Ecuador ha llegado al límite de su crisis energética, marcada por una fuerte sequía y el complejo estado de las centrales hidroeléctricas que no pueden operar con su capacidad plena, según vocerías oficiales.
El presidente Daniel Noboa, quien cumplirá un año en el cargo en noviembre próximo, dijo que espera que el problema quede resuelto antes de finalizar el año. La situación se intensificó hace más de un mes, cuando empezaron los cortes de energía y las autoridades habían indicado que continuarán, sin determinar una fecha oficial de finalización.
Los apagones empezaron con ocho horas diarias, y poco tiempo después se incrementaron hasta 14 horas por jornada, dependiendo de las ciudades y barrios, en un conflicto marcado por promesas incumplidas y fallas en comunicación, según analistas políticos.
La "policrisis" y su causa común: La desinversión del Estado
La desinversión del Estado aparece como causa común en la compleja crisis del país sudamericano. Así como la ola de violencia criminal responde a la caída del gasto y las inversiones estatales en seguridad y protección social, el colapso de su sistema eléctrico se debe a la falta de mantenimiento e instalación de nuevas fuentes de energía.
El gobierno de Noboa atribuye dicho desplome a la sequía, que ha calificado como la peor en 60 años. Sin embargo, especialistas como la investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, Verónica Iñíguez Gallardo, afirma que la sequía de 2023 fue más intensa que la actual.
Si bien es cierto que 79,04% de la energía ecuatoriana proviene del sector hidroeléctrico, como lo reveló el informe anual de 2023 del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), la otra parte de la realidad es que, entre 2020 y 2023, debían entrar en funcionamiento diez centrales térmicas de generación eléctrica para atender una creciente demanda.
El parque termoeléctrico de Ecuador, incluidas las centrales a gas natural y turbo vapor, tienen una capacidad de 2 mil 858 megavatios (MW), pero en 2023 solo 25% estuvo operativo (717 MW).
Sin embargo, con dichas centrales se habría podido cubrir 70% del déficit que hoy tiene el país, que es de mil 80 megavatios, aproximadamente.
Por otra parte, la gestión de las variables hidrológicas que permiten prevenir los efectos del estiaje (o sequía), se realiza a partir de datos emitidos por las estaciones meteorológicas, desmanteladas por los recortes presupuestarios al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
Otra arista de la crisis compleja está en los 4 mil 325 incendios forestales que han quemado casi 50 mil hectáreas en lo que va de 2024, 80% de los cuales ocurrió desde agosto.
Los medios de comunicación alineados con Noboa insisten en matizar una realidad: durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se construyeron ocho centrales hidroeléctricas, sin embargo la narrativa ha sido enfocada a supuestos casos de corrupción y a fallas estructurales en la de Coca Codo Sinclair (2016), desarrollada por la empresa estatal china Sinohydro y valorizada en 2 mil 240 millones de dólares.
Otro matiz del relato tiene que ver con que la administración de Correa cometió el "error" de instalar las centrales hidroeléctricas en una sola zona hidrológica y, por ende, las sequías afectan a todas por igual.
El caso es que la mayoría de la población ecuatoriana está concentrada al occidente del territorio nacional, por lo que la rentabilidad de los proyectos hidroeléctricos es asegurada por su cercanía a los centros urbanos.
Sobrecarga neoliberal y repartición de culpas
Noboa se refugió en culpar por la crisis a los gobiernos anteriores pero, aunque no le falta razón, eso no es suficiente para explicar la actualidad. Los motivos son:
- Durante la administración Lasso no se realizaron inversiones para recuperar el parque termoeléctrico.
- Su gobierno tampoco actualizó el Plan Maestro de Electrificación, que data de 2018.
- Su administración no estableció una hoja de ruta para identificar las inversiones necesarias para cubrir la demanda que, hasta 2018, se estimaba que tendría un crecimiento anual de entre 6% y 7%. La demanda creció 12% en 2023.
- La Secretaría de Inversiones Público-Privadas no logró concretar importantes proyectos de inversión privada para suplir la caída de la inversión pública en el sector eléctrico.
- El catálogo de proyectos públicos de Lasso no atrajo a la inversión privada.
- Los dos proyectos de generación de energía renovable (la central fotovoltaica El Aromo y el parque eólico Villonaco III), suscritos en 2023 por 325 millones de dólares y que generarían 310 MW, ya habían sido adjudicados en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.
Lasso, como Moreno, dedicó su administración a impulsar la desregulación, la liberalización y la privatización de los servicios públicos, siempre bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En contradicción directa con la Constitución de 2008, desestimó lo estratégica que es la seguridad energética de su país para orientar la renta del Estado a intereses concretos de grupos de poder, corporaciones y monopolios.
Por el contrario, siguió el programa económico que el FMI le diseñó a través de las condiciones definidas en el Acuerdo de Financiamiento Extendido de septiembre de 2020 y, sin ingresos fiscales suficientes, redujo aun más la inversión pública para el mantenimiento del sector eléctrico.
En 2023 no tomó medidas oportunas para contratar energía termoeléctrica y esperó a que la situación se agravara. En octubre de ese año viajó a Colombia para pedir más electricidad de la contratada en 2022 e inició procesos de contratación cuando su salida del gobierno era inminente. Como consecuencia, el sistema eléctrico colapsó y Ecuador se vio obligado a programar apagones en todo el territorio nacional.
Lo que sí hizo Noboa fue profundizar el diseño neoliberal del régimen tributario interno, ya fraguado por Lasso, al establecer un amplio abanico de exoneraciones fiscales a empresas y modelos de negocios de la cúpula agroexportadora a la que pertenece. Esto ha reducido el ingreso fiscal y, por ende, la inversión pública.
Las responsabilidades directas de Noboa residen en su deficiente manejo de la crisis, en un componente geopolítico que involucra su relación con la vecina Colombia y al hecho de haber "reseteado" los proyectos dejados por Lasso.
Una cronología del medio La Hora describe cada una de las advertencias realizadas a su gobierno y las omisiones hechas por el gobernante y sus predecesores. Desde 2021, algunos sectores advertían el déficit energético, no solo vinculado a la sequía sino a la desinversión en mantenimiento y a la lentitud de la implementación de distintos proyectos ya acordados.
Sin embargo, exfuncionarios de la administración Lasso como el exsecretario de la administración pública, Sebastián Corral, han declarado que Noboa y su equipo fueron ampliamente informados del statu quo del sistema eléctrico y las acciones pendientes.
En enero y marzo de este año se mantuvieron las alertas, a través de informes técnicos de Cenace que declaraban "condiciones de alto estrés y al borde del colapso" en la red eléctrica, mientras la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunciaba el fin del riesgo de apagones en el país.
Todo en el marco de la campaña previa al Referéndum Constitucional y Consulta Popular que se realizó en abril pasado, durante la cual optó por acusar de sabotaje a Arrobo y expulsarla del gobierno.
Más doctrina del shock y promesas electroelectorales
La improvisación de Noboa no pareciera ser solo señal de ineficiencia sino que apunta a una táctica para ganar tiempo por la vía del shock. De manera similar al manejo de la violencia criminal, la crisis para el mandatario ecuatoriano es una oportunidad en aras de crear condiciones excepcionales y avanzar hacia una agenda de concentración de capital y captura del Estado de acuerdo a la ortodoxia acumulativa de los poderes económicos.
Así lo demuestra la Ley Orgánica de Competitividad Energética consignada en diciembre pasado, y aprobada en enero de este, que no generó los resultados prometidos debido a que los apagones continuaron.
Un análisis de Pablo Dávalos destaca que la mayor parte de las reformas propuestas busca la creación de un mercado privado de electricidad, y se basa en las tarifas eléctricas para su estructuración.
Entretanto, obvia el fortalecimiento del sector energético, el financiamiento de los proyectos en esa área y la actualización del Plan Maestro de Electricidad, por lo que apunta a la desinstitucionalización del Estado y de sus capacidades de rectoría y regulación sobre dicho rubro.
Noboa ha desplegado un arsenal de promesas para alcanzar 509 MW a partir de la generación térmica (441 MW) e hidroeléctrica (68 MW) adicional, mediante nuevos generadores y turbinas, respectivamente, en función de suplir el déficit en los próximos dos meses.
El inconveniente es que se requieren otros 1 000 MW para cubrir la carencia actual, que solo se conseguirían hasta fin de año si llueve y mejoran las condiciones de las hidroeléctricas de Paute y Coca Codo Sinclair.
Los sectores a los que Noboa representa requieren avanzar en su agenda de desarticulación del Estado, y para ello siguen creando condiciones de cara a una eventual privatización del sector, pero también en aras de garantizar su opción electoral en febrero próximo, fecha de la elección presidencial.
Una de las fallas estructurales fue el exceso de confianza en las importaciones de energía eléctrica desde Colombia, país con el que la capacidad máxima de interconexión es de 450 MW, lo que cubría 10% de la demanda de Ecuador.
El vecino gobierno dejó de venderle electricidad a finales de septiembre debido al alto consumo interno; ya en agosto habían comenzado las restricciones a causa de la sequía. Debido a que Noboa participa en el segmento de autoridades de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en Colombia, aprovecharía el viaje para renegociar la venta de energía con a quien calificó de "esnob izquierdista", el presidente colombiano Gustavo Petro.
El resultado de una reunión entre ministros de Energía fue negativo para Noboa, quien había adelantado el domingo pasado que la decisión obedece "a un tema más ideológico que político".
Oportunamente, esta semana el gobierno ecuatoriano recibió la visita del FMI para "discutir las perspectivas y políticas económicas del país, así como compartir los avances que Ecuador ha realizado en la implementación de su programa económico en el contexto del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF, EFF en inglés) con este organismo", según dijo su ministro de Economía, Juan Carlos Vega.
Días antes, la subdirectora del FMI para América Latina y el Caribe, Ana Corbacho, había comentado el impacto de los apagones sobre el crecimiento económico ecuatoriano, estimado en 0,3% para este año, mientras el gobierno planea solicitar otro crédito a esa institución que ya aprobó uno de 4 mil millones de dólares en mayo pasado.
La doctrina neoliberal en Ecuador va viento en popa. Endeudamiento que pagará la población, desinversión pública, improvisación ante los efectos del calentamiento global, captura y acumulación de la renta estatal en los sectores privilegiados son la marca del gobierno establecido en Carondelet.
Por otra parte, Noboa, que ha aumentado la injerencia estadounidense en su país e intenta el retorno de bases militares extranjeras, maneja con deficiencias las relaciones con sus vecinos. Esto se constituye en un problema para la estabilidad regional y mucho más para un eventual polo geopolítico con voz y desarrollo propio.