Sáb. 28 Enero 2023 Actualizado 12:33 pm

El falso relato de AP para desvincular a Trump de las operaciones mercenarias contra Venezuela

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La agencia de noticias Associated Press (AP) ha difundido un artículo firmado por el periodista Joshua Goodman que contiene información presentada como “exclusiva” sobre el penúltimo intento de golpe de Estado contra Venezuela.

En el texto, Goodman relata la historia de un “ex boina verde” que habría dirigido el fallido intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro mediante una incursión mercenaria desde Colombia el pasado mes de marzo.

La “exclusiva” de AP, en realidad, forma parte de las denuncias ya ampliamente difundidas por parte de las autoridades venezolanas sobre las operaciones frustradas para detonar un conflicto armado en Venezuela bajo la ejecución de Clíver Alcalá, general retirado venezolano vinculado al narcotráfico y prófugo de la justicia venezolana.

La realidad y los eventos

Como escribíamos en una nota anterior publicada en este tribuna:

El 25 de marzo de este año, el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez alertó a la opinión pública en rueda de prensa sobre la “existencia de tres campos de entrenamiento en la ciudad de Riohacha, Colombia, donde igual número de grupos paramilitares se están entrenando con armas y explosivos para realizar atentados y actos terroristas en Venezuela, con el apoyo de mercenarios estadounidenses y el apoyo del gobierno de ese país”.

El plan consistía en propiciar asesinatos selectivos de funcionarios venezolanos de alto nivel, incluyendo la colocación y detonación de bombas en unidades militares venezolanas y centros de poder político, con el propósito de generalizar una situación de caos y terror aprovechando la coyuntura del Covid-19.

Pero el objetivo central de la operación era un nuevo intento de asesinar a Maduro.

Las armas y el equipamiento llegarían hasta Riohacha para darle ingreso a Venezuela. Pero este movimiento se vio frustrado ya que la Policía Nacional de Colombia incautó el 23 de marzo “26 fusiles de asalto AR-15 calibre 5.56 y accesorios para este tipo de armas como ocho silenciadores, 36 culatines, 45 unidades de mira y 30 miras láser. Asimismo, se encontraron tres chalecos antibalas, 37 visores nocturnos, cuatro binoculares, dos radios de comunicaciones con 43 baterías y 15 cascos, entre otros elementos”, según un reporte de W Radio de Colombia.

Luego del decomiso de armas, Alcalá reconoció a través de su cuenta Twitter que las armas incautadas por la policía colombiana eran parte del plan y asumió que con ellas empezaría la “liberación de Venezuela”. Luego confesó que las mismas “eran parte de un acuerdo entre él y Juan Guaidó con asesores norteamericanos que tenían como fin ser utilizadas en una operación en contra de Nicolás Maduro”.

Lo que la agencia AP intenta vender como una “revelación”, ya se había denunciado públicamente por parte de las autoridades venezolanas en distintos foros.

En septiembre de 2019 la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez lo había afirmado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su 74° Asamblea General y el embajador venezolano Samuel Moncada había hecho lo propio ante el Consejo de Seguridad de esa organización.

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Alcalá se refirió a la firma de un “contrato” donde dejaban claros los compromisos que explicaban el objeto de las armas.

El 26 de marzo, Alcalá es colocado en una lista junto al Presidente de Venezuela y militares venezolanos bajo señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense.

El general retirado se refirió que en base a ese mismo “documento firmado”, no comprendía que el gobierno estadounidense lo señalara e indicó que probablemente el Departamento de Justicia “desconocía” la existencia del mismo.

Las “revelaciones” de AP

En el artículo de Joshua Goodman se ofrece una descripción detallada pero claramente distorsionada de los eventos tras bastidores de la fallida operación.

Sus fuentes, según indica, son 30 operadores contra el gobierno venezolano incluyendo a militares desertores que estuvieron en los campos de entrenamiento en Colombia.

AP señala a Jordan Goudreau, ciudadano estadounidense y tres veces ganador de la Estrella de Bronce “por su valentía en Irak y Afganistán”, como un operador mercenario quien sería organizador o “asesor” estadounidense en la desmantelada operación.

Goudreau es propietario de Silvercorp USA, una empresa de seguridad privada, la cual según AP estuvo encargada de organizar, con Clíver Alcalá como cabecilla en el terreno, las fallidas operaciones que suponían el ataque a puestos militares venezolanos y desencadenar una escalada, para “hacer caer a Caracas en 96 horas”.

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También comenta el papel de Drew White, un ex socio comercial de Silvercorp quien informó a la agencia sobre las peripecias del ex boina verde lidiando con un grupo de “hambrientos” militares venezolanos sin equipamiento militar en Colombia.

Igualmente introduce a Keith Schiller, un antiguo guardaespaldas del presidente Donald Trump, quien junto a Goudreau, contactan a personeros de Juan Guaidó en Miami, estableciendo desde allí un vínculo que daría con Clíver Alcalá.

Según la publicación, Schiller es ahora un contratista de seguridad privada y, conjuntamente con Goudreau, era apenas otro entusiasta por el derrocamiento de Maduro.

El artículo de Goodman establece un hilo narrativo detallado de todos los eventos vinculados a la fallida operación, de principio a fin, concluyendo en la disolución de los campamentos en Colombia y de toda posibilidad de la operación, cuando Clíver Alcalá se entrega al gobierno estadounidense a finales del mes de marzo, por haber aparecido en la lista del Departamento de Justicia.

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Una falsa narrativa

Por medio de la referida publicación, es evidente que hay en desarrollo una operación en el marco de las comunicaciones y la opinión pública.

El artículo de Goodman se ufana en establecer una hoja de ruta de eventos que llevaron al ex boina verde a la frontera colombo venezolana, en una especie de aventura, sin que hubiera un solo vinculo o apenas conocimiento del gobierno estadounidense de dichas operaciones.

La publicación de Goodman indica taxativamente:

“AP no encontró indicios de que funcionarios estadounidenses patrocinaran las acciones de Goudreau ni de que Trump haya autorizado operaciones encubiertas contra Maduro, algo que requiere notificación del Congreso.”

En la historia es señalado otro militar estadounidense llamado “Mattos”, quien habría estado en los campamentos y habló de militares diezmados y desorganizados “sin apoyo estadounidense”.

AP refiere que toda la iniciativa fue un “golpe de estado privado”, citando textualmente a Roen Kraft, un organizador estadounidense, recaudador de fondos para la causa mercenaria, quien junto a Schiller (el ex guardaespaldas de Trump) habrían sido abordados por personeros de Guaidó en Miami.

Kraft, quien sería otra fuente de AP, supuestamente atrajo a posibles donantes con la promesa de acceso preferencial para negociar acuerdos en los sectores de energía y minería con un eventual gobierno de Guaidó.

También introducen en la historia a Hernán Alemán, diputado zuliano y ex alcalde de Cabimas, quien se declaró partícipe de la operación.

Éste indicó a AP que ni el gobierno estadounidense ni los colombianos participaron en el complot. “Mucha gente lo sabía, pero no nos apoyaron (…) Tenían demasiado miedo”, dijo.

La inteligencia y autoridades de Venezuela contradicen a AP

La publicación de AP da validez al rol de la inteligencia venezolana en el desmantelamiento oportuno de la arremetida, refiriéndose a la infiltración que se habría efectuado en las operaciones. Pero su referencia es deliberadamente incompleta.

AP no da crédito a señalamientos que han venido desde Venezuela al más alto nivel. El pasado 26 de marzo, al ser evidente el desmantelamiento de estas operaciones en suelo colombiano, el propio presidente Nicolás Maduro hizo revelaciones sobre el rol directo del gobierno estadounidense en los hechos, acorde a datos de la inteligencia de Venezuela.

Maduro refirió la existencia de un “contrato”, el mismo que fuera mencionado por Clíver Alcalá públicamente. Sin embargo Maduro dio más detalles del mismo.

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En este documento, funcionarios colombianos, Juan Guaidó, el asesor político Juan José Rendón y funcionarios estadounidenses, se comprometían a efectuar la arremetida y a dejar de perseguir judicialmente a Alcalá de ser exitosas sus operaciones.

Maduro dijo que Alcalá fue colocado en la lista del Departamento de Justicia estadounidense del 26 de marzo junto a él y un grupo de militares venezolanos, como un acto de castigo por haber fallado en su intentona.

“Lo hicimos fracasar”, dijo. Insistió en la existencia de dicho contrato y de cómo Alcalá intentó usarlo para defenderse públicamente de los señalamientos del Departamento de Justicia norteamericano.

Según el presidente, la Drug Enforcement Administration (DEA) habilitó financiamiento, armas, personal de adiestramiento y apoyo logístico a las operaciones mercenarias en Venezuela. Sería un funcionario de la DEA, uno de los firmantes del contrato con Alcalá.

El artículo de Joshua Goodman no menciona la existencia de dicho contrato, siendo una pieza clave, refrendada públicamente por Alcalá y pesquisada por la inteligencia venezolana, según el presidente Maduro.

Mediante la omisión de la existencia del referido documento, queda claro que el pormenorizado relato de AP intenta desconocer la existencia de una prueba contundente de la participación del gobierno estadounidense en la operación mercenaria.

El encubrimiento mediático de una operación fallida

Es probable que la publicación de AP sea el punto inicial en una operación comunicacional a gran escala para desvincular al gobierno estadounidense y sus agencias de la fallida guerra mercenaria.

La Administración Trump, sumida en un caos político a expensas del avance de la Covid-19 en suelo estadounidense y con serios problemas para la reelección del mandatario, estaría salvaguardando su participación en estos eventos, estableciendo un riguroso pero falso relato donde en ninguna parte figuran sus funcionarios.

Esto se entiende en términos comunicacionales como una modalidad de “cover-up story”.

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Es decir, una historia de encubrimiento para evitar que la opinión pública descubra los detalles sobre el rol del gobierno estadounidense y de Colombia en el grave hecho de pretender detonar una guerra tercerizada en Venezuela. Un hecho que reviste en un serio riesgo a la seguridad y estabilidad regional.

Es sabido que las operaciones encubiertas o mercenarias han sido parte del andamiaje de desestabilización, derrocamiento y guerra que han ejecutado los estadounidenses durante décadas.

Silvercoup USA y Jordan Goudreau son colocados en el centro de este relato como si se tratara de un “Rambo” en el Caribe, un lobo solitario mediante una iniciativa enteramente privada, supuestamente a espaldas del complejo de inteligencia estadounidense y sin apoyo alguno del mismo.

Una narrativa que cae por su propio peso.

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