La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por crímenes de guerra y de lesa humanidad debido a su participaron en el asesinato de 120 personas.
"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
El tribunal, que surgió de los Acuerdos de Paz con las FARC señaló a los once hombres, entre ellos un general, por la ejecución de 120 personas y la desaparición forzadas de otras 24, entre los años 2007 y 2008 las cuales fueron presentadas por las fuerzas militares colombianas como bajas en combates (falsos positivos”).
La región del Catatumbo, Norte de Santander, fue el escenario en el que actuaron los militares acusados.
"La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por falsos positivos", dijo la magistrada Catalina Díaz Gómez durante una conferencia de prensa.
La magistrada detalló que se pudo identificar dos modalidades en los crímenes cometidos, siguiendo el perfil de las víctimas: la primera corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.
El general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, comandantes de la Brigada Móvil No. 15., se encuentran entre los imputados. Participaron diendo las órdenes para que se cometieran las ejecuciones y fueran presentadas como bajas en combate.
Una vez que los acusados reciban la notificación de la JEP, tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad en los hechos. De negarlos y ser vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
los falsos positivos como Política institucional
Se trata de la primera imputación que hace el tribunal de una investigación que busca identificar a los militares responsables de los 6 mil 402 asesinatos a civiles, la mayoría ocurridos durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP enfatizó que los falsos positivos fueron parte de una política del Ejército colombiano, y no hechos aislados.
"La Sala de Reconocimiento encontró que no se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental. Las desapariciones forzadas y asesinatos probados tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por bajas 'a como diera lugar' y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional de conteo de cuerpos", dijo la magistrada Catalina Díaz.
Hubo incentivos que cumplieron un papel importante en las motivaciones de los responsables de los crímenes, señaló la magistrada de la JEP. Por asesinar civiles, los militares eran retribuidos con felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales.