Venezuela participó el lunes en la reunión virtual sobre el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una actividad que se está llevando a cabo hasta el jueves con la presencia de otros países, entre ellos Irlanda y Cuba, que son evaluadores principales.
El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, en representación del país, expuso el saqueo de los recursos venezolanos en el extranjero llevado a cabo por facciones extremistas de la oposición venezolana bajo la tutela del Gobierno de Estados Unidos. Se refirió principalmente a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el país del Norte, CITGO, y a las reservas de oro congeladas por el Banco de Inglaterra.
Informó que varias instituciones venezolanas estuvieron presentes en la reunión. “Nos encontramos en pleno ejercicio del examen de la cuenta a Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas, estamos presente con todas sus instituciones para combatir la corrupción”, dijo en una transmisión televisada.
Por otro lado, Amoroso destacó que el Gobierno Bolivariano es ejemplo en la lucha anticorrupción, “venga de donde venga”, al ser uno de los pocos países que ha sancionado a funcionarios de cualquier nivel en las instituciones públicas por actos de corrupción y malversación de fondos.
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información explicó el objetivo del mecanismo contra la corrupción de la ONU y los procedimientos que requiere:
- El Mecanismo de Examen es un proceso intergubernamental cuyo objetivo general es ayudar a los Estados parte en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Bajo su implementación, un Estado es revisado por otro de la misma región y un segundo de cualquier parte del mundo, elegidos por sorteo.
- El objetivo es ayudar en los esfuerzos nacionales de lucha contra los delitos de corrupción y en la aplicación de las disposiciones de la Convención.
- El producto final suele incluir conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas identificadas por los expertos examinadores, que se debaten y acuerdan con el Estado parte bajo análisis.