Durante años, la presión ejercida por Estados Unidos contra Venezuela, presentada ante la opinión pública global como una cruzada moral, fue cambiando de ropaje según las circunstancias. Primero invocaron la defensa de la democracia y de los derechos humanos; más tarde, el país como una amenaza; y, finalmente, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular que, según la Casa Blanca, "dañaban a los estadounidenses".
En ese itinerario discursivo, el petróleo aparecía apenas como un elemento lateral, casi incómodo, deliberadamente desplazado del centro del relato oficial.
Sin embargo, cuando el presidente Donald Trump decidió hablar sin velos, la arquitectura completa de esa narrativa se desplomó. El 16 de diciembre de 2025, al declarar abiertamente que Venezuela debía "devolver a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y los activos que nos robaron", no solo reveló una motivación largamente conocida, sino que confirmó que la agresión sostenida nunca fue una cuestión de principios, sino el intento de apropiación material de un recurso estratégico.
La afirmación de que el petróleo venezolano pertenecía, por algún derecho histórico no explicitado, a los Estados Unidos, marcó un punto de inflexión. Allí, el lenguaje de la seguridad nacional se fusionó sin rubor con el del negocio petrolero. La cañería quedó al descubierto; las caretas, definitivamente, cayeron.
No obstante, esta franqueza tardía convivió con una contradicción persistente en el propio discurso de Trump. A lo largo de su carrera política reciente, el presidente estadounidense calificó reiteradamente el crudo venezolano como "horrible", "alquitrán", "el material más sucio que puedas imaginar" y "probablemente el peor petróleo del mundo". Resulta difícil conciliar ese desprecio con la obsesión declarada por "apoderarse" de él.
La confusión se profundiza cuando se contrasta con la retórica de la "independencia energética" que Trump convirtió en pilar de su Agenda 47, en plena campaña electoral.
Mientras proclamaba que Estados Unidos posee "más oro líquido bajo sus pies que cualquier otro país" y que avanzaría hacia el dominio energético global, simultáneamente insistía en la necesidad de controlar el petróleo venezolano.
Este vaivén discursivo alcanzó su expresión más reveladora tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada Cilia Flores, cuando Trump convocó a las grandes petroleras estadounidenses y europeas a una reunión de alto nivel.
Allí, sin un plan técnico detallado ni garantías jurídicas claras, lanzó una cifra redonda y grandilocuente: 100 mil millones de dólares en inversiones para Venezuela.
La propuesta, más cercana a la euforia política que a una hoja de ruta energética, contrastó con la cautela de las propias empresas porque precisamente se busca operar en un entorno creado por la misma política de sanciones que Washington impuso.
Esa ligereza se hizo aún más evidente días después, cuando Trump concedió una entrevista al New York Times.
Al ser preguntado por el periodista David Sanger si el petróleo había sido el factor decisivo en su política hacia Venezuela, el presidente respondió: "El petróleo estaba allí por casualidad. No lo olvide, el petróleo tardará un tiempo, pero no lo hemos dicho, aunque hoy hemos conseguido muchos barriles de petróleo, como probablemente ya sabes".
Cuando Sanger insistió, Trump añadió: "Ni siquiera sabíamos que todo ese petróleo estaba almacenado allí".
Esta confesión revela con claridad la improvisación y la falta de información que subyacen a decisiones de enorme magnitud geopolítica y económica.
Estados Unidos sí necesita del petróleo venezolano
Aunque la retórica de Trump buscaba proyectar poder y autonomía energética, la realidad técnica dibuja un panorama más complejo. Venezuela no es solo un país con reservas gigantescas: su petróleo aporta variedad esencial (desde livianos hasta extrapesados); así, lo convierte en un componente estratégico para el funcionamiento del complejo refinador estadounidense.
La operación eficiente de este sistema depende de un equilibrio de insumos que la producción doméstica estadounidense, por sí sola, no puede garantizar.
Estados Unidos ha consolidado su liderazgo mundial en producción de crudo, alcanzando en 2025 un promedio de 13,8 millones de barriles diarios, según la Administración de Información Energética (EIA).
Sin embargo, la mayor parte de este volumen corresponde a petróleo ligero, concentrado en Texas, particularmente en la cuenca Pérmica caracterizado por su baja densidad y alta gravedad API, ideal para generar gasolina y otros derivados livianos de manera eficiente.
Este crudo, abundante y de alta calidad, constituye solo una parte de la mezcla necesaria, es decir, no resuelve todas las necesidades del parque refinador nacional, pues las refinerías requieren insumos más densos para mantener la eficiencia industrial y cumplir con las especificaciones de sus productos derivados.
Aunado a ello, la producción interna de crudo pesado es limitada y concentrada en regiones menores, lo que crea un déficit estructural que solo puede cubrirse mediante importaciones de petróleo extranjero, entre ellas el crudo pesado venezolano.
La brecha entre producción y consumo confirma la complejidad del sistema energético estadounidense.
En 2025, el país demandó 20,53 millones de barriles diarios, casi el doble de lo que produce internamente, lo que obliga a recurrir a importaciones que, en su mayoría, consisten en crudos pesados esenciales para las refinerías del golfo de México.
Durante décadas, Venezuela cumplió este papel con ventajas logísticas insustituibles: proximidad geográfica, transporte marítimo directo y menores costos de entrega.
Las sanciones ilegales de la administración Trump intentaron sustituir este flujo con crudo canadiense, pero su alto contenido de metales pesados, la necesidad de diluyentes y su orientación hacia el Medio Oeste de Estados Unidos dejan sin cubrir las demandas específicas del sur del país.
El parque refinador estadounidense está diseñado para procesar mezclas densas, y aunque la producción interna de crudo ligero se ha incrementado, no reemplaza los insumos pesados requeridos para mantener la eficiencia y calidad de los derivados.
Las importaciones siguen siendo imprescindibles; más de 6 millones de barriles diarios provienen de crudo pesado, histórico motor de rentabilidad y eficiencia industrial.
Esta dependencia estructural explica la persistente relevancia de Venezuela, cuyo petróleo combina compatibilidad técnica y ventajas logísticas que ningún sustituto ha logrado igualar.
La reunión con petroleras: ¿quieren o no?
La reunión en la Casa Blanca fue concebida por Donald Trump como un acto político que justificara la intervención militar más que como una mesa técnica cerrada. El "plan" ofrecido fue deliberadamente ambicioso en el discurso, pero impreciso en su arquitectura concreta.
Prometió seguridad total para las empresas, control político del proceso desde Washington, autorización directa para decidir qué compañías podrían operar en Venezuela y un marco de inversiones privadas que, según él, superaría los 100 mil millones de dólares.
A ello sumó el compromiso de refinar y comercializar de forma inmediata grandes volúmenes de crudo venezolano en Estados Unidos, aprovechando la compatibilidad del petróleo pesado con el sistema refinador estadounidense.
Sin embargo, no detalló mecanismos jurídicos, régimen fiscal, condiciones contractuales ni cómo se resolverían disputas históricas de expropiaciones, deudas y marcos regulatorios. En términos empresariales, el mensaje fue potente pero incompleto.
Los medios occidentales se concentraron en destacar la declaración de ExxonMobil, subrayando que "no se podía invertir en Venezuela", como si todo el sector compartiera esa posición, pero la realidad es más matizada.
ExxonMobil recordó su presencia histórica desde la década de 1940, y subrayó que cualquier reingreso requeriría reformas legales, comerciales e institucionales profundas, enfatizando su modelo de largo plazo basado en inversiones sostenibles.
Chevron, por su parte, destacó que mantiene unos 3 mil empleados distribuidos en cuatro empresas mixtas, y que, a pesar de operar bajo sanciones, logró incrementar la producción de 40 mil a 240 mil barriles diarios en cinco a siete años; su enfoque, afirmó su representante, combina mejoras en infraestructura existente con inversiones selectivas, permitiendo un aumento inmediato de la producción sin riesgos adicionales.
Al igual, Repsol, con operaciones consolidadas en Estados Unidos y Venezuela, señaló que su personal y capacidades técnicas en el terreno constituyen una ventaja operativa, y que podría multiplicar la producción en dos o tres años, siempre que exista un marco comercial y legal estable.
Marathon Petroleum aseguró que sus activos están preparados para procesar crudos pesados venezolanos de manera inmediata, sin necesidad de nuevas refinerías, reforzando la viabilidad logística y operativa.
Hilcorp Energy manifestó su compromiso con la reconstrucción de la infraestructura venezolana y la protección de los intereses estadounidenses en la región.
Aztec Energy, especializada en exploración de alto riesgo, destacó que Venezuela representa una oportunidad de inversión que requiere control de flujos de caja para garantizar reinversión continua.
Shell, con más de un siglo de experiencia en el país, afirmó que mantiene personal en el terreno y oportunidades de inversión significativas sujetas a aprobación regulatoria.
Halliburton recordó que se retiró en 2019 por sanciones, pero que cuenta con fuerza laboral capacitada lista para reactivarse, síntesis que refleja la expectativa compartida por todas las empresas que se traduce a operar bajo un marco estable, con reuniones técnicas coordinadas con PDVSA y un modelo de negocio claro, evitando la imposición de sanciones que anteriormente interrumpieron sus operaciones y asegurando la viabilidad y seguridad de futuras inversiones en Venezuela.
Joya estratégica
Entre los actores que han mantenido una influencia silenciosa pero decisiva en la política energética de Estados Unidos se encuentra Harold Hamm, fundador de Continental Resources y figura central en la articulación del lobby petrolero que ha acompañado a Trump desde sus primeras campañas.
Su papel ha pasado con frecuencia desapercibido en la cobertura mediática, pero resulta esencial, ya que coordinó la recaudación de fondos del sector petrolero y sirvió de enlace permanente entre la industria y el presidente.
En un libro publicado en 2024, Hamm promovía la noción de "independencia energética" como eje de la política estadounidense. Sin embargo, considera a Venezuela como una joya energética de alcance global.
Hamm ha señalado que, la actual coyuntura, según su análisis, constituye un punto de inflexión debido a que representa una oportunidad histórica para reconstruir el sector, incorporando actores empresariales con experiencia, equipos adecuados y una visión de largo plazo, pero siempre bajo un nuevo marco político que ofrezca certeza jurídica y estabilidad.
En su evaluación del contexto venezolano, enfatiza que el atractivo de Venezuela reside en su magnitud estratégica y la concentración de reservas probadas. Este enfoque pragmático refuerza la narrativa de que, pese a las dificultades políticas y legales, el país sigue siendo un punto nodal de interés para la industria petrolera en general.
En conjunto, estas declaraciones muestran que la cautela empresarial no responde a un rechazo técnico del país, sino a la prudencia derivada de experiencias pasadas propiciadas por la administración Trump, y a la exigencia de condiciones claras y sostenibles, reconociendo simultáneamente el valor estratégico y económico del petróleo venezolano para Estados Unidos.
De hecho, tras la reunión con las grandes petroleras, el secretario de Energía, Chris Wright, concedió una entrevista que parecía destinada más a controlar los efectos mediáticos de la embriaguez petrolera de Trump que a ofrecer claridad sobre la estrategia real en Venezuela.
En su declaración, Wright reconoció la intención de aumentar la participación de empresas estadounidenses y de canalizar las ventas de crudo a través de comercializadores del país, pero se mantuvo deliberadamente ambiguo respecto a los mecanismos contractuales.
Más allá de la teatralidad política y la retórica mediática, esta falta de concreción revela una vulnerabilidad práctica, pues el verdadero factor que limita la industria petrolera venezolana son las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin un levantamiento claro y coordinado de estas medidas, cualquier anuncio sobre participación de empresas estadounidenses, aumentos de producción o reactivación de exportaciones se mantiene en el terreno de la retórica, dejando expuestos a los propios actores estadounidenses a riesgos y pérdidas que ya conocen demasiado bien.
En resumen, todas las empresas quieren entrar en el negocio, pero el grupo Trump no tiene el plan claro, aunque el gobierno venezolano sí; desde siempre ha invitado a las compañías a invertir y coordinar, aunque el gran obstáculo ha sido precisamente las sanciones.
A fin de cuentas, la revelación se hizo: el petróleo venezolano es el eje sobre el que pivotan decisiones económicas y estratégicas de largo plazo.