Los detalles de la fallida “Operación Gedeón”, que se desarrolló mediante la inserción de mercenarios a Venezuela, revelan el rol del dinero del narcotráfico internacional en la construcción de su aparato logístico.

Cuando el gobierno estadounidense decidió darle “cuerpo legal” a la tercerización de la guerra en Venezuela una vez que el Departamento de Justicia estadounidense coloca precio por las cabezas del presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y parte de su tren ministerial y castrense, era evidente que los norteamericanos ya habían diseñado un esquema de desestabilización y advenimiento de un conflicto irregular en la cuenca del Caribe.

La fallida “Operación Gedeón”, tanto como el contrato ahora hecho público en el que participara el diputado venezolano Juan Guaidó y parte de su séquito, dejan al relieve la planificación de una operación encubierta ejecutada por el gobierno estadounidense, que, vale decirlo, se ha emprendido sin el requisito legal que implica el consentimiento del Congreso.

La Administración Trump se ha extralimitado y funcionarios del parlamento estadounidense se disponen a investigar el contrato de Silvercorp y Juan Guaidó, y el rol de la Casa Blanca, en la fabricación de la referida operación.

Sin embargo, el elemento del narcotráfico parece un factor transversal en esta trama. Aunque el gobierno estadounidense señaló a la dirigencia chavista de “narcoterrorismo”, a contracorriente de lo dicho por sus propias agencias que eximen a Venezuela de ese flagelo, y pese a que ha azuzado desmantelar al poder político venezolano por tal razón, las revelaciones de los detalles más profundos de la “Operación Gedeón”, por el contrario, van dejando en evidencia los vínculos que podría tener Juan Guaidó y el propio gobierno estadounidense con factores del tráfico ilícito de drogas.

El Cartel de La Guajira, Clíver Alcalá y la DEA

El presidente Maduro ha sido explícito al señalar el rol del departamento de drogas estadounidense, la DEA, en varios hitos de la inserción mercenaria a Venezuela. En esta trama también figura Cliver Alcalá, quien admitiera públicamente que era parte del contrato en el que Juan Guaidó lo designaba como líder de las operaciones mercenarias contra Venezuela.

Maduro ha indicado los vínculos de Clíver Alcalá, el ex militar venezolano y confeso líder en la instalación de los campamentos paramilitares en Colombia, con factores narcotraficantes. Alcalá, desde su posición en las fuerzas militares venezolanas, estuvo vinculado con el narcotraficante Hermágoras el “Gordito” González Polanco, un ex jefe del Cartel de la Guajira.

El pasado 27 de marzo, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, aseguró también en una entrevista con la emisora colombiana W Radio que Alcalá se casó con una hermana de González Polanco, como también lo afirman varios periodistas colombianos.

El presidente Maduro indicó que Alcalá “estaba en cosas raras, por eso lo apartamos de la vida militar. Después se supo de un matrimonio a todo dar en La Guajira, fotos con narcotraficantes y lo apartamos”. Al abrirse una investigación en su contra, Alcalá huyó de Venezuela y se instaló en Barranquilla, Colombia, para luego reaparecer en febrero de 2019 en la refriega de los puentes internacionales.

Maduro ha indicado que “la DEA buscó a los capos y carteles de la Guajira colombiana y de varios estados del país, particularmente de Falcón, La Guaira, Caracas y Miranda” para financiar la “Operación Gedeón”, detalló. Lo cual abre un conjunto de posibilidades lejos de cualquier casualidad.

Guaidó y Los Rastrojos

Los capitales del narcotráfico y su rol en el planteamiento logístico y operacional de la “Operación Gedeón”, concretamente en los campamentos mercenarios en Colombia, sería resultado del proceso de tercerización que estarían efectuando el gobierno de Colombia y el gobierno estadounidense de manera acompasada con Juan Guaidó, mediante la participación de organizaciones criminales afectas al uribismo en Colombia.

La travesía de finales de febrero de 2019 de Juan Guaidó en la frontera colombo-venezolana, luego de la arremetida en los puentes internacionales, estuvo signada por el operativo que desplegara la organización narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos, con quienes Juan Guaidó se fotografió. Aunque las imágenes generaron gran revuelo y fueron ampliamente difundidas, tal evento fue desestimado por las autoridades colombianas quienes no declararon rechazo alguno con que un autoproclamado “presidente” se viera escoltado por una organización abiertamente criminal de su país.

Es evidente que el gobierno de Colombia no ha disimulado su compromiso con la desestabilización de Venezuela. Colombia ya tenía el antecedente de prestar su territorio para la ejecución de acciones, como la que tendría lugar el 5 de agosto de 2018 cuando el presidente Nicolás Maduro y parte de su gabinete de gobierno sufren un fallido intento de magnicidio mediante ataque de drones artillados.

Los servicios de inteligencia de Venezuela desmantelaron las células operativas y las pesquisas del caso determinaron que dichas acciones se organizaron desde territorio colombiano, tal como lo revelara la cadena CNÑ luego.

De ahí que ha sido evidente la construcción de un aparato logístico financiado con capitales de dudosa procedencia.

Juan Posso Pedrozo, alias “Nandito”, es otro integrante de Los Rastrojos que apareció junto a Guaidó en una de las conocidas fotos, este es la mano derecha de “Menor” y es el encargado de recoger el dinero producto de las actividades ilegales de la organización. “Nandito” fue capturado por las fuerzas de seguridad venezolanas en septiembre de 2019 en el Sur del Lago, estado Zulia, y este detalló como Los Rastrojos tenían vínculos con Juan Guaidó, de manera que organizaron su despliegue en la frontera en febrero del año pasado.

En el estado venezolano del Táchira, fronterizo con Colombia, el gobierno venezolano libra una lucha sin cuartel contra Los Rastrojos. Diversos operativos exitosos han dado cuenta de la capacidad de financiamiento y logística de esta fuerza narcoparamilitar y todos los indicios apuntan que su naturaleza está configurada para plantear una guerra mercenaria en suelo venezolano.

El pasado 6 de marzo, con la detención de 37 integrantes de Los Rastrojos y 650 kilogramos de explosivos, se pudo constatar la tenencia de armamento del Ejército de Colombia y dinero del narcotráfico que sería empleado en ataques a puestos fronterizos de seguridad del lado venezolano.

J.J. Rendón, un intermediario de narcotraficantes

Juan José Rendón, el conocido “estratega político” de Juan Guaidó, quien públicamente admitió haber participado en el contrato de inserción mercenaria en Venezuela, tiene un antecedente como intermediario con narcotraficantes colombianos, desde su cercanía al gobierno de Álvaro Uribe y luego cuando fungía como asesor de campaña de Juan Manuel Santos.

El medio colombiano El Espectador reveló la labor que tuvo Rendón en el año 2011 cuando usó su posición cercana al gobierno colombiano para interceder por narcotraficantes y su acercamiento a factores de la justicia en ese país.

Son particularmente llamativas las apreciaciones que hiciera en el año 2014 el general colombiano (r) Óscar Naranjo, quien en ese momento era negociador del lado del gobierno de su país en Cuba, frente a las FARC-EP.

“Me consta que J.J. Rendón fue la persona que obró como intermediario de una propuesta de sometimiento de varios narcotraficantes y miembros de Bacrim (…) Presentó una carta que explicaba cómo iba a ser el proceso de desmovilización. La fiscal estudió un posible marco jurídico al respecto”, indicó Naranjo.

El Espectador también mencionó a Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, narcotraficante, ex jefe de Los Rastrojos, quien señaló que “varios narcos hicieron una ‘vaca’ de 12 millones de dólares para que J.J. Rendón ‘cabildeara’ la propuesta” ante el gobierno colombiano.

Javier Calle Serna y su hermano Enrique, también narcotraficante, hicieron admisiones públicas sobre el rol de Rendón, lo cual revistió en gran polémica en la política colombiana al punto de que se hicieran solicitudes, que fueron desestimadas, para que Rendón se apartara de la campaña en Colombia, mediante alegatos de que mediante Rendón pudieron incorporarse capitales del narcotráfico para la campaña presidencial en ese país.

Luego de la fallida “Operación Gedeón”, J.J. Rendón habría “renunciado” a su labor como estratega de Guaidó y asumió una responsabilidad pública de los eventos, entendiéndose esto como una forma de eximir al diputado venezolano de lo que es una clara participación en la fallida refriega.

Medios internacionales y autoridades venezolanas presentaron un audio donde Juan Guaidó conversaba con Jordan Goudreau sobre los detalles del contrato y el desarrollo de las operaciones mercenarias en el país, siendo esa una prueba que descoloca el argumentario de Rendón.

Un abogado de narcos en el contrato de Guaidó con Silvercorp

El referido contrato suscrito con la contratista Silvercorp a cargo de Jordan Goudreau, que daba cuerpo operativo a la inserción mercenaria en Venezuela, tuvo como testigo firmante al abogado penalista Manuel J. Retureta, de origen cubano pero criado desde niño en Estados Unidos.

Según el portal venezolano de periodismo de datos La Tabla, Retureta es socio del bufete Retureta & Wassem, especializado en defender a paramilitares y narcotraficantes latinoamericanos.

Actualmente, asegura la investigación de La Tabla, Retureta es el defensor del narcotraficante mexicano Dámaso López Núñez, alias “El Lic”, considerado como el sucesor del “Chapo” Guzmán, a quien traicionó y testificó en su contra, pero también fue el abogado de los narcos hondureños Tony Hernández (hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández) y Fabio Lobo, hijo el ex presidente Porfirio Lobo.

En efecto, la vinculación del abogado Retureta con los demás participantes del polémico contrato, según La Tabla, puede “venir a través de J.J. Rendón”, siendo conocidos los vínculos de Rendón con los factores de la política colombiana, tanto como también por los vínculos con factores del narcotráfico colombiano que estarían involucrados en la “Operación Gedeón”.

Vale decir que Retureta defendió a varios jefes paramilitares, entre ellos su máximo jefe, Salvatore Mancuso, para que no fueran extraditados a Estados Unidos por Uribe, ya que habían logrado una reducción de su condena y su libertad estaba prevista para marzo de este año 2020.

La trama narco-mercenaria apunta directamente a Guaidó

A las puertas de una acción judicial en su contra, el diputado Juan Guaidó es señalado desde varias direcciones como participante de una trama donde convergen factores del narcotráfico. Y esto apenas podría ser la punta del iceberg.

Los vínculos expuestos del narcotráfico que coinciden sobre Guaidó están lejos de ser una fabricación del gobierno chavista. Son, por el contrario, factores de la política fuera de Venezuela los que los han señalado y hecho públicos, desde su relación con Los Rastrojos hasta los vínculos evidentes de J.J. Rendón.

El caso de Clíver Alcalá como punto aparte es particularmente llamativo. Alcalá también fue colocado en la lista del Departamento de Justicia y en rechazo del señalamiento en su contra declaró públicamente que el Departamento probablemente “desconocía” el acuerdo del que él formaba parte, con “asesores estadounidenses”, y que no era otro que el de construir la guerra mercenaria en Venezuela.

Ahora con Alcalá sometido abiertamente al servicio del gobierno estadounidense luego de entregarse como “colaborador” de la DEA, el gobierno estadounidense está en plena gestión de control de daños.

La Administración Trump no podría sortear una investigación profunda donde, tal como en tiempos de Ronald Reagan y la guerra contra Nicaragua, con el artífice de aquel entonces, Elliot Abrams, ahora actuando en Venezuela, sean revelados eventos de creación de un ejército regular con dinero del narcotráfico.