El pasado 15 de septiembre el gobierno de Estados Unidos descertificó a Colombia por primera vez desde 1996, cuando gobernaba Ernesto Samper Pizano. Acusa al país sudamericano de "no cumplir de manera demostrable" con sus obligaciones en la lucha contra las drogas.
Aunque simbólica —ya que se otorgó una exención de sanciones por "interés nacional"—, la medida abre la puerta a presiones económicas, restricciones crediticias y la reducción de cooperación militar. Este recorte alcanzaría hasta 315 millones de dólares anuales, según datos de la Cámara Colombo Americana (AmCham), con impactos potenciales que superarían los 2 mil millones de dólares en turismo, inversiones y acceso a organismos multilaterales.
Según el memorando oficial de la Casa Blanca, el "fracaso de Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones a lo largo del último año recae únicamente en su liderazgo político", en clara alusión al presidente Gustavo Petro.
Un contexto de amenazas marca Trump
Esta descertificación ha sido interpretada como una forma de injerencia política destinada a debilitar el gobierno del susodicho, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2026. Pero también llega en un momento cuando el gobierno de Donald Trump ha intensificado su retórica belicista contra América Latina utilizando la lucha antidrogas como pretexto para justificar operaciones militares en la región.
Días antes de la medida sobre Colombia Trump ordenó un ataque contra, al menos, dos embarcaciones supuestamente venezolanas en aguas del Caribe, que dejaron 14 muertos, bajo la acusación de que transportaba drogas. Esta acción fue calificada por expertos como una ejecución extrajudicial y una violación del Derecho Internacional.
En paralelo, el gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una reforma constitucional en Ecuador para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras —un pilar de la Constitución de Montecristi de 2008, que declaró al país "territorio de paz"—. Ya firmó un acuerdo con Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar mercenarios en operativos de seguridad en Guayaquil y combatir el crimen organizado.
Según analistas, este pretexto no se sostiene porque la verdadera motivación es geoestratégica: contener la influencia china en la región, particularmente tras la construcción del puerto de Chancay en Perú, y reforzar el control sobre rutas marítimas y recursos naturales.
Choques acelerados en lo que va de 2025
Desde que asumió la presidencia en 2022, Gustavo Petro ha enfrentado una oposición feroz, tanto interna como externa. En mayo pasado reveló vínculos entre poderosas redes de narcotráfico y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El eje organizativo de este delito está entre Emiratos Árabes Unidos, Albania, España y Ecuador, cuyo gobierno es fiel aliado de Washington.
Otro de los choques con Washington ocurrió en julio pasado, cuando sectores políticos vinculados con Álvaro Uribe presionaron para que Estados Unidos aplicara sanciones similares a las impuestas contra Brasil por supuestas "interferencias en procesos judiciales". La referencia era al manejo del caso Uribe, investigado por manipulación de testigos y soborno.
La respuesta de Petro fue contundente y anticipó su postura frente a la descertificación actual. "Colombia no se chantajea", declaró en ese momento y subrayó que las decisiones judiciales y políticas propias no podían estar sujetas a la presión de potencias extranjeras.
En agosto, ante los eventuales ataques militares estadounidenses en la región, Petro fue aun más directo: "El presidente Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar". Recordó que la historia de la región ya ha sufrido episodios dolorosos por ataques aéreos: "No lo hacemos nosotros porque ya mataban a los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. La soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer".
Estas declaraciones reflejaron una lectura estratégica en la que Petro entiende que el gobierno de Trump utiliza la excusa de controlar el flujo de drogas para imponer una agenda política que elimine gobiernos disidentes.
Su postura ha marcado la relación con Washington desde el inicio. Mientras gobiernos anteriores aceptaban las directrices de la DEA y el Pentágono sin cuestionamiento alguno, Petro ha planteado reducir la erradicación forzosa, impulsar los cultivos de sustitución con inversión social y cuestionar abiertamente la efectividad de la militarización como herramienta antidrogas. Para Washington esto es inaceptable, por lo que la descertificación es más que un castigo por ineficacia, es una respuesta a la insubordinación.
"el problema es de ellos, no nuestro"
La reacción de Petro a la descertificación fue inmediata y contundente. En un Consejo de Ministros transmitido el 16 de septiembre, dijo: "Colombia ha puesto la sangre contra el narco y ahora Donald Trump nos descertifica. Eso no es lucha antidrogas, es chantaje colonial. La soberanía no se negocia". Y es que este país ha pagado con sangre el costo de una guerra que, en esencia, responde a la demanda de drogas en Estados Unidos.
El Estado marcó un nuevo récord en 2024 al incautar 960 toneladas de cocaína y base de cocaína, 14% más que el año anterior. Sin embargo, entre 2022 y 2023 el cultivo de coca aumentó 10%, llegando hasta las 253 mil hectáreas, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).
Según cifras oficiales, en lo que va de 2025 las fuerzas de seguridad colombianas han erradicado 11 mil hectáreas de coca, frente a una meta de 30 mil. El mandatario ha anunciado que estos procedimientos continuarán de manera voluntaria, porque la manera forzada, como lo pide Washington, es una política que "mata policías" en su país.
Ha insistido en que el problema del consumo no se resuelve con erradicación forzada y violencia en los países productores, sino con políticas de salud pública en los países consumidores. Además, afirmó que la gestión antidrogas de Estados Unidos "fracasó, fue derrotada por la mafia", acusó a Washington de mentir sobre los datos de cultivos de coca, señalando que el aumento de la siembra ocurrió durante el gobierno anterior, con fumigación incluida.
Criticó la hipocresía de un país donde la epidemia de fentanilo causa estragos, señalando que el dinero del narcotráfico lava y corrompe las economías del primer mundo. "¿Dónde se lava el dinero: en Colombia o en Nueva York?", cuestionó. También afirmó que "nosotros los ayudamos a ellos, porque el problema es de ellos, no nuestro", refiriéndose a que Colombia sufre las consecuencias de una política que no ha logrado reducir el consumo internacional de drogas. Además, anunció la suspensión de compras de armas a Estados Unidos, su principal proveedor militar, como medida de presión y autonomía estratégica.
El gobierno colombiano ha insistido en su compromiso, pero bajo una óptica diferente. Petro ha destacado los esfuerzos de su gobierno por desarticular las redes de narcotráfico y citado, por ejemplo, datos sobre capturas y desmantelamiento de laboratorios, argumentando que la lucha es efectiva pero debe ser integral.
La piedra angular de la respuesta de Petro es su llamado a abandonar el modelo de "guerra" y adoptar uno de regulación y enfoque de salud pública. Colombia aboga por su enfoque de "paz total", que incluye diálogo con grupos armados y sustitución de cultivos, como una alternativa viable a la militarización.
Ha propuesto una convención internacional que discuta la descriminalización, la regulación de mercados y el tratamiento del consumo como un problema de salud pública, no de seguridad. Su gobierno insiste en que la militarización de la lucha solo ha generado más violencia, desplazamiento y degradación ambiental, sin reducir la oferta de drogas.
Un fracaso en datos
Detrás de la retórica de Trump y la descertificación está el hecho incómodo de que la guerra contra las drogas en Colombia ha fracasado rotundamente. La posición de Petro se basa en la abrumadora evidencia del fracaso un modelo prohibicionista impulsado durante décadas por Estados Unidos. Este tiene su máxima expresión en el Plan Colombia (2000-2016). Algunos datos:
- Aumento de cultivos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2023), la superficie cultivada con coca en Colombia casi se triplicó en la última década, alcanzando las 253 mil hectáreas en 2023. A pesar de billones de dólares invertidos, fumigaciones con glifosato y la militarización de vastas zonas del país, Colombia ha mantenido históricamente altos niveles de cultivos de coca. Se ha demostrado que las estrategias de erradicación forzada son inefectivas a largo plazo, ya que los cultivos se reagrupan y se desplazan geográficamente (el "efecto globo").
- Enfoque insuficiente. El mismo informe de la ONUDD concluyó que "la represión militarizada no reduce la oferta ni la demanda, pero sí aumenta la violencia y la corrupción". Dicho enfoque no ataca las causas estructurales: la pobreza, la falta de oportunidades y la marginalidad en las zonas rurales que hacen del cultivo de coca una opción de supervivencia.
- Viralización de la violencia. Según un informe de la organización WOLA, desde el año 2000, Estados Unidos ha entregado a Colombia más de 14 mil millones de dólares en ayuda, de los cuales el 64% fue destinado a fuerzas militares y policiales. La guerra contra las drogas ha sido el combustible del conflicto armado colombiano mediante el financiamiento de grupos ilegales, paramilitares y guerrillas, que han dejado miles de víctimas, líderes sociales asesinados y comunidades destruidas. Este enfoque ha sido cuestionado por su impacto en derechos humanos y su ineficacia en el combate a las redes criminales.
La política de Petro, aunque en fase inicial y con grandes desafíos, intenta pivotar hacia la sustitución voluntaria de cultivos, la reforma rural integral y el desarrollo territorial. La descertificación intenta sabotear este giro, pero también es una oportunidad. Para Petro, y para América Latina, es el momento de demostrar si hay otra forma que no dependa de bases militares, mercenarios o ejecuciones extrajudiciales.
Esta medida es un acto de injerencia política previsible dentro de su estrategia hemisférica de presión. Sin embargo, Petro ha rechazado el chantaje y defendido la soberanía de su país. Además, ha logrado colocar el debate sobre el rotundo fracaso de la guerra contra las drogas en la agenda internacional .
Lejos de ser un problema bilateral, este impasse revela la profunda grieta entre un modelo arcaico, militarista e hipócrita, impulsado por Washington, y la creciente demanda desde América Latina de un nuevo paradigma basado en la evidencia, la salud pública y la justicia social.
Petro, con sus declaraciones, ha emitido una crítica frontal que resuena en toda la región y desnuda la verdadera derrota de esta “guerra”, que no es de los países productores sino de un enfoque que, durante más de 50 años, solo ha sembrado violencia y cosechado más drogas.
La región requiere ser un polo geopolítico que ponga la vida, la soberanía y la justicia social por encima de los intereses geopolíticos de Washington.