Un actual funcionario del Departamento de Defensa [renombrado recientemente como Departamento de Guerra: nota del editor] y muchos expertos jurídicos militares afirman que el ataque estadounidense contra un barco en el Caribe, cerca de Venezuela, infringió el Derecho Internacional.
El ataque mortal perpetrado el martes 2 de septiembre contra una embarcación en el mar Caribe fue una acción criminal contra civiles, según un alto funcionario del Pentágono que habló con The Intercept bajo condición de anonimato.
La administración Trump allanó el camino hacia el ataque, dijo, al despedir a las máximas autoridades legales del Ejército y de la Fuerza Aérea a principios de este año.
"Estados Unidos ahora está atacando directamente a civiles. Los narcotraficantes pueden ser delincuentes, pero no son combatientes", afirmó el funcionario del Departamento de Defensa. "Cuando Trump despidió a los principales abogados del ejército, el resto vio lo que se avecinaba y, en lugar de ser un freno crítico, ahora son cómplices de este delito".
El presidente Donald Trump afirmó en una publicación en TruthSocial que el embate estaba dirigido "contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TdA) identificados positivamente". Continuó diciendo: "El TdA es una organización terrorista extranjera designada, que opera bajo el control de [el presidente venezolano] Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental".
El susodicho acompañó la publicación con un video de una lancha rápida de cuatro motores surcando las aguas con numerosas personas a bordo. A continuación, una explosión destruye la embarcación. Luego afirmó que el ataque causó la muerte de 11 personas. No quedó claro si se les dio la oportunidad de rendirse antes de que Estados Unidos los matara.
Tras varios días de silencio, la Casa Blanca emitió un comunicado el jueves 4 por la noche en el que afirmaba que el hecho era legal. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que se había "llevado a cabo en defensa de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos y en defensa colectiva de otras naciones que llevan mucho tiempo sufriendo el tráfico de drogas y las violentas actividades de los cárteles de estas organizaciones".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció su propia justificación para el ataque ese mismo día. "Cada barco cargado con cualquier tipo de droga que envenena al pueblo estadounidense es una amenaza inminente. Y, en el Departamento de Defensa, nuestro trabajo es derrotar las amenazas inminentes", declaró ante un grupo de periodistas. "Una organización terrorista extranjera que envenena a su pueblo con drogas procedentes de un cártel de la droga no es diferente de Al Qaeda, y serán tratados como tales ya que se encontraban en aguas internacionales".
Dos funcionarios del gobierno de ese país, quienes hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que la justificación de Hegseth —que uno de ellos calificó de "totalmente poco seria"— se concretó tras el evento.
Los expertos afirmaron que el razonamiento del nombrado era endeble, por no decir ridículo. "La designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera es una designación puramente interna de las fuerzas del orden. No otorga ninguna autoridad al ejército para utilizar la fuerza letal", afirmó Todd Huntley, quien fue juez auditor en servicio activo durante más de 23 años y asesor jurídico de las fuerzas de operaciones especiales que participan en misiones antiterroristas en todo el mundo. "Según el Derecho Internacional, esto no se acerca ni remotamente a lo que se considera un uso legítimo de la fuerza”.
Otros expertos jurídicos han coincidido con Huntley, ahora director del Programa de Derecho de Seguridad Nacional del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown. Los miembros del Congreso han hecho eco de esta valoración.
"El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como organización terrorista no da carta blanca a ningún presidente para ignorar la clara autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra y paz", afirmó la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, en un comunicado. "No existe ninguna justificación legal concebible para este uso de la fuerza. A menos que surjan pruebas convincentes de que actuaban en defensa propia, el ataque constituye una clara violación del Derecho Internacional".
Hegseth dijo que el embate sería seguido por otros. "No se detendrá solo con este ataque", dijo el miércoles a Fox News. "Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte".
Diosdado Cabello, ministro venezolano del Interior, Justicia y Paz, calificó el ataque del martes como "una masacre ilegal en aguas internacionales" y afirmó que Estados Unidos había "violado el Derecho Internacional".
Según el derecho internacional, esto no se acerca ni remotamente a lo que se considera un uso legítimo de la fuerza
Brian Finucane, quien trabajó durante una década en la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado, donde asesoró al gobierno de Estados Unidos sobre antiterrorismo y otros asuntos militares, también señaló que la designación de un grupo como organización terrorista extranjera no confiere por sí misma la autoridad para el uso de la fuerza militar.
"No obstante, estas designaciones como FTO (Organizaciones Terroristas Extranjeras, por sus siglas en inglés) se perciben ampliamente y de forma errónea como una autorización para llevar a cabo tales acciones dentro del poder ejecutivo", escribió en un análisis jurídico publicado esta semana. "Por lo tanto, la designación del Tren de Aragua y de otras entidades criminales latinoamericanas como FTO en febrero presagió el ataque de esta semana en el Caribe, a pesar de no proporcionar ninguna autoridad legal real para ello".
Los ataques estadounidenses en todo el mundo (desde Libia hasta Somalia) durante la guerra contra el terrorismo se han justificado con interpretaciones forzadas de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001. Pero, a pesar de que la administración Trump califica a los cárteles de "narcoterroristas", los expertos afirman que no hay ningún argumento plausible para que la AUMF se pueda aplicar al Tren de Aragua.
"Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco", declaró Hegseth a Fox News el miércoles. El Pentágono ha afirmado en numerosas ocasiones haber matado a terroristas cuando, en realidad, ha matado a inocentes. Una investigación realizada en 2023 por The Intercept, por ejemplo, determinó que un ataque con drones perpetrado en abril de 2018 en Somalia mató al menos a tres civiles, y posiblemente a cinco, entre ellos Luul Dahir Mohamed, de 22 años, y a su hija Mariam Shilow Muse, de 4 años. En ese momento el ejército anunció que había matado a "cinco terroristas" y que "ningún civil había muerto en este ataque aéreo".
Varios expertos y funcionarios gubernamentales especularon que el barco que Estados Unidos atacó el martes podría no haber estado traficando con drogas debido a lo que calificaron como un número inusualmente elevado de personas a bordo del buque.
Los expertos y los funcionarios gubernamentales se mostraron incrédulos ante el hecho de que un juez auditor aprobara el embate, y especularon de diversas maneras que cualquier abogado involucrado debió haber sido ignorado, presionado o simplemente capitulado ante la voluntad del presidente.
Hegseth despidió en febrero a los principales jueces abogados generales (JAG) de la Fuerza Aérea y del Ejército para evitar "obstáculos a las órdenes que da un comandante en jefe". Al mes siguiente nombró a su abogado personal, Timothy Parlatore, JAG de la Armada, y le otorgó poderes para ayudar a reformar el cuerpo de JAG con el objetivo, según se informa, de introducir cambios que animaran a los abogados a aprobar tácticas más agresivas y adoptar un enfoque más indulgente con quienes violan las leyes de la guerra. Parlatore se había hecho famoso anteriormente por defender con éxito a Eddie Gallagher, un Navy SEAL acusado de asesinato en primer grado por la muerte de un combatiente del ISIS capturado, así como por el intento de asesinato de civiles en Irak. Distinguidos ex JAG y miembros del Congreso se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre los esfuerzos de Hegseth por socavar la independencia de los asesores jurídicos militares y subvertir la justicia militar.
En febrero Trump designó al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 de El Salvador y a seis cárteles con sede en México como organizaciones terroristas extranjeras. Más recientemente, la administración Trump añadió al "Cártel de los Soles" de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, alegando que está dirigido por Maduro y por altos funcionarios de su administración. En julio Trump también firmó una directiva secreta en la que ordenaba al Pentágono utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que él ha calificado de organizaciones terroristas.
Las autoridades venezolanas creen que Trump podría estar reanudando los esfuerzos que, sin éxito, llevó a cabo durante su primer mandato para derrocar el gobierno de Maduro. Este y varios de sus aliados más cercanos fueron acusados en un tribunal federal de Nueva York en 2020, durante la primera presidencia del magnate, por delitos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. El mes pasado Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro.
En declaraciones a Fox News, Hegseth no descartó un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en Venezuela. "Esa es una decisión que corresponde al presidente y estamos preparados con todos los recursos que tiene el ejército estadounidense", afirmó.
Dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el jueves el destructor lanzamisiles Jason Dunham de la Marina de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, en una demostración de fuerza. El Pentágono calificó la acción como "una medida altamente provocativa" cuyo objetivo era "interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo", y lanzó una amenaza.
"Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", reza el comunicado publicado el jueves 4 por la noche.
Hegseth se negó a revelar qué tipo de armas se utilizaron en el ataque del martes, pero mencionó que "los recursos que tenemos en la región" incluyen una "MEU" o Unidad Expedicionaria de Marines "que cuenta con 2 200 marines de infantería de combate y dispone de numerosos recursos propios". Añadió: "Así que tenemos recursos en el aire, recursos en el agua, recursos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros".
The Intercept informó anteriormente que marines y marineros estadounidenses de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines se desplegaron recientemente en el sur de Puerto Rico. La 22.ª MEU no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre si estuvieron involucrados en el evento del martes 2.
En total, alrededor de 4 500 efectivos estadounidenses, siete buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque de propulsión nuclear se encuentran en el Caribe o se espera que lleguen allí pronto.
Varios funcionarios del gobierno sugirieron a The Intercept que el contralmirante Milton "Jamie" Sands III, jefe del Comando de Guerra Especial Naval, fue destituido por el secretario de Defensa Pete Hegseth a finales del mes pasado debido a la preocupación del almirante por los inminentes ataques a buques civiles en aguas internacionales.
La secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, rechazó las afirmaciones de los funcionarios. "No, eso no es cierto", respondió por correo electrónico. Sands no respondió a las solicitudes de entrevista de The Intercept antes de la publicación.
El embate, tal y como se llevó a cabo, fue competencia del Comando Sur de Estados Unidos. Sands supervisaba los equipos SEAL de la Marina, por lo que no habría estado en la cadena de mando operativa del hecho del martes y no habría tenido autoridad para aprobar o rechazar la operación prevista.
El mes pasado más de 30 grupos humanitarios, de interés público, defensores de los derechos de los inmigrantes, religiosos, defensores de los veteranos y reformistas de la política antidroga pidieron al Congreso que se opusiera al uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina por parte de la administración Trump.
La fusión de dos guerras estadounidenses fallidas —la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo— "pondría a la población en riesgo de sufrir violencia y desestabilizaría las relaciones hemisféricas, al tiempo que obstaculizaría, en lugar de ayudar, los esfuerzos por proteger las comunidades del tráfico de drogas y otros delitos", según las organizaciones, entre las que se encuentran Alianza Américas, Center for Civilians in Conflict, Drug Policy Alliance, Public Citizen y Win Without War.
"La postura de Estados Unidos hacia la erradicación de las drogas ha causado un daño inconmensurable en todo nuestro hemisferio. Ha provocado desplazamientos forzados masivos, devastación medioambiental, violencia y violaciones de los derechos humanos. Lo que no ha hecho es causar ningún daño al narcotráfico ni a los cárteles. Ha sido un fracaso dramático y profundo a todos los niveles", afirmó Omar. "La solución aparente de Trump y Rubio, que consiste en militarizar aún más la situación, está condenada al fracaso. Peor aun, corre el riesgo de degenerar en el tipo exacto de conflicto interminable y sin sentido al que supuestamente se opone Trump".
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Intercept el 5 de septiembre de 2025, fue traducido para Misión Verdad por Spoiler.