendo para el aumento de la producción de urea en detrimento de otros fertilizantes. La mayoría de esta sobreproducción de urea estaría siendo adquirida por un holding de empresas que maneja, dirige y planifica su hermano Roberto Benzecry Izaguirre. Ellos tienen marcada vinculación con el lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria que es Fabio Ochoa. Y este holding de empresas estaría vendiéndole urea al cartel de los Ochoa y el cartel que maneja alias Doble Rueda, señalado de ser el que manejaba los campamentos cuando la Operación Gedeón. Es decir, el verdadero negocio de Monómeros es suministrar urea a los carteles del narcotráfico colombiano".

La urea, por su versatilidad, puede tener varios usos en la producción de cocaína. Uno de ellos es que puede ser utilizada para producir amoniaco de manera clandestina, ya que el mismo está restringido por su uso ilícito en la producción de estupefacientes. La urea también es usada para el proceso de cristalización de la pasta de coca, de hecho es uno de los "precursores" clásicos para la fabricación de cocaína.

Visto desde afuera, no sorprende que se conjugue una triada criminal con distintos intereses contra Venezuela. Por una parte, los intereses que subyacen por parte de Colombia y Estados Unidos como mayores productores y consumidores de cocaína, y, por otra, el robo de una empresa de gran valor al país petrolero para mantener el negocio de la droga y sacar a un enemigo fuerte del camino.

Como se ha visto en los últimos años, y sobre todo en los últimos días, la Revolución Bolivariana combate contra fuerzas territoriales que incluye a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia y otros factores tercerizados, pero con grandes intereses en la disputa fronteriza, como las bandas narcoparamilitares que operan bajo la mirada cómplice de los gobiernos mencionados, aun cuando estos han establecido políticas para "acabar con la producción de droga".

Por eso no sorprende que el narcotráfico tenga implicaciones directas en el intento de cambio de régimen en Venezuela y que Juan Guaidó haya sido escoltado por Los Rastrojos para llegar a Colombia cuando se intentó ingresar al país con una supuesta ayuda humanitaria en 2019.

Si el Gobierno Bolivariano constituye una piedra de tranca para los intereses narcoimperiales es porque no se ha dejado imponer dicha agenda. Basta ver la ruta por donde transita la droga entre Colombia y Estados Unidos (el Pacífico) para saber que Venezuela no está en ese camino. Por otra parte, nunca se ha demostrado que en este territorio se produzca cocaína ni se siembre coca y los duros golpes que ha recibido el narcotráfico por parte de la FANB son evidentes.

Los dislates del periodo Guaidó, el más oscuro para la República, minaron la unidad de destino que se trazó la oposición cuando fue mayoría en las elecciones de 2015. Fue tan grande la fractura que el sector más racional del antichavismo se organizó contra la cúpula del G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) y surgió la denominada "rebelión de los suplentes" en 2019.

El año 2020 se inauguró con una nueva directiva en la AN más plegada a los intereses nacionales mientras que Guaidó se autojuramentó como presidente vitalicio manteniendo una imagen penosa sostenida por redes sociales con el apoyo de Estados Unidos y algunos países satélites.

"La AN de mayoría opositora, y con vocación golpista, ha protagonizado muchas de las acciones que nos han llevado hasta nuestro presente. Gestionó y apoyó un escenario que sufrimos hoy la mayoría de los venezolanos", dice Brito.

Su misión desde la comisión que lidera consiste en buscar si existen elementos de convicción que indiquen que se "incurrió en un daño patrimonial a la nación, entonces será plenaria, una vez que presentemos el informe definitivo, la que va a determinar la responsabilidad política sobre estas personas. De las sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar, será a través de las instancias correspondientes que actuarán sobre el particular".

Con el rescate del Poder Legislativo se busca la estabilidad de la nación, puesta en vilo por la agenda imperial. Si bien el daño es profundo, la unidad del Estado venezolano sirve para seguir siendo piedra de tranca para los que intentan fracturar el país y la región.