La actual crisis en Bolivia podría definirse como una emergencia multidimensional y sistémica. Nuevamente, el país está sumido en un estallido social y campea una severa crisis de legitimidad para el gobierno en funciones. Rodrigo Paz, el presidente, tiene apenas unos meses en el cargo y las movilizaciones presionan por su renuncia.

La capital boliviana está sitiada en todos sus accesos. En la ciudad se reportan protestas. Pero el cuadro es similar en el resto del país.

La situación de conjunto está caracterizada por el colapso del modelo económico, escasez de suministros esenciales, carencia de combustibles, alta inflación y un fuerte clima de fragmentación política que ha escalado a la confrontación callejera.

LAS CAUSAS POLÍTICAS

Aunque el gobierno de Rodrigo Paz ha tomado medidas profundamente impopulares, los eventos que explican el estallido actual no se originaron en su gobierno, sino en el de Luis Arce.

Durante el fenecido gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), se produjo una importante ruptura política entre sus fuerzas. Por un lado, Luis Arce y por el otro, Evo Morales Ayma, presidente electo y depuesto en 2019.

Defenestrado, Morales ha sido sujeto de persecución política durante años, tanto por fuerzas de derecha, como por el gobierno de Arce. Sus partidarios en el Congreso boliviano implementaron filibusterismo y cerraron el paso a ciertas medidas que debieron aplicarse durante la gestión de Arce.

Dicho de otra forma, la confrontación política entre las fuerzas que dieron forma a la revolución boliviana se colateralizó sobre el conjunto del gobierno y la sociedad boliviana.

El cierre de vías y las protestas por combustibles también fueron situaciones recurrentes durante el gobierno de Arce. La mayoría de estas importantes movilizaciones fueron orquestadas por Morales. Esto fue sintomático no solo de una fragmentación política, también fue rasgo de una disputa sobre la filosofía de gobierno que debía regir al gobierno y representar a las fuerzas sociales de Bolivia.

Morales acusó insistentemente al entonces presidente de haber "traicionado" al conjunto de fuerzas que habían dado base a su gobierno. Mientras que Arce, se declaró maniatado por el parlamento e impedido para aplicar ciertas medidas que, a su juicio, debían atender distorsiones macroeconómicas creadas en gobiernos anteriores, como el de Jeanine Añez (mandataria por vía de golpe de Estado) y de Evo Morales.

Bolivia sufrió una importante crisis de representación y legitimidad. Arce, debilitado y sin base de apoyo, empleó el lawfare contra Morales cerrando sus posibilidades de participación electoral.

Las elecciones presidenciales de 2025 dejaron a todos los candidatos del espectro de izquierda y del oficialismo fuera de la segunda vuelta. Las fuerzas sociales y partidos que alguna vez se aglutinaron en el MAS, pasaron a ser una aparente minoría política.

Sin embargo, los datos electorales dejaron expuestas ciertas realidades políticas. Evo Morales había llamado al voto blanco y voto nulo. El país, de votación obligatoria, registró una abstención hasta el 12% en esa cita comicial.

En la primera vuelta electoral, Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) obtuvo un 32,08%. Pero una alta abstención (para el standard boliviano) y un alto número de votos blancos y nulos, abarcaron hasta un 29% del padrón electoral, lo que quiere decir que el llamado de Morales se convirtió en segunda fuerza política del país.

La composición de los datos electorales sugiere que, en ese punto, Morales seguía siendo bastante fuerte y que, en un contexto de unidad a su alrededor, probablemente habría representado una opción con potencial ganador. Ahí yace parte de la crisis de representatividad. Hay amplios sectores de Bolivia que carecen de representación política que canalice sus aspiraciones.

En el presente, Morales es uno de los líderes más sobresalientes de la revuelta, junto a otros actores, como Mario Argollo el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari dirigida en regiones clave por líderes como Vicente Condori, el Movimiento Indígena Ponchos Rojos y un conjunto muy extenso de organizaciones mineras y de transporte.

La crisis boliviana es estructural y sistémica, dado que es un bucle que va de un estallido al otro en un registro recurrente que data desde los años 90.

Todos los espectros que han sido oposición al gobierno (sea en gobiernos de derecha o izquierda) se han caracterizado por organizar protestas y cortes de vías que someten al país al colapso, tensando el cuadro institucional y presionando a los gobiernos. Es el patrón de una crisis con características endémicas.

Pero el cuadro se ha complicado estos años debido a la disrupción en la representatividad y la crisis persistente de liderazgo. Antes de Paz, Añez y Arce fueron gobiernos caracterizados por su debilidad.

LAS CAUSAS ECONÓMICAS

Algunas de las causas de la crisis actual, se originaron durante muchos años antes, desde el año 2006, cuando el país comenzó a importar combustibles de manera sistemática.

Desde la presidencia de Evo Morales se incrementó el déficit energético. La estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) no efectuó ciertas inversiones en exploración para obtener hidrocarburos, lo cual devino en una crisis grave por combustibles líquidos. Al día de hoy, el país importa aproximadamente el 50% de su gasolina y el 90% de su diésel. Durante años se han distribuido a precio subsidiado.

Este cuadro de déficit de combustibles líquidos se agravó durante el gobierno de Arce. El gobierno siguió manteniendo los subsidios, sin avanzar en un ajuste significativo y gradual. El modelo se consolidó por 20 años, con precios al consumidor con muy mínimos ajustes en ese periodo.

Arce incurrió en financiarización inorgánica del déficit fiscal para cubrir los altos costos de los subsidios, incrementando la devaluación y la inflación. Durante su gobierno también se produjo la pérdida de competitividad de las exportaciones bolivianas, déficit comercial, generando una caída en el ingreso de divisas extranjeras y en consecuencia, se acentuó la escasez de dólares al final de su mandato.

Ahora, el gobierno de Rodrigo Paz ha aplicado medidas que más bien aceleraron las reacciones sociales. A finales de 2025 y principios de 2026, el Ejecutivo comenzó a retirar los subsidios a los hidrocarburos y permitió nuevos precios, lo que provocó aumentos y el rechazo inmediato del sector transporte.

Se facilitó el ingreso de diésel retirándolo de la lista de sustancias controladas, una medida destinada a abastecer al agro y al transporte, pero que ha generado roces por el impacto de las medidas en los costos operativos.

La gasolina especial de pasó 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 3,72 a 9,80 bolivianos por litro. Además, transportistas denuncian que los combustibles son de pésima calidad y han denunciado el deterioro de sus unidades.

Otras medidas de ajuste, incluyeron la reducción del presupuesto del Estado para mitigar el déficit fiscal, la pérdida de algunos programas sociales y reducción real de los ingresos de muchas familias.

Otro detonante clave fue la Ley 1720, conocida como la Ley de Reconversión de Tierras. Esta ley, originalmente promulgada en abril de 2026, pretendía introducir un cambio profundo en el modelo agrario del país. Esa medida ha sido abrogada por presión popular. Muchas organizaciones campesinas determinaron que esa ley, inconsulta, favorecía el latifundio. Pero su derogación no ha mitigado el desarrollo de las movilizaciones.

BOLIVIA EN VILO

El gobierno de Rodrigo Paz ha calculado muy mal la deriva política de su ajuste neoliberal y en consecuencia está sitiado.

A pesar de la gravedad de la multicrisis que enfrenta, la posibilidad de que el presidente de Bolivia renuncie a su cargo o sea derrocado a corto plazo por el stablishment militar, por ahora luce baja. Paz pone a prueba de máxima tensión a las instituciones de su país, su política es de flexibilidad táctica, se afianza en el apoyo de sectores patronales y apoyo extranjero para sortear el momento.

Luego del golpe a Morales en 2019, el gobierno de facto de Jeanine Añez demostró que ciertos factores de poder pueden sobreponerse y resistir reacciones sociales de gran magnitud. La apuesta de Paz va en esa dirección.

Hay otro estado de sitio en Bolivia, el de Evo Morales, sobre quien pesa una orden de captura y está refugiado en el trópico de Cochabamba, específicamente en su bastión político de la región del Chapare.

Permanece bajo condición de rebeldía, resguardado por miles de vigilias civiles y sindicales quienes se dicen dispuestos a impedir activamente cualquier intento de detención. El exmandatario ha dicho que el gobierno de Estados Unidos podría intentar su captura, reeditando el caso de Venezuela.

Lo preocupante del cuadro, es que a la fecha no se aprecian mecanismos políticos de envergadura para zanjar la crisis mediante dialogo, negociación y acuerdos mínimos, en una escala estructural que interrumpa el loop. La fragmentación política, partidista y de liderazgos es tan profunda, que hacen imposible por ahora una distensión multisectorial nacional.

Rodrigo Paz se dispuso a reformar su gabinete para sumar a otros actores más allá de su alineación inicial de gobierno, pero esta es una medida cosmética para efectuar la compra de algunas lealtades.

Paz podría diferir la interrupción de su brevísimo mandato, pero no podrá revertir la deslegitimación de su gobierno pues se ha diluido vertiginosamente. Tal vez ningún gobierno boliviano en la historia reciente se ha debilitado tan rápido como el actual.

Es muy probable que, si Evo Morales termina arrestado, se profundice la espiral de caos bajo una denominación prolongada, aunque más débil, pues no todos los actores que están movilizados en Bolivia apoyan a Morales. En todo caso, las condiciones de caos perpetuo delimitado, compromete la estabilidad mínima que demanda la frágil economía del país.

Algunos cierres de vías están aproximando a la población a un estado de desabastecimiento y privación graves. Hay una carrera contra el tiempo. Diversos sectores sociales presionan y resisten, mientras el gobierno no cede, se atrinchera y trata de ganar tiempo con maniobras de flexibilidad táctica. Bolivia nuevamente está en vilo.