Dom. 25 Octubre 2020 Actualizado ayer a las 11:45 pm

La avanzada del TSJ sobre la política venezolana. La imposición de la República o la perpetuidad del caos

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Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emprendió una ofensiva jurídica e institucional, signada por la polémica y por ser un indiscutido nuevo componente a la diatriba política nacional.

No por ello la ofensiva carece de legalidad, explicaciones y justificaciones.

En resumen a los eventos, recientemente la Sala Constitucional del TSJ declaró la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional (AN) en desacato para la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión se toma luego de que un grupo de pequeños partidos de la oposición venezolana solicitaran al TSJ que agilizara la designación del nuevo CNE, dado que la AN no tiene respaldo en sus actos por encontrarse en desacato y luego de meses de dilación de acuerdos entre el gobierno venezolano y el llamado G4, a saber, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).

Los partidos que hicieron solicitud al TSJ fueron: Soluciones para Venezuela, Cambiemos, Movimiento Al Socialismo (MAS), Avanzada Progresista, el histórico Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Esperanza por el Cambio. Pero además representaron la postura de otros partidos.

En rueda de prensa, Felipe Mujica, secretario del MAS, aclaró que no había sido posible nombrar nuevas autoridades electorales debido a que se requerían las dos terceras partes legislativas.

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El ala de diputados del séquito de Juan Guaidó jugó el rol clave de producir el estancamiento.

El parlamento venezolano se encuentra políticamente dividido en tres grupos: el chavismo, los diputados pertenecientes al G4 aliados a Juan Guaidó y los diputados antichavistas disidentes de partidos del G4 e integrantes de otras pequeñas toldas.

Ninguna de estas facciones, por sí sola, contaba con la mayoría suficiente para elegir a los nuevos integrantes del ente electoral. Tampoco el chavismo y los diputados opositores disidentes lograron aglutinar los dos tercios.

Acto seguido, el TSJ procedió a nombrar las nuevas autoridades acorde a la lista propuesta por el chavismo, los pequeños partidos opositores y el grupo de diputados disidentes del G4. Quedaron aislados los diputados del G4 que apoyan a Guaidó.

Seguidamente el TSJ procedió a desmantelar la hegemonía de Henry Ramos Allup en AD, resolviendo la disputa interna por la directiva de dicha organización, recayendo acorde a dictamen del TSJ en Bernabé Gutiérrez, el segundo hombre a bordo de la tolda blanca.

Luego el TSJ procedió sobre PJ, desbancando a Julio Borges de la directiva, quien se encuentra en el extranjero prófugo de la justicia venezolana.

La tolda amarilla pasó con todos sus colores y emblemas bajo la dirección de José Brito, expulsado de PJ en medio de irregularidades por liderar la disidencia de diputados.

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El descalabro y el estancamiento para diluir la política nacional

Es indispensable ver estos eventos en un contexto político más amplio.

Desde la elección de la actual AN, Venezuela sufrió un proceso de estancamiento político e institucional, cuando el parlamento emprendió mecanismos extrajurídicos e inconstitucionales para desbancar al Poder Ejecutivo, colocándose también en abierta pugna con el Poder Judicial, el Poder Moral y el Poder Electoral.

Tales eventos no surgieron desde la causalidad política.

Fueron de hecho actos deliberados para propiciar un quiebre institucional, claramente congruentes con la agenda destituyente que ha vivido el país y que ha derivado en una enorme crisis política, que terminó colocando a Venezuela en las fauces del bloqueo estadounidense, la presidencia artificial de Guaidó, el pretendido aislamiento del país y un caos político inédito en la vida nacional, con intentos de golpe de Estado, de magnicidio y toque de los tambores de la guerra incluidos.

Como antecedentes recientes, vale decir que la llamada “rebelión de las regiones” a inicios de este año o la ruptura del antichavismo en el parlamento a cargo de los diputados suplentes y otros titulares que integran el G4, además de resquebrajar aún más a la oposición venezolana supuso un espacio de oportunidad política para que el país encontrara una solución por vías de la distención y la concertación.

Esto derivó en la elección de Luis Parra para dirigir la AN y en teoría, había posibilidades de que el país volviera a la regularidad institucional.

Pero los estadounidenses procedieron a relanzar a Guaidó este año, sosteniéndolo paralelamente como “presidente interino” y “presidente de la AN” totalmente al margen de la Constitución venezolana.

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El chavismo también logró a inicios de año sentar en una mesa de diálogo a todas las fuerzas opositoras más allá del G4, incluyendo a Henry Falcón, quien técnicamente representa a la segunda fuerza política del país medida en votos luego de las pasadas presidenciales, también a Javier Bertucci, que medido en votos representa la tercera fuerza política nacional.

Junto a los pequeños partidos y diputados disidentes del G4 el propósito era muy concreto: crear un comité de postulaciones para elegir nuevas autoridades electorales y organizar las parlamentarias este año.

Fueron evidentes muchos acercamientos abiertos entre diputados del séquito de Guaidó, entre ellos Stalin González, quien apareció en público junto a los diputados disidentes en conversaciones para zanjar un listado.

Sin embargo, pasaron los meses, uno tras otro, entre conversaciones y negociaciones tras bastidores. La dilación y el estancamiento comprometieron cada vez más las posibilidades de una solución política entre venezolanos. Las razones de ello han sido evidentes.

La oposición venezolana, o al menos su ala más extrema afiliada a Guaidó, está desmembrada fuera del país, son comensales directos del financiamiento estadounidense, son lobbystas por el control de los recursos venezolanos retenidos en el extranjero y son beneficiarios del estancamiento político, la prolongación del bloqueo y la continuidad de la crisis.

Han sido, además, actores de reparto en la política venezolana. No tienen control de sus actos, están sujetos a los designios del gobierno estadounidense y se les ordenó de manera concreta y bajo la vocería de Guaidó, inhabilitar toda posibilidad de acuerdo que signifique una solución política a la crisis institucional del país.

La presencia perniciosa de Guaidó en la política nacional ha tenido la función de supuestamente abanderar la mayoría de las aspiraciones antichavistas, pero en pro agudizar y prolongar la crisis.

El golpe en la mesa del TSJ

El máximo tribunal venezolano procedió de manera expedita superar por vías institucionales, lo que por vías políticas estaba inhabilitado y en coma.

Dieron al traste con el encallo político e institucional que durante los últimos meses había puesto en vilo la posibilidad de que hubiera elecciones parlamentarias este año, tal como ha estado previsto al terminar el vigente período parlamentario nacional de 5 años.

Le ecuación es sencilla: o imponer la República o permitir la perpetuidad del caos.

Esta ofensiva saca del ruedo en el ámbito interno a los factores supuestamente políticos que, a contra natura, se han separado de la política. Además hace tambalear a los factores de la vida nacional para que asuman una postura franca ante la organización ahora inminente de elecciones. La premisa es sencilla: ir a ellas o quedar relegados del ruedo político, tal como le ocurrió trágicamente a la oposición en el año 2005.

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Este es un espasmo, ciertamente polémico, pero estrictamente necesario si entendemos que la función de la Sala Constitucional del TSJ yace precisamente en crear condiciones para la regularidad institucional, cuestión que no es posible por las vías ideales de la actividad legislativa.

Es indispensable señalar además, que no toda la oposición venezolana es Juan Guaidó.

De ahí que la ofensiva del TSJ también ha logrado interpretar otras aspiraciones del antichavismo más allá de VP. Paradójicamente, VP es una organización que no va a elecciones desde el año 2015, es controlada por los estadounidenses y tiene tintes claramente terroristas.

Desde 2019 y siguiendo direcciones de Leopoldo López y el Departamento de Estado norteamericano, aprovecharon su turno en el liderazgo de la AN para hacer encallar a toda la oposición venezolana afiliándola al liderazgo fake de Guaidó y a la agenda suicida del bloqueo, sediciones fallidas y solicitud de intervención.

De ahí que destrabar la política interna, pese a estas formas, es algo que justo ahora necesitan algunos factores de la política antichavista que demandan la devolución de la diatriba a su espacio natural, a suelo venezolano y a las agendas entre las organizaciones y líderes en el país.

Dicho de otra forma: el cabildeo estadounidense mediante su capataz local Guaidó, podría no ser sostenible para todos los séquitos de la oposición venezolana.

Los elementos y escenarios derivados

Al saberse el dictamen del tribunal para la designación de las autoridades electorales, Juan Guaidó procedió a dejar al descubierto lo que eran pretensiones evidentes, pero no declaradas abiertamente. Señaló la vigencia indefinida de la actual AN en desconocimiento al nombramiento del nuevo CNE. Dicho de otra manera, anunció la pretendida continuidad de la crisis política mediante sus dos presidencias artificiales.

La eventual organización de elecciones en Venezuela con el chavismo en el poder, va a ser un tema incómodo en la campaña de Trump y hasta del propio Biden. Ambos se van a colocar en posición idéntica y en contra. Una solución entre venezolanos y una medición electoral da al traste con la agenda estratégica gringa y en consecuencia la desconocerán. De ahí que la continuidad de la presión y el bloqueo tendrá una nueva “justificación”.

Hay que admitir que los estadounidenses están siendo exitosos en el hecho de que Guaidó está resultando ser la piedra de tranca que le ordenaron ser. Los estadounidenses necesitaban que se llegara a este punto para legitimar la continuidad de su hoja de ruta agresiva. De ahí que se abren nuevas posibilidades y nuevos desencadenantes.

A dirigentes como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles, las circunstancias los esperan a la vuelta de la esquina. Si ambos quisieran su supervivencia política, tendrán que maniobrar en las nuevas condiciones e ir a elecciones, o por el contrario, quedarán avasallados y fuera del ruedo nacional.

Con el escenario actual, es probable que VP termine fuera del ruedo político nacional, acelerando así sus condiciones para terminar de desplazarse fuera de Venezuela y aglutinar a la “oposición en el exilio”, centralizando cada vez más sus esperanzas en el terrorismo y en volver a la vida venezolana sentados sobre un tanque de guerra estadounidense.

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Adicionalmente, nada está descartado sobre las posibilidades de que en Venezuela ocurra un viraje de los factores nacionales de vuelta al ruedo político.

Es sabido que para Capriles, la estrategia de Guaidó no estaba funcionando y quizá, cuidando las formas y haciendo del chavismo el malo de la película, el regreso a las urnas sea un espacio no solo para regularizar la institucionalidad interna, sino también para regularizar las propias correlaciones de fuerza de la oposición, quienes necesitan unir los pedazos y despojos que han cosechado en el errático “liderazgo” de Guaidó.

Finalmente, en un frente internacional con consensos cada vez más rotos sobre el bloqueo y la estrategia estadounidense, “Guaidó”, con posturas cada vez más incongruentes, el desafío del chavismo y varios factores de la oposición será conseguir todos los respaldos internacionales posibles para organizar unas nuevas elecciones acompañadas y políticamente validadas.

El contexto no es el idóneo, pero es el que hay.

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