Entre los años 1998 y 2000 se consolidó en Venezuela un nuevo proyecto político liderado por el comandante Hugo Chávez que quedó plasmado en la Constitución de 1999. La llegada del chavismo significó la transformación del Estado, que pasó de una democracia liberal que privilegiaba a las capas medias y altas de la sociedad a un sistema que proyectaba la reivindicación social mediante la intervención estatal en la economía para darle protagonismo a los sectores populares.
Sin embargo, en el año 2001, cuando el Gobierno nacional intentaba avanzar en procesos de redistribución económica y en el aumento del control sobre los recursos estratégicos, hubo resistencia por parte de la élite que históricamente habían controlado PDVSA y los sectores productivos del país.
De la totalidad de las leyes aprobadas en el marco de la Ley Habilitante, fueron tres las que generaron el inicio de una reacción violenta contra la economía del país:
- El Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que limitaba al latifundio;
- el Decreto con Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, que eliminaba la pesca de arrastre; y
- el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que aumentaba los ingresos del Estado por impuestos.
Génesis del conflicto
El conflicto se explica a partir de la incompatibilidad entre los objetivos que persigue el chavismo y la oposición entreguista. Su argumento para declararle la guerra al Gobierno Nacional fue que las referidas leyes ampliaban sustancialmente las prerrogativas del Estado sobre la propiedad privada y la economía de mercado, y desalentaban la inversión extranjera.
Si bien la primera agresión económica directa contra el país fue el paro patronal y petrolero, durante la campaña de cara a las elecciones de 1998 la oposición proyectó que una eventual victoria de Chávez significaría un colapso de la economía nacional. Se basaron en el anuncio de las calificadoras de riesgo estadounidenses Merrill Lynch, Standard & Poors y Duff & Phelps anunciaron que una llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías tendría consecuencias negativas a corto plazo y largo plazo. Otras noticias informaron que desde Nueva York "llovían" informes de las bancas de inversión y firmas de cálculo de riesgo con recomendaciones de congelar proyectos en el país y retirar capitales, ante la perspectiva de un triunfo del Comandante.
Como era esperarse, las leyes no desconocieron la propiedad privada ni implicaron un cambio del sistema económico dominante hasta ese momento; sin embargo, los adversarios internos y externos del gobierno de Chávez no observaban con agrado los avances de la Revolución Bolivariana.
En este contexto, el 10 de diciembre de 2001 fue convocado por el gremio empresarial (Fedecámaras) un paro empresarial (denominado "paro cívico nacional") que fue inmediatamente respaldado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de sólidos nexos con el partido Acción Democrática desde 1959.
Eligieron esa fecha porque el presidente Hugo Chávez Frías iba promulgar la "Ley de Tierras", en la simbólica Santa Inés de Barinas. En esa ocasión, por primera vez, Pedro Carmona Estanga, presidente del gremio empresarial, apareció como la figura principal de una agenda destituyente que se empezaba a gestar.
En enero de 2002, se produjeron atentados contra impulsores de la Ley de Tierras. Sicarios asesinaron a Luis Mora Durán, dirigente del Comité de Recuperación de Tierras del Sur del Lago, quien había sido amenazado por ganaderos. El mismo día, José Huerta, secretario agrario del PCV fue víctima de un atentado en el que recibió un impacto de bala.
Posteriormente sucedieron una serie de hechos que desembocaron en el golpe de Estado del 11 de abril y el secuestro del presidente Chávez.
El 25 de febrero iniciaron protestas en PDVSA encaminadas a la paralización total de la industria. El detonante fue que ese día se oficializaron las designaciones una nueva junta directiva y un nuevo presidente de PDVSA bajo el amparo de la nueva legislación. El argumento de los trabajadores petroleros fue la defensa de la "meritocracia".
A pesar de la reversión del golpe de Estado, las movilizaciones opositoras no cesaron. El 22 octubre de ese año un sector radical propició la toma de la plaza Francia por parte de oficiales superiores involucrados en el golpe de Estado de abril.
Posteriormente, el 2 de diciembre la CTV, Fedecámaras, una organización de gerentes de Petróleos de Venezuela opositores a la política petrolera nacional (Gente del Petróleo) y la Coordinadora Democrática declararon en conjunto un paro patronal y una paralización de la industria petrolera con miras a debilitar el Gobierno.
El paro patronal y petrolero logró paralizar por completo la principal industria del país, y conseguir la interrupción de la producción de víveres y bienes de primera necesidad. En atención a esta situación, el 9 de diciembre de 2002, el Gobierno llamó a todos los trabajadores, empleados y gerentes a reincorporarse plenamente a sus labores, a la vez que convocó al pueblo venezolano a concentrarse a las puertas de las instalaciones de la industria para evitar mayores sabotajes.
Sin embargo, las pérdidas económicas fueron multimillonarias y ocasionó una fuerte afectación en la vida cotidiana de la población, especialmente por la ausencia de gas doméstico y combustible para los vehículos, así como el desabastecimiento de alimentos como resultado de la disminución de los productos transportados hacia las ciudades desde el campo o los puertos.
El paro petrolero de diciembre del año 2002 hasta febrero de 2003 se considera un tipo de golpe de Estado por la magnitud del daño a la nación. Un informe de la la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en Venezuela (Covejuspaz), creada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, refiere que el año 2002 fue de severas afectaciones a la economía nacional, con consecuencias catastróficas.
Como puede verse en el gráfico, hay un prolongado descenso del PIB desde el último trimestre de 2001, que se hace abrupto en el momento histórico coincidente con el paro petrolero de 2002-2003. "Esta caída del PIB va tener una incidencia directa en los planes macro del gobierno nacional en el 2003-2004, que va a implicar una disminución importante para la inversión en educación, salud, alimentación, transporte, producción económica y bienestar social en general", refiere el informe final de la comisión.
Lo que inició como un paro de 24 horas de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), coordinado con la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), devino en una paralización de la industria petrolera que se prolongó por más de dos meses.
La Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales en el año 2007 publicó una investigación de Helena Sanz Lara sobre los efectos de la paralización del 2002 en el sector construcción en el país, pero que contiene datos generales sobre las pérdidas econóomicas.
Refiere que para ese entonces la economía nacional había sufrido la recesión más severa de la historia y alcanzó una contracción del PIB de 24,9%.
La paralización de la economía venezolana a finales del 4to trimestre de 2002 y 1er trimestre de 2003 afectó a todos sus componentes, pero destaca más negativamente sobre el sector construcción al ser el más afectado. Los datos arrojan que la disminución comparativa entre los resultados del 1er trimestre de 2002 y el 1ero de 2003 alcanzó valores cercanos a 50%, incluso 10 puntos porcentuales por encima del impacto que sufrió la actividad petrolera como consecuencia de esta coyuntura.
"De hecho esta situación afectó los resultados de todas las actividades de la economía a lo largo de todo el año 2003, siendo nuevamente la industria de la construcción la más perjudicada con un PIB 39,5%, por debajo de lo producido en el año 2002, seguido por el sector comercio y servicios cuya disminución en su producción en el transcurso del año 2003 alcanzó 9,4%", señala Sanz Lara.
El paro petrolero no logró derrocar el gobierno, solo trajo graves consecuencias económicas al país. La afectación limitó al Estado venezolano en sus posibilidades de garantizar el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
"En las 120 inspecciones realizadas en instalaciones de la industria petrolera en 13 estados del país, se constataron daños ambientales, informáticos, mecánicos (válvulas obstruidas, oleoductos perforados) y patrimoniales, lo que generó pérdidas en millones de dólares, sin contar las perturbaciones que sufrió la exportación de crudo y sus derivados", refiere el Informe Anual de la Fiscalía General de la República de 2004.
Las pérdidas fueron multimillonarias. Según datos de PDVSA, la nación perdió más de 18 mil millones de dólares. De esa cifra, 12 mil millones 750 mil fueron por disminución de las ventas, 504 millones por compra de gasolina importada, 204 millones en daños a instalaciones y equipos, entre otras.
El daño contra la industria impidió el transporte y comercialización de los crudos y sus procesados. Con ello se pretendió causar un gran daño presupuestario al gobierno nacional e impedir el desempeño de la administración del Estado.
Tanqueros pertenecientes a PDVSA y a flotas extranjeras se negaron a descargar el combustible necesario para el abastecimiento nacional, lo que afectó el suministro de gas domésticos para los hogares.
También hubo sabotaje en el área informática de la petrolera, con lo cual podían entorpecer a distancia el despacho de gandolas, mediante el manejo remoto de los programas de llenado, alertas y bloqueos.
"Abrían y cerraban programas, creaban alarmas ficticias de incendios, lo cual bloqueaba automáticamente el llenado de las gandolas y depósitos de combustible", refiere el informe del Ministerio Público.
Los ataques y destrucción abarcaron todo el territorio nacional.
La suspensión del suministro de combustible afectó las plantas de Yagua, Carenero, Guatire, Catia La Mar, Barquisimeto. Asimismo, la Planta Guaraguao, la Planta Maturín, la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región. También mermó el despacho de las plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande, surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo.
La falta de gas asimismo generó gran malestar en la población más vulnerable. El déficit de gas doméstico que surtía los amplios sectores populares del país alcanzó 50%, y de las 10 fuentes de suministro de gas licuado para estas empresas solo estaba funcionando una en el complejo de José, estado Anzoátegui. En Caracas se distribuyen aproximadamente un millón de bombonas mensuales pero, como consecuencia del paro petrolero, esta cifra se redujo a 450 mil. Se necesitaban 140 gandolas diarias para normalizar el consumo y únicamente la mitad estaba despachando.
Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial.
La oposición intentó paralizar el país en vísperas de navidad, lo que sin duda le agrega un matiz más perverso a la agenda golpista. En esta temporada generalmente los venezolanos se movilizan desde las grandes ciudades hacia pueblos y comunidades del interior para compartir con sus familiares, época de fiestas caracterizada por mayor consumo en general porque para esa fecha el gobierno y las empresas privadas pagan bonos y aguinaldos.
Lo que para muchos significaba un momento de felicidad se transformó en zozobra, escasez, malestar y canibalismo. La falta de combustible dificultó la movilidad y el transporte de mercancías, lo que provocó un aumento de bienes y servicios. El objetivo, en detrimento de toda la población, fue provocar un colapso del Estado que forzara la salida del presidente Chávez, el segundo intento en un año.
Finalmente el paro se levantó a finales de enero de 2003, pero las secuelas económicas se sintieron por mucho tiempo. El daño contra la industria petrolera, principal motor de la economía venezolana, se reflejó en el retraso de proyectos sociales y de infraestructura.
Superados los momentos insurreccionales de 2002-2003, se produjeron tendencias de crecimiento económico, disminución de la pobreza y disminución de la desigualdad. Posterior a la convulsión el Gobierno promovió alianzas energéticas con países latinoamericanos y caribeños. En 2004 fue creada la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unasur; en 2005 se funda Petrocaribe, una alianza petrolera de Venezuela con los Estados del Caribe; y en 2010 se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).