El punto de partida necesario para comprender la gravedad de la situación en el Caribe es entender qué constituye, desde la propia legislación estadounidense, un crimen de guerra.

El Título 18 del Código de Estados Unidos, artículo 2441, define tal categoría como cualquier acto que viole de manera grave los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención de La Haya o las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario aplicables tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales.

Esta definición incluye actos como tortura, tratos crueles, mutilación, experimentación biológica, toma de rehenes y, de forma crucial para el caso que nos ocupa, el asesinato de personas que no participan en hostilidades, incluidas aquellas fuera de combate o que simplemente no representan amenaza alguna.

La ley estadounidense subraya que, incluso en conflictos no internacionales, la categoría más flexible del derecho de guerra, la muerte deliberada o injustificada de civiles constituye un crimen de guerra.

Dicho en términos simples: para Estados Unidos matar civiles fuera de un campo de batalla, sin autoridad legal ni revisión proporcional, es un delito federal de máxima gravedad.

Bajo este marco jurídico, el creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe adquiere una dimensión profundamente problemática.

Desde el verano de 2025 Washington ha incrementado su presencia naval hasta alcanzar una fuerza conjunta de 15 mil efectivos, la mayor concentración militar estadounidense en la cuenca caribeña desde la Guerra Fría.

Este movimiento no es neutro ni pasajero, ni mucho menos accidental. Está acompañado por una narrativa construida para justificarlo, como bien se ha reiterado en este portal: se trata de impulsar y nutrir la tesis del "narcoestado", presentada como si Venezuela fuera un actor criminal transnacional que amenaza directamente la seguridad nacional estadounidense.

Esa etiqueta, sin fundamento sólido, sirve como soporte discursivo para habilitar sanciones ilegales, operaciones encubiertas y una proyección armada sostenida, lo que convierte el Caribe en un espacio de presión militar permanente.

En este contexto surge la llamada Operación Lanza del Sur, bautizada así por el exmoderador de televisión y ahora jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentada públicamente como una "misión humanitaria" para garantizar la seguridad marítima.

Sin embargo, los hechos contradicen el relato oficial. En menos de un año fuerzas estadounidenses han ejecutado más de veinte ataques contra embarcaciones catalogadas como "sospechosas", hechos que han producido la muerte de más de ochenta civiles, muchos de ellos pescadores o tripulantes sin ninguna vinculación con actividades ilícitas. No ha existido captura, advertencia progresiva ni procedimientos de verificación.

Tampoco ha habido tribunales que examinen las muertes ni mecanismos de revisión de uso proporcional de la fuerza. Cada ataque ocurrió al margen de cualquier proceso judicial, en aguas donde el derecho marítimo exige medidas basadas en evidencia y no en presunciones unilaterales.

Políticos estadounidenses afirman los crímenes de guerra

Desde septiembre de 2025 las declaraciones de altos funcionarios, legisladores y expertos jurídicos estadounidenses comenzaron a perfilar un clima de rechazo, críticas y exigencias de rendición de cuentas respecto a la legalidad y legitimidad de las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump en el Caribe.

Uno de los primeros en fijar posición fue el senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island y miembro de mayor rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, quien calificó la arremetida contra un barco caribeño como una "violación atroz de la ley" y un "peligroso ataque a nuestra Constitución", y denunció que la administración estaba librando una guerra secreta, realizaba asesinatos injustificados y actuaba al margen del Congreso.

Esta advertencia inicial subrayó el riesgo de escalamiento en la relación con Venezuela y abrió la puerta a un escrutinio bipartidista que, para noviembre, ya se había transformado en una investigación formal del Senado.

La posición de Reed se profundizó en su entrevista del 4 de diciembre, cuando reveló la gravedad de las dudas internas en el Comité de Servicios Armados. En esa conversación explicó que el almirante Frank Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales, había ofrecido información reciente a puerta cerrada, pero persistían interrogantes fundamentales. Es decir, hasta qué punto el secretario Hegseth influyó directamente en la operación y si su intervención condujo al resultado letal de ambos ataques.

Reed cuestionó además que Hegseth se apresurara a proclamar públicamente que Estados Unidos había destruido un buque lleno de cocaína y eliminado a todo el personal a bordo, pese a no existir evidencia verificable.

Señaló que el uso de la categoría inventada por Trump de "organización terrorista" carece por completo de fundamento legislativo y distorsiona el papel de las Fuerzas Armadas en funciones tradicionalmente policiales, que históricamente correspondían a la Guardia Costera.

En un punto especialmente controvertido se negó a confirmar si en la comparecencia se mencionó una orden explícita de "matarlos a todos", alegando que ese detalle no podía revelarse por la naturaleza reservada de la audiencia.

Reed también denunció la conducta del secretario Hegseth, quien violó políticas internas del Pentágono al compartir información militar confidencial mediante la aplicación Signal, decisión que puso en peligro a pilotos estadounidenses y evidenció, según él, la falta de temperamento y carácter para asumir el cargo.

Mientras Reed articulaba el ala demócrata del cuestionamiento, voces republicanas críticas comenzaron a romper el silencio.

El 19 de octubre el senador Rand Paul expresó que los ataques contra barcos caribeños "van contra toda tradición estadounidense" y denunció el asesinato de personas sin conocer su identidad, sin pruebas, sin acusaciones formales y violando el principio básico del debido proceso.

Sus declaraciones cobraron un nuevo impulso el 1º de diciembre, cuando calificó los hechos como "indignantes" y cuestionó la defensa de la Casa Blanca ante la ausencia de evidencia de vínculos criminales de las víctimas, reiterando reportes de que pescadores inocentes, incluidos ciudadanos trinitenses, habían sido asesinados.

A finales de noviembre el debate alcanzó un punto decisivo cuando un grupo de exfiscales generales publicó una declaración en la que acusan al Secretario de Guerra de emitir órdenes de "matar a todos" a bordo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, una instrucción que, de confirmarse, constituiría una violación directa del Derecho Internacional Humanitario y del propio derecho penal estadounidense.

El 29 de noviembre la publicación de esta declaración coincidió con un aumento del escrutinio mediático tras revelaciones de ABC News de que un abogado militar (JAG) estuvo presente cuando el almirante Bradley autorizó el segundo ataque del 2 de septiembre, el cual eliminó a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del barco incinerado.

Este detalle abrió una nueva dimensión legal pues, si había asesoría jurídica en tiempo real, debía determinarse qué recomendación se dio y por qué se autorizó una segunda ronda de fuerza letal.

Incluso el senador republicano Tom Cotton, tras reunirse con Bradley, confirmó la presencia de un JAG en el centro de comando, lo que socavó aun más la narrativa oficial de que las operaciones eran plenamente legales.

El Washington Post reforzó estas denuncias al revelar que Hegseth había emitido una orden verbal de "matar a todos" y que, tras observarse que dos sobrevivientes seguían con vida en la costa trinitense, el almirante Bradley ordenó un nuevo embate que los "voló en pedazos en el agua".

Aunque Hegseth y el Pentágono negaron el relato sin explicar qué partes disputaban, expertos legales advirtieron que la base jurídica presentada por la administración, que afirma que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra "narcoterroristas", constituye un abuso del derecho de la guerra para justificar ejecuciones extrajudiciales.

Como señaló Tess Bridgeman, exasesora del Consejo de Seguridad Nacional, esta teoría legal equivale a una distorsión deliberada de conceptos jurídicos para justificar asesinatos, un ejercicio que describió como "jugar a un Mad Lib legal" —juego infantil estadounidense en el que se arma una frase absurda—.

El 30 de noviembre el senador Chris Van Hollen reforzó este panorama al describir el segundo ataque estadounidense, dirigido a los sobrevivientes que ya no representaban amenaza alguna, como un crimen de guerra "muy posible".

Agregó que, aun bajo la dudosa teoría del "conflicto armado" promovida por la administración Trump, atacar a personas incapacitadas o no hostiles viola las leyes de la guerra, y exigió responsabilidad política y penal contra el secretario Hegseth.

Un día después un memorando de exasesores legales militares (JAG) acusó de manera directa a Hegseth de ordenar o validar acciones cuyo objetivo implícito era "no dejar sobrevivientes", lo que provocó incluso un repliegue legal interno dentro del Pentágono debido a problemas de procedimiento y la posibilidad de responsabilidad personal de altos mandos.

En conclusión, todas estas declaraciones, investigaciones, filtraciones y denuncias confluyen en una misma realidad: sin medias tintas, las operaciones estadounidenses en el Caribe desde septiembre constituyen graves violaciones contra el Derecho Internacional, revelan patrones de ejecuciones extrajudiciales y describen hechos que encajan claramente dentro de la definición de crímenes de guerra.

Es crucial subrayar que los senadores y autoridades estadounidenses que hoy denuncian estas acciones no lo hacen por un compromiso moral contra la guerra ni por defender Venezuela. No existe aquí una súbita conversión pacifista de figuras que, históricamente, han apoyado intervenciones militares.

La motivación real es política debido a que, ante el abuso cometido, estos factores aprovechan la oportunidad para golpear desde adentro la administración esquizofrénica de Trump, fracturar su legitimidad, exponer su ilegalidad operativa y debilitarla estratégicamente en un momento de intensa confrontación institucional.

Así, los ataques en el Caribe se han convertido también en un instrumento de disputa interna en Washington, más que en un gesto de justicia hacia las víctimas.

Una investigación que demuestra el patrón histórico de impunidad

El trabajo del periodista Parker Yesko, basado en la mayor base de datos jamás reunida sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, ofrece una evidencia contundente de que la violencia ilegal, la que rebasa incluso los umbrales permisivos del derecho de guerra, constituye un patrón sistémico profundamente arraigado.

Su investigación, elaborada junto al equipo del podcast "In the Dark", revela que el sistema de justicia militar estadounidense ha construido, durante décadas, un andamiaje institucional que garantiza opacidad, desrresponsabilización y, en la mayoría de los casos, impunidad absoluta para violaciones que, de aplicarse el Título 18 del artículo 2441 del Código de los Estados Unidos, calificarían claramente como crímenes de guerra.

Este hallazgo ilumina las prácticas del pasado en Asia Occidental, y también contextualiza lo que hoy ocurre en el Caribe: la lógica de la impunidad ya existía y el escenario caribeño únicamente la proyecta hacia un nuevo teatro geopolítico.

Yesko y su equipo lograron identificar 781 incidentes investigados por las Fuerzas Armadas desde el 11 de septiembre de 2001, que involucraron más de 1 800 víctimas potenciales.

Cada uno de esos casos representa una denuncia de asesinatos extrajudiciales, torturas, abusos contra detenidos, disparos indiscriminados contra civiles o muertes en custodia estadounidense.

Sin embargo, el hallazgo más perturbador es que 65% de todas las denuncias fueron desestimadas por investigadores militares que concluyeron, rutinariamente, que "no había delito".

Soldados que confesaron asesinatos, prisioneros que denunciaron torturas en Abu Ghraib, civiles muertos en puestos de control o detenidos fallecidos en Bagram fueron archivados como "incidentes aceptables" o "eventos no corroborables", incluso cuando existían testimonios directos, registros médicos o pruebas físicas.

La investigación muestra que el sistema no está diseñado para esclarecer la verdad sino para impedirla, es decir, la justicia militar opera bajo estándares opacos, exenciones de la FOIA (Ley de Libertad de Información de EE.UU.), destrucción de expedientes y un uso administrativo de las investigaciones que evita deliberadamente el escrutinio público.

Incluso, en los 151 casos en los que los propios investigadores militares encontraron causa probable para concluir que se había cometido un delito, incluidas violaciones, asesinatos, torturas y ejecuciones sumarias, la rendición de cuentas siguió siendo excepcional.

Yesko identificó 572 presuntos perpetradores; apenas 127 fueron condenados; y la pena promedio fue de ocho meses de reclusión, una cifra irrisoria comparada con cualquier sistema civil.

La mayoría de las sanciones fue administrativa: degradaciones, cartas de amonestación o tareas adicionales.

Peor aun, los comandantes que, por doctrina militar, deberían impedir estas conductas o denunciarlas casi nunca enfrentaron consecuencias, lo que consolida una cultura operativa en la que la violencia ilegal es tolerada, excusada o invisibilizada.

Este patrón desmitifica la narrativa estadounidense de la "justicia militar ejemplar", y además demuestra que la estructura jurídica y burocrática está diseñada para impedir cualquier forma real de rendición de cuentas.

Cada elemento de la investigación de Yesko configura un aparato de encubrimiento que trata de una arquitectura institucional coherente, calibrada para absorber el impacto político de los crímenes de guerra sin permitir que generen responsabilidad penal significativa.

Por ello la investigación documenta atrocidades pasadas, pero a la vez explica la continuidad histórica que hace posible la conducta actual de Estados Unidos en el Caribe, donde más de 80 civiles han sido asesinados en menos de un año sin investigaciones independientes, sin tribunales, sin proporcionalidad y sin verificación de amenaza.

El patrón es el mismo: acciones letales, narrativa justificatoria, ausencia de escrutinio, ausencia de justicia. La investigación es una advertencia de lo fundamental.

En definitiva, el presente caribeño no puede comprenderse sin el pasado de Irak, de Afganistán y de Vietnam. Los crímenes de guerra que ayer se enterraron, hoy se reproducen en un nuevo frente geopolítico: Venezuela y el resto de la región amenazada.