El gobierno de Colombia a cargo del presidente Gustavo Petro envió una carta solicitando la incorporación de Venezuela como garante del proceso de negociación y paz entre su administración y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Venezuela dio una respuesta afirmativa en la voz del presidente Nicolás Maduro Moros, quien señaló que "una vez más, como lo hizo el comandante (Hugo) Chávez en su tiempo para garantizar los Acuerdos de Paz, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y los Acuerdos de Paz de Colombia con el ELN".
Además, indicó que su país apuesta por la paz, la estabilidad y la seguridad de Colombia, ya que considera que también "es la de nuestra nación, de Suramérica y de todo el continente".
En la misiva de Petro dirigida al presidente venezolano, se indica que el ejecutivo de Colombia y la guerrilla ELN han "llegado a un acuerdo para dar aplicación cabal y segura a dicho protocolo", por lo cual han previsto "la realización de una pronta reunión en Venezuela a fin de concretar el procedimiento, así como otros pasos para el anhelado restablecimiento de la mesa de conversaciones con esta guerrilla".
Esto ocurre luego de que el pasado 11 de agosto, una delegación del gobierno colombiano arribó a La Habana, Cuba, para iniciar los acercamientos con representantes del ELN y así trabajar en la reanudación de los diálogos de paz, refiere Telesur.
Gustavo Petro señaló desde su campaña electoral que retomaría los diálogos con el ELN, los cuales fueron suspendidos hasta los momentos por gestiones del gobierno de Iván Duque, el cual también derogó de facto gran parte de los acuerdos de paz que habían sido alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Este anuncio comprende muchos elementos más allá de la vida de Colombia. Para Venezuela y la región reviste en un hito que puede abrir paso, esta vez de manera creíble, a la estabilización de Colombia y al fin del conflicto armado más largo registrado en el continente.
Para Venezuela, concretamente, esta invitación también tiene varias implicaciones.
Venezuela retoma lugar en la escena internacional
En el último año, Venezuela ha transitado por un proceso evolutivo de sus relaciones internacionales, luego de que en 2019 fueran pretendidamente clausuradas por la imposición del llamado "gobierno interino" que encabeza Juan Guaidó y por el aislamiento diplomático al cual se intentó confinar al país.
Ante un agotamiento y fracaso demostrado de esta estrategia, los países han decidido de manera progresiva y pragmática ajustarse a la dimensión real de la política venezolana. En 2021, fue el Gobierno Bolivariano el que representó al país en la Cumbre Iberoamericana. En 2022, el gobierno estadounidense no dio lugar al "gobierno interino" en la Cumbre de las Américas. Pese a la exclusión de Venezuela y otros países de este evento, de igual manera los norteamericanos han entablado negociaciones directas con el gobierno legítimo en Caracas. En efectos puramente concretos, el pretendido aislamiento resultó insostenible e inviable.
De esta manera el gobierno de Colombia ha retomado relaciones diplomáticas y consulares con Caracas y han entendido que Venezuela podría jugar un rol constructivo en la negociación con el ELN, tal como ocurrió con el proceso de paz que se emprendió en su momento con las FARC-EP.
Conviene recordar que Venezuela ya formaba parte como país garante en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN que fueron suprimidas de facto en 2018.
La invitación a Caracas a esta agenda propone la incorporación de Venezuela a una posición sumamente pertinente y constructiva para resolver el gran y extenso conflicto en Colombia.
Al participar como garante, actor creíble y de confianza, Venezuela retoma un espacio clave en la escena regional e internacional rompiendo la agenda aislacionista.
Construcción de una política de paz regional
Es muy probable que el gobierno de Gustavo Petro alcance acuerdos con el ELN. Sin embargo, la construcción de una paz plena en Colombia es un factor mucho más intrincado y difícil, pues luego de la inhabilitación de parte de los acuerdos con las FARC-EP, y desde mucho antes, con la falsa "desmovilización" del paramilitarismo de Álvaro Uribe, los factores armados en Colombia han tomado nuevas denominaciones no sujetas a negociación o intermediación política, y por ende no estarán sujetos a negociaciones y desarme.
La complejidad de la estructura narco-terrorista en Colombia también está enquistada en la institucionalidad del país, de ahí que su capacidad de reproducir la corrupción, la debilidad de los entes gubernamentales y la perpetuidad de la guerra es más que profunda, casi congénita.
El gobierno de Petro ha propuesto que el desmantelamiento de la guerra, pero especialmente la construcción de condiciones para la paz, aunque obedecen fundamentalmente a Colombia, deben contar con el apoyo internacional y el concierto de los países a favor de estos objetivos.
Como, por ejemplo, la despenalización de cultivos y el tratamiento distinto al problema de las drogas en ese país.
La "guerra contra las drogas" implementada en Colombia con el aval de Estados Unidos no redujo el mercado de la cocaína ni atenuó el impacto en la criminalidad. El presidente Petro está en contra de ella.https://t.co/L5Xrx7Uhuy
— MV (@Mision_Verdad) September 1, 2022
De igual manera, el desarrollo de negociaciones con el ELN ofrecerá a los actores un espacio de oportunidades para comprender, desde las dimensiones del presente, la singularidad de los factores que perpetúan el conflicto, pues ya existen los referentes del uso de las armas y las nuevas versiones del paramilitarismo posteriores al acuerdo con las FARC-EP. Todos atañen a la paz y la seguridad en varios plazos.
En este ítem, Venezuela juega un rol esencial por tratarse del país que tiene una gran frontera compartida con Colombia y adonde se ha infiltrado el conflicto colombiano de manera histórica.
Al formar parte de estas negociaciones como un actor fiable y constructivo, Venezuela se desmarca de los señalamientos sin bases que han impuesto tanto los anteriores gobernantes de Colombia, actores políticos regionales y medios de comunicación, de que el país es un "santuario" de las guerrillas colombianas.
Esta no es una cuestión menor. En 2019, Iván Duque incluso presentó ante la Asamblea General de la ONU imágenes falsas de supuestos guerrilleros del ELN en suelo venezolano pretendiendo crear un revuelo internacional.
Aunque gran parte de esas narrativas quedaron abandonadas, en desuso o han sido desechadas por ridículas, siguen formando parte del falso expediente contra Venezuela y son parte del argumentario que ha pretendido legitimar las presiones contra el país.
La posibilidad de que el ELN y el gobierno de Colombia alcancen acuerdos y se produzca un desarme, podría desmembrar por la vía de los hechos cualquier asidero a ese viejo señalamiento contra Venezuela.
Más importante aún: uno de los denominadores por el cual deben desarrollarse las nuevas negociaciones es la construcción de una zona de paz y estabilidad desde Colombia con alcance en la región.
La seguridad fronteriza binacional
En tiempo presente, Venezuela ha librado combates importantes con factores del narco-terrorismo de Colombia en la frontera del estado Apure con el país vecino.
El desarrollo de esta guerra difusa, de carácter prolongado, ha puesto el acento del lado venezolano en la contención de un conflicto generado y fortalecido en Colombia que ha pretendido colonizar el territorio venezolano de manera lesiva a la soberanía nacional.
La gravedad de la ruptura de relaciones que el gobierno de Iván Duque propició con Venezuela en su apoyo al "gobierno interino" debilitó de manera deliberada la colaboración inter-institucional, la comunicación inter-gubernamental y la construcción de políticas mínimas para la atención de la realidad fronteriza. Esto fue, por defecto, una maniobra para intentar socavar la seguridad venezolana, veámoslo así.
Por ende, y en esta nueva etapa, la participación de Venezuela como factor de observador, mediación y garante en estas negociaciones con el ELN (cuestión que está por definirse al detalle), suponen un nuevo espacio de oportunidad para que los gobiernos de ambos países puedan desarrollar nuevos puntos afines en materia de seguridad fronteriza binacional.
El ELN, pero también otros factores armados colombianos, han sido parte del mosaico del conflicto en la frontera entre ambos países. Por lo tanto, debe entenderse que el ELN es solo una parte de este complejo cuadro. Sin embargo, la negociación podrá arrojar claves, elementos de atención y referentes concretos que deben ser abordados por ambos gobiernos.
En el largo plazo, aunque Colombia desarrollará una estrategia de construcción de la paz en sus adentros y lidiando con las dificultades que ofrecerán para ello los nuevos tipos de narcoparamilitarismo, ello concierne con especial énfasis comprender las realidades socioeconómicas y socioterritoriales de su frontera, como la oriental, que atañe a Venezuela.
La visión de integralidad en la política de seguridad fronteriza debe desarrollarse desde las dimensiones materiales y las inercias en estos territorios. Superar los cuadros de vulnerabilidad política, económica y social como factores componentes de una seguridad más allá del uso de las armas.
Aunque Petro, a diferencia de sus predecesores, ha referido estas condiciones a contracorriente del belicismo, no podrá hacerlo solo. Necesariamente tendrá que contar con el auspicio de Venezuela para construir una política afín en los territorios fronterizos.
Este 26 de septiembre ambos países abrirán formalmente sus fronteras en un proceso de manera escalonada, y está previsto que ambos gobiernos puedan construir en el corto plazo políticas conjuntas en materia de seguridad fronteriza binacional.