La situación de la refinería en suelo estadounidense Citgo, filial de PDVSA, actualmente crítica debido a la amenaza de un embargo, no solo afectará a Venezuela sino que también tendrá un impacto significativo en la seguridad energética de Estados Unidos. Alejandro Terán Martínez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas (ALEP), ha hecho un llamado a la acción para evitar la aplicación de este procedimiento y proteger así a Citgo de esa situación perjudicial.

Consultado por Últimas Noticias, Terán Martínez ha señalado que el embargo sería contraproducente para Estados Unidos ya que Citgo es una de las principales refinerías del país, con un importante papel en la distribución de combustible a lo largo de su territorio. La pérdida de la capacidad de refinación de Citgo podría exacerbar la crisis energética que ya enfrenta Estados Unidos, y lo obligaría a depender aun más de importaciones de combustible, algo que el país busca evitar.

Citgo posee tres refinerías en Estados Unidos (Lake Charles en Louisiana, Corpus Christi en Texas y Lemont en Illinois), así como una red de poliductos y estaciones de servicio. Con una capacidad de refinación de 750 000 barriles de crudo por día, la empresa es crucial para el suministro de combustible en el país.

En este escenario, Terán Martínez ha propuesto la creación de un "Acuerdo Energético Nacional" en Venezuela, así como un "Comité de Víctimas del Embargo a Citgo" para proteger a los trabajadores petroleros que se encuentran en una situación vulnerable frente a la posible pérdida de sus empleos y de la empresa en la que trabajan.

El abogado explica que los trabajadores, como parte afectada por la situación de Citgo, pueden solicitar al gobierno estadounidense un "estado de atraso" conforme al Capítulo 11 de las leyes de quiebra del país. Este mecanismo permitiría a las empresas en dificultades financieras reestructurar sus deudas y evitar la liquidación, algo a lo que Citgo sería elegible dadas sus circunstancias financieras favorables.

Sin embargo, el proceso de solicitud de este "estado de atraso" constituye un desafío debido a la situación de Citgo como empresa venezolana radicada en Estados Unidos. La decisión de pedir dicha medida recae en los acreedores, el propietario de la empresa o un tercero interesado, como los trabajadores de la filial venezolana.

La mayoría de los bonos petroleros se encuentra en manos de la banca estadounidense, lo que lleva a que a los acreedores les resulte más conveniente la ejecución del embargo para obtener mayores beneficios. Ante este panorama, el presidente de la ALEP considera que los trabajadores pueden jugar un papel crucial en la solicitud del "estado de atraso" al presidente de Estados Unidos, quien posee la autoridad para reactivar el decreto ejecutivo de protección de activos establecido durante el gobierno de Trump.

Las sanciones impuestas a Venezuela y la falta de reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos impiden que Venezuela, como propietario de Citgo, solicite legalmente el "estado de atraso". Terán Martínez enfatiza el hecho de que el falso gobierno de Juan Guaidó, "reconocido" por Estados Unidos en su momento, no solicitó esta medida para evitar la apropiación ilícita de Citgo, lo cual demuestra que detrás de la orquestación de una plataforma paralela al Estado venezolano, con la que se prometió a los seguidores de la dirigencia opositora una supuesta "transición democrática", solo se perseguía cumplir con los intereses estadounidenses. 

No sobra recordar que las acciones de la Operación Guaidó contaron con el apoyo de la Plataforma Unitaria y Vente Venezuela, que ahora encubren de nuevo esa tarea en la búsqueda de apoyo electoral para las presidenciales.

La crisis a la que Washington indujo a Citgo, con colaboración del falso interinato, se ha convertido en un dilema para ellos, al igual que las sanciones, en un contexto de crisis energética de la que Estados Unidos también es en gran parte responsable. Por tanto, se les hace cuesta arriba manejar la posibilidad de perder la productividad de un activo estratégico para su seguridad energética, solo para seguir presionando política y económicamente a Venezuela. Esto reafirma la necesidad de inclinarse hacia lo que el gobierno venezolano siempre ha apostado: diálogo político con soluciones que beneficien a ambas partes.