En relación con el entramado de organizaciones criminales que operan en América Latina, se ha ido fortaleciendo la narrativa de atribuir al Estado venezolano la responsabilidad de una supuesta expansión y consolidación de la megabanda El Tren de Aragua, como parte de la campaña mediática que busca criminalizarlo en aras de crear un enemigo ficticio que justifique las presiones internacionales conducidas por Estados Unidos.

Se hace imperativo entonces exponer cuáles son las verdaderas estructuras criminales con mayor poder en la región, aquellas que han logrado infiltrarse en los cuerpos de los Estados de los países donde operan. 

Durante una rueda de prensa, Tarek William Saab resaltó la existencia del cartel de Sinaloa y del cartel Jalisco Nueva Generación, ambos con control territorial de tipo intermitente en gran parte de México, desde donde operan administrando el tráfico de drogas, la trata de personas —incluida migración— y otros crímenes que las ubican como las organizaciones de esta índole con mayor incidencia en la región. Entre las dos tienen presencia en más de cien países y cuentan con más de 45 mil miembros, asociados y facilitadores.

Del mismo modo, se pueden destacar las estructuras de las maras, surgidas desde las pandillas callejeras que caían en las cárceles en los años 80 en Estados Unidos y que, debido a la desigualdad social en ese país y a las políticas migratorias, han mutado hasta convertirse en células criminales altamente organizadas con control en El Salvador, Guatemala y Honduras, países donde la alta tasa de homicidios es un factor común.

En Brasil, por ejemplo, opera el llamado Primer Comando Capital (PCC), inspirado en el Comando Vermelho, surgido en São Paulo durante la década de 1990 como respuesta al violento sistema penitenciario de ese país. Formada por prisioneros que buscaban defenderse, la organización se expandió y libró una sangrienta batalla por el control del territorio nacional, lo que la convirtió en una de las pandillas más poderosas de Brasil, que opera además internacionalmente.

Al otro lado de la frontera, en Colombia, el ecosistema criminal tiene sus mayores exponentes en el llamado Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y Los Urabeños o Clan Úsuga, que opera como instancia armada organizada narcoparamilitar que forma parte del conflicto armado interno en Colombia. Este grupo es uno dentro de la diversidad existente en el vecino país.

En Ecuador las bandas criminales que compiten por el control de las rutas del narcotráfico han institucionalizado la violencia al impactar la vida política mediante el asesinato de personas con perfiles públicos, desde alcaldes hasta candidatos presidenciales, lo que constituye una evidencia de la debilidad del entramado estatal del país. Organizaciones como Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos y Los Lagartos se expanden y forman alianzas internacionales con grupos de mayor fuerza. Por ejemplo, Los Choneros tienen sinergia con el cartel de Sinaloa, mientras que Los Lobos la tienen con el cartel Jalisco Nueva Generación.

LA MITIFICACIÓN de el Tren de Aragua

La parapolítica es una manifestación de criminalidad que actúa como si fuese soberana, al mismo tiempo que se involucra en actividades irregulares de forma sistemática. Esta simbiosis entre tales estructuras y las instituciones estatales, descritas por los autores Eric Wilson y Tim Lindsey —reseñados por esta tribuna en una análisis anterior—, revela una compleja red de influencias y corrupción que socava la legitimidad y el funcionamiento adecuado del gobierno.

Perfectamente podrían caracterizarse así los Estados en los que operan las organizaciones criminales antes mencionadas, cada vez que un criminal originario de esos países comete un delito fuera de sus fronteras. Sin embargo, como lo menciona Saab, no se ve esta reacción como sí en el caso de Venezuela, lo que suma argumentos a la tesis de instrumentalización.

Esto lleva a otra desmitificación necesaria. El Tren de Aragua ha sido objeto de una narrativa desinformativa que ha distorsionado su verdadera naturaleza. No existen pruebas que respalden la afirmación hecha por medios internacionales que lo describen como una red criminal transfronteriza. Investigaciones internacionales han demostrado que individuos detenidos en el extranjero y acusados de pertenecer al Tren de Aragua no están realmente afiliados a la organización, e incluso algunos no tienen antecedentes penales en Venezuela.

"Un ejemplo reciente es el caso del lamentable asesinato de Laken Riley por un inmigrante venezolano en Estados Unidos. Algunos parlamentarios han intentado vincular este crimen con el Tren de Aragua, sin embargo, el detenido por el asesinato no pertenece ni perteneció a esa organización. En este caso, es el hermano del asesino quien presuntamente habría tenido vínculos con la banda, basándose únicamente en tatuajes, pero no existen pruebas concretas que relacionen al asesino con el Tren de Aragua", señala Saab.

Erradicación del crimen en cifras

En 2019 se iniciaron las investigaciones contra el Tren de Aragua, que inicialmente operaba en el estado Aragua y que fue expandiéndose a otras regiones como Carabobo, Guárico, Caracas, Yaracuy, Zulia, Lara, Cojedes y Bolívar. El Estado venezolano llevó a cabo un ataque contra esta banda en dos fases. En la primera etapa se ubicaron a sus líderes y se desarticuló la organización, resultado de la detención de 28 integrantes y la emisión de órdenes de aprehensión contra otros 46 individuos. Destaca entre los buscados Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, y la baja de uno de sus líderes principales, Carlos Enrique Gómez Rodríguez, conocido como El Conejo.

La segunda etapa se desencadenó tras la toma del penal de Tocorón en la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, enfocada en desmantelar el entramado financiero de la banda y que tuvo su reedición en otros penales como los de Yaracuy y Trujillo, así como el de Tocuyito. Se realizaron allanamientos, decomisos de vehículos e inmuebles, y se detuvo a 16 involucrados, con 14 en proceso judicial. En total, hay 44 detenidos y 102 con órdenes de aprehensión por su involucramiento con el Tren de Aragua.

Recientemente, en España fue arrestado Gerson Isaac Guerrero Flores, hermano de El Niño Guerrero, a solicitud del Ministerio Público venezolano, lo que inició su proceso de extradición.

La lucha del Estado venezolano contra las megabandas ha sido constante, con la desarticulación de al menos otros 10 cuerpos desde 2019. Gracias a estas acciones conjuntas con las autoridades y el sistema de justicia, se ha logrado una significativa disminución de los delitos en el país, como la reducción del robo de vehículos en 93%, los homicidios calificados en 87% y los robos agravados en 77%.

Para algunos, la patraña de vinculación entre el Tren de Aragua y el gobierno nacional podría ser inocua y no tener un impacto real en la cotidianidad del país; no obstante, congresistas estadounidenses han solicitado al presidente Biden declarar la banda como una Organización Criminal Transnacional, lo que sumaría nuevos elementos al expediente fake de Estado fallido contra Venezuela y proporcionaría un andamiaje jurídico novedoso —Estrategia para combatir el crimen organizado transnacional del 2011 y el "Decreto Ejecutivo Presidencial de 2017 sobre la Aplicación de la Ley Federal en Relación a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional"— que, junto a investigaciones previas como la contenida en el "Informe Douglas Farrah" sobre la "Empresa Criminal Bolivariana Conjunta", sirve de sustento para extender la agresión contra el Estado venezolano, que nada tiene que ver con la estructura criminal.