La nueva crisis política en Ecuador encuentra un nuevo callejón sin salida. Por solo 12 votos, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se libró de ser destituido, mientras que las protestas sociales continúan con un nuevo ingrediente de frustración colectiva.

Los legisladores de la oposición no lograron sumar los 92 sufragios necesarios para sacar del poder al líder conservador, a quien acusan de la grave conmoción que sacude al país.

Unos 80 de los 137 diputados que conforman el legislativo unicameral se pronunciaron a favor de destituir al mandatario, mientras que 48 votaron en contra y nueve se abstuvieron.

Lasso respondió a la medida calificando de "mafias políticas" a quienes protestan su mandato y quienes acudieron al mecanismo constitucional en el parlamento para zanjar la crisis.

"Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, tras conocer la decisión.

Primero los indígenas, ahora el correísmo

Durante las últimas semanas, el movimiento indígena representado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha protagonizado la conmoción social aglutinando fuerzas dentro y fuera de esta instancia.

Estos eventos son un nítido recordatorio del estallido de 2019 y que fue institucionalmente amañado y negociado por el entonces presidente Lenín Moreno. Ecuador ha visto el desgaste acumulado de condiciones elementales para la vida entre los sectores más desposeídos y esta situación se ha acentuado desde el surgimiento de la crisis económica y social generada en la pandemia y ahora en la nueva crisis económica internacional signada por la inflación debido al bloqueo contra Rusia.

En términos puramente dialécticos, el problema de fondo persiste en el acumulado social adverso para grandes mayorías en clara contradicción con los gobiernos efectistas neoliberales, seriamente deslegitimados en el poder, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso.

Gran parte de las promesas de Moreno fueron incumplidas en su mandato burlando los acuerdos con los indígenas, y la situación se ha complicado desde la asunción del gobierno de Lasso.

Por un lado, demandas sobre precios de combustibles, fronteras a la minería, seguridad ciudadana, derechos educativos interculturales, entre otros, que figuran entre las solicitudes de los indígenas y otros sectores campesinos y sociales. Mientras que el gobierno ecuatoriano solo ha ofrecido el desbarajuste presupuestario y concesiones a la alta clase económica.

Las acciones del gobierno contra la dirigencia indígena, la dilación de negociaciones y su formato fallido, profundizaron el cuadro de conmoción. Lasso contaba con un 71% de rechazo entre los ecuatorianos en mayo según Click Report y muchos ciudadanos quiteños también rechazan las protestas.

El advenimiento de la protesta y la violencia, tanto de manifestantes, policías y algunos elementos presuntamente infiltrados para deslegitimar la protesta, ha caotizado las ciudades de Ecuador llegando a la inflexión parlamentaria, por ahora, resuelta a favor de Lasso.

En este ítem el "correísmo" ha irrumpido liderando la votación adversa al mandatario y proponiendo la vía constitucional de destitución mediante el parlamento. Este acto fue catalogado por Lasso como "golpe de Estado", mientras, el expresidente Rafael Correa ha arengado sobre la crisis desde el extranjero, imposibilitado de visitar su país por estar judicializado.

Pese a la importante disputa electoral que hizo Andrés Arauz contra Lasso, el "correísmo" ha sido estigmatizado y judicializado en la política ecuatoriana.

Este segundo momento de la crisis en el parlamento puso a esta fuerza política al frente de la posibilidad constitucional, pero varios partidos de derecha y otras corrientes de la izquierda socialemócrata consideradas "divisionistas" rompieron las posibilidades de mayoría para destituir al mandatario.

¿Qué sigue?

La gravedad de la crisis en Ecuador está en que los caminos regulares que podrían desescalar la crisis se están agotando. Ni el diálogo ni la solución constitucional a la crisis encuentran asidero. Se acumulan 17 días de intensas protestas y unos seis muertos en condiciones no aclaradas comienzan a apilarse.

Los escenarios sobre el desenlace de estos eventos son muy estrechos.

El primero de ellos consiste en que los indígenas cedan y levanten sus protestas, mediante otra accidentada negociación con el gobierno. Aunque el gobierno de Lasso ya ha hecho ofertas a las demandas de los indígenas, estas carecen de credibilidad dados los acumulados de traición (como los de 2019), son consideradas insuficientes y generan dudas por el estilo de negociación errática y sinuosa del gobierno, el cual ha las ha interrumpido en momentos críticos.

Este escenario por ahora parece desdibujarse. El país "no puede dialogar con quienes lo tienen como rehén", dijo Lasso. "Solo cuando haya representantes legítimos de todos los pueblos y etnias del Ecuador, que busquen soluciones reales y que estén abiertos a un diálogo real y franco, volveremos a la mesa de negociación", puntualizó el jefe de Estado, quien agregó que no negociaría con el líder de la Conaie, Leonidas Iza.

El segundo escenario se prevé como sumamente doloroso, basado en la prolongación del paro, la respuesta social y la violencia, para luego producirse un agotamiento y desgaste.

Este escenario cuenta ya con factores catalizadores, como el fracaso de los diálogos y la imposibilidad de la destitución de Lasso por vías parlamentarias. Recrudece la indignación social, el rechazo a ciertos partidos políticos y la indignación por el triunfo institucional del gobierno. Pero al mismo tiempo se agudiza el agotamiento en parte de los indígenas, habitantes de las ciudades y actores comerciales, que ven perjudicados su cotidianidad.

Es muy probable que el gobierno de Lasso apueste a la estrategia de desgaste para socavar el apoyo social a los indígenas. De hecho, el gobierno de Lasso actúa claramente en la dirección de desconocer a Iza, interrumpiendo los diálogos y adjudicando al correísmo la autoría política de los hechos. Para Lasso, los indígenas y las fuerzas políticas e institucionales del correísmo son "mafias".

El gobierno se atrinchera, ahora aupados por el resultado en el parlamento. De ahí que es muy probable que prefiera el alargue de la crisis y su desgaste, quizá para forzar una negociación.

El tercer escenario es el de quiebre institucional. Recientemente el ministro de Defensa, Luis Lara, se presentó flanqueado por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, alegando que "la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos".

"Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República", afirmó Lara, quien habló también en representación de las tres fuerzas.

Aunque las declaraciones del funcionario están claramente alineadas a su gobierno, la institucionalidad militar también ha sido permeada por la corrupción y una crisis intrínseca altamente preocupantes que puede acentuarse con el rol activo que están tomando las fuerzas armadas en esta crisis.

El uso del gobierno de los estados de excepción e imposición de ley marcial es un ingrediente acelerante de la propia crisis, tanto por los eventos nefastos de ello en 2019 como por la inamovilidad de Lasso en negociar o retirarse del poder. En otras palabras, la cuerda sigue tensándose.

El nuevo escenario propuesto como una vía de escape constitucional es el de adelanto de elecciones, entendiéndose el tiempo que queda para Lasso en el cargo, de tres años, como sumamente prolongado en medio de una crisis política de gobernanza y tensión social.