El Informe Nacional de Evaluación del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas en inglés) es un documento publicado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2025.
Este documento presenta actualizaciones y datos sobre el comercio de armas, el tráfico ilegal, armas de fabricación privada (PMF), robos, trazabilidad de armas ligadas a crímenes y tráfico transfronterizo, especialmente hacia México.
Por su parte, el Informe de Seguridad Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, adscritas a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) de México de septiembre de 2024, ha publicado datos sobre el flujo de armas en y hacia ese país, correlacionando ese patrón con las dinámicas criminales, incluyendo el narcotráfico.
Por otro lado, los informes anuales de la Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), alusivos a narcotráfico, flujo de ramas y violencia, aluden como delitos transnacionales el tráfico de armas desde Estados Unidos a otros países.
Un conjunto de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y think tanks, han señalado la sincronía entre el surgimiento de estructuras de crimen organizado narcotraficantes transnacionales y el poder de fuego de bandas criminales en entornos locales de la región latinoamericana y caribeña.
En los documentos oficiales, así como en las fuentes segundarias, hay un gran consenso; Se mencionan las admisiones de responsabilidad compartida de los gobiernos y sus debilidades en cuestiones de narcotráfico y flujo de armas, concluyendo que Estados Unidos es epicentro de un conjunto de actividades criminales, que incluyen el tráfico de armamento a modo masivo a beneficio de agrupaciones narcotraficantes en México, Colombia, Ecuador y otros países.
En este sentido, el factor del flujo ilegal de armas adquiere cualidades especiales. Es un denominador de fuerza, poder de fuego y construcción de control territorial de los cárteles en México y otros países. Pero esto no sería posible sin la existencia de redes y mafias de exportación ilegal de armas desde Estados Unidos.
Mediante el uso de datos abiertos y su procesamiento analítico, este trabajo sustenta las tendencias y conclusiones sobre el llamado "Río de Hierro", el cual es el principal factor de inseguridad regional.
ESTADOS UNIDOS COMO EMPORIO ARMADO
En Estados Unidos existen distintos tipos de legislación estatal para regir el control de armas, estableciendo distintos niveles de tolerancia a su porte y uso. El derecho constitucional de tenencia de armas por parte de la población civil es el principio rector de esta política. El Informe del Departamento de Justicia publicado en 2025 refiere unos datos sólidos sobre la proliferación de armas en Estados Unidos.
La fabricación nacional de armas de uso personal, bajo la Ley de Control de Armas (GCA), aumentó un 279% desde 2000 hasta su pico en 2021; esto se traduce en un flujo de 14.581.763 unidades de diversos tipos de calibre, según el informe NFCTA.
La fabricación de armas bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA), como silenciadores y rifles de cañón corto, creció un 601% desde 2000 hasta 2022, con silenciadores, representando un aumento asombroso del 9.504% en ese periodo.
El circulante de diversos tipos de armas en suelo estadounidense incluye las viejas armas en existencia previas al año 2000 y una ingente cantidad de armas que son de origen extranjero y que están reguladas en el país bajo la ley de Control de Armas.
Según el gobierno de Washington, en 2024, la cantidad estimada de armas en manos de ciudadanos estadounidenses se situó entre 378 y 500 millones de armas de fuego, representando aproximadamente de 1.14 a 1.93 armas por cada adulto. El informe del Departamento de Justicia no establece una cifra precisa en este sentido. Las condiciones para la tenencia de armas en estados como Texas, Mississippi, Dakota del Sur y otros estados sureños son sumamente laxas y crean condiciones para el tráfico ilegal.
Pero en Estados Unidos concurre otro fenómeno, el de las "Ghost Guns" (Armas Fantasmas) y dispositivos de conversión, que son de fabricación artesanal, sin serial de identificación y sin marca para rastreo de balas por los servicios de investigación en balística. La producción de este tipo de armas habría aumentado, según estimaciones de los entes gubernamentales, un 784% entre 2019 y 2023.
Los datos reflejan que Estados Unidos es un paraíso para la tenencia de armas, pero también que el mismo gobierno estadounidense está perdiendo el control sobre la tenencia e incluso el flujo de armas de fabricación ilegal, el cual prospera dentro del marco de tolerancia y aceptación de la tenencia de armamento por parte de la población, mediante personas particulares, empresas de seguridad, grupos de milicias y redes criminales de diversa naturaleza.
El gobierno estadounidense estima que, en su territorio, existen al menos 77 mil puntos ilegales de ventas de armas.
Dicho gobierno no divulga datos anualizados y detallados sobre el total de armas cortas y rifles de asalto vendidos en ese país a personas particulares o empresas. Pero el año 2020, por razones de tensiones sociales e incertidumbre por la pandemia, es reseñado como un año de repunte de las ventas de armamento.
En total se vendieron 22.8 millones de armas de fuego en ese país solo ese año. También se estimó la existencia de 22.4 millones de rifles tipo AR-15. Este dato es desconcertante, considerando que hay un conjunto inmenso de tipos de armas de asalto disponibles en Estados Unidos y aunque el AR-15 es el más popular, no es el único disponible, y la cuenta de armas largas en manos de civiles podría ser abrumadoramente mayor.
EL TRÁFICO DE ARMAS A MÉXICO COMO PRINCIPAL NUDO CRÍTICO
Las autoridades mexicanas y el mismo gobierno estadounidense han indicado que hay un flujo de armas ilegales, de diversos calibres, desde Estados Unidos a México, que alcanza las 200 mil unidades por año, y este ingente flujo de armamento, equivalente al de un país en guerra, va a las redes del narcotráfico y crimen organizado en México, Centroamérica y Colombia.
Según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estima que entre 2 y 3 millones de armas han ingresado desde ese país a México entre los años 2010 y 2022.
De la misma manera, según el informe NFCTA, el gobierno estadounidense ha admitido que México recibe el 72% de las armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. En términos referenciales, esto es muy significativo, pues Canadá, también vecino fronterizo, solo recibe el 6,5% de la exportación ilegal de armas.
Según el gobierno mexicano, el 80% de las armas de fuego decomisadas en escenas de crímenes o en requisas en ese país, provienen de Estados Unidos. Las armas decomisadas y trazables en México, según el gobierno de ese país, refieren que los estados que más envían armas ilegales a la frontera Sur son; Texas (con 43%), Arizona (con 17%), California (con 13%) y Florida (2%). Existen unas 22 mil 689 armerías en estos estados.
Según la organización estadounidense "Violence Policy Center", que estudia el fenómeno del "Río de Hierro" (flujo de armas a México) el caso de los estados Arizona, Nuevo México y Texas es preocupante.
"Los datos de rastreo con los que cuenta la Oficina Federal de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno estadounidense (ATF, por sus siglas en inglés) han sido analizados por investigadores del Centro Johns Hopkins sobre Políticas de Armas e Investigación y los análisis resultantes indican que los estados fronterizos con las tasas más altas de exportación de armas criminales per cápita (Arizona, Nuevo México y Texas) presentan tasas de exportación cuatro veces más altas que las de California", refieren.
Dichos investigadores atribuyen esto a que California tiene leyes más estrictas en materia de venta de armas que los demás estados fronterizos. California sería entonces un entorno poco atractivo para traficantes que quieren adquirir armas, porque allí no sólo prohíbe la venta de armas de asalto que ellos claramente desean, sino porque se le puede afincar responsabilidades a alguien que, habiendo comprado un arma en el estado, la transfiera ilegalmente.
Además, las leyes estatales de California prohíben la compra de armas en kits o lotes, a diferencia de Texas y Arizona, donde los grupos de traficantes que operan en esos estados no tienen restricciones legales para efectuar ese tipo de transacciones.
Entretanto, el gobierno mexicano ha señalado las tendencias del flujo de armas a su país, acorde a datos de los gobiernos de ambos países y sugieren que la incidencia de los estados del sur en la violencia en México es clara.
El gobierno mexicano estima que el flujo de armas a su territorio se intensificó tras el fin de la Prohibición Federal de Armas de Asalto en Estados Unidos (medida que fue tomada en el año 2004). Este evento precedió la política de "Guerra contra el Narco" del gobierno de Felipe Calderón. Es decir, cuando en Estados Unidos se da luz verde a la tenencia de armas de asalto, estas fluyeron en gran escala a grupos narcotraficantes mexicanos, los cuales incrementaron su poder de fuego para responder contra el Estado mexicano.
Los datos sugieren que el proceso de envío de armas por vías ilegales a México es parte de una intrincada y consolidada red de relaciones turbias en suelo estadounidense, que está estrechamente ligada a grupos narcotraficantes en Estados Unidos.
Esto es ratificado por los gobiernos de ambos países. Según el gobierno norteamericano, el 95% de los traficantes de armas detenidos son de nacionalidad estadounidense.
Este dato es absolutamente relevante para ilustrar los componentes y actores de estas redes criminales. No se trata solamente de latinoamericanos integrantes de carteles operando en suelo estadounidense, se trata de redes estadounidenses del tráfico de armas conformadas por connacionales de ese país.
Esta logística ilegal es de un tamaño considerable. El informe NFCTA reporta que unos 150 mil vehículos cruzan diariamente por la frontera sur, sin revisiones exhaustivas, facilitando el "tráfico hormiga" de armas. Lo cual sugiere que hay líneas consolidadas de comunicación, personas participantes y personas pagadas por estas actividades. En otras palabras, se trata de una mafia en suelo norteamericano.
Los túneles transfronterizos entre ambos países se han consolidado como autopistas del flujo de drogas hacia Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país. Por otro lado, existen otros métodos que se desarrollan ampliamente en suelo estadounidense.
Según la Organización "Stop U.S. arms to México" uno de ellos es el de compra de armas mediante intermediarios ("Straw purchasing"), en la que los carteles mexicanos se hacen de armas compradas en suelo estadounidense, por ciudadanos estadounidenses, en tiendas como Walmart o armerías en Texas y Arizona. Esto solo es posible con una laxa y excesivamente tolerante política para el porte de armas en suelo estadounidense.
Si bien los estados sureños son los que más envían armas ilegalmente a México, las armas decomisadas en México que han logrado ser rastreadas hasta Estados Unidos refieren la gravedad del patrón; al sur de la frontera hay armas provenientes de casi todos los estados de Estados Unidos.
Los datos de las armas incautadas permiten su rastreo hasta las tiendas en las que fueron vendidas a personas particulares o jurídicas. Los datos sistematizados desde 2018 hasta 2020 ofrecen la siguiente perspectiva.
Este problema no concierne únicamente a México. En realidad, es un problema de alcance continental, con énfasis en la región latinoamericana y caribeña, por la prevalencia en esta región de grupos criminales transnacionales que emplean el poder de fuego como un mecanismo efectivo, para el control territorial, el debilitamiento de las fuerzas públicas y de deterioro de las condiciones de seguridad.
EL PROBLEMA TIENE ALCANCE CONTINENTAL Y REGIONAL
Según informes del think tank estadounidense RAND, Estados Unidos es el principal proveedor de armas ilícitas en la región, con un 70% o más del armamento incautado en América Latina.
Las armas se adquieren legalmente en estados como Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, California y Georgia, así como en menor proporción en todo el país, y se trafican vía aérea, marítima o terrestre, a menudo en trueque por drogas.
En sus estudios sobre violencia, ONUDD ha revelado tendencias en su informe "Estudio Global sobre Homicidios", de 2023, sobre los mecanismos más utilizados para asesinatos en el mundo. Estos datos fueron usados para establecer un patrón comparativo entre el continente americano y el europeo, revelando datos absolutamente preocupantes, acorde a las últimas cifras disponibles correspondientes a 2021.
En el continente americano las armas de fuego son el principal mecanismo para cometer asesinato. El contraste entre América y Europa es absolutamente notorio, según la imagen a continuación.
Los datos sugieren que el continente americano está inundado de armas de fuego. Es particularmente llamativo que en América Latina y el Caribe predomine esta tendencia, considerando que, en la región, en la mayoría de los países, las políticas sobre el control y tenencia de armas por parte de la población civil son predominantemente restrictivas y estrictas.
Lo que quiere decir que las armas en las calles de la región, son de origen criminal e ilegal, se han ubicado por prácticas de contrabando y tráfico desde Estados Unidos.
En el continente, solo Estados Unidos tiene una política claramente laxa en esta materia de armas y los patrones de flujo de armas sugieren que las políticas domesticas de ese país han tenido un colateral muy negativo en la región.
La imagen refiere, según datos de ONUDD, que las muertes por armas de fuego son el principal mecanismo para cometer asesinatos en la región, a diferencia de las tendencias que se aprecian en el continente europeo, donde los índices de asesinatos son menores y son cometidos principalmente por armas blancas.
Sobre armas de fuego, en Europa solo se reporta una prevalencia leve en Suecia y una prevalencia clara de más muertes por armas de fuego en países de la antigua Yugoslavia (que estuvieron en guerra civil y bajo intervención de la OTAN en los años 90).
Los datos sugieren que Estados Unidos ha irradiado al continente entero con armas de fuego, y esta situación va de la mano con el auge del crimen organizado, narcotráfico, surgimiento de bandas criminales y otros factores generadores de violencia.
El vínculo entre el narcotráfico y el flujo de armas estadounidenses al narcotráfico es muy claro, simbiótico y claramente ha perjudicado las condiciones de seguridad en la región latinoamericana y caribeña.
Este tráfico de armas ha aumentado en los últimos años, agravando la violencia en países como Colombia, donde más del 70% de los homicidios involucran armas de fuego.
Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, históricamente la procedencia del mercado de armas ilegales solía ser variada y comprendía a más de 40 naciones del mundo. Sin embargo, las estadísticas actuales muestran que la mayoría de las armas incautadas durante los últimos años fueron fabricadas legalmente por empresas norteamericanas, convirtiendo a los Estados Unidos en el primer proveedor de armas ilegales de Colombia.
"Las armas son traficadas hacia Colombia vía Panamá por los centros de comercio ilegal de cocaína en el Caribe y las costas del Pacífico en la frontera sur de Ecuador", indica la universidad de la nación neogranadina.
Según la Universidad Nacional de Colombia, el 80% de las armas en ese país son de origen estadounidense. Este fenómeno actual se debe a que los carteles de droga mexicanos han adoptado la cocaína como moneda de cambio en el negocio de tráfico de armas hacia Colombia. O sea, carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación vienen utilizando las mismas rutas para llevar a cabo el intercambio de armas por cocaína con grupos armados como el Clan del Golfo, Los Pachenca en Santa Marta y La Cordillera en Pereira.
Se estima que unas 45.000 armas de fuego (fusiles, subametralladoras y revólveres) ingresan ilegalmente a Colombia cada año, muchas de origen estadounidense vía Centroamérica o directamente desde estados como Florida y Texas, según la Armada Nacional de Colombia (informe regional, 2025).
En Colombia se han decomisado armas de diversos orígenes, de fabricación colombiana, italiana, francesa y de origen ruso, pero la procedencia estadounidense de armas supera ampliamente la existencia de armas de otras nacionalidades en Colombia.
Según autoridades colombianas, el 80% de las armas ilícitas en ese país, ingresan vía mercado negro para grupos armados y bandas como Rastrojos, Urabeños y Clan del Golfo. Esta nación figura entre los 6 países en el mundo con más muertes por violencia con armas de fuego, a niveles similares a países en guerra.
Con Colombia como receptor clave de armas ilegales en la región, los decomisos también aumentaron un 120% desde 2016 hasta 2023, según Small Arms Survey, un laboratorio de ideas y estudios sobre armas y violencia con sede en Suiza. Si bien las incautaciones son rasgo de un fortalecimiento de las políticas de seguridad, es evidente que el aumento del flujo de armas también incrementa la proporción de los decomisos.
En otro orden de ideas, las bandas criminales en Ecuador, como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, utilizan armas de fuego de origen estadounidense en sus operaciones de narcotráfico, extorsión y violencia territorial. Estas armas llegan principalmente a través de rutas indirectas: se trafican primero a México y luego se envían a Ecuador vía avionetas, trueques con carteles mexicanos o por tierra desde Colombia y Perú.
Fuentes como el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y la Fiscalía ecuatoriana confirman esta conexión, destacan que el 90% de los homicidios en Ecuador (el país con la tasa más alta de Latinoamérica en 2023, con 47,25 muertes violentas por 100.000 habitantes) se cometen con armas de fuego.
El 90% de los 2.389 eventos violentos en Ecuador (2024) involucran armas de fuego, principalmente rifles y pistolas de calibre 5.56 y 9 mm de fabricación estadounidense (ej. marca Anderson). Bandas como Los Tiguerones usan estas para ejercer control territorial.
Las armas entran por avionetas desde México/Centroamérica (mediante intercambio por cocaína), por río Aguarico desde Colombia o por frontera con Perú. El 61% de armas usadas por crimen organizado ecuatoriano son de fabricación estadounidense.
El problema de la corrupción policial es también un componente del flujo de armas a Ecuador. Es oportuno recordar el famoso caso "Depuración Azul" (2025), donde se confirmó que policías ecuatorianos desviaron armas y municiones donadas por Estados Unidos (fusiles, pistolas y 2.000 cartuchos) a bandas como Mafia 18, Freddy Krueger y Los Tiguerones.
POLÍTICA DELIBERADA DE SATURACIÓN DE ARMAS
En 1994 el gobierno de la Casa Blanca aprobó una medida, con renovación a 10 años, que suspendía la libre fabricación y compra de ciertos tipos de rifles de asalto y armamento largo por parte de ciudadanos estadounidenses. Se llamó "Prohibición Federal de Armas de Asalto". La legislación se aprobó como parte de un proyecto de Ley Integral contra el Delito, promulgada por el presidente Bill Clinton en septiembre de 1994.
Sin embargo, la Ley expiró en 2004 porque fue creada con una cláusula de caducidad de 10 años, y el Congreso, liderado entonces por republicanos que se oponían a la prohibición, decidió no renovarla antes de la fecha límite. Esto significó un revés en los intentos de regulación de la tenencia de armas de asalto, rifles, carabinas y demás armas largas a nivel nacional.
Aunque algunos estados de la unión norteamericana existen ciertas restricciones relevantes, estas armas se pueden adquirir por personas particulares, especialmente en los estados del sur. Incluso la cadena de tiendas por departamentos Wallmart las dispone en sus vitrinas como cualquier otro tipo de artículo. Estas armas también pueden ser adquiridas por personas jurídicas, empresas, contratistas de seguridad, entre otras.
Pero el flujo de armas a México es mucho más extenso y va más allá del llamado "trafico hormiga".
El gobierno mexicano, concretamente la SEDENA, refiere el fenómeno de armas producidas por fabricantes estadounidenses (Colt, Winchester, Smith & Wesson, Remington y otras), las cuales no estaban registradas en Estados Unidos, pero que terminaron en suelo mexicano.
Según el gobierno mexicano, en 2021, había negligencia por parte de los fabricantes al no contener el desvío de su producción, y demandaron a estas empresas por 10 mil millones de USD. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó esa demanda en 2024 bajo el paraguas de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005. Las preocupaciones del gobierno mexicano son absolutamente contundentes. SEDENA estima que hay 17 millones de armas ilegales en México.
El uso de las “ghost guns” (armas artesanales sin serial) de tipo de asalto y rifles de gran calibre no rastreables se ha incrementado en México. Los indicios sobre este patrón sugieren la existencia de armerías clandestinas en Estados Unidos que están colocando armas de este tipo en México. Conviene agregar en este ítem que en Estados Unidos existen muchas armerías o fábricas de armas artesanales que son legales, facultadas para fabricar replicas. Esta actividad se ha incrementado desde la masificación de impresoras 3D. Para fines de estas actividades, la polvora, material para cartuchos de balas y demás insumos para la fabricación de armas funcionales, están disponibles de manera legal y accesible al público. Estas condiciones sugieren que personal experimentado en armerías está fabricando armas fantasmas a favor de los carteles, un claro indicio de la existencia de grupos mafiosos estadounidenses.
Desde 2011 a 2022 SEDENA ha reportado 214 mil homicidios con armas de fuego. También han indicado un aumento acumulado de las muertes por la violencia de grupos narcotraficantes. Pero la articulación intergubernamental entre México y Estados Unidos es considerablemente débil. México no ha logrado que el gobierno estadounidense construya una fuerte política de controles transfronterizos.
En su informe de 2021, la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) recomendó a ambos países establecer políticas de rastreo digital, background checks, rastreo de compradores y controles al comercio desde grandes fabricantes y proveedores en suelo estadounidense. Pero los gobiernos no han logrado establecer políticas consistentes.
Es necesario subrayar el comercio legal de armas desde Estados Unidos a diversas "agencias de seguridad" y "contratistas" en diversos países de la región latinoamericana y México, sin controles pertinentes y mediante políticas comerciales laxas. Estados Unidos ha reflejado datos sobre la inundación de armas en México durante años. De igual manera, han sido oportunamente informados por diversos gobiernos de México y Centroamérica sobre este tema de seguridad continental.
Pero los decisores en la política estadounidense no han actuado en consecuencia y las razones pueden ser múltiples. Una de ellas estaría relacionada con el precio de las acciones de las empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, en caso de que las regulaciones incidan en una baja en los pedidos y despachos de armas, tanto en el mercado legal como en el ilegal.
Por otro lado, existe el rechazo de grupos de presión y lobby, a cargo de empresas de armas hacia representantes y senadores en el Congreso, así como funcionarios en el poder Ejecutivo. Estos grupos instan al gobierno norteamericano a no establecer compromisos profundos para contener el flujo de armas a México y la región, pues esto podría afectar las utilidades de las empresas de armas y colateralizarse en el valor de esas empresas en el marcado de acciones. Pero estos indicios podrían ser solo la punta del iceberg.
Los datos refieren, por parte de Estados Unidos, un proceso de negligencia deliberada, políticas laxas favorables a las empresas de armas y una posible estrategia sostenida de perturbación de las condiciones de seguridad en los países vecinos.
El objetivo del deterioro de las condiciones de seguridad en los países vecinos, como México y Colombia, es una cuestión polifuncional al gobierno estadounidense, porque garantiza la perpetuidad de enemigos y amenazas visibles para sostener su política de seguridad transfronteriza regional, con alta incidencia e injerencia en la política de los gobiernos de la región.
El caos armado y la presencia de grupos narcotraficantes, paramilitares, terroristas y otras organizaciones basadas en el control armado territorial favorecen las condiciones para que Estados Unidos exteriorice el problema narcotraficante, poniendo el foco en otros países y no en su propio territorio como epicentro del consumo de drogas, del despacho de armas y de concentración de capitales del narco.
El caso más grave en la región, es el de armas estadounidenses como un componente central del deterioro de las condiciones de seguridad en Haití.
Las pandillas haitianas, como 400 Mawozo, G9 y 5 Segond, dependen en gran medida de armas de fuego traficadas ilegalmente desde Estados Unidos para sus operaciones de control territorial, secuestros, extorsión y violencia armada.
Haití no produce armas ni municiones, por lo que el flujo ilícito desde Estados Unidos -principalmente Florida- es el principal abastecedor, según informes de la ONUDD citados por el medio Financial Times.
Este tráfico ha intensificado la crisis, con pandillas controlando hasta el 90% de Puerto Príncipe y causando más de 5.600 muertes en 2024. Las armas incluyen rifles de asalto (AR-15, AK-47), pistolas y munición de alto calibre, ocultas en envíos comerciales y transportadas por mar, aire o tierra.
El 70% de las armas desomisadas en El Caribe, son estadounidenses. En Haití, los registros apuntan a un 73% de armas estadounidenses. El patrón de congruencia es clara.
Por otro lado, según los reportes mencionados, hay unas 500.000 armas ilegales en circulación (en un país de 11,7 millones de habitantes). El tipo de armas en manos de las bandas criminales, les otorga un poder de fuego superior al que tienen las fuerzas policiales de seguridad, que son de apenas 9 mil efectivos sub-armados.
La gravedad del caso haitiano refiere el patrón de poder, dominio y control territorial que otorgan las armas. Con más y mejores armas, las bandas haitianas controlan más territorios, más puertos, más rutas de suministro, para poder recibir más armas y bienes del narcotráfico (como cocaína colombiana). Esto al mismo tiempo les otorga más poder económico para luego adquirir más armas. Es un círculo vicioso.
Esto ha devenido en la construcción en Haití de situaciones claras de un Estado fallido.
La pérdida del rol del Estado en la gestión de la vida social, es resultado de la sedimentación institucional, una vez que los grupos armados sobrepasaron las capacidades de la policía y las fuerzas armadas haitianas, produciendo una ruptura del orden político y social. El gobierno de facto en grandes territorios de Haití es encarnado en las bandas criminales y el país ha caído en un bucle en el que se destruyó el orden y la gobernanza de maneras graves. Es el proceso destituyente más formidable en la región en la actualidad.
Pese a la gravedad de estos datos, su significado político y el saldo humano, dentro y fuera de Estados Unidos, este país prefiere conservar su política de armas regida desde la 2da Enmienda Constitucional de 1791, una política arcaica, pero que es un componente identitario y cultural de ese país.
También es evidente que la política internacional de control de armas desde Estados Unidos es débil, desarticulada, con mínima colaboración internacional y por sus inmensos efectos colaterales, no contribuye a las condiciones de seguridad en el continente. Estados Unidos, como primer actor responsable, tiene pleno conocimiento de ello.
Por lo tanto, considerando este gran acumulado de debilidades, omisiones de responsabilidades y baja colaboración norteamericana, la cuestión del "Río de Hierro" desde Estados Unidos debe entenderse como un conjunto de medidas deliberadas, instrumentales a agendas de reposicionamiento y "aseguramiento" del país norteamericano en lo que consideran su "espacio de influencia".
Estados Unidos promueve los factores de amenaza, para de igual manera, promover la "cura", incrementando su presencia militar, ejerciendo injerencia en la política de gobiernos de la región y ejecutando presiones para extender su alcance jurídico y militar en el continente.