Hace poco el mandatario salvadoreño Nayib Bukele propuso un supuesto, y al mismo tiempo delirante, "intercambio humanitario" al presidente Nicolás Maduro, hecho que generó una importante controversia.

En un claro acto de comunicación política y disputa por la opinión pública, Bukele aludió a los más de 250 venezolanos que fueron enviados ilegalmente por Estados Unidos al país centroamericano en marzo, y que permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

A través de su cuenta oficial en la red social X alegó su disposición de entregarlos a Venezuela a cambio de la libertad de la misma cantidad de supuestos "presos políticos", en referencia a personas que se encuentran privadas de libertad en el país por diversos delitos.

El mandatario, en su momento, indició que tenía bajo su control a venezolanos "integrantes de la pandilla Tren de Aragua", quienes habrían "matado, violado y cometido delitos" en suelo estadounidense. Recordemos que la administración Trump paga a El Salvador para mantener a los mal llamados deportados en su notoria cárcel de máxima seguridad, en una evidente violación al derecho internacional y los tratados de extradición vigentes.

Desde que asumió el cargo en enero las políticas antimigratorias de línea dura de Donald Trump se han topado con varios obstáculos legales.

El último de ellos tuvo lugar el sábado pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca que suspendiera temporalmente la deportación de ciudadanos venezolanos mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, hasta que se produzcan nuevas decisiones en tribunales subalternos.

El Ejecutivo estadounidense ha calificado las impugnaciones al uso de la ley para deportaciones masivas como "litigios sin fundamento", una respuesta poco usual al poder judicial de ese país. Es probable que, con un nuevo envío forzado de personas de origen venezolano al país centroamericano, Trump incurra en desacato al Supremo.

Más allá de este considerable choque institucional en Estados Unidos, las nuevas declaraciones de Bukele redireccionan el problema y lo convierten en un asunto bilateral con Venezuela, atizando la controversia y dejando expuestas importantes inconsistencias.

Incongruencias, falacias y desvío de la atención

La declaración del presidente salvadoreño podría considerarse un alarde.

Él, es evidente, no está realmente dispuesto a ningún tipo de "intercambio humanitario" con el presidente Nicolás Maduro, pues por la vía de los hechos resalta que no le interesa la situación personal de ningún connacional. 

Pero su discurso revela el hecho de que, además de actuar como carcelero, se asume como juez y verdugo al pretender decidir por cuenta propia el destino de los secuestrados en el Cecot, como si se tratara de monedas de cambio, y a expensas de quien contrató sus servicios como outsourcing del sistema penitenciario estadounidense.

El principal problema legal del encarcelamiento de venezolanos en El Salvador es el asunto juridisccional. No existe ningún soporte en las leyes internacionales que justifique la extradición y retención de estas personas, considerando que no han sido procesadas por la justicia. Técnicamente, se trata de un secuestro masivo.

Bukele intenta equiparar la situación de ciudadanos extranjeros secuestrados en su país con la de venezolanos incursos en delitos y privados de libertad en Venezuela, que han sido sometidos a la justicia y a la jurisdicción nacional. La incongruencia es notable.

Por su parte, la Corte Suprema estadounidense ha señalado las inconsistencias de las mal llamadas deportaciones al país centroamericano.

El Tribunal dictaminó inicialmente el 8 de abril que Trump podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas y que los trasladados debían tener la oportunidad de impugnar su expulsión. Pero esto deben determinarlos los tribunales, no las autoridades migratorias.

Una gran parte de los más de 250 venezolanos secuestrados fue detenida mientras gestionaban su regularización en suelo de Estados Unidos; otros ni siquiera lograron ingresar al país al ser retenidos en la frontera en cárceles para inmigrantes, mientras que otros fueron capturados en las calles y expulsados de manera expresa.

Según medios estadounidenses como New York Times y Bloomberg, en referencia a los secuestrados en el Cecot, cinco hombres fueron acusados o condenados por delitos graves de agresión o violación de armas de fuego. Igualmente, tres señalados ​​por delitos menores, que incluyen acoso y hurto menor, y otros dos por tráfico de personas.

Entretanto, no había información clara y verificable sobre los restantes, lo que torna evidente que se trata de personas que no fueron objeto del debido proceso y que no tienen registros de sentencia alguna por cortes estadounidenses.

La Corte Suprema ha lidiado con el asunto de las deportaciones hacia El Salvador desde la perspectiva de que se trata de migrantes y no miembros de banda criminales, tal como los acuña Bukele asumiendo el rol que corresponde a los tribunales norteamericanos.

No puede hablarse de "deportaciones" de venezolanos hacia El Salvador dado que ese no es su país de origen. Tampoco de extradición, dado que estas personas no cometieron delitos en esa nación.

Si bien es cierto que Estados Unidos suele deportar ciudadanos a un tercer país —es usual hacia México—, estas personas quedan en situación de libertad. Desde esa perspectiva el encarcelamiento de venezolanos en el Cecot es completamente injustificado, y ello solo tiene un difuso asidero legal al declarar a los retenidos como "enemigos", según la polémica Ley de 1798.

Nuevamente surge la inconsistencia sobre la administración de la justicia. La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, ¿corresponde a Estados Unidos o a El Salvador?

Entretanto el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció las condiciones legales de los secuestrados, quienes no han ido presentados ante algún tribunal ni en Estados Unidos ni en el país centroamericano, además de que se ha obstaculizado su representación legal.

El titular del Ministerio Público instó a la justicia salvadoreña a responder las solicitudes de habeas corpus interpuestas por abogados en favor de los venezolanos, para quienes Saab pidió "la libertad incondicional".

Saab también acusó a Bukele de cometer el delito de "desaparición forzada" y "trata de personas".

POLÉMICAS Y UN TIRO QUE SALIÓ POR LA CULATA

En este sentido, figura nuevamente el grave problema de la jurisdicción.

Las autoridades judiciales del país centroamericano están en plena facultad de deliberar sobre la situación de los secuestrados.

Sin embargo, cuando el Ejecutivo de ese país —que controla el sistema judicial— sirve de centinela a un gobierno extranjero, el tema se "resuelve" acorde con los designios estadounidenses, donde los detenidos no cuentan con la adecuada protección legal.

Las críticas sobre Bukele en referencia a la violación de derechos humanos le han llovido desde múltiples direcciones.

Hace poco el senador demócrata Chris Van Hollen estuvo en franco choque con las autoridades salvadoreñas, una vez que se le negara el ingreso al país para saber del paradero de Kilmar Abrego García, ciudadano de la nación centroamericana en condición legal en Estados Unidos, quien fue expulsado y encarcelado en el Cecot por "error administrativo".

A Van Hollen luego se le permitió ingresar al Salvador y se reunió con Abrego, lo cual lo convirtió en la "única persona" que se ha reunido con él desde su retención. El detenido no ha recibido asistencia legal personalizada.

Un tribunal de Maryland ordenó el retorno de Abrego a suelo estadounidense, pero se mantiene retenido por Bukele.

Ahora, los representantes Robert García de California, Maxwell Alejandro Frost de Florida, Yassamin Ansari de Arizona y Maxine E. Dexter de Oregón aterrizaron en el feudo de Bukele el domingo para reunirse con Abrego, y lo han convertido en punto de referencia de la abusiva política migratoria de Trump, de la que Bukele forma parte.

Hace poco varios organismos de inteligencia estadounidenses concluyeron que la banda Tren de Aragua —extinta en Venezuela— no tenía una línea de mando clara y que sus reductos restantes no están subordinados al presidente Maduro ni a otras autoridades, con lo cual deshicieron las bases sobre las que se aplica la Ley de Enemigos Extranjeros.

La onda expansiva y el desencadenamiento de críticas y obtáculos legales al gobierno de Trump están alcanzando más relevancia, por lo que es probable que ello adquiera nuevas proporciones, incluso repercusiones legales que podrían recaer sobre Bukele.

Estos hechos también explican por qué el mandatario centroamericano ha pretendido desviar la atención para fijarla en el gobierno de Venezuela, mediante una falsa oferta cargada de cinismo y propaganda.