Tras la gira africana que llevó a cabo, la vicepresidenta ejecutiva de Colombia, Francia Márquez, agradeció públicamente a la Fundación Open Society del magnate George Soros por el financiamiento y el apoyo logístico recibido para la visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía.

Con los días se han acumulado las controversias en torno a lo expresado por Márquez —aprovechado dentro de la tormenta política colombiana por la oposición al gobierno de Gustavo Petro— ya que resulta inusual, incluso para Colombia, que un especulador financiero esté involucrado directamente en la gestión diplomática de un gobierno.

Reportes de medios colombianos afirman que la fundación de Soros dio alrededor de 60 mil dólares a la gira de Márquez. La alta funcionaria confirmó que ese dinero estuvo destinado a la delegación de acompañamiento de su viaje, que constó de 26 miembros de la "sociedad civil", entre artistas, líderes sociales y académicos.

Si bien enfatizó que el dinero se administró exclusivamente para los gastos de estadía de la numerosa delegación que la acompañó, y no para sus gastos de viaje, desde hace un par de lustros Francia Márquez ha estado orbitando en torno al financiamiento y apoyo de diversas organizaciones institucionales privadas asociadas, o con afinidad ideológica, con la fundación del megaespeculador de origen húngaro, en forma de premios, becas y demás incentivos.

Trayectoria cooptada

En 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, galardón otorgado por Diakonia, una organización del Estado sueco y de la Iglesia de ese país. Esta última está integrada en el European Forum of LGBT Christian Groups, una red de entidades cristianas de corte liberal-progresista, de "iglesias inclusivas", que ha recibido apoyo financiero, entre otras instituciones públicas y privadas, de Open Society.

Quizás, la más importante de las distinciones de la ahora vicepresidenta colombiana es el Premio Goldman en 2018, mejor conocido como "el Nobel ambiental", concedido por la billonaria familia Goldman, apoderada de compañías aseguradoras y de la fabricante de rpa Levi Strauss. Los miembros de este clan están involucrados en carreras relacionadas con la política estadounidense —Congreso, gobernaciones, Casa Blanca—, a tal punto de que el actual presidente del premio, John D. Goldman, formó parte del gabinete gubernamental de Barack Obama durante su segundo término.

La British Broadcasting Corporation (BBC), medio público de Reino Unido, la nombró como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2019, una distinción que ha recibido María Corina Machado —política venezolana de extrema derecha—, Svetlana Tijanóvskaya —lideresa política bielorrusa opositora a la administración Lukashenko—, entre otras figuras femeninas de distintas áreas que el Estado británico prefiere elevar su perfil por sobre otras mujeres distinguidas pero no alineadas a la órbita estadounidense-europea de influencia.

Francia Márquez llegó a trabajar como consultora —en 2020, el mismo año en que se gradúa de abogada— del proyecto denominado Construcción para la Prevención y el Autocuidado de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, apoyado directamente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). El Programa de Derechos Humanos de la Usad le brindó una plataforma para amplificar los objetivos sociales de la entonces activista colombiana, que coinciden con el de la misma agencia estadounidense.

Es cierto que su vinculación con ese órgano culminó en 2020, sin embargo su gobierno está supeditado a los acuerdos que tiene esa institución con planes sociales del Estado colombiano. En Colombia, la Usaid promueve programas económicos en el sector agrícola y de derechos humanos, mantiene una agenda proafro y proindígena y ante el cambio climático y la biodiversidad, todos ítems que comparte política e ideológicamente la actual vicepresidenta colombiana y, cómo no, Gustavo Petro.

Colombia: nicho para la política corporativa

Márquez, en su trino digital, reconoce el "aporte" de Open Society "al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe" y en torno "al papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática". Posteriormente, en rueda de prensa este miércoles 24 de mayo, dijo:

"Open Society, como muchas de las agencias de cooperación en nuestro país, tiene una agenda en términos de justicia racial y decidió, en esa apuesta de la vicepresidencia, facilitar las condiciones a artistas, líderes sociales y sociedad civil para que se desplazara, para el desplazamiento interno por tierra allá".

Le preguntaron sobre las condiciones que la fundación de Soros exige por el apoyo logístico y financiero dado a la agenda de la Vicepresidencia colombiana en África. Esto respondió:

"¿Qué me pide a cambio? Asumir lo que estamos haciendo: una política que contribuya a la paz, a la justicia racial de este país; y que podamos avanzar en el desarrollo de las promesas que hicimos el presidente y yo en campaña".

Traducción: mis intereses —los de Márquez— son sus intereses —los de Open Society—.

La fundación en cuestión tiene su mayor segunda oficina en Colombia, solo detrás de Brasil. Su última rendición de cuentas data de 2021, cuando reportó sobre sus actividades en el país andino: sus intereses se encuentran en las áreas de salud —pandemia del covid-19— y agrícola, el trabajo doméstico, programas de justicia racial, la migración venezolana, el conflicto social-armado, el cambio climático y el activismo ecológico. Habría invertido 15,6 millones de dólares ese año en dicha nación.

En Colombia algunos de los tópicos mencionados son ignorados por la mayoría de partidos políticos del establishment y son impulsados por variadas organizaciones —algunas de ellas apoyaron a Petro y Márquez durante la campaña electoral hacia las presidenciales el año pasado—. Los gobernantes colombianos de hoy están comprometidos con una agenda que combine los factores típicos del progresismo contemporáneo, con un corte político e ideológico muy similar a lo planteado por el Partido Demócrata estadounidense, y otras toldas europeas que plantean reformas —no estructurales ni sistémicas— en el campo de las llamadas minorías étnicas y culturales, los derechos humanos y la "economía verde".

La vida de Petro estuvo marcada por el M-19 durante su juventud y, posteriormente, por una carrera política con un alto grado de éxito, como es evidente. La carrera política de Márquez apenas se ha inaugurado, sin embargo su trayectoria como activista social y ecológica en el norte del Cauca elevó su perfil hasta la asunción de los premios y las vinculaciones con instituciones bien insertas en la dinámica gubernamental colombiana. Antes de que ambas personalidades tomaran mayor relieve político, sus trayectorias nada tenían que ver con esas organizaciones. Al menos no había muestra pública de ello.

Tomando en cuenta que Colombia tiene una asociación estrecha con Estados Unidos, y que es notable la afinidad entre los presidente Joe Biden y Gustavo Petro, podría asegurarse que los objetivos políticos del actual gobierno colombiano empalman con la agenda de la Usaid —hoy gestionada por una funcionaria demócrata—, Open Society y demás instituciones que beben de la fuente Davos.

El mismo presidente colombiano participó en Davos de este año, donde abogó por el avance de la "transición energética" hacia la "economía verde", enfoques que han sido parte de la bandera insignia del Foro Económico Mundial, plataforma que reúne a las élites empresariales y políticas de Norteamérica, Europa y sus socios en todos los rincones del planeta. Es esa misma crema y nata corporativa occidental la que dirige dicha "transformación", que presuntamente colige la ecología y la economía como cartas salvadoras ante las catástrofes que produce y reproduce el sistema capitalista. No hay cambio en el modelo de producción sino en la gestión de los recursos del propio sistema imperante.

Al menos desde 2010 Soros ha estado al frente de los planes ecológicos desde el mundo de las finanzas. En un informe de marzo 2022, Soros Fund Management LLC informó sobre su "Estrategia de Acción por el Clima": entre sus medidas está la de reducir en su portafolio corporativo las inversiones que contribuyan al aumento de la huella carbónica. El fin confesado es el de "eliminar la exposición a los combustibles fósiles", tal como lo predica el programa gubernamental de Petro, que ha abandonado la exploración y las nuevas perforaciones petroleras en Colombia.

Vale la pena acotar que, durante la gira africana, Márquez firmó un total de 17 instrumentos de cooperación —ocho en Sudáfrica, siete en Kenia y dos en Etiopía— entre memorandos de entendimiento y cartas de intención. Pero, además, la Vicepresidencia informó que Colombia se une a Kenia, Francia y Barbados para trabajar en una nueva arquitectura financiera y así lograr avanzar en los mecanismos de "canje de deuda por acción climática y en la reforma de la arquitectura financiera internacional", una modalidad a tono con la ingeniería financiera de Soros a la luz de la "transición energética".

De esta manera, se hace evidente que existe un nexo político, ideológico y financiero entre el actual gobierno de Colombia y el corretaje corporativo de Davos, con Open Society de momentáneo protagonista, con la Vicepresidencia, quien lleva a cabo la operatividad del gobierno de Petro, infiltrada hasta el hueso de su estructura por los mecanismos de instituciones privadas globales y estadounidenses orientadas hacia la injerencia y el saqueo de países soberanos. Entonces, ¿para quién trabaja Francia Márquez?