Está por cumplirse un mes de la “renuncia” del abogado José Ignacio Hernández a la ficticia procuraduría de la República de Venezuela, asignado por Juan Guaidó en el marco del intento por usurpar las funciones legítimas del estado venezolano bajo la égida estratégica de Washington.

En ese lapso de poco más de un año, se destapó una serie de casos fraudulentos en los que José Ignacio Hernández estuvo implicado, siempre a favor de corporaciones extranjeras, lesionando a PDVSA, a la industria nacional y a los venezolanos en general. De allí que ciertos grupos de oposición no extremista formen parte de los que acusan las prácticas corruptas de Hernández.

El último momento en el que emergió el nombre del abogado de Guaidó fue durante las denuncias de un complot con el jefe del Banco Mundial, David Malpass, para entregar Citgo a la empresa Conoco Phillip, hechas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Antes de eso, José Ignacio Hernández había servido de testigo en arbitrajes separados de la minera canadiense Crystallex y la compañía de vidrios Owens-Illinois, también en contra del país al que luego figuraba representar.

Del mismo modo, Hernández salió a relucir en la cadena de acontecimientos que resultaron en la sentencia de un tribunal en Londres que legitimó el saqueo del Reino Unido a unos 1 mil millones de dólares en oro venezolano congelado en cuentas del Banco de Inglaterra.

Por esta trama de corrupción para desvalijar los bienes del estado venezolano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió una orden de aprehensión contra el mencionado agente de transnacionales.

El caso de Helsinge Inc.

En agosto de 2019, y a propósito de una publicación de PanAm Post que mostraba documentos judiciales sobre el hecho, se hizo de conocimiento público la intermediación de José Ignacio Hernández en la defensa de un grupo de 42 empresas petroleras, teniendo como centro a la consultoría energética Helsigne Inc., acusadas de cometer acciones fraudulentas con funcionarios de PDVSA durante 10 años, entre ellas, la entrega de información privilegiada y la manipulación de los procesos de contratación.

La demanda fue realizada por el estado venezolano en 2018 para conseguir un resarcimiento de los daños, que se calculan entre 5 mil y 15 mil millones de dólares, según los datos de los demandantes.

Para conocer el vínculo del falso procurador en este otro capítulo de corrupción, hay que ir un poco hacia atrás. En The Grayzone, la periodista Anya Parampil consultó los documentos de la demanda y ha realizado un trabajo de investigación relatando toda la trama:

“Mientras Hugo Chávez estrechaba el control del estado sobre la industria petrolera de Venezuela, despidiendo a miles de empleados de PDVSA y CITGO, un creciente número de ex-aparatos de la industria huyeron al extranjero. En 2004, dos de estos rechazados de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, se trasladaron de Caracas a Miami, Florida, donde instalaron su empresa de asesoramiento y comercio energético, Helsigne Inc.”.

Morillo y Baquero establecieron esta empresa en Panamá con el fin de convertirla en intermediaria entre transnacionales energéticas y los contactos que tenían en PDVSA, producto de su anterior relación de trabajo con la compañía. Lukoil Petroleum LTD, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG y Colonial Oil Industries son algunas de las 42 empresas comercializadoras de crudo y combustible que hicieron estos tratos comerciales ilegales.

Se tejió una amplia red de corrupción en la que se negociaban contratos ilegales mediante el soborno de empleados de la estatal. Las empresas también obtenían productos petroleros inferiores a sus costos reales y, a cambio, le vendían a PDVSA servicios e insumos con sobreprecio, como disolventes de petróleo y productos de crudo ligero requeridos para la producción de gasolina.

Básicamente, la operación fraudulenta se realizaba así: las empresas le transferían el dinero a Helsinge y esta destinaba una parte al pago de sobornos a funcionarios para obtener los privilegios que luego le eran conferidos a las compañías.

Ramos Allup y otros actores implicados en la estafa multimillonaria

De la trama corrupta destaca el acceso que lograron Morillo y Baquero a información confidencial de PDVSA que le permitió conocer de manera anticipada las licitaciones que hacía la petrolera venezolana y las ofertas de los competidores. ¿Cómo lo lograron?

Luis Liendo, alias “El Nerd”, trabajador informático de la estatal, clonó los servidores de PDVSA y le “proporcionó (a Helsigne) acceso remoto a las órdenes de compra, venta y ofertas que presentaba la vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA”, explica Parampil luego de haber examinado los documentos judiciales.

Un dato para dimensionar los flujos de dinero sustraídos del patrimonio venezolano es que Rene Hecker, gerente de la Dirección de Comercio y Suministro hasta 2013, recibió 430 mil dólares en varios pagos hechos por Helsinge en 2004.

A mediados de junio de este año, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez recordó las ramificaciones que tiene este caso en actores políticos venezolanos de la oposición. La vicepresidenta solicitó al Ministerio Público que se le abriera una investigación a Ricardo Ramos D’Agostino, hijo de Henry Ramos Allup, por haberse relacionado a la trama delincuencial de Helsinge.

Ramos D’Agostino entró a trabajar en la empresa por los nexos de su familia con Francisco Morillo y su ex esposa, Vanessa Friedman, militante y financista del partido Acción Democrática (AD). Según la publicación de PanAm Post de 2019 mencionada antes, Ramos Allup se convirtió en “protector político” de Morillo mientras Helsinge, que se proyectaba como una supuesta consultoría energética, ascendía económicamente por las estafas multimillonarias a PDVSA.

El medio antichavista mostró contratos donde aparece Ramos D’Agostino como contacto de Helsinge para sustentar el señalamiento contra el líder de AD.

Volviendo a Hernández y la acción judicial

La demanda contra el esquema criminal fue realizada en marzo de 2018 a través de PDVSA US litigation Trust en el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida, Estados Unidos.

Ese fideicomiso fue constituido en 2017 con la autorización del Ministerio de Petróleo venezolano y la Procuraduría de la República para pagar los gastos procesales, incluyendo la participación de la firma de abogados estadounidenses Boies Schiller Flexner, refiere un artículo de La Tabla de agosto de 2019.

Unos meses antes de ser nombrado abogado de Guaidó, Hernández fue contratado para ofrecer su testimonio (a favor de la contraparte acusada) a la juez del caso, Alice Otazo-Reyes. Su participación sirvió para que el tribunal de Florida decidiera que el reclamo de PDVSA US litigation Trust era ilegal porque había sido creado con funcionarios del estado venezolano, en un alegato similar al argumento esgrimido en el caso Crystallex.

Hernández cobró 350 dólares la hora por defender el robo de los recursos de Venezuela por parte de las 42 transnacionales petroleras.

Finalmente, el 8 de marzo de 2019 el tribunal de Florida emitió su veredicto: “El Juez Otazo-Reyes, basándose en el testimonio del Profesor José Ignacio Hernández, encontró que el Contrato de Fideicomiso era nulo bajo la ley venezolana”.

El caso es reseñado por medios antichavistas para subrayar la participación de los funcionarios venezolanos sobornados, pero niega a quienes fungieron como organizadores del esquema de corrupción y los hilos visibles que evidentemente llevan al plan de despojo programado por Washington contra la República Bolivariana.

Nuevamente cobra sentido la figura fabricada del “gobierno interino” de Guaidó y los ensayos en años previos de la Asamblea Nacional en desacato para reemplazar a las instituciones legítimas del estado con figuras complacientes hacia las élites corporativas con intereses en Venezuela.

Es la lectura que se le puede dar a la declaración emitida por el parlamento (en desacato) en 2018, acusando de “usurpador” al procurador general (legítimo) de la República, Reinaldo Muñoz, para “inhabilitar” a quien verdaderamente podía defender los intereses del país ante los ataques judiciales que ese año arreciaron desde cortes estadounidenses.